General

Mercantilizar el derecho al agua

Dic 15 2004

Bechtel versus Bolivia: Un debate entre «seguridad jurídica» y derechos humanos

Elizabeth Peredo

ALAI-AMLATINA 14/12/2004, La Paz.- Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus adendums y de las astucias para sacar la mayor ventaja posible de estas circunstancias está el hecho de que al mercantilizar el derecho al agua se genera toda una cadena de vulneración de derechos humanos como nos los recuerda la experiencia de una humilde mujer cochabambina: «un servicio privatizado afecta a nuestra economía familiar y acaba siendo un negocio turbio en manos de pocos».

«Los bolivianos vamos a tener que pagar 25 millones de
dólares por la salida de Aguas del Tunari. «El país está a
punto de perder»… «no le vemos mucha salida»… «no
respetar la seguridad jurídica tiene consecuencias no sólo
para un sector del país, sino para todos los bolivianos y
eso lo vamos a sufrir en breves semanas en el caso
señalado». (Conferencia de Prensa Ministro José Galindo, 19
de Noviembre, Los Tiempos, 20/11/04)

Las declaraciones del Ministro de la Presidencia son
absolutamente cuestionables tratándose de un funcionario de
gobierno que debería en primer lugar defender nuestros
derechos ante el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo
de Diferencias sobre Inversiones) del Banco Mundial y ante
el mundo entero. El Ministro, demasiado enfático y
categórico sobre la amenaza de perder el juicio con la
empresa BECHTEL, hizo estas declaraciones hace algunas
semanas a sabiendas de que el juicio aún no está en una fase
definitiva, suponemos que para atemorizar a las
organizaciones sociales de El Alto sobre sus demandas en
torno a Aguas del Illimani pero también, y «de taquito»,
para referirse a los contenidos de la Ley de Hidrocarburos
en relación a las inversiones de las transnacionales y
señalar que no aprobemos una ley que cuestione su poder en
este país.

¿Cuál es el interés del Ministro en colocar las cosas entre
la espada y la pared? Pongamos las cosas más claras y
recordemos que Aguas del Tunari nos demanda por $US. 25
millones a pesar de que no invirtió más de medio millón de
dólares en su estadía en Bolivia. Es lo que «esperaba»
ganar en un contrato de 40 años. Nos demanda por sus
«expectativas de lucro futuro» o la «expropiación de
ganancias futuras» que es válido según la «seguridad
jurídica» instaurada para favorecer a las grandes empresas
en el mundo a expensas -cuando se pueda- de los presupuestos
públicos.

Pero, ¿es justa la demanda de esta transnacional? Aguas del
Tunari es un consorcio conformado por varias empresas, entre
ellas cuatro pequeñas socias bolivianas y una española,
todas lideradas por la norteamericana Bechtel, sin embargo
el juicio está planteado como si se tratara de una empresa
holandesa. ¿Cuánto de holandesa tiene Aguas del Tunari?
Nada. Y Bechtel que lidera la demanda ante el CIADI es más
nortemericana que la comida chatarra; se trata de una
transnacional muy poderosa vinculada a círculos de poder
norteamericanos dedicada actualmente, entre otras cosas, al
negocio de la «reconstrucción» de Irak.

Esta empresa en los pocos meses que estuvo a cargo del
servicio, no realizó inversiones, incrementó las tarifas
entre un 40% y un 300% y en su afán de lucro creó las
condiciones para un conflicto social de grandes magnitudes
que no sólo afectó los derechos al agua de usuarios y
regantes de la región, sino que posibilitó una intervención
militar que mantuvo en vilo a todo el país, dejó como saldo
un joven muerto, decenas de heridos y varios detenidos en
Cochabamba.

Bechtel, conociendo y sacando ventaja de los recursos de la
«seguridad jurídica» a la que con tanta pompa se refiere el
Ministro, cambió su dirección legal de las Islas Caimán a
Holanda a fines de 1999, cuando ya había firmado el contrato
de concesión con el Estado boliviano, bajo la aquiescencia
cómplice de la Superintendencia de Saneamiento Básico.

Este «traslado» ilegal fue para ampararse en un Tratado
Bilateral de Inversiones que tiene Bolivia con Holanda, y
ahora nos demanda ante el Banco Mundial como empresa
holandesa (!!). Como se ve, su demanda ante el CIADI es
totalmente inmoral e injusta y vulnera los derechos de un
país pobre que tiene menos de la mitad de ingresos anuales
que esta empresa y que si dispusiera libremente de esos 25
millones podría resolver una parte importante de las
necesidades de agua y saneamiento básico al menos en
Cochabamba.

