Democracia, Economía y Finanzas, Fuerzas Armadas, Política

VENEZUELA Y EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO

Ene 30 2019

Horacio Larraín*

La carta suscrita por un numeroso grupo de líderes políticos de la  centro-izquierda chilena, criticando duramente el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela, y que concluyó con la reelección de Nicolás Maduro, me hizo recordar un interesante fenómeno psicológico denominado “síndrome de Estocolmo” (Wikipedia). Grosso modo, se trataría de la empatía que termina incubándose  en la víctima de un delito, como el secuestro por ejemplo, hacia su secuestrador. No necesito entrar aquí en detalles sobre esta rareza, solicitando al amable lector informarse por medio de la referencia citada.

Por otro lado, carezco de antecedentes objetivos y demostrables para asegurar que los procesos electorales en Venezuela han sido limpios, legítimos y sujetos a la legalidad. Igualmente, creo que los suscribientes de la carta tampoco tienen mayores pruebas concretas en contrario. De manera que, en este campo, nos manejamos con intuiciones, algo a tientas.

Es muy usual, que aquellos que pierden una elección cuestionen los procedimientos.  Es parte del carácter agonístico de la política. Así ocurrió en las elecciones parlamentarias en Chile de Marzo 1973, en la que el Gobierno de Salvador Allende obtuvo un 44% de apoyo, inesperado para la oposición que aspiraba a obtener una mayoría de 2/3 del Congreso pleno, necesarios para destituir constitucionalmente al Presidente. Por ello, interpuso una acusación de fraude electoral. Sin embargo, la junta calificadora de elecciones concluyó una investigación que desechaba tal hipótesis.

Como se supo públicamente después, esa elección constituyó el punto de giro en la estrategia de Washington y sus aliados locales, desde Track 1 -hacer fracasar económica y políticamente al Gobierno UP- hacia  Track 2 -el golpe militar del 11/9 de 1973.

Los que vivieron el último año del Gobierno de la Unidad Popular en Chile, sufrieron prácticamente todos los males y sacrificios que hoy se dice se experimentan en Venezuela. El desabastecimiento de productos, como consecuencia de una baja ostensible en la inversión y la producción o por acaparamiento clandestino de bienes. Colas interminables y sacrificios para obtener los recursos mínimos de subsistencia. Mercado negro, hiperinflación. Violencia callejera física y violencia retórica en los diversos medios de comunicación. Huelgas gremiales interminables. Grupos violentistas en tomas de tierras y fábricas. Atentados y sabotajes patrocinados por los que tenían la obligación de lealtad a la Constitución y las leyes.

Aplicación de una ley de control de armas, que legitimaba los allanamientos y la represión militar. Se puede agregar la tragedia de los marinos anti golpistas que, cumpliendo con su deber, fueron injustamente apresados en Agosto de 1973 por denunciar un complot antigubernamental y, cruelmente, sometidos a torturas, sin que el gobierno izquierdista se atreviese a hacer nada por ellos. Podemos también sumar las acusaciones de ilegalidades y reiteradas violaciones a la Constitución supuestamente perpetradas por parte del Presidente Allende y su gobierno, que eran el pan diario de cada titular. En fin, un caos e incertidumbre que muchos asociaron al ambiente propio de una preguerra civil.

No son pocos los que afirman que la oportuna intervención de los mandos insurrectos de las Fuerzas Armadas en Septiembre de 1973, libraron al país de males mayores. Como si los miles de prisioneros, los cientos de víctimas en fusilamientos sumarios, las desapariciones de personas, el arrojo al mar de prisioneros vivos y atados desde helicópteros, las horribles torturas, violaciones y vejaciones, los miles de exiliados, más los diecisiete años de dictadura cívico-militar, hubiesen sido males menores.

Algunos, aparentemente más ilustrados, veían al marxismo per sé como la amenaza pendiente: el anti marxismo se transformó en la bandera de lucha de la sedición. Más adelante, en vista del rechazo universal a la autoproclamada “Gesta de 11 de Septiembre”, los golpistas elevaron la categoría de su infame traición a una “victoria de Chile sobre el Comunismo”, en el marco de la Guerra Fría. Una especie de disonancia cognitiva, a mi juicio.

No creo que existan dudas y diferencias entre los contemporáneos en calificar el período señalado de la manera descrita, por lo menos en lo que respecta a sus consecuencias políticas, sociales y económicas para la población. La diferencia radica en la interpretación de las causas que cada uno asigna a su génesis y desarrollo.

