Economía y Finanzas, Salud

Bachelet pide suspender sanciones a países del Sur ante pandemia

Mar 24 2020

Por IPS

La precariedad de los hospitales en algunos países del Sur coloca a sus poblaciones en situación de indefensión ante pandemias como la de covid-19. Por ello la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pide atenuar o suspender las sanciones que afectan a varios Estados, para que mejore su aprovisionamiento de medicinas e insumos.

GINEBRA, 24 mar 2020 (IPS) – La alta comisionada de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió atenuar o suspender las sanciones impuestas a países del Sur, por su impacto negativo en el sector salud ante la actual pandemia del coronavirus.

Las sanciones “deberían atenuarse o suspenderse. En un contexto de pandemia mundial, las medidas que obstaculizan la atención médica en cualquier país incrementan el riesgo que todos afrontamos”, declaró Bachelet este martes 24 desde Ginebra, sede de la agencia de la ONU para los Derechos Humanos.

Expuso el ejemplo de Irán, donde al menos 1800 personas han fallecido ya a causa del covid-19, entre las cuales más de 50 médicos, y las sanciones repercuten sobre el acceso a equipos y medicamentos esenciales, incluidos los respiradores y el material de protección que necesitan los trabajadores sanitarios.

La epidemia que afecta a Irán está propagándose a países vecinos, lo que aumentará la presión sobre los sistemas sanitarios en países como Afganistán y Pakistán.

Asimismo, una amplia gama de sanciones podría obstaculizar los esfuerzos sanitarios en Cuba, Corea del Norte, Myanmar, Venezuela y Zimbabwe, estados que son objeto de sanciones, señaló Bachelet.

Sostuvo que “las exenciones humanitarias anexas a las sanciones deberían aplicarse de manera más amplia y eficaz, mediante la autorización rápida y flexible de suministrar equipos y material médico”.

Las sanciones adoptadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra naciones del Sur global usualmente comprenden embargo de armas, congelación de activos y trabas al comercio, así como castigo a funcionarios sindicados de violar derechos democráticos, aunque permiten la compra de medicinas, insumos o alimentos.

Esas medidas, que restringen los ingresos por importaciones, “deberían ser objeto de una reevaluación urgente”, porque en la mayoría de los países objeto de sanciones “los sistemas sanitarios se encuentran en situación de debilidad o fragilidad”.

“El progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero los obstáculos a la importación de suministros médicos, -entre otras el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones-, causarán perjuicios duraderos a las comunidades más vulnerables”, dijo Bachelet.

Sostuvo que “la población de esos países no es responsable en modo alguno de las políticas que han motivado las sanciones y, en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos”.

“Es fundamental que se evite el colapso de los sistemas sanitarios nacionales, habida cuenta de la explosiva repercusión que eso podría tener en términos de muerte, sufrimiento y ampliación del contagio”, añadió la responsable.

En el caso de Venezuela, Bachelet había advertido el 10 de marzo, al actualizar su informe sobre la situación de los derechos humanos, que “la población sigue sufriendo el impacto del cumplimiento de las sanciones más allá de lo necesario por parte del sector financiero”.

La nueva declaración registró que, por ejemplo, “algunos hospitales experimentan cortes regulares de agua y electricidad, así como carencia de medicamentos, equipos, jabón y desinfectante”.

Se agregó que “aunque esta situación ya existía antes de las sanciones, la atenuación  permitiría una mayor asignación de recursos para tratar y prevenir la epidemia”.

A su vez, los países sancionados “deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población”.

Además, “deberían aprobar medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias”.

Para la también médica y expresidenta de Chile en dos oportunidades (2006-2010 y 2014-2018) “es de especial importancia la protección de los propios trabajadores sanitarios, y las autoridades nunca deberían sancionar a los profesionales de la medicina porque señalen las deficiencias de que adolece la respuesta a la crisis”.

“Los médicos, el personal sanitario y todos los empleados de los servicios de salud se encuentran en la vanguardia de esta lucha y nos protegen a todos”, recordó.

