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Las ardientes urnas de Florida

May 31 2004

por Marty Logan

MONTREAL, may (IPS) Medio centenar de ciudadanos del sudoriental estado de Florida, muchos de ellos ex presidiarios, se presentaron en marzo ante el gobernador Jeb Bush para pedirle que se les devolviera el derecho al voto.

Pero esos ciudadanos fueron «reprendidos por su deuda personal» con la sociedad o porque supuestamente cometieron «errores» al tratar de sufragar en elecciones anteriores, indicó un testigo de la reunión.

En este tipo de audiencias «todo entra en juego, hasta los medicamentos
que toma una persona… Es verdaderamente chocante y retuerce las tripas»,
dijo Courtenay Strickland, de la Unión para las Libertades Civiles de
Estados Unidos (ACLU).

Cuatro veces por año, Jeb Bush y otros tres integrantes de la Junta
Ejecutiva de Clemencia encabezan audiencias en las cuales algunos de los
600.000 residentes de Florida que perdieron el derecho al voto pueden
solicitar que les sea restaurado.

Bush es hermano del presidente George W. Bush, elegido en 2000 gracias
a los decisivos votos de Florida. Este es uno de los siete estados donde
los condenados por diversos delitos deben solicitar formalmente, una vez
cumplida la pena, la restauración del derecho al voto.

Veintiocho de los solicitantes que se presentaron el 18 de marzo, cerca
de la mitad del total, tuvieron éxito. Unos 35.000 iniciaron el mismo
trámite y esperan una respuesta o la mera convocatoria a la audiencia,
según Strickland, director del Proyecto Derecho al Voto en Florida de ACLU.

Pero, según diversos cálculos, otros 40.000 residentes del estado
corren peligro de perder el derecho al sufragio antes de las elecciones
presidenciales de noviembre.

Esa es la cantidad de supuestos ex delincuentes incorporados a una
lista a estudio de funcionarios de Florida a cargo de elaborar los padrones
electorales en los 67 condados del estado

El procedimiento en curso sirve como recordatorio de lo sucedido en las
elecciones de noviembre de 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia en
Washington debió inclinar la balanza en una disputa por los votos de
Florida. Y lo hizo a favor de George W. Bush.

Las elecciones de 2000 terminaron decidiéndose en perjuicio del
demócrata Al Gore por apenas 537 votos emitidos en Florida. Bush ganó, a
pesar de que Gore había obtenido la mayoría de los votos a nivel nacional.

Por diversos errores, las autoridades electorales de Florida impidieron
asistir a los circuitos de votación a millares de ciudadanos de Florida, la
mayoría negros. La comunidad afroestadounidense ha apoyado tradicionalmente
al Partido Demócrata.

Y esta es apenas una de las muchas preocupaciones de los defensores del
derecho al voto en las vísperas de las elecciones presidenciales, que este
año enfrentarán a George W. Bush con el demócrata John F. Kerry.

Una flamante coalición de organizaciones civiles manifestaron en las
últimas horas su preocupación por los confusos padrones y requisitos para
la identificación de los votantes, así como por los defectos y el mal uso
de las máquinas utilizadas para emitir y contabilizar los sufragios.

La coalición, encabezada por la Liga de Mujeres Votantes y la
Conferencia de Líderes sobre Derechos Civiles, exige a los estados que
suministren listas completas de electores registrados y de los circuitos
electorales correspondientes.

Su intención es que los funcionarios locales sepan qué hacer en caso de
que un ciudadano acuda por error a una mesa de votación.

Los activistas también presionan por mejoras en el entrenamiento en
materia de registro e identificación y de uso de máquinas de votación que
se brinda a los voluntarios.

La coalición ni siquiera abordaron el problema del voto electrónico en
pantallas sensibles aplicado en 37 estados, calificado de «queso suizo» por
un experto en elecciones.

Una ley en materia electoral aprobada en Florida en 2001 impidió al
gobierno estadual contratar a terceros la confección final de los padrones,
que en las elecciones pasadas resultó en numerosas querellas de votantes
que no pudieron ejercer sus derechos.

En consecuencia, las autoridades compilaron una base central de datos.
Pero eso no significa que la lista sea en esta ocasión mejor que en 2000.

«Aun si fuera mejor, creo que corremos un peligro real de tener tantos
ciudadanos potencialmente removidos por error que antes con las nuevas
normas», dijo Strickland a IPS.

El nuevo proceso incluye el uso de correo certificado para advertir a
los votantes a punto de ser despojados de su derecho.

Pero los votantes negros tienden, en general, a no reaccionar ante
avisos postales ni en los periódicos, el paso siguiente en el
procedimiento, dijo Barbara Arnwine, directora ejecutiva del Comité de
Abogados para los Derechos Civiles.

En los comicios de 2000 en Florida, era 10 veces más probable que se
rechazara en un circuito electoral a un negro que a cualquier otro
ciudadano, según un informe publicado al año siguiente en el diario The
Washington Post.

ACLU y otras organizaciones advirtieron que 19.000 personas fueron
erróneamente registradas como delincuentes y retiradas de los patrones de
Florida.

El supervisor de elecciones del condado floridense de Hillsboroug
County, Buddy Johnson, afirmó que 553 delincuentes fueron reincorporados a
los padrones, lo cual demuestra que la de este año será una contienda justa.

«Mi intención es aprovechar cada oportunidad que tenga para mantener
una persona en los padrones. Somos serios y cautelosos en esta
determinación», dijo Johnson.

Quienes lleguen al circuito de votación y vean su nombre excluido
podrán, incluso, votar de manera condicional, aseguró el funcionario.

Pero Strickland advirtió que es la ley, y no la buena voluntad, lo que
obliga a los supervisores a hacer los máximos esfuerzos en la verificación
de la información que reciben.

Arnwine y Strickland consideraron que el derecho al voto debería
restaurarse automáticamente a los delincuentes que cumplieron su condena,
como ocurre en la mayoría de los estados de Estados Unidos.

Strickland informó que la ACLU está impulsando una reforma
constitucional en ese sentido. «Básicamente todo el proceso asigna al
elector, y no al estado, la carga de la prueba sobre su capacidad de voto.
Eso contradice la idea de que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo
contrario.»
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+Sitio sobre derecho al voto de la filial en Florida de la Unión para los
Derechos Civiles de Estados Unidos, en inglés
(http://www.aclufl.org/issues/voting_rights/florida_voting_ban.cfm)
+Departamento de Elecciones del Estado de Florida, en inglés
(http://election.dos.state.fl.us/)
(FIN/IPS/

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