Democracia, Derechos Humanos, Extremismo radical, Política

VENEZUELA: Las dos «verdades»

Ene 28 2019

Other News

Proseguimos con nuestra línea editorial de proporcionar a los lectores las dos posturas contrapuestas del complicado y explosivo proceso que vive Venezuela estos días. Publicamos hoy los artículos “MADURO Y ALLENDE”, del ex ministro chileno Sergio Bitar e  “¿ILEGÍTIMO POR QUÉ?”, de Pasqualina Curcio, ex Directora General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Nuestro espacio sigue abierto a colaboraciones sobre el acontecer venezolano, siempre y cuando los artículos que nos envíen, como subraya nuestro presidente ejecutivo, Roberto Savio, “sean  ricos en datos y hechos y contengan la menor cantidad de adjetivos posible…”.

El editor de Other News

28 de enero de 2019

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Maduro y Allende – Por Sergio Bitar* –

No podemos callar y aceptar que Maduro pretenda guarecerse en la imagen del Presidente Allende, desprestigiándolo y distorsionando la realidad. Allende es un símbolo de integridad moral, de compromiso social y de vocación democrática incuestionable. La experiencia de Maduro, en cambio, ha traído persecución política, miseria, crisis humanitaria, hambre, emigración masiva y el sufrimiento del pueblo venezolano.

En repetidas ocasiones Maduro ha intentado refugiarse en la imagen de Allende. No podemos dejar pasar esta grave distorsión de la realidad histórica. Ni Chávez ni Maduro tienen nada en común con Allende.

Allende fue un hombre de una trayectoria democrática impecable. Diputado, senador, ministro, Presidente de la República, ejemplo de vida dedicada al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la ampliación de las libertades y de los derechos de los trabajadores y de la gente más pobre. Chávez fue un coronel que intentó un golpe de Estado en 1992 y luego triunfó en las elecciones de 1999, sin tradición democrática. Inició un proceso de regresión democrática y de deterioro económico, que solo se pudo ocultar por el alza cuantiosa del precio del petróleo.

Allende respetó la Constitución y las leyes, las libertades personales, el Parlamento actuó sin restricción alguna, la Corte Suprema ejerció sus funciones con plena independencia, la libertad de expresión alcanzó su más amplia extensión, todos los partidos políticos se desplegaron y fortalecieron. Jamás se violaron los Derechos Humanos, ni hubo presos políticos. El caso venezolano con Chávez y Maduro es completamente distinto. La elección de la Asamblea Nacional legítima fue atacada y se intentó sustituirla por un órgano ilegal, existen presos políticos desde hace muchos años, las libertades de expresión han sido cercenadas con el control de los distintos medios de comunicación, ha habido persecución y exclusión de partidos políticos, matonaje y represión.

En el ámbito económico la diferencia es enorme. Allende luchó por recuperar las riquezas básicas que se encontraban en manos extranjeras, organizar a los sectores trabajadores modestos y reducir la miseria. En el caso de Venezuela, el petróleo ya estaba en manos del gobierno, no había nada que nacionalizar. Y a pesar de ello, el gobierno venezolano, sin oposición de país ni empresa alguna, provocó una caída sin precedente de la producción, de cerca de 3 millones de barriles diarios a menos de 1 millón ahora.

Venezuela exporta sin problema a Estados Unidos, donde además posee una empresa distribuidora de gasolina (CITGO). Pero su fracaso es tal, que de exportador de gasolina a EE.UU., ahora la importa desde ese país. No solo han tenido todo el mundo abierto al comercio, sino además contaron con un enorme financiamiento de China, inexistente antes. Este desastre nada tiene que ver entonces con el “imperialismo y la burguesía”, es solo incapacidad e ineficacia. En el caso chileno, la nacionalización del cobre fue respondida por el gobierno de Nixon y de las compañías del cobre con bloqueos, cortando el financiamiento internacional, de repuestos, promoviendo el embargo de los embarques de cobre cuando llegaban a los puertos de destino en Europa.

