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Hambre, la vergüenza del mundo

Oct 20 2006

Por Thalif Deen

NACIONES UNIDAS, oct (IPS) – La comunidad internacional está violando el derecho a la alimentación, una de las garantías básicas de la humanidad, pues el hambre sigue afectando a grandes poblaciones de Asia y África, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«A pesar de las promesas de erradicar el hambre, pocos progresos se han logrado en la reducción del número de sus víctimas», dijo Jean Ziegler, relator especial para el derecho a la alimentación y autor del informe.

Más de 852 millones de personas –cerca de 13 por ciento de la población mundial– no tienen suficiente comida diaria para mantener una vida sana, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con sede en Roma.

De esa cantidad, cerca de 815 millones viven en países en desarrollo, 28 millones en las llamadas naciones «en transición» de Europa oriental y de la disuelta Unión Soviética, y cerca de nueve millones en el mundo industrializado.

«Es una vergüenza para la humanidad que en el mundo, ahora más rico que nunca, seis millones de menores mueran antes de alcanzar cinco años de edad debido a la desnutrición y enfermedades conexas», dijo Ziegler.

El estudio, presentado ante la actual 61 sesión de la Asamblea General, subraya que la mayoría de los hambrientos viven en Asia y en África, 80 por ciento de ellos en áreas rurales y dependientes de la agricultura y el pastoreo.

«Ellos pasan hambre porque no hay suficiente trabajo o acceso a recursos productivos como el agua para alimentar a sus familias», dijo el experto.

En una declaración difundida el lunes para conmemorar simultáneamente el Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre) y el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza (el martes 17), el secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que el mundo cuenta con los recursos y el conocimiento para eliminar el hambre. «Lo que necesitamos es voluntad política y determinación», aseveró.

Annan añadió que una década después de que los líderes del mundo prometieron en la Cumbre Mundial de la Alimentación reducir a la mitad la cantidad de desnutridos crónicos en 2015, «ese número en realidad ha crecido».

El estudio de Ziegler recuerda que todos los seres humanos tienen derecho a vivir dignamente y libres de hambre. «El derecho a la alimentación es un derecho humano», subrayó.

El relator también criticó la «inaceptable falta de financiamiento» de programas de la ONU, especialmente en la región occidental sudanesa de Darfur, en el Sahel (una región al sur del desierto del Sahara que comprende a Mauritania, Senegal, Malí, Guinea, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Camerún, Chad y Sudán) y en el oriental Cuerno de África (Djibouti, Etiopía, Eritrea, Somalia y partes de Kenia).

Fuera de África, el hambre y la escasez de alimentos también están afectando a países como Afganistán y Corea del Norte.

«Todos los gobiernos tienen responsabilidad en la respuesta a los llamados de urgencia de la ONU ante crisis de alimentos», recordó Ziegler.

Frederic Mousseau, consultor de seguridad alimentaria de organizaciones socorristas internacionales, como Médicos Sin Fronteras y Acción Contra el Hambre, dijo que las convenciones de Ginebra, que rigen el tratamiento de prisioneros de guerra, establecen que millones de personas desplazadas en Darfur deben recibir alimentación adecuada y ayuda.

«La comunidad internacional tiene la obligación legal de brindar ayuda de emergencia en tal situación. Desafortunadamente, esta forma de asistencia tiene generalmente pocos recursos económicos en la mayoría de las zonas en conflicto», dijo Mousseau a IPS.

Es frecuente que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU deba cortar las raciones de alimentos a la mitad o posponer su distribución por falta de recursos, agregó.

«Esto es inaceptable, porque la gente que ha perdido su tierra o su empleo no tiene otra opción que la asistencia externa para sobrevivir», dijo Mousseau, coautor del nuevo informe «Sahel: ¿prisionero de la hambruna?», publicado por el no gubernamental Oakland Institute, con sede en la occidental ciudad estadounidense de San Francisco.

En los casos del Sahel y del Cuerno de África, donde –a excepción de Somalia– no hay países en guerra, el problema es mucho más amplio.

