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Iglesias lanzan código mundial de ética empresarial

May 21 2003

por Jim Lobe

WASHINGTON, 21 may (IPS) Grupos religiosos lanzaron un código
mundial de ética empresarial para ayudar a los inversores
preocupados a decidir cuándo comprar o vender acciones de
compañías que actúan en los países en desarrollo.

El código, titulado «Principios de responsabilidad corporativa
mundial: Criterios para medir el rendimiento empresarial», es el
resultado de 10 años de trabajo en que se consideraron asuntos
como las condiciones laborales, el control de la contaminación y
la asistencia a la salud de los empleados.

El texto también exige a las empresas consultar de manera
continua a las comunidades locales en las que actúan, para
asegurarse de que sus operaciones sean entendidas y apoyadas por
aquellos más directamente afectados por ellas.

El código es producto de un trabajo conjunto de grupos
eclesiásticos del Norte industrial y del Sur en desarrollo, así
como de organizaciones no gubernamentales (ONG), explicó el
director en Nueva York del Centro Interreligioso para la
Responsabilidad Corporativa (ICCR), David Schilling.

El ICCR representa a más de 275 organizaciones de inversores
basadas en la identidad religiosa de sus asociados, y concentra
fondos por un total de 110.000 millones de dólares.

El código hace «un fuerte énfasis en la dignidad de la persona
individual y en la sustentabilidad de las comunidades locales»,
dijo Schilling en una teleconferencia mundial realizada el martes.

Los principios de ética empresarial acordados «nos ayudarán a
concentrarnos en asuntos clave con nuestros socios mundiales»,
dijo Barbara Hayes, presidenta del Consejo Ecuménico sobre
Responsabilidad Corporativa, con sede en Londres.

«Ahora podremos involucrar a nuestros socios en la recolección
de información sobre empresas para analizarla y actuar juntos.
Creemos que este enfoque ayudará a los inversores responsables y a
los que trabajan más directamente con las comunidades», añadió.

El movimiento por la responsabilidad empresarial, que comenzó
en los años 70 cuando el movimiento contra el apartheid empezó a
presionar a empresas occidentales para que retiraran sus
inversiones de Sudáfrica, se volvió desde entonces una parte cada
vez más importante del mundo empresarial, en especial desde el fin
de la guerra fría.

El ICCR, que jugó un papel clave en la movilización de
accionistas en la lucha contra el apartheid (régimen de
segregación racial), se transformó en una asociación de 275
inversores institucionales que incluyen comunidades religiosas,
fondos de pensión, hospitales y otras entidades.

Pero la influencia del grupo trasciende lo económico, porque
los administradores de carteras e inversores institucionales –en
especial los fondos de pensión de sindicatos y empleados públicos–
han decidido que es muy riesgoso invertir en empresas que no toman
en cuenta los derechos humanos, laborales y ambientales.

Se estima que unos dos billones de dólares en activos de
cartera en Estados Unidos están sujetos a algún criterio de
inversión con responsabilidad social.

Esto sumado a la creciente atención de los medios hacia los
abusos empresariales en la última década, en particular en países
en desarrollo, llevó a algunas compañías a aprobar códigos de
conducta para tranquilizar a inversores y consumidores.

En otros casos, instituciones independientes como la
Organización de las Naciones Unidas y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico aprobaron sus propios códigos.

El nuevo código de ética empresarial lanzado el martes exhorta
a las grandes empresas a ocuparse de tres asuntos en particular.

En cuanto a las condiciones de trabajo, recomienda el estricto
respeto a los derechos establecidos por la Organización
Internacional del Trabajo, entre ellos el derecho a la asociación
y la negociación colectiva, a la no discriminación, a un salario
digno y a un clima de trabajo saludable.

Con respecto al ambiente, el código exhorta a las empresas a
luchar contra la contaminación y el cambio climático, a proteger
la biodiversidad y a hacerse responsables por el impacto ambiental
de sus procesos de producción.

En relación con el acceso a los medicamentos, el código insta a
las compañías a proveer una cobertura adecuada para sus empleados
y dependientes si el Estado no la ofrece, incluso con respecto a
los fármacos para las víctimas del sida. Las empresas también
deben adoptar una política de no discriminación hacia los
empleados con sida.

El código también se refiere a la sustentabilidad de las
comunidades locales, los organismos modificados genéticamente, los
derechos indígenas, la información al público, el gobierno
empresarial y la participación de los accionistas en la toma de
decisiones.

Asimismo, las firmas deberían establecer políticas que
determinen en qué circunstancias deberían retirarse de un país,
por ejemplo si el gobierno perpetra graves abusos contra los
derechos humanos de grupos indígenas o la ciudadanía en general.

La iniciativa también destaca la importancia de la vigilancia
independiente de ONG locales, en especial en países en desarrollo,
dado que sus informes tendrán más credibilidad ante los
inversionistas que las auditorías de firmas internacionales o
departamentos internos.

«Las empresas se comportan de modo diferente en el Tercer
Mundo» porque «hay una mayor acumulación de la riqueza», afirmó el
obispo Joe Seoka, director del programa de criterios empresariales
en Sudáfrica.
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+ICCR, en inglés (http://www.iccr.org/)
+OIT (http://www.ilo.org/public/spanish/)