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EEUU: Gobierno será juez, fiscal, jurado y verdugo en Guantánamo

Jun 27 2003

por Jim Lobe

WASHINGTON, 26 jun (IPS) Las normas establecidas por Estados
Unidos para juzgar a detenidos en la guerra contra el terrorismo
confinados en bases militares como la de Guantánamo, en Cuba,
pasan por alto normas internacionales elementales sobre el debido
proceso, alertaron juristas y organizaciones humanitarias.

Algunas asociaciones nacionales de abogados podrían indicar a
sus integrantes que no trabajen en juicios en esos tribunales –a
los que el Departamento (ministerio) de Defensa estadounidense
denominó «comisiones militares»–, a menos que sus reglas sufran
modificaciones sustanciales.

«Hay una creciente preocupación» entre los abogados, que
podrían «adoptar una posición» al respecto, dijo a la prensa el
presidente del Instituto Nacional de Justicia Militar, Eugene
Fidell.

La opinión de las organizaciones de derechos humanos, que han
revisado las normas sobre comisiones militares publicadas en
abril, es inequívoca.

Esos tribunales «son un descrédito para las tradiciones
estadounidenses de justicia» a las que «el Departamento de Defensa
debería volver», opinó Jamie Fellner, directora del programa
nacional de la organización de derechos humanos Human Rights Watch
(HRW), con sede en Nueva York.

«Estas normas no garantizan un juicio justo», resaltó la
directora en Washington del Comité de Abogados por los Derechos
Humanos (LCHR), Elisa Massimino. «Es preciso revisar esas normas,
o bien anular las comisiones militares», urgió.

Ambas organizaciones, que publicaron documentos separados sobre
las normas de las comisiones militares esta semana, advirtieron
que tales procedimientos pueden poner a Estados Unidos en una
situación internacionalmente embarazosa.

«Los ojos del mundo estarán puestos en estos juicios, y es por
eso que deben cumplir las normas fundamentales del debido
proceso», dijo Wendy Patten, de Human Rights Watch.

Las comisiones, que podrían organizarse formalmente en
cualquier momento, determinarán el destino de algunos de los cerca
de 680 detenidos en la base de Guantánamo y otros que fueron
capturados en el marco de la guerra contra el terrorismo lanzada
por el presidente George W. Bush hace 20 meses.

La gran mayoría de los prisioneros fueron capturados en
Afganistán, durante y después de la campaña militar encabezada por
Estados Unidos que derrocó al régimen del grupo radical islámico
Talibán, a fines de 2001.

Otros, sin embargo, fueron capturados en otros países como
parte de la campaña de Estados Unidos contra la red extremista
islámica Al Qaeda, liderada por Osama bin Laden, el principal
sospechoso de la autoría intelectual de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Cinco hombres sospechosos de vínculos con Al Qaeda fueron
conducidos por funcionarios estadounidenses de Malawi a Botswana
el martes, a pesar de la orden de un tribunal de Malawi según la
cual no debían ser deportados, según distintas versiones.

Por otra parte, seis argelinos capturados en Bosnia-Herzegovina
en enero de 2002 fueron conducidos a Guantánamo.

Organizaciones humanitarias y gobiernos han criticado con
dureza las condiciones de detención de los prisioneros en la base
naval en Cuba.

Ahora se les permite recibir visitas de funcionarios consulares
de sus países y de la Cruz Roja, pero se les negó la mayoría de
los derechos garantizados a los prisioneros de guerra por las
Convenciones de Ginebra, base legal del derecho internacional
humanitarioi.

El Pentágono ha insistido en que se trata de «combatientes
ilegales», una categoría que, según Washington, le permite darles
un trato más elástico que incluye detención por tiempo
indeterminado sin acusación ni audiencia para determinar si se
trata de prisioneros de guerra.

Además, el Departamento de Estado advirtió que la base no se
encuentra en territorio estadounidense, por lo cual los detenidos
no pueden reivindicar el derecho al debido proceso garantizado por
la constitución estadounidense.

«Están en el equivalente legal del espacio exterior», según
Massimino.

Hasta ahora, 41 detenidos, la mayoría afganos, fueron liberados
y devueltos a sus hogares, mientras a otros 40 se los transfirió a
un edificio-dormitorio de «mínima seguridad», en lo que se
consideró un gran paso hacia la transferencia a sus países.

Del resto, dos o tres docenas esperan para ser acusados de
crímenes de guerra y juzgados en comisiones militares, aunque el
Pentágono (Departamento de Defensa) se ha negado a dar números
precisos y no informó aún qué prevé hacer con los cientos que no
serán sometidos a proceso.

Pero las reglas de las comisiones militares son el blanco
preferido de los ataques de organizaciones humanitarias y de
abogados, algunos de los cuales se preparaban para defender a los
acusados.

Esas normas incluyen algunas salvaguardias del debido proceso —
juicio público, pruebas más allá de una duda razonable para la
condena, examen cruzado de testimonios–, pero que no son
suficientes para eliminar serias fallas, afirman los expertos.

Para empezar, no se admitirá una revisión judicial
independiente de los veredictos. Así, el Poder Ejecutivo actuará
como fiscal, juez, jurado y ejecutor en caso de que la condena sea
a la pena capital, prevista por las reglas de las comisiones
militares.

Se trata, según HRW, de una falla grave, dado que muchos de los
detenidos deberían ser considerados prisioneros de guerra, entre
ellos los afganos miembros de las milicias islámicas Talibán.

El derecho de los acusados al asesoramiento también está
demasiado limitado, según los críticos. Todos ellos serán
representados por abogados militares, aun en el caso de que sus
familias prefieran un abogado civil.

Se trata de una violación del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, del que Estados Unidos es parte y que
garantiza el derecho de los acusados a ser representados por un
abogado elegido por ellos.

Además, el gobierno tiene la facultad de controlar la
comunicación entre abogado y acusado, negarle acceso a ciertos
documentos y exigir al representante legal que realice todos los
trabajos en la sede de las comisiones militares, presumiblemente
en Guantánamo.

Eso significa que, si los testigos o evidencias de la defensa
se encuentran, por ejemplo, en Afganistán, los abogados no podrán
apelar a ellos ante la comisión militar.

A eso se suma que los abogados defensores deberán someterse a
la censura de las fuerzas armadas para realizar declaraciones
públicas y suministrar a los fiscales una lista de todas sus
evidencias y testigos con una semana de anticipación.

Estas normas «son fundamentalmente contrarias a la tradición
estadounidense de un juicio justo», dijo el coronel retirado de la
Fuerza Aérea Michael Noone, profesor de Derecho Militar de la
Universidad Católica en Washington.

El también abogado militar Grant Lattin, coronel retirado de la
marina de guerra, dijo esperar que el Pentágono cambie las normas.

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+ Comité de Abogados por los Derechos Humanos, en inglés
(http://www.lchr.org/)

+ Instituto Nacional de Justicia Militar, en inglés
(http://www.nimj.com/Home.asp)

(FIN/IPS/
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