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Políticas migratorias narcotizadas

Oct 31 2006

Por Diana Cariboni

MONTEVIDEO, oct (IPS) – Estados como el de México y el de Colombia están narcotizados por las mafias que paralizan su capacidad de acción ante delitos transnacionales como el tráfico humano y la trata de personas, opinó un especialista ecuatoriano.

Si bien en Colombia y en México la producción y tráfico de drogas tienen un gran peso, «es un error querer ‘narcotizar’ todos los delitos transnacionales», dijo a IPS el sociólogo Fredy Rivera, profesor de posgrado de relaciones internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en Ecuador.

La transnacionalización del delito no es sólo acción de agentes locales. Las mafias colombianas y mexicanas tienen vínculos con las de Rusia y las de Italia, y se trafica de todo, desde drogas, órganos humanos y personas hasta «isótopos radiactivos», ejemplificó Rivera, participante del foro «La cara oculta de las migraciones. ¿Esclavitud del siglo XXI?», celebrado este lunes en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

En su país, Ecuador, no hay plantaciones ilegales ni guerrillas, pero sí un intenso flujo de emigrantes y de refugiados colombianos, así como tráfico y trata de personas, sostuvo.

Ante ello, lo más fácil es «juntar todo en una única estrategia de seguridad, como perros y gatos en una misma bolsa», según propone Estados Unidos, dijo a IPS el especialista.

La «agenda de seguridad cooperativa» de Washington apela a acuerdos de carácter militar con otros gobiernos sobre estos asuntos, cuya firma conlleva beneficios en terrenos como la cooperación internacional y el comercio, limitando la autonomía nacional en política exterior, arguyó.

Así, la guardia costera estadounidense patrulla casi hasta las cercanías de Chile en aguas internacionales del océano Pacífico, en una política de «intercepción, abordaje y hundimiento» de embarcaciones sobre las que se sospecha pueden llevar un cargamento de drogas, por ejemplo, aseveró.

«Se actúa sobre la sospecha, pero muchos barcos hundidos sólo llevan emigrantes» que viajan hasta América Central para pasar desde allí a México y luego a Estados Unidos. De esas acciones se sabe muy poco por los medios de comunicación, aseveró.

Los ahogados en esas acciones, o los muertos en el desierto de California, en el sudoeste de Estados Unidos, o en otros cruces peligrosos de la frontera de ese país con México, o quienes mueren al tratar de atravesar el mar Mediterráneo para llegar a España son los «daños colaterales» de las políticas migratorias internacionales, de los que nadie se hace cargo, sostuvo Rivera.

El especialista sugirió discutir un sistema internacional de rendición de cuentas de las medidas que toman estados, parlamentos y sistemas judiciales y que conducen a esas muertes o a otros padecimientos de los emigrantes. Para esa población afectada debería haber inclusive un «régimen de reparaciones», arguyó.

Rivera expuso en el foro realizado por la misión en Uruguay de la Organización Internacional para las Migraciones y por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura uruguayo en el panel «América Latina: situación actual de las migraciones irregulares, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes».

Ecuador, con 12,5 millones de habitantes, expulsó desde 2000 un promedio anual de cuatro por ciento de su población a varios destinos, como Estados Unidos y Europa. Pero es además el principal receptor de refugiados colombianos, que huyen de la guerra interna de su país. En 2000, Ecuador recibió unas 400 solicitudes de asilo, en 2003 eran 12.000 y en lo que va de este año se han presentado unas 4.000, según Rivera.

El Estado ecuatoriano niega 45 por ciento de las solicitudes. Los rechazados quedan en un limbo, no son expulsados, tampoco indocumentados, pero no tienen derecho a la protección del asilo.

Ecuador ha firmado y ratificado todos los instrumentos internacionales vinculados a estos temas, lo cual explica la preferencia de los colombianos que huyen. Pero ese país «no es Noruega», y la consecuencia es «mucha gente pobre» que compite por los escasos recursos del Estado con «otra gente pobre», dijo Rivera

Tres problemas se vinculan a la situación de «irregularidad» de muchos migrantes: la seguridad nacional, los derechos humanos y las crecientes migraciones.

Cuando la seguridad nacional define las políticas migratorias se vulneran figuras de protección, como el refugio y el asilo. Además, se crean tensiones bilaterales como las que existen entre México y Estados Unidos, entre Colombia y Ecuador, o entre Nicaragua y Costa Rica por el flujo de personas de los primeros a los segundos, respectivamente.

Un factor que juega en contra de la identificación y correcto tratamiento de los delitos vinculados a las migraciones es su invisibilidad para las autoridades y las leyes nacionales.

«La trata de personas no es nada nuevo, pero está en aumento y no afecta solamente a mujeres y niñas», dijo la dominicana Francisca Ferreira, del no gubernamental Centro de Orientación e Investigación, que trabaja con sobrevivientes de este delito.

Hay países de mayor vulnerabilidad, como Brasil, México y República Dominicana. «Pero inclusive en Cuba existe este delito», dijo Ferreira, coordinadora de la Red Caribeña y Latinoamericana contra la Trata de Personas, fundada en abril de este año.

La trata no es necesariamente un delito internacional y se vincula a cuestiones culturales. «La niña que viene del campo a la ciudad para tener casa y comida, pero termina explotada, trabajando largas jornadas, sin derecho a ir a la escuela y sin recibir paga» es un caso de trata, dijo Ferreira.

«Podemos tener trata de persona en nuestra propia casa y no haberlo notado», añadió con sonrisa irónica.

La trata implica «explotación sexual o laboral, coacción y abuso». No debe confundirse con el tráfico humano, pues es un delito contra las personas y no contra los Estados, como el segundo.

La prostitución forzada, la explotación laboral, los matrimonios serviles, la mendicidad, la adopción ilegal y la esclavitud son diferentes formas de trata.

Uno de los objetivos de la Red es acabar con la impunidad de los traficantes, que «se lucran de un negocio muy jugoso, el segundo después del narcotráfico» y que se confunde muy fácilmente con fenómenos como la migración o la prostitución voluntaria, dijo Ferreira.