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Las marcas de ropa abandonan a los trabajadores de Asia

Abr 14 2020

Por Inter Press Service (IPS)

Millones de trabajadoras laboran en grandes talleres textiles de Asia que confeccionan ropa para famosas marcas y cadenas de tiendas de los países occidentales. Sus empleos comienzan a perderse cuando algunas grandes firmas adoptan, en el marco de la actual pandemia, prácticas comerciales indebidas, como la cancelación abrupta de pedidos

LONDRES, 14 abr 2020 (IPS) – Las prácticas comerciales con las que grandes marcas de ropa responden a la crisis generada por la covid-19 están dejando sin trabajo a millones de personas en Asia, advirtió en un informe la organización Human Rights Watch (HRW).

Esas empresas “enfrentan decisiones comerciales difíciles para superar la crisis del coronavirus, pero no deberían abandonar a los trabajadores de las fábricas que confeccionan sus productos”, dijo Aruna Kashyap, asesora en la división de derechos de la mujer de HRW.

Son mujeres la inmensa mayoría de trabajadores textiles que laboran en miles de fábricas o a domicilio en países pobres del sureste de Asia o en China e India.

Decenas de marcas de ropa, así como cadenas de tiendas minoristas –que HRW no mencionó en su informe público- han cancelado pedidos a las fábricas sin asumir su responsabilidad financiera, incluso cuando los trabajadores ya habían terminado de elaborar sus productos.

La pandemia hizo caer en picada las ventas de marcas de ropa y minoristas. Hay cierre de tiendas para controlar la propagación del virus y algunas firmas “se han aprovechado de prácticas de compra injustas”.

El exgerente de una fábrica de ropa en Camboya dijo que las marcas generalmente imponen todos los términos y condiciones de pago sin margen de negociación. Cuando se desató la pandemia suprimieron los pagos por adelantado y fijaron plazos de pago más amplios después de que los productos fueran enviados.

Los anticipos y los plazos de pago más reducidos permiten a los proveedores o fabricantes en Asia mantener un mejor flujo de caja, lo que condiciona su capacidad de pagar a tiempo los salarios o las remuneraciones a costureras a domicilio.

Tras plantear a sus proveedores asiáticos que sean “flexibles y comprensivos”, marcas y minoristas de firmas de moda cancelaron pedidos de productos que los trabajadores ya habían terminado o estaban produciendo cuando les alcanzó la decisión empresarial.

También pidieron en marzo descuentos sobre productos ya enviados y cuyos pedidos se remontan a enero y no asumieron responsabilidad financiera ni fijaron fecha para realizar los pagos de pedidos ya despachados o en proceso, indicó HRW tras encuestar a proveedores en países como Bangladesh, Camboya y Myanmar (Birmania).

HRW recordó que esas prácticas son contrarias a las responsabilidades de las empresas, detalladas en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.

Los principios exigen a las empresas que “eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos, y que hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan”.

También se les pide que “traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlas”.

Mientras algunas grandes marcas asumieron una conducta indebida, empresas medianas sí cumplieron sus compromisos, al igual que algunos grupos que “actuaron correctamente”, según HRW. Entre éstos, la española Inditex, la estadounidense Target y la sueca H&M.

H&M trabaja con 311 fábricas textiles en Bangladesh y otras 39 empresas que hacen agregados a la cadena de valor, y su principal competidora, Inditex, tiene 94 proveedores con 160 fábricas, de las cuales 150 son de confección.

La holandesa C&A, que tiene 850 centros de producción en 36 países, concentra dos tercios de ellos en cinco países asiáticos: China, Bangladesh, Turquía, India y Camboya, y la irlandesa Primark cuenta con más de 1000 factorías en 31 países, en su mayoría en China, India y Bangladesh.

De las estadounidenses, la mayor es Gap, que en 30 países tiene 885 fábricas, muy concentradas en China, India y Bangladesh, pero también firmas de calzado, como Nike, que tiene más de un millón de empleados en 554 centros de producción en el mundo, la mitad entre China, Vietnam, Indonesia y Camboya.

HRW calcula que fueron despedidos o cesados temporalmente un millón de trabajadores en Bangladesh, hasta 70 000 en Myanmar y 200 000 en Camboya. En India trabajan 12 millones en la industria textil y de la confección, pero muchas más personas, sobre todo mujeres, laboran a domicilio para el sector.

