General

¿Quién controla el agua?

Jul 20 2006

Por Marcela Valente

CÓRDOBA, Argentina, 19 jul (IPS) – Movimientos sociales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, que trabajaron arduamente para recuperar servicios de agua privatizados en la década de 1990, se reunieron en esta ciudad argentina para intercambiar experiencias y definir pasos ahora que algunas corporaciones se retiran de la región.

«El gran desafío, quizás mayor incluso que el que tuvimos en la lucha para recuperar las empresas de agua privatizadas, es la construcción de una gestión alternativa de este recurso que sea pública y participativa», dijo a IPS el portavoz de la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida de Bolivia, Oscar Olivera.

En Bolivia, el movimiento contra la privatización de servicios de agua potable y saneamiento lleva años y tuvo incluso cinco víctimas fatales en movilizaciones callejeras en La Paz y El Alto en las que participaron 500.000 personas. En 2000, los residentes se resistieron a aumentos de tarifas de hasta 300 por ciento. La cuenta del agua equivalía a 20 por ciento del ingreso familiar.

Ahora, la corporación francesa Suez-Lyonnaise des Eaux –con un contrato de concesión por 40 años desde 1999– está en proceso de retirada y Bolivia tiene un Ministerio del Agua además de una organización social dispuesta a participar en la administración de ese recurso. «El gobierno de Evo Morales debió cumplir el mandato y creó el ministerio», explicó Olivera.

En el marco de la XXV Reunión Cumbre del Mercosur (Mercado Común del Sur) este jueves y el viernes en la capital de la provincia de Córdoba –800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires–, organizaciones de la sociedad civil de la región asisten a la Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración que culmina este jueves con una marcha callejera.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela son miembros del Mercosur.

En ese ámbito, la Comisión Popular por la Recuperación del Agua de Córdoba, formada por organizaciones sociales y sindicales y partidos políticos, convocó a entidades sudamericanas que trabajaron por la recuperación del agua en varios países a debatir el fracaso de la privatización del sector y los modelos de gestión pública.

En el último año, Suez se retiró, o está en proceso de hacerlo, de la explotación de servicios de agua en Argentina, Bolivia y Uruguay, que habían sido privatizados en los años 90.

Para exponer la experiencia del manejo gubernamental habló Dieter Warshof, de la Asociación de Empresas Municipales de Agua y Cloacas de Brasil, que representa a unas 1.500 firmas gestionadas por las comunas brasileñas, muchas de ellas con participación de organizaciones sociales.

Pero la preocupación recurrente de los participantes es construir un «nuevo» modelo de manejo del recurso hídrico. «Hemos sido eficientes para ir contra las empresas privatizadas, pero no para proponer un modelo alternativo», sostuvo el argentino Alberto Muñoz, de la nororiental provincia de Santa Fe. En esto muchos coinciden.

Muñoz es miembro de Usuarios y Consumidores de Rosario, una organización que a su vez forma parte de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua en Santa Fe. «Necesitamos cambiar la idea de empresa estatal por la de empresa pública porque el Estado no siempre representa los intereses públicos», alertó.

«Tenemos que involucrarnos», exhortó este activista que en su provincia lideró el proceso contra la privatización de la empresa estatal de agua, controlada por Suez.

Anil Naidoo, coordinador de la campaña internacional Blue Planet Project (Proyecto Planeta Azul, con sede en Canadá), fue el único invitado no sudamericano. «En este proceso es importante no sustituir un imperio por otro, saber muy bien qué queremos hacer», remarcó.

En diálogo con IPS, Naidoo sostuvo que América del Sur es en este momento «el corazón del movimiento por el derecho humano al agua» y aseguró que «es en esta región donde se están gestando nuevas ideas sobre cómo manejar el recurso». «El movimiento es fuerte y por eso queremos apoyarlo», dijo con entusiasmo.

El sindicalista Luis Bazán, que coordina la comisión popular de Córdoba para la reestatización del agua, subrayó la oportunidad del encuentro. «Queremos articular una misma política sobre el manejo del agua en el Mercosur, para que sea considerada un bien público y un derecho esencial», dijo a IPS.

