Derechos Humanos, Extremismo radical, Fuerzas Armadas, Justicia, Neoliberalismo, Política, Racismo&discriminación, Violencia

Chile y Bolivia, sentidos contrarios

Nov 26 2019

José Blanco* – La Jornada

Salvador Allende dijo, en la frontera con su muerte: en Chile mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Con un esfuerzo denodado, con una lucha inmensa, el pueblo chileno hoy se encuentra abriéndolas. Especialmente los jóvenes quieren asaltar el cielo, quieren todo, una nueva Constitución política, un nuevo pacto social que destierre al neoliberalismo.

En junio de 1970, unos meses antes del triunfo electoral de Salvador Allende, Henry Kissinger dijo, en lugar ad hoc y con la arrogancia execrable de un imperio que no ha cesado de ver a América Latina como su patio trasero: No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Pronto llegó el golpe de Estado, la imposición de la bota militar y la sumisión del pueblo al atroz experimento neoliberal, en formas extremas. Todo fue reducido al fundamentalismo del mercado, mediante un Estado ocluido, la privatización de todo, la sociedad convertida en espacio de los mercaderes que medraron y prosperaron empobreciendo a las mayorías. La educación, la salud, el agua… fueron privatizados.

El 6 de octubre pasado, el ahora disminuido presidente Piñera acuerda el aumento del precio del Metro. El día 7 declara en la televisión: En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable. Ese día el primer grupo de jóvenes desborda –sin pagar– filas, pasos y guardias del Metro; y las mareas multitudinarias comienzan a alzarse; desbordan las plazas en varias ciudades. El día 18 Piñera da marcha atrás al aumento del Metro. La Plaza Italia es rebautizada como Plaza de la Dignidad, y entre ríos de tuits, uno destaca: “Como punta del iceberg aparecen las protestas por el alza de la tarifa del Metro, [pero] existe una parte profunda del iceberg que no se ve… Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, supersueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, Pagogate y Milicogate [los escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército]”. La esposa de Piñera se ridiculiza diciendo que los manifestantes parecen aliens.

Mientras los chilenos pugnan por sacudirse el neoliberalismo rapaz, el pueblo boliviano enfrenta el golpe de Estado sostenido por EU y el intento de la vuelta por sus antiguos fueros de élites y grupos favorecidos de Bolivia. Quieren para sí, nuevamente, el neoliberalismo que perdieron y acabar con el Estado multinacional e indianizado por el movimiento de Evo Morales; quieren suprimir la igualdad de derechos y oportunidades de los pueblos indios con respecto a los privilegiados de antes, reimponer el dominio de los apellidos aristócratas, regresar la historia al momento anterior, el de la subyugación racista que había empezado a ser desplazada a partir del 22 de enero de 2006, cuando por primera vez un luchador del pueblo aymara alcanzó la presidencia del gobierno.

Tras el error de Evo en el nacimiento de su última campaña, su no percepción de los cambios operados en sus electores, parte de los cuales ya no lo votaron el pasado 20 de octubre, y no le dieron ya una mayoría superior a 50 por ciento, se conjuraron, uno tras otro, todos los demonios acechantes: Estados Unidos, propulsando y sosteniendo el golpe; la OEA, con toda su historia de ignominia; Carlos Mesa, el derrotado en la elección que señalo; los comités cívicos de orientación fascista de Santa Cruz; la policía y las fuerzas armadas, sumadas al golpe y ahora masacrando a los indios bolivianos; los medios de comunicación servidores de los poderes, siempre presentes; los empresarios que se enriquecieron durante la larga bonanza económica impulsada por el eficiente gobierno de Morales.

Sin remedio, más temprano que tarde, en Bolivia también volverán a abrirse las grandes alamedas. Los tiranos terminan por caer, inexorablemente. Henri Lefebvre una vez definió: en el mundo real la democracia es la lucha por la democracia: un camino perpetuo en el futuro previsible. Y es que la democracia será total, o no será. Condición ineludible es la soberanía de los pueblos; sin ella no pueden ser tomadas las decisiones fundamentales. Los pueblos avasallados por siglos tienen en la soberanía una lucha interminable. Condición imperativa de la democracia es también la justicia social; igualdad efectiva de oportunidades y accesos de todos, a todos los bienes producidos por la sociedad, mucho más allá de la igualdad escrita en la ley para fines electorales.

El neoliberalismo está herido, no muerto. En Chile está de salida: ha perdido su dominación ideológica. En Bolivia el neoliberalismo está de regreso, pero se ve aún lejos su posibilidad de reimplantarse.

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*Cronista, dramaturgo, ensayista, narrador y poeta (México, 1951) Estudió Lengua y Literaturas hispánicas. Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Colaborador de El Financiero, El Nacional, El Universal, La Crónica de Hoy, La Jornada, México en la Cultura, Nexos, Punto, Revista de América, Siempre!, Unomásuno y en la agencia mexicana NOTIMEX.

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Anexo:

El odio al indio

Por Álvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia con Evo Morales

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman «collas», que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que «hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida. 

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de «elecciones limpias» pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluídos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media», medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista. Publicado en celag.org

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