Derechos Humanos, Extremismo radical, Información y comunicación, Sociedad civil

No hay historia por la que merezca la pena morir

Abr 12 2019

Por A. D. McKenzie

La violación a la libertad de prensa y al derecho a informar de los periodistas fue uno de los temas centrales analizados durante la Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW 2019), la reunión anual del activismo mundial, que este año ha acogido Belgrado

BELGRADO, 11 abr 2019 (IPS) – “Mantente a salvo. No hay ninguna historia por la que merezca la pena morir”,  es el mensaje a los periodistas de Nada Josimovic, coordinadora del programa de la organización de derechos de los medios Free Press Unlimited (FPU).

La mayoría de los periodistas estarían de acuerdo con esta especialista. Pero más allá de la amenaza de agresión física, las reporteras y periodistas afrodescendientes soportan otro riesgo: ser acosadas en línea, con una ponzoña sexista y racista.

Esto, por supuesto, también les sucede a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. Pero en el caso de las mujeres, el acoso “se sexualiza … a veces con amenazas de violación”, dijo Josimovic, cuya organización a favor de que la libertad de prensa no tenga límites tiene su sede en Amsterdam.

“¿Cómo se protege uno?”, se preguntó ella misma durante una mesa redonda sobre la libertad de prensa en la Semana Internacional de la Sociedad Civil (#ICSW2019), una reunión anual de líderes de la sociedad civil, activistas y ciudadanos comprometidos que acoge la capital serbia entre el lunes 8 y el viernes 12.

Auspiciada por la alianza global de la sociedad civil Civicus, la reunión tiene uno de sus focos en  las infracciones de la libertad de expresión y los ataques a periodistas.

Durante el encuentro de Belgrado, a la ICSW seguían llegando malas noticias para la libertad de expresión. Este jueves 11,  la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Audrey Azoulay, emitió un comunicado de condena al asesinato de un reportero de deportes en Salvador Alvarado, en el noroeste de México.

“Condeno el asesinato de Omar Iván Camacho Mascareño”, declaró Azoulay. “Confío en que la investigación en curso permitirá a las autoridades llevar al autor de este crimen a la justicia”, añadió.

Mascareño, de la emisora ​​de radio local Chavez Radiocast, fue encontrado muerto con signos de haber sido víctima de un severo traumatismo craneal y lesiones que indicaban que había sido golpeado hasta la muerte, según informes de medios mexicanos.

Las “condenas” contra agresiones a los periodistas por parte de la UNESCO se han vuelto una actividad regular, dada la frecuencia de los ataques a los profesionales de la comunicación en diferentes partes del mundo.

La agencia de las Naciones Unidas, con sede en París,  tiene el mandato de promover la seguridad de los periodistas y lo hace “a través de la concientización global, el desarrollo de capacidades y una serie de acciones, en particular el Plan de Acción de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre la seguridad de los periodistas y el tema de la impunidad”.

Esto incluye un módulo de combate al abuso en línea contra los periodistas y sus fuentes.

Pero Josimovic y otros defensores de la libertad de expresión enfatizan que no se está haciendo lo suficiente para terminar con el hostigamiento específico a las mujeres periodistas.

“Creo que los medios de comunicación no tienen buenos sistemas de apoyo para afrontar este tipo de ataques”, dijo a IPS la activista. “El aspecto legal también es complicado”, añadió.

Las compañías detrás de las redes sociales, por ejemplo, no revelan la identidad de los agresores ante la denuncias de acoso, criticó. Algo a lo que se une que en ocasiones las víctimas no cuentan con la solidaridad de sus colegas periodistas  y sus jefes, cuando ellos no han experimentado el acoso.

“Debido a que no está sucediendo en el mundo real, las personas minimizan el efecto”, agregó. “Pero las mujeres en general enfrentan más hostigamiento en línea. En todos los sectores, es un hecho que está ahí”, afirmó la coordinadora de FPU.

Cualquier persona que tenga dudas sobre esta realidad, aseguró,  solo tiene que mirar algunos de los informes a de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, con sede en Washington.

Debido a la similitud en los métodos que se utilizan para atacar a los defensores de los derechos humanos a nivel mundial, los grupos que promueven la libertad de expresión y de prensa y las organizaciones de la sociedad civil deberían aumentar las formas de trabajar juntos, dijeron participantes en la ICSW.

Vukasin Petrovic, director sénior de estrategia de programas en Freedom House, una organización de monitoreo de derechos, con sede también en Washington, dijo que se necesitan amplias coaliciones para promover la protección de los derechos.

“Los periodistas y defensores de los derechos humanos son la pieza central de cualquier estrategia”, dijo a IPS. “La protección de la libertad de expresión y la libertad de reunión están en el interés de ambos”, citó como ejemplo.

