Derechos Humanos, Infancia, Justicia, Migraciones y refugiados, Racismo&discriminación

No criminalizar migración

Jul 15 2019

José Murat  – La Jornada

La imagen desgarradora de un padre y su pequeña hija muertos en su intento de cruzar el Río Bravo, los salvadoreños Óscar Alberto Ramírez y Angie Valeria, tal como ocurriera con el niño sirio Aylán Kurdi en la costa turca del Mediterráneo en 2015, ambas escenas recorriendo el mundo, sacude la conciencia nuevamente y nos llama a no criminalizar la migración y privilegiar el enfoque social.

La noticia fue materia principal de debate en ambos congresos federales, de México y de Estados Unidos. El común denominador de las intervenciones en los dos casos fue la más enérgica condena a las políticas que conducen a esos resultados, especialmente el encono alimentado en la nueva administración derechista de un país que debe su fortaleza económica justamente a la contribución de los migrantes.

No perdamos la perspectiva, y nos quedemos en la visión de corto plazo. La migración es un fenómeno universal y atemporal. Ha estado desde el inicio de los tiempos, en la prehistoria y en las distintas etapas de la historia moderna. La pobreza extrema, y la correlativa búsqueda de mejores condiciones de vida, ha sido el resorte principal. El éxodo actual de sur a norte en el continente americano, Centroamérica como expulsor cardinal, no es la excepción.

Por eso importa mucho un diagnóstico profundo y holístico, integral, de la migración de nuestros hermanos centroamericanos a México en tránsito hacia Estados Unidos, mujeres y hombres que dejan sus países y comunidades de origen buscando otros horizontes, de mayor bienestar y certidumbre. La respuesta del Estado mexicano y no sólo del gobierno en turno, con planes generales y políticas públicas con acento en lo económico- social, se inscribe en esta lógica de atacar causas, y no sólo contener las consecuencias, hoy de un alto impacto mediático.

La estrategia tiene dos frentes que vale la pena analizar, el Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, con la participación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y que tiene por objeto impulsar el desarrollo económico e intensificar el comercio entre los cuatro países, para detener o cuando menos atemperar los flujos migratorios hacia el norte.

La limitada integración económica regional la retrata un dato contundente que no requiere interpretación: El Salvador, Guatemala y Honduras sólo exportan 5 por ciento de sus mercancías hacia México, mientras nuestro país exporta hacia aquella región menos de 2 por ciento del monto total.

La premisa de la que parte el plan regional es que: los motivos que han originado las constantes e históricas olas de migrantes que buscan una mejor opción de vida en Estados Unidos son la falta de empleo o crisis económicas en sus países, bajos ingresos salariales, malas condiciones laborales, violencia e inseguridad en sus lugares de origen y reunificación familiar.

El otro frente para inhibir la migración desde sus cimientos es uno nacional con repercusión internacional, el Proyecto de Corredor Transístmico, logístico e industrial, de los mayores concebidos en el sexenio, que contempla la modernización de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como la recu-peración de la vía férrea entre las dos localidades y la construcción de carreteras vinculantes. Este año o el próximo se iniciará la construcción de una vía de 60 kilómetros de Mogoñé a Chivela.

Es un proyecto largamente postergado, con una historia de expectativas frustradas que se remonta a siglos, para el desarrollo del istmo de Tehuantepec, y que tendrá un impacto nacional y regional hasta beneficiar a Centroamérica, que contará con dos terminales de contenedores, abaratará el costo y tiempo de transporte en relación con el Canal de Panamá para aquellos barcos que operen en sus puertos.

Este proyecto se iniciará con una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos, sólo en su vertiente nacional, con lo cual se beneficiará, en primer lugar, a 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos.

Hoy en día, México suministra 15 por ciento de los productos que pasan por el Canal de Panamá, lo cual equivale a 40 mil toneladas de producto mexicano. Con la interconexión de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz se podrán trasladar por suelo mexicano estos productos, y miles de toneladas más, a menor costo.

Los beneficios del nuevo Canal Transístmico permearán no sólo en la productividad del país, sino en el aspecto social, puesto que por años la región del sur-sureste ha vivido sumergida en la pobreza y la exclusión. Desde lo económico se atacará lo social, con una derrama económica estimada en 30 mil millones de pesos para 2022.

Sin duda, estos dos grandes proyectos, pero sobre todo éste, el transíst-mico, tendrán un impacto formidable en el desarrollo económico de la región y el subcontinente, medido en la ge-neración de empleos estables y formales, que al crear oportunidades en la propia tierra, desalentarán los flu-jos migratorios.

Es temprano para medir la eficacia de los planes descritos, pero las proyecciones son de gran calado y son los primeros diseñados para atacar las causas estructurales de la pobreza y la migración, y no sólo atender las consecuencias de un fenómeno hoy exacerbado por décadas de desatención en los móviles de origen. Desde proyectos macro de infraestructura y desarrollo económico, no debemos permitir que vuelvan a ocurrir muertes de migrantes en la búsqueda legítima de mejores condiciones de vida.

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Migrar por México, más peligroso para los niños (*)

Por María Fernanda Ruiz

MÉXICO,  jul 2019 (IPS) – Las nuevas políticas migratorias en México vulneran aún más a la población migrante infantil que cruza por el país. El Estado carece de una metodología para medir de forma eficaz las violencias que enfrentan los niños y niñas en su paso por el territorio mexicano.

No existen cifras exactas sobre cuántos niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes pasan por México; esta carencia de cifras genera problemas para conocer los niveles de vulnerabilidad y violencias a las que se enfrentan en su camino.

