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PENA DE MUERTE: UN CRIMEN DE ESTADO

Oct 23 2006

Por Piers Bannister (*)

LONDRES, Oct (IPS) – Un hombre está siendo juzgado en un tribunal
acusado de homicidio. Como no entiende el idioma en que se está
realizando el juicio y no tiene abogado defensor ignora que ha sido
sentenciado a la pena de muerte.

Transcurrido algún tiempo en prisión pudo hablar por teléfono con su
hermano y le dijo que todo iba bien. Unas pocas horas después fue
conducido desde su celda a una plaza pública donde fue decapitado.
Esta no es una historia de ficción sino real, ya que le sucedió a un
somalí en Arabia Saudí en 2005. Se trata de uno de muchos ejemplos de
la inaceptable práctica de la pena de muerte.

En los pocos países en los que aún se mantiene, la pena de muerte es
arbitraria y se aplica desproporcionadamente contra minorías étnicas u
otros sectores desfavorecidos de la sociedad. Es sentenciada después
de juicios injustos, contra personas inocentes o mentalmente enfermas
o infractores menores de edad. En resumen, el modo en que es aplicada
la pena de muerte constituye una negación de la justicia.

Los gobiernos de Singapur, China, Estados Unidos, Irán y algunos otros
están convencidos de que la pena de muerte sirve para controlar los
crímenes. Amnistía Internacional niega firmemente que eso sea cierto.
Está probado que no tiene un especial efecto disuasivo e incluso en el
supuesto de que las ejecuciones sirvieran para prevenir los crímenes,
hasta los más ardientes partidarios de la pena de muerte deberían
estar descontentos con el modo en que es administrada, presumiéndose
que sean partidarios de juicios justos, de igualdad ante la ley y de
la garantía del debido proceso.

La pena de muerte es una herramienta para los políticos que quieren
presentarse como quienes encaran seriamente el problema de los altos
índices de criminalidad o que buscan infundir miedo en el pueblo.
Como dijo una vez un importante político estadounidense: “¿Qué vamos a
usar para controlar a nuestra gente si no tenemos la pena de muerte
para intimidarla?”

Después de 16 años de trabajar contra la pena de muerte, no conozco un
solo país en el que las normas y procedimientos relativos a la pena
capital sean compatibles con las salvaguardias para la administración
de justicia establecidas por las Naciones Unidas.

Los 23 países que llevaron a cabo ejecuciones en 2005 lo hicieron de
un modo en el que se menospreció a la justicia.

En Estados Unidos, la evidencia de la predisposición racial en el uso
de la pena de muerte es abrumadora, particularmente cuando se toma en
cuenta la raza de la supuesta víctima. Los afroamericanos y los
blancos son víctimas de homicidios en números casi iguales, pero desde
1976 el 80% de los ejecutados fueron condenados por el homicidio de
una persona blanca y sólo el 14% por el asesinato de afroamericanos.
Además, el número de condenas injustas que son regularmente anuladas
por las cortes de Estados Unidos prueba que el sistema judicial de
este país tiene serios defectos. Y un estudio de la Northwestern
School of Law ha documentado que 38 personas inocentes han sido
ejecutadas en Estados Unidos desde 1973.

En China, muchos son ejecutados después de haber confesado mientras
eran sometidos a torturas. Teng Xingshan fue ejecutado luego de
confesar que había asesinado a su esposa, aunque luego se retractó
afirmando que había sido torturado para obligarlo a confesar. Sin
embargo, Teng Xingshan fue ejecutado en 1987. Dieciséis años después
su esposa reapareció viva y en buena salud.

Irán es uno de los dos únicos países que ejecuta a personas que eran
menores de 18 años en el momento del crimen. Ello constituye una
violación de la ley internacional. En 2004, por ejemplo, una joven de
16 años, Atefeh Rajaba, de quien se cree que estaba mentalmente
enferma, fue ahorcada públicamente en Neka, provincia norteña de Irán,
“por actos incompatibles con la castidad.”

A causa de esos potenciales abusos y equivocaciones, la mayoría de los
gobiernos ha elegido abandonar la forma de justicia del “ojo por ojo”
y adoptar políticas penales más progresistas. En todo el planeta el
uso de la pena de muerte se está haciendo cada vez más raro: 129
países la han abolido en sus leyes o prácticas y sólo 23 la mantienen.
El movimiento hacia la completa eliminación de la pena capital es incesante.

El mundo está dándose cuenta de que la pena de muerte es un acto de
barbarie que degrada a cualquier sociedad que la practica. Como medida
de control de la criminalidad es inefectiva. De hecho, muchos de los
países que recurren a la pena capital soportan más altas tasas de
violencia que muchas otras naciones que no la utilizan.

Muchos políticos han respaldado la vigencia de los derechos humanos al
abolir la pena de muerte. Lamentablemente a muchos otros les ha
faltado ese coraje y la frase “no estamos prontos para abandonar la
pena de muerte” es escuchada demasiado a menudo. (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Piers Bannister es el experto sobre la pena de muerte de Amnistía
Internacional.