Sobre la “distancia” e imparcialidad que requiere  la labor periodística, reconoció que a veces la relación entre los medios de comunicación y la sociedad civil puede ser demasiado estrecha.

“Necesitamos transparencia y responsabilidad por todos lados”, dijo. “Pero la formación de coaliciones puede hacer que la incidencia sea más poderosa”, añadió.

Para Dragan Sekulovski, director ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Macedonia, un país que es “un campeón cuando se trata de escuchas telefónicas”, parte de la defensa de los medios debe provenir del propio sector.

A su juicio, eso incluye promover un periodismo de calidad y “dejar que sea la audiencia la que juzgue”.  De esta manera, la opinión pública puede inclinarse a favor de los medios de comunicación, ayudando a disuadir los ataques y el hostigamiento contra ellos.

Sin embargo, el periodismo de “calidad” requiere recursos, y como señalan varios grupos de medios de comunicación, el sector ha sido devastado en los últimos años por la pérdida de empleos, la baja remuneración, los abusos de los derechos de autor y otros problemas.

Esto se ve agravado por la disminución de la confianza del público, debido a una serie de factores, entre los que se incluyen campañas de difamación, acusaciones de “noticias falsas o fake news” o el mal comportamiento de los propios periodistas.

Y sin olvidar la gravedad de que el presidente estadounidense Donald Trump y otros mandatarios califiquen públicamente a los periodistas y a los medios de comunicación de “enemigos del pueblo”.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, muchos de los tuits de Trump desde que llegó a la presidencia en enero de 2017 han “insultado o criticado a periodistas y medios, o han condenado y denigrado a los medios de comunicación en general”.

Así, se ha convertido en una batalla cuesta arriba que la ciudadanía perciba la importancia del trabajo de los periodistas y se comprometa activamente con la protección de la libertad de expresión y en particular la libertad de la prensa, coincidieron activistas durante la ICSW.

“Las organizaciones de medios deben comprometerse con los ciudadanos para que entiendan por qué esos ciudadanos los necesitan”, dijo Josimovic.

Nadie puede estar seguro que  esto detendría los ataques y el hostigamiento, especialmente contra las mujeres periodistas.

En Belgrado se consideró que este mismo tema se volverá a plantear durante los debates que se realizarán entre el 1 y el 3 de mayo en Addis Abeba, cuando en la capital de Etiopia se celebren los actos centrales de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de ese mes.

De la difamación a las leyes, todo sirve contra los activistas

El asesinato de la activista y política brasileña Marielle Franco hace poco más de un año y los ataques contra otros defensores de derechos en todo el mundo han galvanizado a las organizaciones de la sociedad civil, mientras las Naciones Unidas buscan reforzar su estrategia para protegerlos.

Sin embargo, algunos países no están interesados ​​en cooperar con la sociedad civil o los organismos internacionales e incluso participan activamente en campañas de desprestigio contra los defensores de los diferentes derechos humanos.

“Un número cada vez mayor de Estados se niegan ahora a cooperar con la ONU (Organización de las Naciones Unidas)”, dijo Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“No quieren invitar a más relatores especiales a visitar los países ni a realizar informes”, dijo en un encuentro con periodistas durante la Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW 2019), que reúne en esta capital serbia a líderes sociales entre el lunes 8 y el viernes 12.

La reunión, organizada anualmente por la alianza global de la sociedad civil Civicus, ha reunido a más de 850 delegados que se centran en temas que van desde “la represión contra la libertad de los medios de comunicación hasta la asistencia de emergencia para las organizaciones no gubernamentales atacadas”.

Dura la ICSW también se está abordando el “poder” de la solidaridad junto con una mayor responsabilidad para reforzar la actuación de la sociedad civil organizada.

Forst dijo que asiste a la ICSW para aprender de los participantes. Su próximo informe, que se presentará durante la Asamblea General de la ONU en el otoño boreal, se centrará en la impunidad.

Eso, explicó, porque solo cinco por ciento de los ataques contra defensores de los derechos han sido investigados y los agresores “llevados ante la justicia”.

Un problema creciente en la protección de los defensores de los derechos humanos es la forma en que algunos Estados intentan difamar a los activistas, destacó el relator especial.

En las regiones, desde Europa a América Latina, se desarrollan campañas actualmente destinadas a desacreditar a los defensores de los derechos, y la terminología despectiva contra ellos puede influir en la opinión pública.

“Estas campañas son peligrosas para los defensores”, dijo. Se les califica de “enemigos del Estado” o de “promotores de los valores occidentales” o se dice que “están contra el desarrollo”, describió.

En algunos países, a los activistas también se les acusa de tener vínculos con el terrorismo y de oponerse al progreso cuando intentan bloquear proyectos que son desastrosos para el ambiente o para los pueblos indígenas.

“Lo que también me preocupa es que estas campañas las dirigen políticos, actores políticos, primeros ministros, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Defensa”, agregó Forst.