Las condiciones internacionales de 1970 eran completamente distintas a las del año 2000. Chile debió enfrentar un período de Guerra Fría en que la actitud norteamericana del gobierno de Nixon hacia Chile fue implacable desde un comienzo, tratando de impedir la asunción de Allende y complotando para socavar el gobierno, mediante ahogo financiero y la presencia activa de la CIA, como quedó en evidencia en las propias investigaciones del Senado de EE.UU. Nada de eso ha ocurrido en Venezuela.

Tampoco es similar la situación de las Fuerzas Armadas. En el caso chileno, ellas formaban a sus oficiales en la llamada doctrina de la seguridad nacional, con cursos impartidos en Panamá, mostrando que el enemigo era interno y, por lo tanto, su tarea era aplastar cualquier movimiento social que quisiera impulsar cambios. Nada de ello ha existido durante los gobiernos de Chávez y Maduro. Ellos han contado con el respaldo total de las Fuerzas Armadas, sin lo cual no podrían haber sobrevivido al desastre humanitario, la indignación popular y el quiebre de las instituciones democráticas.

En Chile, ni creció la violencia criminal ni mucho menos la corrupción. La dictadura chilena, que intentó difundir falsedades como el llamado Plan Z y luego de reiteradas investigaciones a las cuentas personales y de los familiares de los principales dirigentes de la Unidad Popular, nunca pudo realizar acusación alguna. Nada de eso se compara entre el Chile de Allende y la Venezuela de Chávez y Maduro, donde se presenta una de las más altas tasas de homicidio del mundo

Mucho daño ha hecho ya la experiencia de Maduro, la persecución política, la miseria de un pueblo, la crisis humanitaria, el hambre, la emigración masiva, el sufrimiento del pueblo venezolano.

Esta terrible experiencia ha provocado temor a las experiencias progresistas de América Latina, y hoy es un arma que utiliza la derecha para atacar a quienes intentan cambios económicos y sociales. La campaña de “Chilezuela” es un ejemplo, y similares campañas se han articulado en otros países.

No podemos callar y aceptar que Maduro pretenda guarecerse en la imagen del Presidente Allende, desprestigiándolo y distorsionando la realidad. Allende es un símbolo de integridad moral, de compromiso social y de vocación democrática incuestionable.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de  El Mostrador.

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*Político chileno. Fue ministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ex senador por Tarapacá por un periodo de ocho años. Es miembro del Partido por la Democracia (PPD),  del cual ha sido presidente en tres ocasiones y que pertenece a la Internacional Socialista. Tras ​el golpe de Estado de 1973, fue detenido en Isla Dawson y otros campos de concentración. Al ser liberado, en 1974, vivió diez años como exiliado en Estados Unidos y en Venezuela. En El Mostrador, Chile.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de  El Mostrador.

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¿ILEGÍTIMO POR QUÉ? – Pasqualina Curcio*

¿Se habrán hecho esta pregunta quienes afirman que Nicolás Maduro es un dictador, un usurpador y que el período 2019-2025 carece de legitimidad? ¿O solo repiten lo que escuchan?

Comenzaron a posicionar esta matriz de opinión los 12 países reunidos en Lima. Se lee en su comunicado: “…el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente.”

Los dirigentes de la oposición venezolana, nos referimos a la no democrática, repiten sin descanso, y por supuesto sin argumentación, que Maduro es un usurpador.

En un acto de desespero, el propio Vicepresidente de los EEUU, Mike Pence al verse obligado a convocar personalmente la marcha opositora para el 23 de enero, debido a la incompetencia de la dirigencia opositora, insistió y repitió que el Presidente Nicolás Maduro es un dictador, usurpador e ilegítimo.

La estrategia es clara, repetir mil veces la mentira para convertirla en verdad.

