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Chile: un estallido social inesperado pero explicable

Nov 27 2019

Horacio Larraín*

Hemos cumplido más de medio mes desde que se produjo el estallido ciudadano del 19 de Octubre. La revuelta no para y el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera carece de iniciativas concretas y, sobretodo convincentes, que logren amainar la furia casi incontenible de la ciudadanía.

La situación parece haber tomado por sorpresa a las autoridades. La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no asomó por ningún lado. Tal vez, ello llevó al Presidente a cometer su primer error, que fue criminalizar la protesta popular y calificar la situación como una guerra, por cierto, en contra de un “enemigo interior”.

Aquello nos retrotrajo a conceptos y adjetivaciones propias del período de “Guerra Fría”, que creíamos haber superado luego de la recuperación de la democracia en Chile y a nivel mundial, tras la caída del Muro de Berlín hace exactamente 30 años atrás.

A no ser que el Presidente se haya referido a otro tipo de enemigo: las redes de narcotráfico o crimen organizado, como provocadores de la destrucción sistematizada de la propiedad fiscal y privada, noción sugerida en medios de comunicación. En cualquier caso, el exabrupto de La Moneda fue como intentar apagar el fuego con bencina.

De todas maneras, al declarar Estado de Emergencia, una medida consultada en nuestro ordenamiento constitucional, involucró a las FFAA en el conflicto. A nuestro juicio una decisión poco atinada.

En sus primeras declaraciones, el Jefe de la Defensa Nacional asignado para la Región Metropolitana, General Iturriaga, se desmarcó de la apreciación presidencial, declarando: “Yo no estoy en guerra con nadie”.

Es entendible que, tras el esfuerzo desarrollado por el sector castrense en las últimas décadas para estrechar sus relaciones con la sociedad civil, un llamado a sacar tropas a la calle no debe ser la decisión preferida por ellos. En primer lugar, porque el control de disturbios no es la tarea para la que los militares se preparan, sino que para una guerra externa. Por lo mismo, los jóvenes soldados pueden cometer errores en el trato con civiles. Piense el lector, qué pasaría si algún joven exaltado intentare arrebatar el arma del soldado. En segundo lugar, es posible que los militares estén más que sensibilizados ante la forma en que la autoridad política intenta salir de sus dificultades, delegándoles sus responsabilidades.

Días más tarde, el mandatario dio pie atrás a sus declaraciones originales, pidiendo un  muy cristiano perdón. También levantó el Estado de Emergencia. En todo caso, de acuerdo al Artículo 42 de la Constitución Política, tal estado no podía prorrogarse más de dos veces sin acuerdo del Congreso Nacional.

No obstante, esta semana el Gobierno volvió a elevar la protesta popular a nivel de amenaza a la seguridad nacional al convocar al Consejo de Seguridad Nacional.

¿Cómo salir de este embrollo?

Cada vez hay mayor acuerdo en señalar la crisis terminal del modelo neoliberal actualmente vigente, con sus consecuencias políticas, económicas y sociales como causante principal del descontento general. A nivel mundial, este modelo se estrenó en Chile en 1976. Luego se replicó en la Inglaterra de Margaret Thatcher y el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos en 1980, para ser consagrado en el Consenso de Washington en 1985, como el modelo neoliberal de la globalización, basado en los principios económicos neo-clásicos. Pero estos paradigmas suelen tener una vida útil entre 40 y 50 años.

En lo político, en términos de Robert Dahl, en Chile se verificó el desarrollo de una Poliarquía desequilibrada, en la que el eje de liberalización se sobredimensionó respecto al eje de la representación. En otras palabras, si bien la recuperación de la democracia del país permitió la libre expresión, el debate público y el renacimiento de un sistema de partidos, la política quedó encasillada en una élite política que se auto regeneraba y que tomaba la mayor parte de las decisiones importantes en colusión. Se habla aquí de las llamadas decisiones de “la cocina”. Lo anterior, en desmedro del otro eje dahliano: la participación a través de una adecuada representación.