Mientras unos se inclinan por el origen endógeno de los males causados: un programa revolucionario no consensuado e impuesto por una minoría; por añadidura, mal concebido y peor gestionado. Otros señalan a las causas exógenas como las más relevantes y definitivas: la nacionalización de las riquezas básicas: cobre, salitre y hierro, como también la estatización de otras fuentes económicas importantes para los capitales extranjeros operando en Chile: banca y telecomunicaciones, medidas que afectaban muy  especialmente a poderosas empresas multinacionales, aspectos que habrían provocado la ira del Gobierno de Richard Nixon.

La verdad es que, mucho antes de que se llevara a cabo la elección de un gobierno de izquierdas en Chile, y en prevención de tal eventualidad, los servicios de inteligencia norteamericanos ya estaban operando en el país desde hacía varios años, financiando partidos políticos, gremios patronales y medios de comunicación de su conveniencia.

Una vez confirmado el triunfo de Salvador Allende en 1970, la reacción del Presidente Nixon fue muy explícita: “I want the Chilean economy to scream” (“quiero que la economía de Chile llegue a chillar”). Y eso fue lo que ocurrió, desde los días posteriores al 4 de Septiembre de 1970 hasta Septiembre de 1973, escribe Nathaniel Davis, el ex embajador en esos años del gobierno de Nixon en Chile.

El oportunismo político de los firmantes los conduce a errar el patrón de contrastación: no se trata de comparar al régimen de Maduro con el de Pinochet. Mucho menos, comparar a Maduro con Allende. Se trata de asemejar la situación que vivió Chile durante la Unidad Popular, bajo la soterrada guerra que se libró desde Washington y desde Langley, Va. (Ese ”Vietnam silencioso”, como lo llamó Neruda)

El caso de Venezuela hay que asociarlo a las políticas de privatización del petróleo mundial impulsadas por las empresas petroleras multinacionales y llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos, a partir de la década de 1990 en adelante. En Medio Oriente, tales políticas privatizadoras se vieron concretadas con la invasión de Irak y el derrocamiento de su gobernante Saddam Hussein en marzo de 2003. Más adelante le tocó el turno a otro país de inmensas riquezas petroleras: Libia. Su líder Muhammar Gadafi fue derrocado y asesinado por oscuros movimientos islamistas instrumentales, apoyados por la OTAN. En ambos casos, se crearon estados fallidos y desgobierno en países que, si bien eran gobernados por autócratas, estaban siendo capaces de mantener a raya a la yihad islámica. Como resultado, cientos de miles de personas, sino millones, han sufrido las consecuencias.

El caso de Siria y la guerra civil incentivada por los poderes occidentales, fue también parte de la lucha por el dominio energético.

Según el General Wesley K. Clark, ex comandante General de la OTAN, él tuvo conocimiento en los pasillos del Pentágono en 2001, de un plan quinquenal de seguridad energética que contemplaba el ataque a siete países productores de petróleo.

Siendo Venezuela poseedora de las mayores reservas de petróleo del mundo, es difícil pensar que este país no esté incluido en la arremetida privatizadora de las multinacionales, avalada por las políticas de fuerza militar de las cuatro últimas  administraciones  norteamericanas. Sin embargo, la estrategia militar directa adquiere aquí una variante complicada, desde que el chavismo cooptó y seleccionó a los mandos militares venezolanos para que les fueran incondicionales.

En tal caso, la metodología que Washington utilizó en Chile en los años 70, en Venezuela debía sufrir una modificación que prescindiera del apoyo castrense interno, para hacerse más fuerte en la estrategia de “hacer chillar la economía”, provocar una situación de desobediencia civil inmanejable y buscar el apoyo diplomático y de la opinión pública mundial para aislar al gobierno de Maduro.

Ahora, los suscriptores de la carta, no señalan ninguna alternativa democrática viable para que Venezuela salga de su delicada situación. Por el contrario, se suman a la campaña internacional montada por el gobierno de los Estados Unidos y sus medios de comunicación, cuyo corolario lógico sería el derrocamiento de Maduro, en favor de una dictadura de derecha. Si se rechaza el procedimiento electoral, por muy precario que se considere, y no se proponen soluciones pacíficas, la alternativa que se busca es esa.

Un régimen autoritario que no solamente esté dispuesto a privatizar la petrolera estatal, PDVSA, sino que, siendo Venezuela un socio importante de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), transformarse en instrumento clave para  las políticas de producción y control de precios a nivel mundial, un aspecto que el volumen de producción norteamericano, comparativamente, no alcanza para tener la deseada influencia geopolítica.

La confrontación entre Washington y el régimen de Maduro, por tanto, tiene menos que ver con la preservación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, que con los grandes intereses económicos globales. It’s the economy, stupid!, parafraseando a Bill Clinton.

