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LA REESTATIZACIÓN DE LA VALE DO RIO DOCE

Ago 21 2006

Hamilton Octavio de Souza (Brasil de Fato)

Entidades de la sociedad civil y movimientos sociales están realizando una amplia campaña en todo Brasil en defensa de la reestatización de la Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), que es la mayor empresa minera del mundo y que fue privatizada en 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), por el insignificante valor de 3,4 mil millones de reales.

¿Qué justifica esa campaña ahora, en periodo pre-electoral, años después de la privatización? En verdad, la privatización de la CVRD nunca fue debidamente debatida con la sociedad brasileña, su proceso fue fulminante y su retirada del control público ha demandado un análisis más cuidadoso, especialmente sobre los efectos negativos de la privatización en el desarrollo del País.

Además de eso, una decisión sorprendente del Tribunal Federal de Recursos dio proseguimiento a la acción popular de anulación del remate de privatización realizado en el gobierno FHC. Uno de los motivos para esa anulación es la disparidad existente entre el valor pagado por la empresa en el remate (R$3,4 mil millones) y el valor estimado del patrimonio líquido de la CVRD, de aproximadamente R$40 mil millones.

Otra irregularidad en el proceso de privatización fue la participación de la correctora Merril Linch, de Estados Unidos, que hizo la evaluación de la empresa estatal para el remate y después se convirtió en una de las accionistas de la empresa privatizada –lo que es ilegal e inmoral. Sin contar que se trató también de una actuación fraudulenta, ya que favoreció a los nuevos dueños y causó grandes perjuicios a la Unión y al pueblo brasileño.

Tampoco se sabe hasta ahora quiénes son los verdaderos propietarios de la CVRD, pues el Bradesco asumió la compraventa de la empresa e hizo el pago, pero existen indicios de que los dueños son empresas norteamericanas, inclusive el Nation Bank, de Estados Unidos. Eso es fundamental, ya que la empresa posee informaciones y derechos sobre las principales reservas minerales de Brasil, lo que hace de la privatización inconstitucional.

Cuando fue privatizada, la Companhia Vale do Rio Doce reunía 54 empresas en varias áreas de actividades, tenía miles de empleados, invertía millones de reales por año en el país, atraía para Brasil millones de dólares con sus exportaciones, contribuía con incontables proyectos ambientales y sociales– era, en verdad, un importante instrumento de desarrollo en las manos del Estado para beneficiar al pueblo brasileño. Privatizada, la CVRD ya no tiene esos compromisos con Brasil.

La campaña de reestatización busca concientizar a las personas sobre la importancia de la recuperación de la CVRD para el patrimonio nacional. Para eso, las entidades y movimientos sociales están organizando comités populares, promoviendo debates y produciendo materiales informativos. Mayor información puede ser obtenida en las páginas web de la Caritas Brasileña, CNBB-Norte-2, MST y en muchos otros enlaces. Sea parte de la campaña «LA VALE ES DEL PUEBLO». Participe.

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LA IMPORTANCIA DE LA VALE DO RIO DOCE
Maria da Conceição Tavares
Artículo publicado en el Correo Brasililiense en 06/03/97, antes de la privatización.

De todos los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar la venta de la Vale no existe uno solo que tenga un mínimo de consistencia técnica, económica o social. O son manifestaciones abstractas de fundamentalismo ideológico, del tipo «es preciso concluir el proceso de reforma del Estado», «la presencia del Estado en actividades empresariales es cosa del pasado», «es necesario señalar para los inversores externos el firme compromiso del país con la privatización» y otras joyas del pensamiento neoliberal; o son falsificaciones primarias de la realidad, como «reducir el stock de la deuda pública», «disminuir el déficit fiscal», «liberar recursos y capacidad gerencial para el área social», y otras invenciones similares. Para situar la discusi&o acute;n en un plan más serio, es conveniente recordar que la Vale es uno de los pocos sistemas ‘globales’ que el país posee, con capacidad autónoma de atraer inversiones y financiaciones externas, de realizar asociaciones estratégicas y de mantener una inserción competitiva en un mercado internacional altamente oligopolizado. Son más de 60 empresas nacionales e internacionales articuladas en un enorme complejo que opera en 10 estados brasileños, tiene clientes en más de 30 países y es al mismo tiempo el mayor exportador del país (cerca de US$ 1,5 mil millones en 1995) y el mayor exportador mundial de mineral de hierro. Además de producir, beneficiar y transportar más de 100 millones de toneladas de mineral, la Vale actúa en la explotación de oro, cobre, caolín, bauxita, alúmina y aluminio, madera, papel, celulosa, fertilizantes, acero y barras.