Aun así, la presencia de traficantes, cárteles, secuestradores y extorsionadores dejan en claro que migrar por México es de alto riesgo para menores.

“Es un problema el registro de cuántas personas migran por México, sobre todo porque la cifra oficial se basa en eventos de personas detenidas por autoridades migratorias pero son eventos, no personas”, explica Rosalba Rivera, gestora de casos de niñez migrante del no gubernamental Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

“Una misma persona que fue detenida, deportada y luego regresó a México se vuelve a contar en la estadística anual”, detalla sobre la estadística migratoria construida a partir de los registros administrativos del gubernamental Instituto Nacional de Migración (INM).

El INM maneja la cifra de 8.569 niños, niñas y adolescentes migrantes que pasaron por México en lo que va del 2019 pero conocer la cifra real hasta ahora ha sido imposible, y conocer cuántos de ellos han sufrido violencia, todavía más.

Esto, explica Rivera, se debe a que no hay forma de medir esas cifras, ya que ninguna autoridad en la frontera revisa quién entra de manera irregular.

Las personas que han sido víctimas de violencia tampoco denuncian, por lo mismo de que están de manera irregular y por el miedo a no querer ser deportados, tampoco tenemos evidencias para asegurar cuántos niños han sido víctimas de violencia, añade la gestora.

-¿Cuáles son las consecuencias de no tener estas cifras?

“Una consecuencia en macro sigue siendo la impunidad con las bandas de tráfico, de trata, de extorsionadores. Otra consecuencia es en la vida de las personas, para los niños son experiencias que pueden ser traumáticas para el resto de su vida”, cuenta Rivera.

El Estado mexicano a través del Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes asumió el compromiso de establecer una base de datos de niños migrantes, las condiciones en las que viajan, si han sido víctimas, pero no es algo que se esté llevando a cabo.

“Es muy difícil, tendría que haber un cruce de muchas instituciones que estén coordinadas en salvaguardar los derechos de los migrantes, una intención coordinada de parte de las instituciones de diferentes sectores para hacer una base de datos conjunta para la que se requerirían metodologías de recaudación de datos: ir a las casas de migrantes para saber cómo están, qué condiciones tienen”, ejemplifica Rivera.

El Comité de los Derechos del Niño de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), en las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, exhortó al Estado mexicano a recolectar datos desagregados para conocer e identificar casos de NNA migrantes, refugiados y desplazados.

“Las estadísticas permitirían diseñar esquemas de alerta temprana para resolución de conflictos; para detectar qué entornos presentan niveles de riesgos más altos y para asignar recursos de manera más eficiente para la implementación de atención a la violencia”, contó Christian Skoog representante de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en México.

Skoog pidió, durante la presentación del informe: “Panorama Estadístico de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en México”, poder contar con registros de la situación de niños sin cuidados parentales en situación de migración.

Rivera señala las violencias que viven los menores al pasar por el país:

Los que vienen acompañados son los que viven violencias de las más graves: extorsiones, secuestros, discriminación y xenofobia; los niños no acompañados llegan con la idea de que en la frontera norte (con Estados Unidos) van a pasar si sirven a las bandas de tráfico de drogas a cruzar en mochilas droga, indica.

Incluso les pagan para que convenzan a otros adolescentes a trabajar con ellos. Como entran al tráfico de drogas también tienen el riesgo de consumo, ya les pagan con droga o con dosis y pueden tener problemas de adicción que no tenían, añade la especialista.

Otra de las violencias es que al llegar a México, al no tener CURP  (clave única de registro de población) ni estar dentro del sistema, no pueden acceder a servicios de salud, becas, programas sociales de gobierno y se enfrentan a violencia estructural que los excluye.

Los cambios recientes en la política migratoria, además, conllevan más detenciones y con eso nuevos riesgos.

“El tema de la política migratoria ha puesto más acento en la detención, estar hacinados en las estaciones migratorias sin una certeza de cuánto tiempo van a estar ahí, sin una certeza de sus derechos, con la incertidumbre de estar en un lugar desconocido en zonas prácticamente carcelarias para los niños es una violencia muy fuerte que marca sus vidas”, apunta Rivera.

Para la gestora de Imumi actualmente el riesgo para los menores es alto porque la vigilancia de la Guardia Nacional ha hecho que recorran caminos más complejos o que sigan a traficantes por zonas más riesgosas donde no hay organizaciones que estén cerca por si necesitan acompañamiento.

“El riesgo es que los traficantes ahora tengan un negocio más gordo. Incrementa el negocio para ellos e incrementan los riesgos para las personas, sobretodo para los niños”, reflexiona.

Antes que migrantes son niños 

En el nuevo contexto de México respecto a la migración, para Rivera la seguridad de los NNA migrantes deberá ser una responsabilidad mucho más seria para el Estado mexicano y para las organizaciones.

“A México le va a tocar brindar la protección que anteriormente Estados Unidos  brindaba, aunque no en el discurso, ya que los niños lograban pasar, había muchas opciones con las que Estados Unidos les daba seguridad”, asegura.

“Ahora como va a ser más difícil que los niños se quedarán en México. Ver si lo que se necesitan son programas para conseguir autonomía o familias de acogida no solamente pensar en la opción a corto plazo de tener albergues”, añade.

Imumi señala la urgencia de que no existan niños, niñas ni adolescentes en detención, porque ven que la tendencia de la nueva política va por esos caminos lo que los pone en situaciones deplorables, además de violar la ley mexicana y los acuerdos internacionales que ha firmado.

“La detención de niños es de las violencias más grandes y de las consecuencias más fuertes”, advierte Rivera.

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(*) Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto de Periodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

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