“Se necesitan esfuerzos urgentes para ayudar a los trabajadores de bajos ingresos durante la crisis de covid-19”, dijo Kashyap, “pero también medidas a más largo plazo, porque esta pandemia puso de relieve que protección social y regulaciones efectivas de las prácticas comerciales son un tema pendiente desde hace tiempo”.

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Anexo:

Autodefensa de pueblos indígenas ante la pandemia

Magdalena Gómez – La Jornada

El coronavirus está mostrando en América Latina que pese a las conquistas de derechos logrados con las luchas de los pueblos indígenas, los estados de la región no los respetan integralmente. En esta crisis, diversos organismos específicos de la Organización de las Naciones Unidas y el sistema interamericano han colocado la mira en los pueblos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ­(CIDH) adoptó una resolución que llama al pleno respeto, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas; pide una atención especial a la población vulnerable donde incluye a los pueblos indígenas y a quienes viven en extrema pobreza (10/4/20). Lamentable y crudo sinónimo para el caso de los pueblos.

El Mecanismo de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) enfatizó el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas para proteger su salud y vida. También lo hizo la presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), quien sugirió que se tomen en cuenta las estructuras de organización de las comunidades de los pueblos indígenas. Es un hecho, las experiencias de autonomía y libre determinación en la mayoría de los países son producto de la organización de los pueblos, a contrapelo de las políticas neoliberales y extractivistas imperantes. México no es la ­excepción, ya hemos analizado cómo el eje del neoindigenismo de la llamada Cuarta Transformación ignora la participación de los pueblos como sujetos de derecho y focaliza a las personas indígenas como receptoras de los diversos programas oficiales, que en su mayoría se traducen en becas y apoyos económicos.

La pandemia y su potencial destructivo enfrenta la precariedad del sistema de salud, ciertamente heredada. Sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas no hay consideración específica ni programas de emergencia para tomar contacto con los pueblos y comunidades. La única acción que se impulsa, de parte oficial, es la difusión en algunas lenguas indígenas sobre las medidas recomendadas en materia de salud.

El EZLN decretó, el pasado 16 de marzo, la alerta roja y cierre total de los caracoles y todas sus instancias organizativas de forma inmediata, atender medidas de higiene extraordinarias y llamó a no detener la lucha en defensa de los territorios, contra el feminicidio y las desapariciones forzadas.

Desde diversas organizaciones indí­genas plantean la pregunta: ¿cómo po­demos lavarnos las manos o disponer de las mínimas recomendaciones que indican autoridades y OMS, si carecemos de jabón y gel antibacterial, y a veces ni agua llega? En varias regiones del país están recurriendo al aislamiento y cierre de municipios y comunidades para el libre tránsito de personas ajenas. Peor aún, están impidiendo el paso a integrantes de las mismas que pretenden regresar. Pascuala Vázquez Aguilar, vocera del Concejo del gobierno comunitario de Chilón, Chiapas, cuestionó al gobierno mediante un video: “No han dicho qué hacer o nos han dado los protocolos a seguir si alguien en las comunidades enferma, y agregó: el peligro de contagio que hay en las comunidades viene de los migrantes que estaban trabajando en zonas turísticas, como Playa del Carmen, Cancún; y también en las zonas agrícolas como Sonora y Tijuana, que se fueron a trabajar para traerles dinero a sus familias, se están regresando y entrando a sus comunidades, y ponen en riesgo la vida de sus familias, y sobre todo, a toda la comunidad.

Ante ello, algunas comunidades han determinado poner en cuarentena a los migrantes que retornan. Por su parte, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta señaló la falta de acceso a instalaciones de salud adecuadas, médicos especializados, medicinas e insumos básicos. Recordemos el contexto de lejanía que existe entre nuestras comunidades en relación con las cabeceras municipales próximas. En suma, las comunidades están aplicando medidas para prevenir el contagio. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que agrupa a 60 autoridades comunales, así lo informó. Los indígenas kumiai acumularon víveres y decidieron que nadie podía salir o entrar en las próximas semanas en una localidad de 350 habitantes a unos 50 kilómetros de Ensenada; por su parte, el ayuntamiento de Arcelia, Guerrero, ordenó la prohibición del paso a vecinos de los municipios del sur mexiquense. En la misma lógica el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), se replegaron en las comunidades para la defensa frente a la muerte que hoy representa esta pandemia como lo fue hace 528 años, cuando cayó la ciudad Tenochtitlan y la enfermedad que trajeron los españoles a nuestros pueblos ­mesoamericanos.

El panorama mundial es muy grave, en el caso indígena tenemos que en América Latina hay autodefensa comunitaria, con el Estado de espaldas. Nada nuevo.

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