Derechos Humanos, Extremismo radical, Política, Populismo

Crimen perfecto

Ene 23 2020

Lluís Bassets*  – El País

Trump cuenta con un sólido argumento, que no tiene nada que ver con la justicia, la moral o la razón: la disciplina partidista de los senadores republicanos

No hace falta que el presidente de Estados Unidos cometa un delito para que sea destituido. El impeachment sigue las reglas de un juicio, pero no es un juicio penal, sino político. Las tareas del instructor y a la vez del fiscal corren a cargo de la Cámara de Representantes, cuyo pleno aprobó la acusación por dos delitos, abuso de poder y obstrucción a la investigación. El tribunal sentenciador es el Senado, compuesto por 100 senadores, que deben alcanzar los dos tercios para condenar al acusado a la única pena prevista: la destitución.

De un delito presidencial probado se deduce que le seguirá la destitución, pero no toda destitución necesita un delito de carácter penal. La lógica del impeachment no es sencilla y constituye parte del debate que suscita el artículo 2 de la Constitución. El presidente será destituido en caso de “traición, corrupción u otros crímenes y faltas graves”. El abuso de poder y la obstrucción de la investigación son algunos de esos crímenes y faltas graves de los que se acusa a Trump.

Este principio ha sido propugnado por uno de los juristas más prestigiosos de la abogacía estadounidense como es Alan Dershowitz, defensor de O. J. Simpson, de Harvey Weinstein y ahora también en el equipo de Donald Trump, y obligado por tanto a desmentirse. “Si alguien ocupa el cargo de presidente y abusa de la confianza y llega a poner en peligro nuestra libertad —declaró hace unos años respecto al impeachment— no hace falta que haya cometido un crimen definido técnicamente”.

El presidente, según opinión mayoritaria, no puede ser juzgado por la justicia ordinaria, ni siquiera en caso de flagrante delito. Antes debe ser destituido. De esta dificultad deriva la prudencia del fiscal especial Robert Mueller, que investigó las complicidades de Trump en las interferencias de Rusia en las elecciones presidenciales, y eludió cualquier pronunciamiento que le señalara directamente, a pesar de la acumulación de indicios culpables.

Trump no niega los hechos delictivos: la coacción a un dirigente extranjero para beneficiarse personalmente en las próximas elecciones presidenciales y luego la obstaculización de la investigación del Congreso. Niega que sean delito y reivindica tales acciones como parte de sus poderes y privilegios. “Fue perfecto”, ha asegurado. Cuenta con un sólido argumento, que no tiene nada que ver con la justicia, la moral o la razón: la disciplina partidista de los senadores republicanos.

En la primera sesión del juicio, los republicanos rechazaron la admisión de nuevos testigos y pruebas documentales. Quieren resolver el trámite lo más pronto posible y llegar al voto absolutorio, hasta ahora perfectamente disciplinado y seguro. Los demócratas creen que sin más pruebas y testigos y sin controversia de argumentos, no habrá un juicio justo. Anuncian, además, que la verdad que ahora se oculte no tardará en salir, para vergüenza de quienes la han ocultado. Pero entonces será quizás demasiado tarde para salvaguardar las instituciones de la democracia.

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*Director adjunto de El País. Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Información en la Universidad de Barcelona. 

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Anexo, El País :

La acusación advierte de que absolver a Trump marcaría un peligroso precedente

Amanda Mars, Washington 23 ENE 2020

La sesión maratoniana del martes acabó con el bloqueo republicano a todas las enmiendas de los demócratas

Los gestores del impeachment contra Donald Trump presentaron este miércoles en el Senado los argumentos de la acusación contra el presidente de Estados Unidos, sobre el que pesan los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso a raíz del escándalo de Ucrania, y advirtieron de que su absolución llevaría a futuros presidentes a creerse por encima de ley. El demócrata californiano Adam Schiff, líder del grupo y punta de lanza en la investigación en la Cámara de Representantes, abrió fuego con una exposición de dos horas que poco más o menos describió todo un entramado de diplomacia paralela y maniobras de presión para el beneficio electoral del mandatario.

«El presidente Trump presionó al presidente de Ucrania para que anunciase públicamente investigaciones sobre dos acusaciones desacreditadas que iban a beneficiar a la campaña presidencial de Trump en 2020. Cuando el presidente ucraniano no accedió de forma inmediata, Trump retuvo dos actos oficiales para inducirle a hacerlo: una reunión de Estado en la Casa Blanca y financiación militar», afirmó Schiff, resumiendo en pocas palabras el cuerpo del caso contra el mandatario estadounidense. Buscó la interferencia extranjera, concluyó, “para hacer trampas” en su reelección en 2020.