Es decir, si el ciudadano votaba por su representante, esperaba que éste llevase sus demandas hacia las instancias superiores de decisión. Sin embargo, en virtud del dominio de la economía por sobre la política -la característica más sobresaliente del modelo- los representantes fueron coaccionados, sea por el amarre constitucional heredado de la Dictadura, por convicción desde el intelectual orgánico neoliberal/neoclásico o por simple corrupción, a tomar decisiones favorables a una minoría muy reducida de ciudadanos. Tal situación dio pábulo para la concentración de los beneficios de la riqueza creada por el país, en dicha minoría.

Ciertamente, luego de reinstaurada la democracia, el modelo produjo una especie de vorágine de crecimiento, extracción y depredación de por medio, que “chorreó” hacia los niveles más bajos, elevando sus condiciones de vida, desde un nivel de pobreza superior al 40% en 1989 a menos de 15%, un cuarto de siglo después.

Pero, para que la “teoría del chorreo” tuviera alguna validez significativa, era necesario que el crecimiento se mantuviera en niveles superiores al 5% anual, promedio. Sin embargo, el “milagro chileno” se desvaneció a mediados de la década 2000, con crecimientos más bien mediocres. El crecimiento actual apenas llega al 2% y su pronóstico es poco halagüeño.

Los optimistas apelan al PIB per cápita que alcanzaría los US$20.000 como prueba del éxito del modelo a nivel regional. Pero ese guarismo dice muy poco o nada de la forma en que se distribuye la riqueza en Chile. He aquí el tema central de nuestro problema.

Respecto a la economía de los hogares. El modelo logró crear una falsa clase media, atiborrada de ofertas de créditos de consumo, endeudada por años. Con un ingreso mensual magro, inferior a los US$1.000, pero con acceso a muchos bienes. La idea es que pague intereses, no importa si la deuda se eterniza. Dinero sobra ¿De dónde viene? Una incógnita.

En la opinión pública se ha gestado el convencimiento de la necesidad de cambiar las reglas del juego, es decir, de producir un cambio radical en el arreglo constitucional que nos regula.

Por cierto, no es muy presentable ni aceptable que, a 30 años de reinstauración de la democracia en Chile, el país aún se encuentre regido por una Constitución elaborada durante la Dictadura de Pinochet.  Las enmiendas que se le han hecho desde su puesta en vigencia, no han cambiado la filosofía y ética central de la Carta.

La propuesta de establecer una Asamblea Constituyente para deliberar una nueva constitución se ha reavivado, luego de un intento frustrado del gobierno anterior.

Bien puede ser. Pero ello tomaría mucho tiempo en discusiones y propuestas tan diversas que podrían terminar en un resultado gatopardista. Es decir, intentar cambiarlo todo para, finalmente, dejar todo igual.

En cambio, mi sugerencia es más simple, aunque pueda extrañar. No es retrógrada, como puede pensar el lego. La constitución de 1833 estuvo vigente hasta 1925, demostrando la estabilidad política de nuestro país. Este método sería más directo y simple. De lo contrario, caeremos en una trampa dilatoria.  

Es más conveniente convocar a un plebiscito para recuperar la Constitución de 1925 y hacer las reformas necesarias para actualizarla. Aquella que estaba vigente para el 11/9-73. Aquella que permitió la reforma agraria. Esa que no fue obstáculo para que Salvador Allende llegara a La Moneda con un programa, si bien revolucionario, enmarcado en las reglas del juego de la democracia liberal. También constituiría un gesto simbólico, un jaque mate a la pretensión fundacional del pinochetismo, al fin y al cabo. Noviembre 2019

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*El autor fue oficial de la Armada de Chile. Permaneció leal a Salvador Allende y a su juramento de obediencia a la Constitución y Leyes vigentes en Septiembre de 1973, oponiéndose al golpe militar. Actualmente es politólogo, Magíster de la Universidad de Chile, M.A. de la Universidad de Heidelberg, Magíster en Seguridad y Defensa de la ANEPE (Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos). Miembro del equipo editorial de RedSeca. Artículo enviado a Other News por el autor.

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