Sus reservas constituyen un gigantesco patrimonio del país: son 41,5 mil millones de toneladas de mineral de hierro, 678 millones de toneladas de bauxita 994 millones de toneladas de cobre, 72 millones de toneladas de manganeso y 250 toneladas de oro, las cuales se agregan casi 600 mil hectáreas de florestas comerciales. Aunque la producción, pulimento y transporte de mineral constituya el núcleo central de sus operaciones, la Vale es más que una empresa minera.

En realidad, el desarrollo de sus actividades configuró, a lo largo del tiempo, un verdadero sistema logístico, integrado vertical y horizontalmente cuya sinergia entre sus componentes es determinante de dos aspectos básicos: la eficiencia del complejo productor-exportador y la potenciación productiva y articulación espacial de las áreas comprendidas por sus actividades, que se traduce en la elevación de la eficiencia sistemática del espacio físico ocupado. Estas características de la Vale –su dimensión económica, su capacidad de inserción competitiva en el mercado global y su importancia como vector de dinamización económica e integración productiva nacional– es la que la hacen una herramienta fundamental para la planificación estratégica del desarr ollo brasileño.

En este sentido, privatizar o, como todo indica, desnacionalizar la Vale no significa solamente desmembrar un complejo altamente productivo y eficiente que no cuesta un centavo al Tesoro Nacional, o, alternativamente, transferir para el capital externo, a precios ‘promocionales’, un gigantesco patrimonio de la Nación construido a lo largo de más de cinco décadas. Significa básicamente entregar un instrumento esencial para compatibilizar, como ocurrió en las experiencias europeas y asiáticas exitosas, el proceso de inserción internacional con la integración productiva nacional, dentro de una planificación estratégica que contemple una visión sistemática y holística de desarrollo sustentable. Las reglas de la competencia cambiaron: el mercado se globalizó; la producción es cada vez m ás oligopolizada; las grandes decisiones de producción e inversión responden a una política global de las empresas transnacionales, definida por sus matrices y amparadas por los intereses estratégicos de las potencias dominantes, en particular, de la potencia hegemónica; no es el número de empresas pero su fuerza lo que caracteriza la competencia en el proceso de globalización productiva. Dentro de este cuadro, desmontar lo que resta de capacidad autónoma de decisión política-económica del estado brasileño y pretender dejar a merced del mercado y del capital externo el destino del país y de instrumentos estratégicos como la Vale es de una irresponsabilidad social que llega al límite del absurdo. En vez de manipular la opinión pública con argumentos mistificadores, ¿por qué el Gobierno (de Fernando Henrique Cardoso) no propone ! mecanismos de fortalecimiento de la gestión pública, de la capacidad de decisión estratégica y de intensificación de la actuación internacional de la Vale? Seguramente esto rendiría al Gobierno mucho más que los 5 mil millones de reales que pretende obtener a cambio del 51% de su participación como accionista en la empresa. Ese monto, incluso, corresponde a menos de dos meses de los gastos federales con los intereses de la deuda interna, cuya explosión es consecuencia directa de la política económica de la actual administración. El país y las futuras generaciones no tienen por qué ser víctimas de dogmatismos ideológicos que en nada están relacionados con nuestra realidad; tampoco tienen que hacerse cargo de los costos de esquemas de poder cuyos compromisos externos vinculados a su permanencia y extensión en el tiempo involucren la de! strucción y entrega de un patrimonio que pertenece a toda la s ociedad brasileña.