El síndrome de Estocolmo de estos políticos chilenos, pudo también  quedar en evidencia por el poco interés que demostraron, durante la llamada transición a la democracia, entre 1990 y 2006, en orden a intentar desmontar las reglas del juego políticas, sociales y económicas impuestas por la Dictadura, por su renuencia a impulsar la movilización social con tal objeto y, finalmente, por la diligencia que mostraron el gobierno de la época y sus altos funcionarios para salvarle el pellejo a Pinochet en Londres. El juzgamiento del Dictador en Europa, si bien hubiese sido una cachetada al orgullo nacional para algunos, habría resuelto definitivamente nuestras tensiones, producto de las demandas por justicia no satisfechas.

Aparte del señalado síndrome, es posible que una motivación importante para los firmantes de la carta de marras lo constituya una gratitud hacia políticos venezolanos que hoy día están en la oposición férrea al gobierno de Maduro y que, por tanto, sufren las consecuencias de la dureza del régimen.

Si hubo algún gobierno que solidarizó ampliamente con la causa de los exiliados,  durante la dictadura en Chile, fue el del partido Acción Democrática, perteneciente a la internacional socialista, durante el período de Carlos Andrés Pérez. No solo en Venezuela, sino en casi todo el mundo, se dejó sentir la mano solidaria de los hoy desplazados políticos venezolanos. El dinero petrolero fue, en su momento, muy generoso con la causa de la resistencia a la Dictadura de Pinochet.

Pero fue, precisamente, el corrupto gobierno de Acción Democrática (AD) el que sufrió la derrota en las urnas por parte de Hugo Chávez en 1998, dando origen al movimiento bolivariano chavista, y al chavismo-madurismo de hoy, con su insoportable retórica bolivariana sesentera. Lo más probable es que el grueso de la oposición al gobierno de Maduro lo constituyan las huestes de AD o del más derechista partido democratacristiano COPEI, que tan bien trataron a los refugiados chilenos en su momento.

No digo que lo que yo expongo sea la verdad. Los columnistas de opinión tenemos algo de novelistas: imaginación e intuición. Pero, que antiguos críticos de la democracia liberal, a la que despectivamente denominaban “democracia burguesa”, estén, hoy día, rasgando vestiduras por ella, no me termina convenciendo mucho. De persuadidos marxistas a demócratas liberales dahlianos, es un salto demasiado grande.

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*El autor fue oficial de la Armada de Chile. Permaneció leal a su juramento de obediencia a la Constitución y Leyes vigentes en Septiembre de 1973, oponiéndose al golpe militar. Actualmente es politólogo, Magíster de la Universidad de Chile, M.A. de la Universidad de Heidelberg, Magíster en Seguridad y Defensa de la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos). Miembro del equipo editorial de RedSeca. Artículo enviado a Other News por el autor el 29 de enero de 2019

 

¿Es posible una negociación en Venezuela?

Alberto Barrera Tiszka* – The New York Times en español

CIUDAD DE MÉXICO — La discusión sobre la legalidad o no del juramento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela es inútil. El conflicto, en estos momentos, no se basa en la interpretación de una ley. Lo que ocurre es el clímax de un profundo proceso de deterioro y corrupción de la democracia: fue Maduro quien se autoproclamó como presidente, tras unas elecciones fraudulentas el 20 de mayo del año pasado. Así como también, en diciembre del 2015, se autodesignaron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hoy pretenden juzgar la supuesta autodesignación del parlamento. El actual gobierno de Nicolás Maduro es genéticamente ilegal. Juan Guaidó no es una causa sino una consecuencia. No estamos frente a un problema de exégesis de la Constitución sino ante una enorme crisis política. A medida que, tanto interna como externamente, las presiones aumentan, el enfrentamiento crece. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Acaso se puede acordar una salida?

La acción política del chavismo se basa en la lógica militar. Está fundada en el contraataque. Apuesta por el desgaste del adversario y espera el momento adecuado para lanzarse en un movimiento de contraofensiva. Así han reaccionado siempre los oficialistas durante los veinte años del chavismo. Así actuaron durante el paro petrolero de 2002 y durante las protestas populares de 2017. Así, también, en distintas oportunidades y con diferentes mediadores, han usado las mesas de negociación para ganar tiempo. Es una estrategia de guerra. Entienden el diálogo como otra acción bélica. Solo lo aceptan si pueden sacarle provecho. Su objetivo sigue siendo el mismo: contraatacar. Aprovechar la crisis para profundizar aun más la revolución. En esta oportunidad no es diferente. Todas las señales apuntan hacia esa misma dirección: el chavismo no está dispuesto a negociar.