Igualmente cuestionable es el papel del Banco Mundial que
condicionó al gobierno a privatizar el agua en Cochabamba,
es co-responsable del conflicto social generado, y ahora
hace de juez y parte acogiendo la demanda interpuesta por
Bechtel contra Bolivia en un Panel de Arbitraje donde la
sociedad civil no tiene un lugar para defenderse o dar
testimonio de lo ocurrido pues este panel de arbitraje está
conformado por un representante designado por la empresa,
uno del Banco Mundial y un representante del gobierno
boliviano (que ya vemos cómo nos está defendiendo).

El gobierno debería saber que incluso ciudadanos y
ciudadanas norteamericanas activistas por los derechos
humanos han tenido el valor de protestar ante las puertas
del CIADI por esta agresión de Bechtel contra Bolivia, y han
invitado públicamente a los miembros del CIADI a conversar
sobre la pobreza en nuestro país para desanimarlos de
aceptar la demanda de Bechtel; qué confianza podemos tener
en gobernantes que no dudan en enlodar la imagen del país a
fin de hacer sonar los sables contra la amenaza que les
representa la necesidad de soberanía y justicia instalada en
los corazones bolivianos y que señalan los serios problemas
a los que ha llevado la privatización de nuestros servicios
y de nuestros recursos naturales.

Pero el ministro no deja de sorprendernos porque va aún más
allá y nos dice: «Ahora, ¿debemos pagar todos los bolivianos
esa suma de dinero por no haber respetado la estabilidad
jurídica del país, deben pagar todos los del Departamento de
Cochabamba que decidieron echar a esa compañía o hacer un
juicio para establecer responsabilidades?»

Según él somos los y las bolivianas quienes debemos
pelearnos entre nosotros para ver quién es el culpable y
hasta deberíamos hacer un juicio interno para determinar
quién debe pagar la demanda ¡Por favor!, es una forma burda
de criminalizar la protesta social. Quienes deberían ir a
juicio son los que han firmado semejante contrato usurpando
las fuentes de agua de la población indígena de la región,
quienes han adjudicado el contrato a Aguas del Tunari a
pesar de que en la licitación no se presentó otra empresa
para que sea una verdadera licitación, quienes se hicieron
de la vista gorda cuando Aguas del Tunari cambió ilegalmente
su dirección para ampararse en el Tratado Bilateral de
Inversiones con Holanda.

A quienes debemos condenar es a las autoridades que firman
contratos que someten a la población boliviana y en especial
a la más pobre y humilde a no tener agua a menos que la
pague con creces, con tarifas indexadas al dólar, con tasas
de retorno millonarias a favor de las empresas. Entonces
esa supuesta «seguridad jurídica» a la que tanto se hace
mención vulnera nuestros derechos y nuestra dignidad y
quienes la invocan con tanta pompa y falta de criterio
ofenden nuestra inteligencia.

Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus
adendums y de las astucias para sacar la mayor ventaja
posible de estas circunstancias está el hecho de que al
mercantilizar el derecho al agua se genera toda una cadena
de vulneración de derechos humanos como nos los recuerda la
experiencia de una humilde mujer cochabambina: «un servicio
privatizado afecta a nuestra economía familiar y acaba
siendo un negocio turbio en manos de pocos». Se dice que
Bolivia ha gastado ya más de un millón de dólares de sus
fondos públicos sólo en costos de abogados y traslados al
CIADI en Washington, es decir más de lo que esa empresa ha
gastado en Bolivia.

El gobierno boliviano es parte del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las NNUU, que
ha afirmado que el agua -que es una condición para la
realización de otros derechos humanos- «tiene que ser
tratada como un bien social y cultural y no en primer lugar
como un bien económico» (…) «es una condición para la
realización de otros derechos» (Comité de las NNUU para los
DESC, 27 de Nov. 2002).

Esperemos que sean estos acuerdos, y no otros, los que rijan
la conducta y la ética de nuestros gobernantes cuando se
trate de considerar y enfrentar los conflictos que estén
relacionados con el derecho humano al agua y al saneamiento.

* Elizabeth Peredo. Fundación Solon.

_____________________________________________
Servicio Informativo «Alai-amlatina»
Agencia Latinoamericana de Informacion – ALAI
info@alainet.org
URL: http://bolivar.c.topica.com/maacYJrabcAF4b36lAeb/
——————————————————————————–
‘Other news’ es una inciativa personal, que tiene el fin de proprocionar material que tendria que estar en los medios, y no esta por los criterios comerciales de la informacion. Esta abierta a recibir contribuciones de todos. Su area de trabajo es informar sobre temas globales, relaciones norte-sur, y gobernabilidad de la globalizacion. Su lema es una frase aparecida en el muro de la vieja aduana de Barcelona, a comienzos del 2.003: «Lo que los muros hablan, los medios callan». Roberto Savio