Corrupción, Derechos Humanos, Extremismo radical, Fuerzas Armadas, Igualdad y justicia social, Neoliberalismo, Violencia

El otoño de Piñera

Mar 13 2020

Estimados lectores de Other News: Les proponemos la lectura de dos artículos de Roberto Pizarro — “Piñera no está en condiciones de gobernar” y “Militares en sus cuarteles”— en los que este economista de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad de Sussex (Reino Unido) e Investigador Grupo Nueva Economía, analiza la actual coyuntura chilena.

Pizarro fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile,  ministro de Planificación durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) , embajador en Ecuador y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.  Columnista de diversos medios. Artículos enviados a Other News por el autor el 13.03.2020  y publicados respectivamente en  América Economía y en El Desconcierto.

M.Dujisin – Editor de Other News

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Piñera no está en condiciones de gobernar

Piñera no está en condiciones de gobernar. No controla a Carabineros de Chile, institución que actúa agresivamente y que ahora golpea a adultos mayores; comete irregularidades tributarias, al transferir dineros a Islas Vírgenes; además, quiere sacar nuevamente a los militares a la calle, con la poco creíble justificación de la protección a la «infraestructura crítica».

El presidente ha convertido la represión en la prioridad de los asuntos de gobierno, desplazando las exigencias principales de la ciudadanía a lugares secundarios: freno a las desigualdades, términos de los abusos y la corrupción. Con ello ha arrastrado a una vorágine de enfrentamientos sociales y políticos que están afectando gravemente al país. Así las cosas, amenaza con utilizar nuevamente el Estado de emergencia, no distingue entre movilizados y vándalos, y defiende ciegamente al general director de Carabineros, responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

Existe un segundo hecho que debilita la capacidad de Piñera para gobernar: el director de Impuestos Internos, Fernando Barraza, confirmó recientemente, ante una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que la familia Piñera Morel cometió irregularidades tributarias en los años 2016 y 2017, con la realización de transferencias de dinero a las Islas Vírgenes. Barraza reconoció que se detectaron operaciones por US$100 millones y que recién se pudieron cobrar los impuestos correspondientes por esa transferencia en 2018, aunque se condonaron los intereses correspondientes por la infracción. No es éticamente aceptable dedicarse a la política y transferir dineros a paraísos fiscales y menos intentar eludir impuestos.

En tercer lugar, en medio de su extrema debilidad, el presidente nuevamente equivoca el camino al proponer una reforma que entregue el resguardo de la «infraestructura crítica» a las FF.AA. Respuesta peligrosa en medio de las protestas ciudadanas. Según el abogado constitucionalista, Claudio Nash, sacar a los militares a la calle, sin declarar estado de excepción pone en riesgo la democracia, porque se retorna a ideas propias de la Doctrina de Seguridad Nacional; da excesivas atribuciones al presidente y permite eventualmente que los militares tomen el control del Parlamento y tribunales, sobre todo si no se ha precisado lo que se entiende por «infraestructura crítica». Además, colocar militares en las calles, en el contexto actual de duros enfrentamientos, sólo puede conducir a una masacre inevitable.

El presidente ha perdido legitimidad. Sus decisiones gubernamentales y su comportamiento personal han culminado en una caída a pique de su popularidad, con un manifiesto desprestigio a nivel internacional, incapacidad para lograr consensos y, sobre todo, en un manifiesto fracaso para controlar el orden público. Así las cosas, la economía está en el suelo y el dólar en las nubes; el gobierno muestra un evidente deterioro internacional, las movilizaciones no se detienen y los derechos humanos son arrasados cotidianamente; vándalos y represores están sin control, con Carabineros desprestigiados y sin estrategia para imponer el orden.

El poder es legítimo cuando los gobernados obedecen a la autoridad, porque tienen el convencimiento de que esta actúa en beneficio de toda la sociedad. A partir del 18 de octubre quedó de manifiesto que el 90% de las familias chilenas estima que el poder actúa en favor de una minoría. Por tanto, Piñera, que es la cabeza más representativa de ese poder, se sustenta solo en la fuerza. Y esto es insuficiente para gobernar.

La crisis de legitimidad del gobierno de Piñera es grave. La ruptura entre la dominación legítima y la aceptación ciudadana del poder ha puesto en peligro el sistema político y la estabilidad de la sociedad. Ya no hay confianza en el gobierno y tampoco en la justicia de sus decisiones. Así las cosas, mientras no se suelde esa ruptura, la sociedad y la economía marchan al descalabro. Por eso Piñera tiene que irse. En bien del país.