Pero nunca antes el panorama internacional había sido tan adverso. Esto también tiene que ver con un problema real. La crisis venezolana se desbordó, saltó las fronteras y es cada vez menos manejable. Se trata de un tema crítico, en términos de apoyo y de servicios, para todos los países vecinos, y de una amenaza preocupante con respecto al aumento de la xenofobia y de la violencia. En este contexto, el surgimiento de un liderazgo alternativo y la posibilidad de tener otro interlocutor en el poder representa también la posibilidad de una solución a un enorme problema en la región.

Obviamente, el protagonismo de líderes con políticas tan cuestionables e irritantes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o el de Brasil, Jair Bolsonaro, le otorgan una complejidad adicional a la percepción internacional de la crisis. Su apoyo a Guaidó, de alguna manera, refuerza la narrativa chavista, basada en el “imperialismo” y en la denuncia de una “invasión gringa”. Sin embargo, el abrumador apoyo de los países latinoamericanos, así como la reacción de la Unión Europea, pluraliza cualquier visión esquemática sobre el conflicto. Por más que el chavismo insista en reducir el tema a los códigos más básicos de la izquierda y la derecha, la complejidad de la realidad se hace cada vez más evidente.

Cinco años les han bastado a los líderes oficialistas para derrochar toda la herencia simbólica que les dejó Hugo Chávez. Al final de la tarde del pasado 23 de enero, el régimen de Maduro usó todos los recursos retóricos y convocó al pueblo a una vigilia nocturna alrededor de la sede del gobierno. Como dan cuenta las filmaciones de algunos periodistas, esa noche las calles que rodean el Palacio de Miraflores estuvieron completamente vacías. Nadie asistió a la vigilia. Esa silenciosa soledad fue una metáfora perfecta de lo que le ocurre. El relato de la Revolución bolivariana ya no funciona ni fuera ni dentro del país.

Cualquiera podría pensar que, en este contexto, lo ideal es negociar. Parece una receta de un manual de supervivencia política. Pero al parecer el chavismo opera de otra manera. Sabe vivir en los extremos. Es un movimiento experto en resistir. Los líderes oficialistas se comportan como miembros de una secta. Creen que la alternancia política es un pecado, una traición a su concepción sagrada de la historia. Están dispuestos a todo y cuentan con una ventaja importante: no tienen escrúpulos. Las consecuencias no importan. Las empresas, las instituciones, las vidas humanas… todo es prescindible, todo está al servicio de un fin mayor: la eternidad de la revolución. Un fin que, por supuesto, también incluye sus privilegios como jerarquía, su permanencia indefinida en el poder.

Frente a esto, Juan Guaidó y la Asamblea Nacional —el órgano legislativo elegido democráticamente y dominado por la oposición desde 2015— se presentan ahora como un poder alterno, con legitimidad y capacidad de tomar decisiones sobre la realidad del país. Tienen el apoyo internacional, pero no cuentan con mecanismos ni los espacios para ejercer plenamente ese poder. No tiene canales de comunicación. No tiene burocracia. No tiene soldados… El tiempo es el gran desafío para ambos. ¿A quién de los dos debilita más? ¿Quién gana o quién pierde más con cada día que pasa sin un desenlace del conflicto? Mientras el cerco internacional avanza, el chavismo internamente se atrinchera en la fuerza militar. Apuesta por el desgaste. “Chávez contenía nuestra locura”, dijo alguna vez Diosdado Cabello, en plan de amenaza, desafiando a quienes se le oponían. El discurso sigue siendo el mismo. No hay otra ideología que los uniformes y las armas. En una semana de protestas, ya hay 29 fallecidos y han sido detenidas de manera arbitraria 791 personas. Esta es la respuesta del gobierno a la ley de amnistía a funcionarios y militares propuesta por la oposición.

Maduro habla de diálogo y de negociación, pero luego persigue y reprime a los ciudadanos. Más que escuchar sus palabras hay que saber leer sus acciones. El chavismo usa el tiempo y desafía la violencia, como si deseara secretamente jugar con el límite de una guerra. Sabe que una invasión no contaría con todo el apoyo internacional que ahora tiene la oposición. Asume también que la tensión actual es insostenible a corto plazo. Prefiere mantenerse sobre la línea de fuego antes que negociar. Por eso, tanto adentro como afuera del país, es necesario incrementar la presión, apurar los plazos, crear más cercos, no ceder en nada… hasta que el gobierno no tenga más remedio que aceptarlo, que someterse al riesgo mortal de unas elecciones libres, transparentes y creíbles.

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*Alberto Barrera Tyszka es escritor y colaborador regular de The New York Times en Español. Su novela más reciente es “Mujeres que matan”.

 

 

 

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