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Lenin Moreno, el entregador

Abr 12 2019

Por Roberto Pizarro*

El gobierno del presidente Rafael Correa, antecesor de Moreno, con la valentía y dignidad que lo caracterizan, otorgó protección a Assange. Lo hizo, porque éste era perseguido político y sufría el acoso de sus gobiernos aliados, el Reino Unido y Suecia. Existían incluso indicaciones y declaraciones que ponían en peligro la vida da Assange.

El presidente del Ecuador, Lenin Moreno, decidió entregar a la policía londinense a Julián Assange, asilado diplomático en la embajada de ese país en el Reino Unido. Lo hizo por sorpresa y en el medio de la noche. La decisión vulnera el derecho de asilo, consagrado en acuerdos internacionales, con el agravante que además desprotege a un ecuatoriano, nacionalidad que le había sido otorgada a Assange. Pero, más grave aún, la decisión de Moreno tiene una connotación moral ineludible, lo que afecta la dignidad de los ecuatorianos.

Assange, fundador de Wikileaks, se había convertido en una persona peligrosa para los Estados Unidos. Publicó miles de documentos secretos del Pentágono y del Departamento de Estado, que revelaban los crímenes cometidos por soldados norteamericanos en las guerras de Afganistán e Irak. Los aparatos de seguridad no perdonan. Se inicia una persecución implacable contra Assange, que lo obliga a buscar asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres.

El gobierno del presidente Rafael Correa, antecesor de Moreno, con la valentía y dignidad que lo caracterizan, otorgó protección a Assange. Lo hizo, porque éste era perseguido político por los Estados Unidos y sufría el acoso de sus gobiernos aliados, el Reino Unido y Suecia. Existían incluso indicaciones y declaraciones que ponían en peligro la vida da Assange.

En efecto, Assange logró obtener las conversaciones de un gran jurado secreto en los Estados Unidos, que lo acusaban formalmente. Posteriormente, Wikileaks consiguió los correos diplomáticos desclasificados que confirmaban la existencia de esa acusación formal secreta. Además, esos documentos indicaban que Australia no tendría objeciones a la potencial extradición EEUU. Assange temía ser enviado a Guantánamo, junto a los terroristas musulmanes y luego terminar con una larga condena.

Los dichos de dirigentes políticos de los Estados Unidos son decidores:

Sarah Palin, excandidata republicana a la vicepresidencia de los Estados Unidos, decía en noviembre del 2010: “Assange es un operador antiestadounidense con sangre en sus manos ¿Por qué no fue perseguido con la misma urgencia que perseguimos a los líderes de Al-Qaeda y el Talibán?”.

Newt Gingrich, candidato presidencial en las primarias republicanas, decía en diciembre 2010: “Julian Assange está involucrado en terrorismo. Debe ser tratado como un combatiente enemigo. WikiLeaks debería ser clausurado permanente y decisivamente”.

El mundo desarrollado no daba garantías a Assange y optó por refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres. El asilo era plenamente justificado. Y el gobierno de Correa se lo otorgó.

El asilo es una larga tradición latinoamericana. Presidentes, dictadores, políticos y guerrilleros han encontrado amparo en este recurso, normado por la Convención de Caracas de 1954, surgida a raíz de la larga estadía de Víctor Raúl Haya de la Torre, opositor al dictador Odría, en la embajada de Colombia, en Lima.

El dictador Stroessner de Paraguay, después de su derrocamiento, obtuvo asilo en Brasil hasta su muerte. Salvador Allende, en 1971, otorgó un asilo de paso a guerrilleros argentinos que, fugados de la cárcel de Trelew, se dirigían a La Habana. Las dictaduras genocidas de Pinochet, en Chile, y Videla en Argentina, no se atrevieron a capturar a asilados que se protegían en las embajadas en Santiago o Buenos Aires. Y, por cierto, ningún gobierno complaciente con esos regímenes fue capaz de entregar a los asilados a las policías represoras. Moreno ha hecho todo lo contrario.

Ecuador se ha caracterizado por ser exportador de destacados asilados políticos. Son los casos de José Velasco Ibarra, Gustavo Noboa, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, exmandatarios que se asilaron en Colombia, República Dominicana, Panamá y Brasil, respectivamente.  Ecuador ha sido respetuoso de ello y también ha sido generoso en otorgar asilo a políticos opositores provenientes de las dictaduras del cono sur en los años setenta y ochenta. Por ello es tan sorprendente la decisión de Moreno.

El asilo asegura la protección que un Estado ofrece a personas que no son nacionales suyos y cuya vida o libertad se encuentran en peligro por actos, amenazas o persecuciones de las autoridades de otro Estado. En consecuencia, la decisión del presidente Lenin Moreno vulnera el derecho al asilo y es éticamente reprobable, colocando en vergüenza a toda la sociedad ecuatoriana.

Hace pocos días, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Metzer, señalaba su preocupación por los peligros que acosan a Assange. Pidió al gobierno de Ecuador que no retire a Julián Assange su condición de asilado porque si lo hace “…es probable que sea arrestado por las autoridades británicas y extraditado a los Estados Unidos”. Y, tal decisión “…podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves a sus derechos humanos”. La respuesta del gobierno de Moreno fue entregarlo a la policía londinense.

Todos los latinoamericanos tenemos la obligación de defender la libertad de Julián Assange. En primer lugar, porque Moreno, al quitarle el derecho de asilo, vulnera la protección a los perseguidos políticos, consagrada en el derecho internacional. En segundo, porque esa decisión convierte al pueblo ecuatoriano en cómplice de los peligros que pueda sufrir Assange. En tercero, porque la persecución contra Assange es un ataque a la prensa libre e independiente, otro derecho fundamental que debemos defender

Moreno, el entregador, ha cometido un grave error. Le ha dado la espalda al derecho internacional, a los derechos humanos y a la libertad de prensa. Con su decisión ha llenado de vergüenza al digno pueblo ecuatoriano.

