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ESTADOS UNIDOS: La Corte Penal es para los demás

Jun 11 2003

por Jim Lobe

WASHINGTON, jun (IPS) Grupos de la sociedad civil urgen a
estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a rechazar la
próxima solicitud de Estados Unidos de exonerar por segundo año
consecutivo a sus soldados y funcionarios de la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional (CPI).

El gobierno de George W. Bush «intenta una vez más subordinar
una institución multilateral al poder de Estados Unidos», dijo a
IPS William Pace, presidente de la Coalición para la Corte Penal
Internacional.

Por eso, «es urgente que los gobiernos realicen una reunión
abierta y expresen su objeción por principio al mal uso de la
Carta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y del
Consejo de Seguridad, así como a la violación del Estatuto de
Roma», exhortó.

El Estatuto de Roma, firmado en 1998, dio origen a la CPI con
la finalidad de investigar y juzgar genocidios, crímenes de guerra
y contra la humanidad.

El tratado, promovido por la ONU, recibió la firma de 139
países, pero sólo fue ratificado por 90. La Corte está instalada
en la ciudad holandesa de La Haya, aunque pasarán años antes de
que pueda emitir algún fallo.

Fuera del alcance del tribunal quedaron muchas de las naciones
involucradas en conflictos cuyos responsables serían candidatos
naturales a sentarse en el banquillo, entre ellas Estados Unidos.

La CPI sólo podrá procesar a sospechosos de perpetrar crímenes
de guerra cometidos luego del 1 de julio de 2002, fecha en que
entró en vigor el Estatuto, y sólo si el acusado es un ciudadano
de un país firmante o si el delito se cometió en una de esas
naciones.

Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de
2000, bajo el gobierno de Bill Clinton, pero su adhesión no duró
mucho tiempo.

Washington envió en mayo del año pasado una carta a los
funcionarios la ONU a cargo de organizar el tribunal, en la que
informaba que «Estados Unidos no pretende convertirse en parte del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado el 17 de
julio de 1998».

Asimismo, el gobierno estadounidense solicitó al Consejo de
Seguridad (en el que ocupa un puesto permanente, con poder de
veto) que aprobara una exoneración indefinida de la jurisdicción
de la CPI para los ciudadanos estadounidenses, y amenazó con vetar
la renovación de operaciones de paz de la ONU en Bosnia-
Herzegovina si no obtenía dicha aprobación.

Otros miembros del Consejo se negaron al pedido, pero luego de
dos semanas de intensas negociaciones, ambas partes acordaron una
resolución que exoneraba por un año a todos los ciudadanos de
países que no hubieran ratificado el Estatuto de Roma.

Washington arguye que participar en la Corte dejaría a los
militares estadounidenses en el extranjero expuestos a acusaciones
por motivaciones políticas, lo cual socavaría la guerra
internacional declarada por el gobierno de Bush al terrorismo.

Pero grupos de defensa de derechos humanos y gobiernos
europeos, incluida Gran Bretaña, afirman que ese temor es
exagerado.

«Estados Unidos sabe que prácticamente no existe justificación
para las exoneraciones del Consejo de Seguridad y que la
posibilidad de que un soldado estadounidense miembro de una fuerza
de paz sea juzgado por la Corte es casi nula», señaló Pace.

Ahora Washington, con 150.000 soldados desplegados en Iraq,
9.000 en Afganistán y otras decenas de miles en otros países,
espera ampliar la exoneración del Consejo otro año más.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Negroponte,
dijo la semana pasada a la prensa que su gobierno quisiera «una
extensión técnica de la resolución», sin «cambios sustanciales».

Pero se prevé una dura presión sobre el Consejo por parte de
organizaciones y países opuestos.

Richard Dicker, de Human Rights Watch, con sede en Nueva York,
advirtió que la sola aprobación de la prórroga «aumentaría la
probabilidad de que la exoneración se vuelva permanente».

Los defensores de la CPI arguyen que el Consejo de Seguridad
carece de autoridad legal para brindar excepciones, porque la
Carta de la ONU no le otorga poderes para enmendar un tratado
internacional.

Asimismo, exigen un debate abierto sobre el asunto, y hay
señales de que Alemania y México, integrantes del Consejo,
presionarán en ese sentido.

De los 15 miembros del Consejo, sólo Estados Unidos, China y
Pakistán están fuera del Estatuto de Roma. Los otros 12 lo
firmaron o lo ratificaron.

También se espera que Canadá, uno de los principales promotores
de la CPI, exija un debate abierto que incluya a países no
integrantes del Consejo.

El año pasado, Ottawa encabezó una iniciativa de varias decenas
de países para condenar públicamente los esfuerzos de Washington
de buscar excepciones para sus ciudadanos.

Washington pretende que el Consejo apruebe su solicitud antes
del próximo 1 de julio, fecha en que vencerá la exoneración
aprobada el año pasado.

Antes de eso, se prevé que Estados Unidos se apresurará a
firmar más tratados bilaterales de inmunidad. Hasta ahora, 37
países acordaron con Washington, luego de recibir fuertes
presiones, eximir a ciudadanos estadounidenses de cualquier
acusación ante la CPI, aunque no todos los ratificaron.

Entre los firmantes figuran Israel, India, Egipto y Filipinas.
El resto son en su mayoría países pequeños y pobres, con gran
dependencia de la ayuda económica estadounidense.

Según una ley aprobada por el Congreso legislativo el año
pasado, los países que ratifiquen el Estatuto de Roma no podrán
recibir ayuda militar de Estados Unidos a menos que el presidente
lo autorice expresamente antes del 1 de julio.

Esta disposición de la llamada ley de protección a los
militares estadounidenses afectará principalmente a los países
pobres, advirtió el grupo de Pace, que representa a unas 2.000 de
organizaciones de derechos humanos de todo el mundo.

La disposición es apenas una de varias normas polémicas de la
ley, entre ellas una que autoriza al presidente a desplegar
fuerzas militares para liberar a cualquier ciudadano
estadounidense bajo custodia de la CPI.
*****
+Coalición para la Corte Penal Internacional
(http://www.iccnow.org/espanol/index.htm)
+Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en inglés
(http://www.un.org/law/icc/)
(FIN/IPS)

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