La alta comisionada instó a la unidad de los dirigentes mundiales pues “ningún país puede combatir eficazmente esta epidemia actuando en solitario. Debemos proceder de manera solidaria, cooperativa y cuidadosa”, concluyó.

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Anexo:

América Latina y la pandemia

Editorial – El País

El abandono institucional en todo el continente agravará la crisis

En los próximos días y semanas, el coronavirus golpeará con fuerza a América Latina. Los datos y las curvas indican que la pandemia crecerá a ritmos similares a los ya vistos antes en Asia y en Europa. Pero al contrario que en los países industrializados, el continente afronta la crisis en peores condiciones de partida: con un gasto en sanidad sustancialmente inferior, con menos camas y médicos por persona que en aquellos y sin la capacidad de China de movilizar recursos e imponer medidas drásticas de aislamiento a sus ciudadanos. La única ventaja es que el virus llega más tarde. Y que hay lecciones del fracaso (y los éxitos relativos) de otros países que deberían tomarse en cuenta para mitigar, en la medida de lo posible, una hecatombe no sólo sanitaria, sino también económica y social sin precedentes.

Las respuestas, hasta ahora, han sido disímiles. En un extremo se encuentra Colombia, que está desde hoy y hasta el 13 de abril en cuarentena total, después de que en Bogotá se decretara un simulacro obligatorio de aislamiento que vació las calles de la populosa capital. Los colegios y las universidades llevan ya una semana cerrados. Argentina ha actuado de forma parecida. En México, por el contrario, las autoridades no han tomado todavía ninguna medida de aislamiento obligado hasta este lunes, más allá de adelantar las vacaciones escolares de Pascua, después de que algunas instituciones educativas tomaran ya decisiones —cierre, educación a distancia— por su cuenta y sin esperar directrices. Ambos extremos ilustran la angustia que atenaza a los gobernantes latinoamericanos. Medidas drásticas de aislamiento dejan en la más absoluta precariedad a amplias capas de la población (el 56% del empleo en México está en la informalidad), que viven día a día y a los que la suspensión de la actividad económica priva de todo sustento. La pobreza también mata. Y las autoridades mexicanas, por ejemplo, siguen la evolución de la curva de contagios y las experiencias en otros países para tratar de determinar en qué momento habrán de intervenir —y no antes— para mitigar los estragos de la pandemia sin arrojar a la pobreza extrema a millones de conciudadanos.

Por desgracia, los vaivenes en las declaraciones de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, no ayudan a que el conjunto del país asuma la magnitud del desafío. Peor es el caso de Jair Bolsonaro, enzarzado en una pelea política con los gobernadores de São Paulo y Río de Janeiro (entre ambos Estados concentran el 60% de los casos detectados en Brasil), al tiempo que minimiza los riesgos de la pandemia. Y los riesgos son gigantescos. Las declaraciones oficiales —más o menos obligadas— de que se dispone de suficientes recursos para hacer frente al tsunami resultan difíciles de aceptar. Nueva York ha advertido de que en dos o tres semanas se puede quedar sin materiales médicos imprescindibles y los sistemas sanitarios europeos están siendo arrasados por la avalancha de enfermos. Todo indica, desgraciadamente, que algo similar puede suceder en América Latina, desde el Río Grande hasta la Patagonia, si el virus acaba comportándose igual que ha hecho hasta ahora en otras latitudes.

Las ingentes cantidades de dinero que Europa y Estados Unidos han inyectado para paliar las consecuencias económicas de la crisis resultan impensables en la región. La fragilidad de los países latinoamericanos para responder a esta pavorosa crisis, tanto en el terreno sanitario como en el social y el económico, trae cuenta de décadas de abandono de las instituciones; de magros ingresos fiscales; de resistencia de las oligarquías a pagar más impuestos y de la incapacidad colectiva de sus gobernantes para construir un Estado digno de ese nombre. Estado que estos días y semanas sus ciudadanos van a necesitar, probablemente, como nunca antes en su historia.

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