El presidente y sus socios ricos del 1% no tienen voluntad ni respuestas para enfrentar las desigualdades, los abusos y los actos corruptos que cuestionan a la mayoría nacional. No están dispuestos a hacer concesiones en el ámbito social y, paralelamente, anuncian el apocalipsis frente al plebiscito constitucional. No tienen la menor disposición a ceder algún privilegio y por ello insisten, una y mil veces, que la represión es el único camino para salir de la crisis.

Piñera opta por la represión antes que por cambios sustantivos en la repartición del poder y la riqueza. Al mismo tiempo, su discurso agresivo amplifica los enfrentamientos. Piñera no está en condiciones de resolver la crisis. No está en condiciones de gobernar.

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Militares en sus cuarteles

El presidente Piñera impulsa un peligroso proyecto de reforma constitucional, que le permite enviar a los militares a la calle, sin necesidad de declarar el Estado de Excepción. El argumento se sostiene en la necesidad de proteger la “infraestructura crítica”. Se trata de una iniciativa que debilita la democracia y que puede agravar aún más las violaciones a los derechos humanos. Por ello, resulta sorprendente que obtuviera la aprobación del Senado, incluidos gran parte de opositores, y, recientemente, el de la Comisión Constitucional de la Cámara de Diputados.

El gobierno justifica su propuesta con el argumento que, dada la convulsión social, resulta necesario cuidar puertos, aeropuertos, empresas de energía, agua, etc. Y, sostiene que ello permitirá a Carabineros no desviarse de su tarea principal: la represión a los manifestantes movilizados.

Es preocupante que no se haya precisado lo que se entiende por “infraestructura crítica”, lo que ha llevado al constitucionalista, Claudio Nash, a concluir que eventualmente las fuerzas militares podrían incluso copar el Congreso y los Tribunales de Justicia. Así las cosas, el país podría caer en la doctrina de la “seguridad nacional”, lo que convertiría nuevamente a los militares en enemigos de los civiles movilizados.

La iniciativa resulta sorprendente, toda vez que durante los cinco meses de protestas no ha sido atacada “infraestructura crítica” alguna y, en cambio, sí han sido atacadas personas, con graves violaciones a sus derechos.  Consecuentemente, los militares en la calle probablemente multiplicarán las denuncias nacionales e internacionales sobre violaciones a los derechos humanos.

Todo parece indicar que, dada la crisis institucional y la nula credibilidad de Piñera, la iniciativa sobre “infraestructura crítica” parece más bien una pantalla del gobierno para apuntar a otro objetivo: obtener el apoyo de los militares para contrarrestar, mediante la política del miedo, la actual rebeldía ciudadana que ha debilitado la autoridad.

El proyecto original contemplaba incluso una delicada disposición sobre exención de responsabilidad penal para el personal militar que participara en la defensa de la “infraestructura crítica”, lo que felizmente fue desechado por los senadores.

No es posible encontrar una razonable justificación para la presencia de efectivos militares en el resguardo de instalaciones críticas. La teoría de los “enemigos poderosos e implacables” perdió toda credibilidad, como también la injerencia extranjera con la tecnología Big Data. Además, nuestro país no vive, como en Europa, la amenaza del terrorismo. Nada justifica, entonces, que se asigne a militares el resguardo del orden interno, cualquiera sea su naturaleza.  Por ello, la aprobación en el Senado por 28 votos contra 12, del proyecto resulta inexplicable.

Si llegase a aprobarse el proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados, Piñera quedaría investido de facultades discrecionales, en momentos que ha perdido toda legitimidad para gobernar.  En segundo lugar, se desviaría a las Fuerzas Armadas de su misión originaria, consistente en la defensa de la Nación ante una agresión externa. Tercero, politizaría aún más a los militares, poniendo en evidencia su condición de gendarmes de los intereses de los ricos del país. Finalmente, expondría a las FF.AA. al duro estrés de las violaciones a los derechos humanos.

En suma, el proyecto es una amenaza directa a nuestra democracia y, en ningún caso, ayudará en la protección de la “infraestructura crítica”. Si llegara a aprobarse será una bofetada al Chile movilizado y un portazo a sus legítimas demandas. Los militares deben permanecer en sus cuarteles.

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