Desmontemos la mentira:

  1. Hubo elecciones presidenciales. Se realizaron el 20 de mayo de 2018, es decir, antes del 10 de enero de 2019, momento en el que de acuerdo con los artículos 230 y 231 de la Constitución se vence el período presidencial 2013-2019. Se estuviese violando la Constitución si las elecciones se hubiesen realizado después del 10 de enero de 2019, o peor aún que no se hubiesen realizado.
  2. Fue la oposición venezolana la que solicitó el adelanto de las elecciones. Se realizaron en mayo y no en diciembre, como tradicionalmente se hacía, porque fue la oposición la que solicitó, en el marco del diálogo en República Dominicana, que se efectuasen el primer trimestre del 2018.
  3. En Venezuela el voto es un derecho, no es un deber. Quienes de manera libre, aunque influenciados por algunas organizaciones políticas no democráticas que llamaron a la abstención, decidieron no asistir a votar están en su pleno derecho, pero en lo absoluto ilegitima el proceso electoral, más aún cuando eso implicaría desconocer e irrespetar a los 9.389.056 que si decidieron votar y ejercieron democráticamente su derecho al sufragio.
  4. Participaron 16 partidos políticos en la contienda electoral (PSUV), (MSV), (Tupamaro), (UPV), (Podemos), (PPT), (ORA), (MPAC), (MEP), (PCV), (AP), (MAS) (Copei) Esperanza por el Cambio, (UPP89). En Venezuela no es obligatorio que todos los partidos políticos participen en los procesos electorales. Están en su pleno derecho de decidir si participan o no. Justamente porque nuestro sistema es democrático. El hecho de que 3 partidos (AD, VP y PJ) decidieron libremente no participar, no ilegitima el proceso electoral.
  5. Se postularon 6 candidatos: Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, Francisco Visconti Osorio y Luis Alejandro Ratti (los dos últimos decidieron retirarse).
  6. Maduro ganó con un amplio margen, obtuvo 6.248.864 de votos, el 67,84%; le siguieron Henri Falcón con 1.927.958, el 20,93%; Javier Bertucci con 1.015.895, 10,82% y Reinaldo Quijada quien obtuvo 36.246 votos, el 0,39% del total. La diferencia entre Maduro y Falcón fue 46,91 puntos porcentuales.
  7. Acompañaron el proceso electoral unas 150 personas, entre ellas 14 comisiones electorales de 8 países; 2 misiones técnicas electorales; 18 periodistas de distintas partes del mundo; 1 Europarlamentario y 1 delegación técnico-electoral de la Central Electoral de Rusia.
  8. Las elecciones se realizaron con el mismo sistema electoral empleado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las cuales resultó ganadora la oposición venezolana. Sistema que es automatizado y sometido a auditorías antes, durante y después de los comicios. Sistema que garantiza los principios de “un elector, un voto” porque solo con la huella dactilar se desbloquea la máquina de votación; y garantiza el “secreto del voto”.
  9. Se realizaron 18 auditorías al sistema automatizado. Los representantes del candidato Henri Falcón participaron en las 18 y suscribieron las actas en las que manifiestan su conformidad con el sistema electoral. Las auditorías son públicas y televisadas en vivo por el canal del Consejo Nacional Electoral. Una vez realizadas las auditorías, el sistema se bloquea y la única manera de acceder nuevamente es con la introducción simultánea de los códigos secretos que tiene cada organización política.
  10. Ninguno de los candidatos que participó en el proceso electoral impugnó los resultados. No hay pruebas de fraude, no presentaron ninguna evidencia o denuncia concreta de fraude.

Las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 fueron libres, transparentes, confiables, seguras y ajustadas a la Constitución y a las leyes a pesar del llamado antidemocrático a la abstención por parte de un sector de la oposición.

Son otros los que pretenden usurpar el cargo de Presidente de la República con el argumento de un supuesto vacío de poder, figura que no está contemplada en nuestra Constitución y la instauración de un “gobierno de transición”, figura tampoco prevista en la Carta Magna. Por si fuera poco, pretenden ejercer el poder fuera de nuestras fronteras violando el artículo 18 de la Constitución que establece que es Caracas la sede de los poderes públicos.

Así las cosas, son otros los usurpadores, ilegítimos y antidemocráticos.

Es ilegítimo y constituye un intento de usurpación el que algunos sectores de la oposición pretendan sostenerse en el apoyo de sectores extranjeros provenientes de gobiernos imperialistas para ejercer una autoridad que ni el pueblo ni la Constitución les da.

Repitamos mil veces estas verdades».

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* Economista venezolana. Magister en Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en 1995. Doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar (USB) en 2003. Directora General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social en 2001 y consultora del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (1996-2000).

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