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CEDE EL APOYO A LA PENA DE MUERTE

Mar 20 2006

Por Mark Sommer (*)

ARCATA, CALIFORNIA, Mar (IPS) – Cuando el presidiario Tookie Williams
solicitó formalmente que se dejara sin efecto su condena a muerte en enero
último, el gobernador de California, Arnold Schwartzenegger, expresó una
angustia inesperada en él antes de tomar la decisión de no conceder el
indulto.

Williams, miembro de una notoria pandilla juvenil de Los Ángeles, adujo que
había experimentado una notable transformación durante su prisión. Sus
exhortaciones a los jóvenes para que no se unan a las pandillas habían
motivado que se presentaran varias propuestas para que se le concediera un
Premio Nobel.

Pero dado el desprecio que Schwartzenegger siente por los hombres «con
sensibilidad de niñas», sus estremecimientos ante la duda sobre el indulto
probablemente se debieron menos a escrúpulos de conciencia que a la
percepción de que el apoyo a la pena capital está debilitándose en Estados
Unidos incluso entre quienes desde hace tiempo la sostienen.

Junto con Iraq, Irán y China, naciones cuyo comportamiento en materia de
derechos humanos condena clamorosamente, Estados Unidos sigue siendo la
única democracia avanzada que todavía mantiene una pena que la mayoría del
mundo considera un homicidio patrocinado por el Estado. El 64% con que los
estadounidenses apoyan la pena de muerte supera en 20% al apoyo en Canadá y
en 40% al apopyo en Australia. Pero esa cifra, aunque alta, es el nivel más
bajo en los últimos 27 años y es más baja aún entre los jóvenes, lo que
indica un cambio.

Sorprendentemente, este viraje está ocurriendo entre algunos que hasta ahora
se habían opuesto firmemente a la abolición de la pena de muerte, los
funcionarios vinculados al Partido Republicano. Las razones de este cambio
son menos ideológicas que pragmáticas. En efecto, se han dado cuenta de que
demasiado a menudo se ejecuta por error a inocentes y de que los
exorbitantes costos de los procesos están robando recursos a programas para
la aplicación de leyes de más probada eficacia.

En años recientes, las pruebas de ADN han causado la exoneración de la pena
de 14 condenados a muerte. En total, 114 personas han podido ser sacadas del
pabellón de la muerte al quedar en evidencia su inocencia. Esto ha sembrado
dudas acerca de la justicia e imparcialidad del sistema que conduce a la
pena de muerte. Tras el ejemplo del gobernador de Illinois, el republicano
George Ryan, varios otros estados han instituido una moratoria sobre
ejecuciones pendientes y una revisión general de los juicios que concluyeron
en una condena a muerte.

Todavía más preocupante es el sesgo racial profundamente asentado en todo el
sistema de justicia criminal estadounidense. Mientras que los
afroestadounidenses constituyen el 12% de la población, el 42% de los 3.100
que esperan en el pabellón de la muerte está constituido por negros. En
Pennsylvania y Texas el 70% de los condenados a muertes pertenecen a
minorías raciales.

Para quienes la discriminación racial no es una preocupación apremiante, el
costo de un proceso para aplicar la pena capital es un tema más persuasivo.
Con complejos recursos y peticiones previas, prolongadas selecciones de
jurados y las largas apelaciones requeridas para asegurar el debido proceso,
los juicios que implican la pena capital cuestan seis veces más que otros
juicios por homicidio. En Texas, que está en el primer lugar en cuanto a
ejecuciones, un caso con sentencia de muerte cuesta en promedio 2.300.000
dólares. Irónicamente, los costos de procesos que impliquen la pena capital
pueden forzar a otorgar libertades anticipadas y a efectuar recortes en
programas de aplicación eficiente de las leyes, medidas que incrementan la
probabilidad de mayores tasas de criminalidad.

Para algunos integrantes de la línea dura tales hechos están comenzando a
ganarle a la ideología. «Esto puede parecer extraño viniendo de un hombre
conocido como «el juez ahorcador» de Orange County», escribió Donald
McCartin, un juez jubilado que integró la Corte Superior de California del
Sur. «Pero yo creo agregó- que es tiempo de abolir la pena de muerte. Los
debates legales causan crecientes gastos y años de indecisión. Los errores
humanos, las iniquidades, los prejuicios y las ideologías crean los
problemas que han causado mi rechazo a la pena de muerte.»

Y, finalmente, ninguna encuesta realizada hasta la fecha ha probado
categóricamente que la pena capital realmente sirva como disuasivo para la
comisión de crímenes graves. Por el contrario, programas como el servicio
policial comunitario, la justicia regeneradora, las penas alternativas y las
oportunidades educativas dentro del sistema penitenciario parecen ser más
efectivas tanto para prevenir los crímenes como para reducir la reincidencia.

Pero ¿si no se recurre a la pena de muerte, qué otra forma de justicia
debería ser aplicada a los asesinos convictos? Los opositores a la pena
capital abogan por una prisión perpetua sin posibilidad de libertad
condicional combinada con una indemnización a los familiares de las
víctimas. Cuando en las encuestas se ofrece esta opción, el apoyo de los
estadounidenses a la pena de muerte cae a un 41%.

Si la pena de muerte fuera finalmente abolida ello oeurrirá menos por
compasión o por motivos idelógicos que por una atenta evaluación de los
costos y beneficios que persuada a una mayoría pragmática de que la
seguridad pública será mejor servida por sentencias alternativas, menos
costosas y más efectivas para desalentar los crímenes graves. (FIN/COPYRIGHT
IPS)

(*) Mark Sommer, fundador del Mainstream Media Project, dirige el programa
radial A World of Possibilities ( www.aworldofpossibilities.com).