«Vamos a pedir a los presidentes que esto se institucionalice, porque en algunos países las empresas privadas se están retirando por la persistencia de los movimientos sociales, pero hay casos aún contradictorios como el de Argentina», señaló.

El presidente argentino Néstor Kirchner resolvió rescindir este año el contrato con Suez de concesión del servicio de agua y saneamiento en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores y crear una nueva compañía pública. En la provincia de Santa Fe ocurrió algo similar.

Muñoz recordó que Suez, que iba a usufructuar el negocio por 30 años, se quedó sólo 10. Los incumplimientos de contrato, los aumentos injustificados de tarifas y la mala calidad del servicio forzaron su retiro a comienzos de este año, de modo similar a lo ocurrido en otros países.

Por presión de la asamblea que se formó en Santa Fe, el gobierno impulsó la salida de Suez. Ahora, Aguas de Santa Fe es 50 por ciento del Estado provincial, 40 por ciento de los municipios, y 10 por ciento de los sindicatos.

«Es una transición, no es lo que queremos. Pero al menos logramos derrotar a la empresa privatizada que era totalmente ineficiente. Para nosotros, esto es como la etapa final de la era de la privatización, pero queremos una mayor participación de universidades y organizaciones sociales en el control de la empresa», dijo.

En cambio, en Córdoba el movimiento de resistencia logró que Suez anunciara su retiro este año, pero no consigue que el gobierno provincial acepte asumir el control del servicio. La administración ofreció transferir las acciones a otra empresa privada, de capital nacional, y la comisión popular impugnó ese acto ante la justicia.

«El contrato impide que el operador técnico transfiera las acciones a otra empresa», advirtió Bazán, y en eso se basó su presentación judicial. Mientras el conflicto se dirime en la justicia, el movimiento analiza qué camino seguir. De momento, observa las experiencias en la región y sabe qué es lo que no quiere.

La participación de sindicatos en la gestión del agua es vetada por casi todas las organizaciones que se resistieron la privatización. «Defienden intereses corporativos, cuando no directamente los de las empresas privadas», se quejó el boliviano. Todos coinciden en que una nueva compañía pública debe partir de la idea de considerar al agua como un bien social, y no una mercancía y su acceso un derecho humano básico. Imaginan subsidios cruzados para que paguen más los que más tienen, y que se prohíba cortar el servicio por falta de pago.

«El presidente Kirchner reestatizó la empresa Aguas Argentinas y creó Agua y Saneamiento S.A., pero detectamos que la nueva empresa estatal también corta el servicio cuando no se paga, y eso no es lo que queremos», distinguió en el plenario un activista que llegó a Córdoba desde Buenos Aires.

Otro participante, de la sudoccidental provincia de Río Negro, recordó que en su distrito el servicio de agua nunca se privatizó, pero se entregó parcialmente el manejo de la empresa a compañías privadas. «La vaciaron y no hicieron nada bueno», dijo.

En Uruguay, un plebiscito en 2004 habilitó la reforma de la Constitución para declarar el agua como bien público y prohibir la privatización de servicios de distribución y saneamiento.

Poco después cayeron las concesiones a las firmas Aguas de la Costa, de la española Aguas de Barcelona (filial de Suez) y Uragua, subsidiaria de la también española Aguas de Bilbao, que controlaban el servicio en el sudoriental departamento de Maldonado.

Sin embargo, Sebastián Valdomir, de la ecologista Redes Amigos de la Tierra –miembro de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida en Uruguay– dijo a IPS que las empresas acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencia de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para conseguir resarcimientos.

«Debemos iniciar una campaña regional de denuncia de esta estrategia de las empresas. El agua no puede estar sujeta a lo que opina el CIADI», dijo.

Finalmente, Olivera, de Bolivia, consideró que aun cuando hubiera voluntad de los nuevos gobiernos sudamericanos de avanzar en la reestatización, queda mucho por hacer. En su país se están elaborando propuestas para llevar a la Asamblea Constituyente a fin de generar espacios de participación.

«Hay que desprivatizar la política ahora, terminar con el monopolio de la palabra que tienen los dirigentes y empezar a escuchar qué es lo que quiere la gente», recomendó.

(FIN/2006)