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Bajo la protección de la Casa Blanca

Jun 20 2019

LLUÍS BASSETS* – El País

Sin tal alto patrocinio es dudoso que el príncipe sanguinario, Mohamed Bin Salman, se hubiera atrevido a ordenar la liquidación de quien era probablemente el periodista más destacado de su país

La CIA, el Senado de los Estados Unidos y ahora la relatora de Naciones Unidas para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales están de acuerdo en que Mohamed Bin Salmán (MBS), el príncipe heredero de Arabia Saudí, es el primer y máximo responsable de la muerte del periodista Jamal Khashoggi el pasado 2 de octubre.

Agnès Callamard, la experta en derechos humanos que ha redactado el informe, pide una investigación internacional e incluso apunta a la constitución de un tribunal especial que se haga cargo de las responsabilidades penales derivadas de la desaparición y asesinato en el consulado saudí de Estambul, donde el periodista fue torturado, ejecutado y descuartizado.

Todo lo que ha hecho Arabia Saudí hasta ahora ha reforzado las evidencias del crimen de Estado. Las autoridades saudíes impidieron primero el acceso de la policía y la judicatura turcas al consulado durante trece días, suficientes para el borrado de pruebas. Los ejecutores, cuya identidad no ha sido revelada, fueron detenidos y están siendo juzgados en secreto, aunque ha recibido publicidad la información sobre cinco sentencias de muerte. La relatora de Naciones Unidas no ha recibido cooperación alguna de las autoridades saudíes, aunque le ofrecieron asistir a algunos interrogatorios judiciales bajo la condición de mantener su contenido en secreto, que no fue aceptada por la alta funcionaria internacional.

El asesinato, según el informe de Naciones Unidas, no fue resultado de una acción que se escapó de las manos de quienes la ejecutaron, como ha sucedido tantas veces en otros crímenes de Estado, sino fruto de una política represiva deliberada, a cargo de un equipo especial de agentes a las órdenes de las máximas autoridades, al que se le atribuyen numerosos casos de desapariciones, secuestros [como fue el caso del primer ministro libanés, Saad Hariri], torturas y exacciones a ciudadanos saudíes, pero también extranjeros.

Callamard exige a Riad que pida perdón y ofrezca excusas a la familia, exige la libertad de los detenidos por motivos similares a los que condujo al secuestro y asesinato de Khashoggi, pide reformas en el sistema judicial y policial que impidan la repetición de tales fechorías, considera indispensable la suspensión del actual juicio contra los perpetradores directos del crimen y demanda a las autoridades saudíes que entreguen toda la información disponible sobre el asesinato. El informe argumenta que se trata de un crimen internacional, en el que se han violado el derecho a la vida, las convenciones consulares internacionales y la prohibición del uso extraterritorial de la fuerza. En su pliego de cargos demanda también sanciones económicas dirigidas al embargo de los bienes de los responsables del crimen, incluido el príncipe heredero.

MBS es el socio más fiable de Donald Trump en Oriente Próximo, el que ha inspirado la ruptura con Irán y el clima de tensión bélico en la región. Sin tal alto patrocinio es dudoso que este príncipe sanguinario se hubiera atrevido a ordenar la liquidación de quien era probablemente el periodista más destacado de su país.

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Anexo :

 

Riad: impunidad inadmisible

 

Editorial – La jornada

 

Agnès Callamard, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó ayer su informe sobre la investigación de seis meses que realizó en torno al asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi. De acuerdo con la experta independiente, no sólo hay pruebas suficientes para responsabilizar al gobierno saudiárabe, sino incluso para señalar directamente al heredero de dicha monarquía, el príncipe Mohamed Bin Salmán. En noviembre pasado trascendió que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) comparte la impresión de que Bin Salmán ordenó el atentado.

 

Cabe recordar que Khashoggi fue asesinado el pasado 2 de octubre cuando realizaba una visita al consulado de su país en Estambul, en lo que hoy se sabe fue una trampa urdida por el régimen saudita para deshacerse del comunicador. Los hechos no fueron conocidos sino días después debido a que Riad trató de ocultar su responsabilidad en la muerte de Khas-hoggi, en un principio negando cualquier conocimiento acerca de su paradero, y después, cuando Ankara presentó videos que probaban la presencia del periodista en la sede diplomática, intentó presentar el homicidio como resultado de una pelea entre la víctima y funcionarios del recinto.

 

Ante el cúmulo de pruebas presentadas, resulta inaudito que la monarquía árabe pueda actuar con tal nivel de impunidad y cometer este género de barbaridades dentro de sus propias legaciones diplomáticas. Como señala Callamard, las sanciones impuestas hasta ahora a Riad son a todas luces insuficientes y evaden la toma de acciones directas contra la cadena de mando, en cuya cúspide se encuentra el autor intelectual del crimen, el príncipe Bin Salmán.

 

Para colmo, en enero pasado el fiscal designado por el régimen saudita para investigar los hechos pidió la pena de muerte contra cinco de los 11 acusados, sin que hasta ahora se fije una fecha para su próxima vista judicial. De concretarse la sentencia, a la barbarie contra Khashoggi se sumaría la que supone aplicar la pena máxima contra cinco personas que, por la opacidad con que se maneja el reino petrolero, podrían carecer de cualquier responsabilidad en el caso.

 

A menos que la comunidad internacional, y en particular las naciones occidentales que suelen arrogarse el papel de policía global, establezcan fuertes sanciones contra Arabia Saudita y su familia gobernante, quedará sentado el nefasto precedente de que cualquier país puede matar a alguien en sus legaciones diplomáticas sin sufrir consecuencia alguna.

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