General

EEUU: Mortal enfermedad mental

Nov 10 2003

por Katherine Stapp

NUEVA YORK, nov (IPS) La aglomeración este mes de ejecuciones de
enfermos mentales condenados a muerte en Estados Unidos pone en
evidencia, según expertos en salud pública y abogados, la
generalización de una grave violación de derechos humanos en este
país.

Joseph Keel, condenado por el asesinato de su suegro en 1990,
fue muerto el viernes 7 mediante inyección letal en el
centroriental estado de Carolina del Norte. Su ejecución fue la
número 59 en Estados Unidos desde el 1 de enero, y la segunda de
este mes.

Keel sufría daños cerebrales y problemas psicológicos, pero sus
abogados no lograron que esos hechos fueran considerados
atenuantes en el tribunal.

Finalmente, el condenado perdió el plazo para solicitar que se
revisara el juicio, lo cual debería haberse formulado a causa de
la impericia demostrada por sus primeros representantes legales.

Uno de cada seis residentes del pabellón de la muerte de
Carolina del Norte ha dependido de la representación de abogados
luego expulsados del fuero, suspendidos o sancionados por las
autoridades judiciales, según un estudio.

Keel tenía tres clases de incapacidad mental –retardo,
enfermedad mental y daño cerebral– y era tratado antes de su
ejecución por «episodios psicóticos», dijo a IPS su último
abogado, Jay Ferguson.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos prohibió el año
pasado la ejecución de personas con retardo mental –es decir, con
un coeficiente intelectual de menos de 70–, pero muchos que
padecen otros tipos de incapacidad psicológica grave permanecen en
el pabellón de la muerte, según creen activistas de derechos
humanos.

Al menos 370 condenados sufren esquizofrenia, desorden bipolar,
psicosis, depresión grave y tendencia suicidas, entre otras
enfermedades mentales que no implican retardo, según la Asociación
Nacional de Salud Mental.

Algunas personas con enfermedades mentales, como Keel, sufren
tanto daños cerebrales como desórdenes serios de personalidad y
cierto grado de retardo.

«Un problema es que la definición de retardo mental difiere de
estado a estado. Carolina del Norte es tajante en un máximo de
coeficiente intelectual de 70, y el de Keel era de 78. En ese
punto, el gobernador tenía la última palabra», dijo Ferguson.

El gobernador Mike Easley se reunió con los abogados de Keel el
martes, pero no firmó un decreto de clemencia.

Easley tendrá también que decidir por el destino de John Dennis
Daniels, cuya ejecución está prevista para el día 14. Psiquiatras
acreditaron que el condenado tiene «el desarrollo emocional y
social de un niño de 11 o 12 años». Será el tercer enfermo mental
ejecutado en apenas dos semanas.

Carolina del Norte se ubicó este año como el tercer estado del
país por su cantidad de ejcuciones, detrás de Texas y de Oklahoma.

El tercer condenado, James Willie Brown, fue ejecutado en el
meridional estado de Georgia el jueves 6. Brown recibió en 17
oportunidades un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pero, en
última instancia, se lo consideró capaz de afrontar un proceso
judicial.

«La cuestión es que prohibimos la ejecución de retardados
mentales, pero personas mentalmente enfermas pueden ser aun más
incapaces e incluso así pueden ser ejecutados», dijo el director
del Centro Sureño para los Derechos Humanos con sede en Georgia,
Stephen Bright.

«La mayoría de los defensores no muestran conocimientos y los
tribunales no aportan recursos para contratar expertos competentes
a cargo de pruebas psicológicas y neurológicas. Todo se decide en
el contexto de juicios muy emotivos donde las pasiones del momento
parecen precipitarlo todo», dijo Bright.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional
calculó que entre cinco y 10 por ciento de los presos condenados a
pena capital sufren enfermedades mentales serias.

Pero el problema no se restringe al pabellón de la muerte. La
organización Human Rights Watch (HRW) calculó que uno de cada seis
presos estadounideses tienen enfermedades mentales, y que muchos
son esquizofrénicos y maníaco-depresivos.

Esto significa que hay en las cárceles estadounidenses tres
veces más enfermos mentales que en los hospitales psiquiátricos, y
muy pocos de ellos reciben tratamiento, según HRW.

«El sistema judicial no puede identificar adecuadamente a las
personas con enfermedades mentales», dijo a IPS Hazel Moran, de la
Asociación Nacional de Salud Mental. «No hay profesionales
calificados para evaluar la capacidad mental de las personas. El
diagnóstico es arbitrario.»

Ochenta por ciento de los menores infractores muestran síntomas
de enfermedades mentales, agregó la experta.

«Es realmente necesario ampliar las instalaciones de salud
mental disponibles. Desafortunadamente, los presupuestos se
recortan. Los servicios sociales son los últimos en recibir fondos
para su expansión, o deben limitarse a continuar apenas con el
trabajo que ya hacen», sostuvo Moran.

Más de 90 por ciento de las camas del sistema hospitalario
psiquiátrico se desvanecieron en las últimas décadas, y ésa es,
para los expertos, una de las principales razones por las cuales
las cárceles se llenan de enfermos mentales.

«La Corte Suprema estableció un criterio increíble para la
ejecución de los enfermos mentales. Básicamente, uno apenas tiene
que entender que será ejecutado», dijo el activista David Elliot,
de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte.

«Uno puede estar tan ‘ido’ que no puede ayudar a sus abogados,
recordar su coartada, dónde estaba o qué estaba haciendo… pero
aun así uno puede ser condenado a muerte», agregó.

De todos modos, Elliot consideró que la Corte Suprema de
Justicia está cerca de abolir la pena de muerte para el caso de
infractores juveniles.

Desde 1994, Amnistía Internacional documentó 20 ejecuciones de
menores en cinco naciones, 13 de los cuales en Estados Unidos y el
resto en República Democrática del Congo, Irán, Nigeria y
Pakistán. La mitad de los estados de este país admite la pena
capital para menores de 18 años.

Si la Corte Suprema elimina esa posibilidad, «habrá que ir al
tribunal a volver a analizar el problema de las enfermedades
mentales severas, representación legal inadecuada, racismo», dijo
Elliot.

Una condena a muerte depende, en buena medida, del lugar donde
el delito fue cometido.

El pintor de camiones Gary Leon Ridway admitió el miércoles 5
haber asesinado a 48 mujeres en el noroccidental estado de
Washington. A cambio de la confesión, fue condenado a cadena
perpetua. Según sus propias palabras, Ridway es el asesino serial
más prolífico de la historia estadounidense.

«Este sistema se reserva, supuestamente, para los crímenes más
atroces, para los delincuentes más incorregibles. Pero vea el caso
de Ridway: no hay pena de muerte porque se confesó culpable. Esto
no tiene ningún sentido», dijo Bright.

*****
+Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte, en inglés
(http://www.ncadp.org)
+Asociación Nacional de Salud Mental, en inglés
(http://www.nmha.org/)
+Informe de Human Rights Watch, en inglés
(http://www.hrw.org/reports/2003/usa1003/)

(FIN/IPS/
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