Por una parte, la ayuda de emergencia está desfinanciada. La demora de ocho meses que se tomaron los países donantes durante la crisis alimentaria de Níger en 2005 provocó la hambruna de 3,6 millones de personas, dijo Mousseau.

«Pero es más importante que examinemos los factores que conducen a semejantes crisis alimentarias», estimó.

Una de las razones fundamentales es la ausencia de políticas encaminadas a suministrar apoyo para el desarrollo rural y la pequeña agricultura, que aseguren a largo plazo la existencia de alimentos.

Las agencias financieras internacionales y los países donantes han impedido a muchos países aplicar políticas económicas y comerciales destinadas a apoyar a los productores locales y sus mercados, lo que hubiera impedido la indigencia y el hambre, sostuvo Mousseau.

En su estudio, Ziegler señala que el «dumping», la competencia desleal que implica la superproducción de alimentos a bajos precios en el mundo rico, «no debe permitirse cuando causa la pérdida del sustento, especialmente en países en los que la mayor parte de la población aún depende de la agricultura para asegurarse su derecho al alimento».

La directora ejecutiva del Oakland Institute, Anuradha Mittal, dijo que con sus subvenciones intactas, Estados Unidos inunda de alimentos baratos y subsidiados a las naciones en desarrollo, destrozando la producción de los pequeños agricultores de esos países.

México, por ejemplo, ha cultivado maíz durante 10.000 años. Pero en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se suponía igualaría el terreno de la competencia comercial, abrió sus mercados a las importaciones de su vecino Estados Unidos, incluyendo el maíz.

«Los agricultores mexicanos, la mayoría al frente de pequeños predios familiares, no pudieron competir contra los gigantes productores de maíz de Estados Unidos», dijo Mittal a IPS. Esos grandes plantadores son el sector destinatario de la mayor parte de los subsidios gubernamentales estadounidenses, unos 10.000 millones de dólares, equivalentes a 10 veces el presupuesto agrario total de México en 2000.

No sorprende entonces que las exportaciones de maíz estadounidense a México se hayan triplicado y constituyan casi un tercio del mercado interno mexicano, llevando a una aguda crisis al sector maicero local.

El dumping del maíz subsidiado estadounidense en México ha reducido el precio real del maíz mexicano en más de 70 por ciento, añadió Mittal.

Como resultado, millones de granjeros pobres abandonaron sus predios.

En 1997, 47 por ciento de la población mexicana estaba vinculada a la agricultura, según cifras de la FAO. Para 2010, esa proporción habrá caído a 18 por ciento.

Diez años atrás, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, 186 jefes de Estado y de gobierno postularon su meta de reducir la cantidad de hambrientos (815 millones) a la mitad para 2015. Hoy, la FAO estima que los afectados son 852 millones, recordó Mittal.

«En la medida en que el hambre no sea vista como una masacre silenciosa, causante de la muerte de millones de personas cada año, hasta que no sea vista como una violación a los derechos humanos, no lograremos ponerle freno», opinó.

Como expone el nuevo estudio del Oakland Institute, el derecho a la alimentación y a estar libre del hambre no es un concepto nuevo en el ordenamiento internacional. Ha sido reconocido y reafirmado en varios documentos y compromisos de derechos humanos.

Sin embargo, es muy importante señalar las pautas emitidas por la FAO en 2004, en las que se reconoce que las condiciones internacionales, como el libre comercio y las políticas de ajuste estructural, pueden influir gravemente en la capacidad de las naciones para asegurar el derecho ciudadano a la alimentación, añadió Mittal.

Por ejemplo, la capacidad de Níger de luchar contra la inseguridad alimentaria estuvo y está amenazada por la liberalización del comercio agrícola, la privatización de agencias y servicios agrarios del Estado y la reducción de los aranceles de importación y exportación.

Todas estas medidas han sido impuestas por agencias financieras multilaterales, especialmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y por compromisos asumidos ante la Organización Mundial del Comercio, entre otros pactos comerciales, dijo Mittal.