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LA GUERRILLA COLOMBIANA NO SUELTA LAS ARMAS

Ago 23 2005

Por Joaquín Roy (*)

BOGOTA, Ago (IPS) – Con la anunciada desaparición del Ejército Republicano
Irlandés (IRA) constituido como fuerza armada para conseguir sus
objetivos políticos (la unificación de Irlanda), las miradas se han
volcado sobre la supervivencia de ETA. En las Américas, un continente en
endémica convulsión y clima preñado de violencia, tanto privada como
estatal, la atención se ha posado sobre el único caso de existencia
reconocida de lo que en otros tiempos se llamaron «guerrillas»,
también «movimientos subversivos», y que en los nuevos tiempos han
recibido insólitos epítetos como «narcoterrorismo». Colombia, una
peculiar sociedad que presenta una de las cotas más altas de señas de
identidad nacional del subcontinente latinoamericano, es seno de los
únicos movimientos «guerrilleros» que subsisten en el nuevo siglo.

Tan sólida es su conciencia que el propio estado colombiano había
reservado hasta muy recientemente, o tolerado a regañadientes, amplias
áreas del territorio nacional en las que las guerrillas, consideradas
por multitud de gobiernos y organizaciones internacionales
como «terroristas», campan a sus anchas, donde la presencia oficial
todavía es nula. Los argumentos de estos grupos son tan aparentemente
justificables que en numerosos lugares la población no tiene más remedio
que respaldar sus acciones, y ha colaborado política y económicamente con
los «guerrilleros» o «terroristas».

Mientras tanto, los sucesivos gobiernos colombianos están permanentemente
obligados o dispuestos al intercambio de prisioneros, a dialogar
abiertamente y autorizar intermediaciones de prestigiosas figuras
extranjeras (como Felipe González). Bogotá pacta su desmovilización
mediante fórmulas entre ingeniosas (leyes de amnistía disfrazadas de
reinserción, etiquetadas como respaldo a la impunidad del narcotráfico,
la extorsión, el secuestro, y el puro asesinato), cuando no sorprendentes
(compra de cosechas de coca, en lugar de su fumigación).

De ahí que la especificidad del contexto de la guerrilla en Colombia la
convierta en dudosa candidata para seguir el camino abierto por el IRA, y
apenas se pueda paralelizar al perfil de la ETA, con la que numerosos
observadores apresurados pretenden descubrir similaridades. Lo cierto es
que son múltiples los detalles de la estructura del movimiento
paraestatal colombiano que lo alejan, de momento, de ser susceptible de
seguir el ejemplo del «adiós a las armas» de los irlandeses. Las Fuerzas
Armadas de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación de Colombia (ELN) y
su contraparte de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
desafían en triangular competencia la soberanía estatal en una madeja
socioeconómica que no sólo resulta novedosa en Latinoamérica, sino que
bien puede ser un caso único en este confuso desorden mundial, del que
quizá sea un subproducto genuino.

En primer lugar, por mucho que el gobierno de Alvaro Uribe lo niegue, al
igual que sus antecesores, la endémica presencia de estos grupos armados
que aterrorizan y manipulan a la población es parcialmente debida a que
Colombia es en cierta manera un ejemplo de «estado colapsado». Ha sido
incapaz de ejercer su soberanía, reclamar el monopolio legal de la
fuerza, y cumplir con sus funciones esenciales en amplias zonas del
territorio nacional. Protegido por una geografía difícil, el estado está
lejos y se percibe como inútil. Además, Colombia está inserta en un
escenario internacional de por sí conflictivo, en medio de un triángulo
formado por Cuba, Venezuela y el resto de los países andinos, cada uno
con sus propios problemas. En un plano más amplio, a pesar de las
evidentes actividades criminales de todos los grupos, lo cierto es que
las FARC y el ELN todavía se benefician de un cierto resabio de
romanticismo latinoamericano que siente nostalgia por la época guevarista
y la mística sandinista. El populismo ha renacido con renovada fuerza.

El cansancio por los errores del neoliberalismo y las limitaciones del
desarrollo basado en el puro librecomercio han golpeado a las mayorías
discriminadas de tal manera que un cierto fatalismo ha sustituido a la
esperanza por la utopía. En su lugar, el pragmatismo y la hipocresía se
han convertido en justificación para sustituir el fusil de antaño por la
pistola con la que se ejecuta el secuestro. Paradójicamente, la solución
patrocinada por los Estados Unidos tras el final de la guerra fría,
centrada en la libertad de mercado y la competitividad, ha sido
interpretada por el abrazo de técnicas de mercadotecnia y procedimientos
capitalistas antes impensables para los «muchachos» que seguían leyendo a
Marx, Mao o el Che.

La coca, la materia prima de la zona, se ha convertido en fuente de toda
la economía (formal y subterránea), no solamente de las zonas de
influencia, sino de todo el territorio nacional. Los guerrilleros (tanto
los de las FARC y el ELN, como las AUC) se han convertido en
eficientes «hombres de empresa», que parecen reciclados
mediante «masters» cursados a distancia desde las selvas. Añadido al
producto de la extorsión y el secuestro (que afectan indiscriminadamente
a todos los sectores sociales), el impresionante tejido de lavado de
fondos llega a curiosos sectores de la economía como la industria
bananera, los hoteles y restaurantes e incluso sistemas exitosos de
lotería y apuestas, no necesariamente ilegales.

Los incentivos para que los grupos violentos sigan el ejemplo del IRA
pueden tener resultados (de hecho, más de 14.000 miembros de las AUC han
aceptado la reinserción), pero a la larga serán costosos, lastrando la
hacienda nacional, siempre en déficit en una sociedad enterrada en el
fraude fiscal. El resultado es que el abandono por agotamiento o por
convicción según el ejemplo irlandés, o el ulterior de la ETA, se deben
pagar, y los cheques escasean. Y no se piensa que tanto Washington como
Bruselas estén muy dispuestos a respaldar una operación que, de momento,
y con todas las buenas intenciones y miras a largo plazo, es percibida
como un certificado a la impunidad del asesinato, el secuestro y el
chantaje. (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Joaquín Roy es Catedrático ’Jean Monnet’ y Director del Centro de la
Unión Europea de la Universidad de Miami (jroy@Miami.edu)