“Si no se remedia con su condena en el Senado y su destitución del cargo”, advirtió, “el abuso de poder del presidente Trump y su obstrucción al Congreso, alterará permanentemente el equilibrio de poder entre las ramas de Gobierno, invitando a futuros presidentes a operar como si también estuviesen por encima de la rendición de cuentas, la supervisión del Congreso y la ley”.

El republicano admite haber reclamado esas pesquisas, unas que afectaban a su rival político Joe Biden, precandidato para 2020, por el trabajo de su hijo Hunter en una gasista ucraniana mientras él era vicepresidente de la Administración de Barack Obama; y otras sobre una teoría conspirativa sin base según la cual una trama ucraniana había tratado de favorecer la victoria demócrata en 2016. De hecho, estas peticiones aparecen en la conversación que Trump mantuvo con Volodímir Zelenski el pasado 25 de julio, cuyo contenido fue hecho público, pero lo atribuye a un interés honesto por la corrupción.

Schiff atacó este miércoles esa coartada, asegurando que el mandatario republicano «solo quería que se anunciasen las investigaciones», tal y como queda recogido en algunas notas de sus colaboradores y en mensajes. Además, recalcó la ausencia de explicaciones razonables al bloqueo de casi 400 millones de dólares (unos 360,8 millones de euros) en ayudas militares a Ucrania que la Casa Blanca decidió ese mismo verano. Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, un donante de la campaña de Trump al que el presidente confió gestiones en Ucrania, afirmó en la Cámara de Representantes que creyó supeditadas esas ayudas al anuncio de las pesquisas por parte de la justicia ucraniana. Trump está acusado de obstrucción por haber torpedeado la investigación de este caso en la Cámara baja.

Al inicio de su discurso, el demócrata citó en numerosas ocasiones a Alexander Hamilton y los padres de la Constitución estadounidense, que crearon el procedimiento de impeachment para evitar que un presidente todopoderoso sometiese a la nación a sus intereses personales y cometiera traición. «El presidente Trump ha actuado como temía Hamilton», afirmó Schiff.

En la Constitución, el asunto quedó definido en el Artículo II, sección 4, según el cual “el presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán retirados del cargo al ser acusados y declarados culpables de traición, sobornos, y otros delitos y faltas graves”. Y sobre esos conceptos girarán los argumentos de los próximos días. Algunos republicanos critican la actuación de Trump, pero argumentan que no es motivo de impeachment.

Tras las palabras de Schiff, toman el relevo el resto de los gestores del impeachment, como el presidente del Comité de Justicia, Jerry Nadler, y los congresistas Zoe Lofgren, de California; Hakeem Jeffries, de Nueva York; Val Demings, representante por Florida; Jason Crow, de Colorado; y Sylvia Garcia, de Texas. El turno de los gestores del impeachment, lo que en la justicia ordinaria sería la Fiscalía, llegó tras una sesión maratoniana celebrada el martes para aprobar cómo va a ser el procedimiento. La acusación dispone de 24 horas repartidas en tres días para hacer su exposición ante el centenar de senadores, convertidos ya en miembros del jurado, y el equipo de defensa de la Casa Blanca contará con el mismo tiempo.

Las sesiones del juicio comienzan todos los días a la una de la tarde (hora local) y se celebran de lunes a sábado, con el domingo como única pausa. El martes, la Cámara alta aprobó las normas de procedimiento para este juicio y mostró la perfecta división entre partidos: todos los demócratas (47) votaron en contra de la resolución diseñada por los republicanos y todos los republicanos (53) hicieron lo propio contra las 10 enmiendas de los demócratas, que pedían la comparecencia de testigos y la entrega de nuevos documentos.

La posibilidad de acabar llamando a declarar a testigos se abrirá de nuevo tras las exposiciones iniciales a través de una nueva votación. Los demócratas necesitan el apoyo de cuatro republicanos para lograr la mayoría simple necesaria y los ojos están puestos en tres de ellos: Mitt Romney (Utah), Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska).

Desde Suiza, donde se encuentra participando en el foro de Davos, el presidente Trump respondió preguntas sobre el juicio. Atribuyó a motivos de seguridad el motivo por el que se opone a la comparecencia de algunos cargos de su Administración. Puso como ejemplo a John Bolton, su exconsejero de Seguridad: «Él sabe lo que yo pienso de los líderes. ¿Qué pasa si él revela lo que yo pienso sobre un determinado líder y eso no es algo positivo?», planteó. La absolución del mandatario se da por descontada, ya que un veredicto de culpabilidad y su consiguiente destitución requeriría dos tercios de los votos del Senado y de momento los 53 republicanos han cerrado filas en torno a Trump.

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