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*Economista, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido). Investigador Grupo Nueva Economía. Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ministro de Planificación, embajador en Ecuador y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Chile).  Columnista de diversos medios. Artículo enviado a OtherNews por el autor y publicado en  El Desconcierto.cl, el 12.04.19.

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Relacionado:

Assange: el Estado ecuatoriano actuó sin garantizar el debido proceso

Por Nelsy Lizarazo – Pressenza. Agencia Internacional de Prensa

12.04.2019 – Pressenza entrevistó a Javier Arcentales Illescas, Asesor de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, institución que se pronunció el día de hoy en torno a la detención de Julian Assange, en el consulado del Ecuador en Londres. Aquí, la entrevista.

P: El canciller ecuatoriano, la ministra del interior y los representantes del gobierno han dicho hoy en rueda de prensa que la decisión de sacar a Julián Assange de la embajada de Londres esta apegada a derecho y han mencionado algunos instrumentos jurídicos, indicando que Assange irrespetó acuerdos de la Convención de Caracas. ¿Cuál es tu postura frente a esta afirmación?

J.A: Uno de los principales elementos que preocupa de la decisión tomada por el gobierno es la no observancia justamente del debido proceso, en particular del articulo 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana vigente en Ecuador, que indica el procedimiento para revocar la nacionalidad de una persona de otro país que este aquí o que se haya nacionalizado como ecuatoriano. De acuerdo con la LOMH, la persona debe haber sido notificada previamente, haber tenido la posibilidad de argumentar frente a esa notificación, que haya una decisión motivada y que la persona tenga la oportunidad de contestar a esas motivaciones. Al parecer, nada de esto se ha cumplido en el caso de Julian Assange. De hecho, el canciller incluso en su exposición en la Asamblea no lo ha justificado. Por tanto, habría un incumplimiento del debido proceso, señalado en el Art. 81 de nuestra propia Ley, sin contar con otros estándares internacionales de Derechos Humanos.

Justamente la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que tiene que observarse en todo el proceso que implique la pérdida de nacionalidad o del reconocimiento de personalidad jurídica de una persona, las garantías del debido proceso y en este caso parece que todavía no ha ocurrido.

Respecto al tema de asilo, nos preocupa también porque si bien Julian Assange estaba bajo la figura del asilo diplomático, regido por la Convención de Caracas, no es menos cierto que es una persona que requeriría protección internacional y, por ello, hay varios principios a respetar: la no devolución, por ejemplo. La condición de persona que necesita protección internacional implica la garantía a su derecho a la vida, la libertad o la integridad porque son derechos que están en riesgo. Entonces, para retirar la condición de asilo, se habría tenido que hacer un riguroso examen por parte del gobierno ecuatoriano, que permitiera determinar que ninguno de estos derechos estaría en riesgo. Este examen no ha sido solventado por el gobierno.

P: El presidente Moreno, en su declaración oficial, dijo que el gobierno había exigido al gobierno del Reino Unido que Assange no fuera enviado a ningún otro país donde pudiera sufrir tortura o pena de muerte. ¿Puede acaso el gobierno ecuatoriano exigirle tal cosa al Reino Unido?

J.A: Desde el momento que sacan a Assange del consulado de Ecuador, el Estado ecuatoriano no tiene ningún instrumento para poder garantizar la libertad, la vida y la integridad de Julian Assange . Así que, esta afirmación es básicamente una declaración de buena intención. El Estado ecuatoriano no puede decirle al Reino Unido “usted ha incumplido esto que me prometió”, eso no tendría ningún sentido. No hay ningún mecanismo para que se pueda hacer la exigencia de ese compromiso.

P: La decisión de Ecuador ¿puede tener consecuencias para el país, más allá de la opinión pública, frente a organismos internacionales?

J.A: Yo creería que si. Podría haber una responsabilidad estatal sobre todo justamente por todos los incumplimientos al debido proceso y a otros estándares internacionales. Podría conllevar observaciones tanto desde órganos de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano. Esto dependerá también de los caminos que decida tomar la defensa de Assange pero, tal como se está viendo ahora, la falencias del Estado ecuatoriano podrían implicar una responsabilidad internacional.

P: ¿Hay alguna posibilidad de revertir lo que ha sucedido desde el punto de vista legal? ¿Cuáles son las alternativas que podría tener Assange?

J.A: Las alternativas que tiene ahora Julián Assange son muy pocas, incluso se ha tenido la noticia de que ya esta siendo procesado por un tribunal en Reino Unido. Su margen de acción se reduce. Quizás instancias de Derechos Humanos en Europa pueden ser una alternativa.

P: ¿Cuál es la posición básicamente de la Defensoría del Pueblo frente a esta situación?

J.A: Los puntos centrales son: una preocupación frente a la ausencia de las garantías del debido proceso, preocupación frente a la utilización del tema de soberanía como una forma de vulneración de derechos. Estamos haciendo énfasis en que la adopción de decisiones soberanas de un Estado no puede implicar nunca la vulneración de Derechos Humanos de ninguna persona, menos aun de una persona que el Estado haya declarado como sujeto de protección internacional.

Estamos diciendo que debía haber existido un examen estricto de valoración de cuáles eran los riesgos de dar por terminado el asilo o por ultimo ver la posibilidad de contactar con otro estado para que lo puedan recibir, por complejo que fuera. 12.04.2019 –

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*Nelsy Lizarazo, colombiana, vive en Quito, Ecuador. Con formación profesional en Filosofía, Literatura, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

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Assange: el Estado ecuatoriano actuó sin garantizar el debido proceso

 

 

 

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