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COVID-19: una crisis que demanda verdaderos líderes políticos

May 6 2020

Por  Agustín Blanco* – The Conversation

Poco después del inicio del período de confinamiento por la COVID-19, cuando aún las cifras de fallecidos y hospitalizados no habían alcanzado la dimensión insoportable que adquirirían unos días después, se anunciaba la publicación de “En tiempos de contagio”, el libro sobre la pandemia de Paolo Giordano. Afirma el escritor italiano: “En tiempos de contagio somos parte de un único organismo; en tiempos de contagio volvemos a ser una comunidad”.

Lo común es el ámbito de la política, de la Política con mayúsculas. Hoy, en medio de la incertidumbre, el miedo y el dolor, ha llegado el momento de la política para las generaciones impolíticas nacidas después de los años sesenta, generaciones de “transeúntes solitarios por los senderos de la búsqueda de la felicidad individual, que no hemos conocido la política como sentimiento de pertenencia a un destino común”, en palabras de Antonio Scurati.

El carácter global de la enfermedad suscita el debate en torno a qué sistema político está sabiendo responder más eficazmente al reto sanitario y, por derivación, económico y social de la COVID-19, lo que puede traducirse en un claro factor de legitimación tanto a nivel interno como a nivel externo en cada sociedad.

La vuelta del Estado

El Estado, el artefacto político por excelencia de la Modernidad, tan duramente criticado y menospreciado en las últimas décadas, resurge como actor fundamental en un tiempo de inseguridad creciente. Y en momentos tan delicados y fundamentales tanto los analistas de todo tipo como los propios ciudadanos echan de menos a otro de los actores esenciales de la vida política: los líderes.

No solo se los percibe como ausentes, sino que los que supuestamente deberían actuar como tales lo hacen con frecuencia como contraejemplo.

En un contexto crecientemente complejo, multidisciplinar e interdependiente como en el que vivimos, la figura del líder carismático en sentido weberiano resulta cada vez más improbable, al menos en el marco democrático de una sociedad abierta.

El aumento de la complejidad y de la interdependencia es precisamente la causa de que los modelos de gobierno hayan sido sustituidos por los modelos de gobernanza: la respuesta a los problemas de una comunidad política no pueden venir de la sola acción de los gobiernos o del Estado (tanto si es unitario como compuesto, tanto si es autoritario como si es democrático), sino de la acción coordinada de los distintos actores sociales, económicos y políticos implicados.

Un contexto de gobernanza no implica la desaparición o inutilidad de los líderes, sino un cambio sustancial en los atributos de los que se solía investir al líder político desde los tiempos de Maquiavelo: la virtú, la decisión, la determinación, la intuición.

En contextos menos “teológicos” como los que vivimos, la máxima verdad a la que podemos aspirar es a una serie de consensos básicos. Para Michael Sodaro, es precisamente el consenso uno de los valores sobre los que se sostienen las democracias, entendido como el “esfuerzo por reconciliar diferencias sobre la base de la cooperación, la negociación justa y la disposición mutua a hacer concesiones”.

La tolerancia

La otra cara de la moneda o la condición de posibilidad del consenso es la tolerancia. La importancia política de este valor la resaltan también Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en “Cómo mueren las democracias”. La tolerancia mutua constituye, junto con la contención institucional, “los guardarraíles de la democracia”, la salvaguarda de su supervivencia.

“La tolerancia mutua alude a la idea de que, siempre que nuestros adversarios acaten las reglas constitucionales, aceptamos que tienen el mismo derecho a existir, competir por el poder y gobernar que nosotros. Podemos estar en desacuerdo con ellos, e incluso sentir un profundo desprecio por ellos, pero los aceptamos como contrincantes legítimos.

La necesidad de consensos

Ello implica reconocer que nuestros rivales políticos son ciudadanos decentes, patrióticos y que cumplen la ley, que aman el país y respetan la Constitución tanto como nosotros mismos. Significa que, aunque creamos que sus ideas son ilusas o erróneas, no los concebimos como una amenaza existencial, ni nos dedicamos a tratarlo como personas traidoras, subversivas o al margen de la sociedad”.

