General

La guerra sin fin se inventó en Colombia

Jun 20 2003

por Alejandro Kirk (*)

CARTAGENA DE INDIAS, Colombia, 20 jun (IPS) En soterrado anticipo
de escenarios hoy en boga, Colombia es desde hace 50 años zona de
guerra entre un Estado incapaz de controlar el país y un enemigo
hábil y evasivo que ha mutado en una rebelde potencia militar,
económica y administrativa sin precedentes.

El enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad del
Estado, la guerrilla izquierdista y los paramilitares de derecha
es el fenómeno determinante de toda la situación del país, y un
riesgo para la estabilidad de América Latina, coinciden analistas
presentes en el tercer Foro Social Mundial Temático (FSMT).

La «guerra global y sin límites» lanzada por Estados Unidos
contra «el terrorismo» y que ya ha llevado a la invasión de dos
países –Afghanistán e Iraq– ha sido respaldada con entusiasmo
por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, quien ve a su país
como un frente más de este combate mundial.

Pero la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU,
aprobada días después de los atentados del 11 de septiembre de
2001 en Estados Unidos y que compromete a los países a ejecutar
más de 30 acciones antiterroristas, tiene un defecto esencial y es
que no define el terrorismo, apuntó el jurista Federico Andreu.

Esa ambigüedad permite que los gobiernos que enfrentan
conflictos tejan a su arbitrio un «marco enemigo» compuesto por
una amplia gama de delitos agrupados como «terrorismo» y que
incluyen la rebelión política y el tráfico de drogas y de armas,
entre otros, «como si estuvieran todos interconectados», indicó.

Andreu, consejero de la Asociación Internacional de Juristas,
con sede en Ginebra, señaló que la distinción entre los delitos
políticos, los comunes y el terrorismo es vital para el derecho
internacional.

El delito político, incluida la rebelión armada, tiene
tipificada una serie de garantías, como la no extradición y la
posibilidad de amnistía, que otros no tienen, aclaró ante el
auditorio del FSMT que finaliza este viernes.

Aunque el concepto de terrorismo no está oficialmente definido
por la ONU, hay más de 20 convenciones que tipifican los actos
terroristas y también delitos políticos de extrema gravedad, que
involucran genocidio, tortura y crímenes de guerra, cuyas
consecuencias penales son de mayor rigor que otros crímenes.

En los países árabes se considera terrorismo la «perturbación
de las actividades del Estado», lo cual podría llevar a considerar
terrorista una huelga que afecte los servicios públicos, dijo
Andreu a modo de ejemplo.

El gobierno peruano de Alejandro Toledo, al enfrentar una serie
de huelgas este mes, denunció la «masiva infiltración de grupos
terroristas» en los sindicatos y decretó el estado de emergencia,
agregó.

El jurista incluyó en esa tendencia la resolución de la Unión
Europea de eliminar trabas para extraditar a acusados de
terroristas, pues «rompe el principio jurídico de que una
extradición procede únicamente cuando el delito está igualmente
tipificado en los dos países involucrados».

Esto permite extraditar a un ciudadano por haber cometido un
delito político en un país, que no necesariamente es tal en la
nación anfitriona.

Por su parte, el abogado español Ignacio Saíz, director adjunto
del programa latinoamericano de Amnistía Internacional, dijo que
el gobierno estadounidense de George W. Bush ha sembrado la
percepción de que en la lucha global entre «el bien y el mal» p-en
que Washington representa el bien– son subsidiarias la ley
internacional y los convenios de protección humanitaria.

En tanto, el presidente colombiano Uribe lanzó en agosto de
2002, al asumir el cargo, una agresiva política contra la
guerrilla izquierdista, en particular contra las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlan cerca de 40 por
ciento del territorio de ese país.

Las FARC, así como los paramilitares que se les enfrentan,
están vinculados directa o indirectamente con el tráfico de
drogas, según coinciden los analistas colombianos, pues operan en
las extensas áreas de cultivo de coca y adormidera, y son
responsables también de violaciones de los derechos humanos.

El director de la Asociación Colombiana de Juristas, Gustavo
Gallón, reveló que, en una reunión sostenida con los grupos de
derechos humanos la semana pasada, Uribe declaró que su gobierno
no hará distinción entre combatientes y no combatientes en las
zonas de conflicto.

Esa postura «pone a la mayoría de la población en grave
peligro», pues la clasificación de combatiente se hace «no como un
grado, un honor o un abolengo» sino precisamente para proteger a
los que no están armados y no participan de la guerra, comentó
Gallón.

Estados Unidos, que sostiene política, financiera y
militarmente la estrategia de Uribe, incluyó a las FARC en su
lista de organizaciones terroristas y, por tanto, susceptibles de
ser objeto de acciones militares directas según la estrategia
global adoptada por Washington tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001.

Gallón señaló que Uribe, al considerar a toda la población
colaboradora del gobierno en su lucha contra el terrorismo,
intenta convertir «a toda la ciudadanía» en una gigantesca red de
informantes dirigida por las comandancias militares.

Por eso, el investigador Carlos Romero, de la Universidad
Nacional de Colombia, se preguntó cómo es posible que el gobierno
colombiano desconozca el carácter político de una guerra, «que
involucra todo el país, todo el territorio nacional».

Sin embargo, coincidió con Gallón en que la estrategia
anunciada por el fiscal general, Camilo Osorio, de que la guerra
civil se resuelve «a plomo» es apoyada «por una buena parte de la
sociedad colombiana», especialmente en las ciudades.

«La gente se pregunta ‘si no es a plomo, entonces ¿cómo?’. El
predominio de la lógica militar en ambos bandos lleva a una
tragedia humanitaria», advirtió Romero.
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(*) Alejandro Kirk es Director de IPS para América Latina
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Roberto Savio.