A su juicio, la ICSW de Belgrado es importante para que los activistas vean que lo que está sucediendo en su país o región también puede estar ocurriendo en otros lugares, para que así puedan tratar de construir puentes y fortalecer los vínculos entre ellos.

De hecho, durante la reunión se ha resaltado las similitudes en los métodos de represión en todo el mundo.

Esos métodos incluyen no solo los ataques físicos, sino también la vigilancia, las prohibiciones de viajes, el acoso en línea y el uso de estructuras y leyes gubernamentales para tratar de reprimir las libertades.

Incluso mientras se lleva a cabo la ICSW aquí, las organizaciones de derechos en otros lugares han emitido alarmas sobre violaciones de los derechos cívicos y de los medios de comunicación.

Por ejemplo, la organización PEN América alertó el martes 9 que la “el objetivo de la administración de (Donald) Trump contra los periodistas, ha alcanzado un nuevo nivel”.

El grupo señaló informes de la frontera entre Estados Unidos y (con documentos filtrados de un denunciante del Departamento de Seguridad Nacional) que indican que las agencias del gobierno han espiado a más de 50 personas, en su mayoría periodistas y defensores de migrantes, “por sus informaciones sobre la situación humanitaria” en el área fronteriza.

Según PEN América las agencias gubernamentales han participado “el seguimiento y monitoreo de esos periodistas, incluyen la creación de una base de datos del gobierno estadounidense, que contiene información personal confidencial”.

Para la organización, esa base de datos constituye “una violación chocante e injustificada de los derechos de los periodistas en la Primera Enmienda” y una “violación apabullante de la libertad de prensa”.

Mientras tanto, en Francia, Amnistía Internacional criticó una ley “antidisturbios” que podría amenazar la libertad de reunión y expresión. La nueva norma permitiría a la policía registrar sistemáticamente a los manifestantes.

La ley, pese a que incluye algunas garantías, “sigue siendo una grave infracción a la libertad pública y al equilibrio de poder”, declaró Amnistía el martes 9.

El gobierno de Emmanuelle Macron también usa otra legislación “para atacar a aquellos defensores que están tratando de ayudar y rescatar a los migrantes que llegan a Europa a través del mar Mediterráneo”, dijo Forst, de nacionalidad francesa.

“Estamos viendo cada vez más la criminalización de los defensores (de los derechos humanos)”, a través del uso de la ley, aseguró en el marco de la ICSW.

En Serbia, el país anfitrión, los manifestantes antigubernamentales preparan para el sábado 13, un día después de la clausura de la reunión internacional, la mayor concentración desde que iniciaron sus protestas en diciembre.

Los manifestantes exigen elecciones libres y justas y una mayor libertad de los medios de comunicación.

Durante la ceremonia de apertura de la ICSW, los activistas serbios criticaron al presidente Aleksandar Vučić por sus políticas represivas, a menudo sin nombrarlo, y algunos pidieron la protección de los medios de comunicación.

“Defenderemos la libertad de los periodistas (…) la libertad de no ser amenazados de ninguna manera”, dijo Maja Stojanovic, de la organización la organización de Iniciativas Cívicas, que ejerce como anfitriona del encuentro.

Antes de comenzar la semana de la sociedad civil, Serbia fue incluida en una lista de “naciones donde las libertades cívicas están bajo grave amenaza”.

El Monitor de Civicus, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en todo el mundo, dijo que las autoridades serbias “han orquestado una campaña de desprestigio contra manifestantes, etiquetando a los opositores del gobierno como activistas ‘pagados’ que trabajan en contra de los intereses serbios”.

Los desarrollos confusos e inquietantes en muchos países resaltan aún más la necesidad de encontrar soluciones transfronterizas y crear vínculos entre los defensores de los derechos, dijo Forst.

Como contrapartida positiva, los activistas se están volviendo “más eficientes” en la formación de redes locales, nacionales e internacionales, dijo Forst. “Es una batalla … y la solidaridad es importante”, afirmó.

También consideró una buena noticia que algunos países que en el pasado bloquearon el acceso de organismos internacionales para examinar e informar la situación interna de los defensores de derechos humanos, ahora lo están permitiendo. Eso, afirmó, es un logro contra la impunidad.

Estados como Filipinas,  peligrosos para los defensores de derechos, no desean “hacer nada para resolver el problema”, afirmó Forst.

Pero, por el contrario, en países “como México, Colombia, Honduras, Brasil”, han pasado a reconocer que existe un problema que resolver, quizás por el alto nivel de asesinatos contra los activistas, analizó.

Mientras tanto, en Brasil, una vez que los presuntos asesinatos materiales de Marielle Franco fueron apresados días antes del 14 de marzo, el aniversario de su muerte, los activistas ahora se preguntan: ¿Quién mandó a matarla?”.

 

 

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