Una respuesta democráticamente eficaz a la compleja y dramática situación provocada por el coronavirus pasa necesariamente por acuerdos, consensos o pactos incompatibles con las incomprensibles dinámicas de confrontación, descalificación y hasta insulto personal tan presentes en estos días en el discurso público (político y mediático) y en las redes sociales de nuestro país.

Necesitamos, tanto en los diferentes gobiernos como en la oposición y en los partidos políticos, líderes habilitantes o motivadores más que líderes ejecutores o ejecutivos; líderes que, desde la prudencia y la discreción, sean capaces de cooperar y llegar a acuerdos que sustenten decisiones necesarias para dar respuesta a los graves e ignotos problemas a los que nos enfrentamos. Líderes ejemplares y empáticos que no sucumban a la tentación del envanecimiento o de la excepcionalidad, que solo puede conducir a un despotismo inaceptable.

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*El profesor Agustín Blanco Martín estudió en la Universidad Pontificia Comillas, donde se graduó como Licenciado en Filosofía y Letras (Sección de Filosofía) en 1991.En 2013 obtuvo el título de Doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza.

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Anexo:

Sentencia antieuropea

Editorial – El País

Urge una toma de posición clara no solo del propio Banco Central Europeo, sino también del Tribunal de la UE

El Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, dictó ayer una polémica sentencia que supone el riesgo de alimentar a los nacionalismos ultras porque pone en jaque al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como supremo intérprete del derecho de la Unión.

La decisión atañe a un asunto concreto, como es la legalidad de los programas de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo (BCE), por los que compró y sigue comprando bonos públicos. No es algo menor. Deja en el alero su operativa, que permitió inyectar 2,6 billones de euros al área euro bajo el mandato de Mario Draghi. Y aunque la propia sentencia niega que cuestione las capacidades del Banco Central Europeo, contradice su indispensable potencia de fuego contra la crisis de la pandemia.

La política del BCE bajo la dirección de Draghi incrementó el anémico crecimiento continental y acabó con la fragmentación del mercado financiero europeo. También soldó las enormes brechas en las primas de riesgo que perjudicaban a los socios más débiles, para cuyas empresas y ciudadanos los tipos de interés resultaban mucho más caros que para los demás. Facilitó así la correcta “transmisión de la política monetaria”, por ejemplo, de manera que las reducciones de tipos alcanzaran por igual a todos los rincones de la eurozona.

El efecto inmediato de esta decisión del tribunal alemán es su requerimiento a las instituciones del país, Gobierno y Congreso, para que pidan explicaciones al BCE sobre si se excedió al lanzar su plan de compras, sin “proporción” (sin analizar sus efectos negativos). No solo eso: los anima a una acción “activa” en “contra” del mismo, autorizando al Bundesbank para que pasado un plazo de tres meses pueda romper la disciplina del BCE a este respecto, lo que parece muy grave.

Sin embargo, no es eso lo peor de esta sentencia. Lo más discutible es que contradice a su propio superior en temas de derecho europeo, el Tribunal de Justicia de la UE (con sede en Luxemburgo), al que antes consultó en vía prejudicial. Y que pone en entredicho su competencia con la teoría de que, como los Estados son “los dueños” de los tratados, pueden esquivar su jurisprudencia si, al juicio particular de ellos, se excede. Es una teoría difícil de compartir por las instituciones europeas porque, aunque los Gobiernos sean los firmantes de los tratados, el derecho comunitario tiene confiada su interpretación como suprema instancia al Tribunal de Luxemburgo. Así lo establece el Tratado de la Unión (artículo 19). Urge una toma de posición clara no solo del propio Banco Central Europeo, sino también del Tribunal de la UE.

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Véase también:

Los indígenas de la Amazonia lanzan un SOS para reclamar protección ante la pandemia. Las primeras muertes y el avance de los contagios activan las alarmas en la frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú:

https://elpais.com/internacional/2020-05-06/los-indigenas-de-la-amazonia-lanzan-un-sos-para-reclamar-proteccion-ante-la-pandemia.html

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