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POR UNA MORATORIA MUNDIAL DE LA PENA DE MUERTE

Jul 31 2007

Por Fátima Aburto (*)

MADRID, Jul (IPS) Por fortuna para la humanidad, la pena de muerte está
siendo desterrada del mundo. Las ejecuciones decrecieron un 25% entre 2005 y 2006 y los países que aún la aplican van quedando cada vez más aislados. De
hecho, entre 1977 y 2006 el número de países abolicionistas pasó de 16 a 89,
pero si se incluyen los que en la práctica no la han aplicado en los últimos
diez años el total llega a 129 países libres de esa lacra. En realidad, el
90% de las ejecuciones en el mundo se llevan a cabo en solo seis países:
China, Irán, Pakistán, Iraq, Sudán y Estados Unidos.

En los últimos tiempos se han dado impulsos importantes: el 26 de abril de
2007 el Parlamento Europeo adoptó una resolución instando a una moratoria
mundial sobre la pena de muerte y el 14 de marzo el alto representante para
Asuntos Exteriores de la Unión Europea encargó la preparación de una
resolución instando a la moratoria mundial de la pena de muerte para
presentarla en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados de España aprobó en pleno, y de
forma unánime, una moción solicitando que se introduzca la moratoria de la
pena de muerte, de manera universal, en la próxima Asamblea de las Naciones
Unidas.

Es cierto que una moratoria no es igual que la abolición, pero da la
oportunidad de demostrar lo que es una evidencia: la pena de muerte no
disminuye la criminalidad, por el contrario fomenta los sentimientos de
venganza y violencia. La moratoria proporciona la ocasión de demostrarlo y
de sentirse libre de ser el causante, aunque sea de forma derivada, de la
muerte de un ser humano. ¿Y por qué tanto esfuerzo en abolir la pena de muerte?

En primer lugar es preciso recordar que el derecho a la vida se incluye en
los derechos humanos y no pertenece por tanto a la soberanía de los Estados.
Esa evocación a la soberanía ha sido la razón por la que en otras ocasiones
se ha rechazado la moratoria en la Asamblea de la ONU, pero, evidentemente,
es un argumento deleznable porque los derechos humanos son universales e
inalienables y la vida es el comienzo de ellos. Por ello, los tribunales
internacionales jamás aplican la pena de muerte.

Además, la pena de muerte conculca la dignidad humana, porque no hay ninguna
forma humanitaria de llevarla a cabo. Conculca, por tanto, la dignidad de la
persona ajusticiada, pero también la de los ejecutores (¡a veces
sanitarios!), la de los testigos y la de toda la sociedad que apoya ese
indigno, inútil e irrevocable castigo. Incluso atropella la dignidad de la
víctima o de sus familiares que esperan un supuesto alivio derivado de la
satisfacción de una venganza. Algo que, por supuesto, no sucede, puesto que
jamás la venganza puede disminuir el sufrimiento sino acaso aumentarlo.

Aún más, la pena de muerte supone una forma de tortura y trato inhumano que
el condenado experimenta durante su espera en las celdas de la muerte.

Por desgracia, aunque los conflictos bélicos están disminuyendo en el mundo
gracias al papel mediador de la ONU en gran parte, la violencia interna de
los países por razones étnicas, religiosas o de desigualdad, no disminuye
sino que por el contrario va en aumento. Toda medida que contribuya a
disminuir la violencia es bienvenida. Por ello, es deber de los políticos
ser pedagógicos, explicar que el castigo de muerte sólo conduce a una mayor
violencia y degradación social y hacerlo hasta que la propia ciudadanía
rechace el bárbaro castigo. Por otro lado, un criminal solo puede ser
disuadido si sabe que siempre y de manera inexorable se enfrentará con la
justicia para cumplir el castigo determinado por la ley. Pero nunca esa
disuasión dependerá del castigo, sino de la convicción de que ningún crimen
quedará impune.

En la actualidad, este esfuerzo pedagógico deberá multiplicarse porque el
terrorismo internacional, evidentemente ejercido para amedrentar a la gente,
además de cumplir su función, es también fácilmente manipulable por el poder
político y, de una u otra manera, la ciudadanía puede creer que un castigo
bárbaro como la pena de muerte puede mejorar la seguridad. Es una
apreciación, por supuesto, equivocada y es abominable que se juegue
políticamente con el miedo de la gente para despertar instintos de venganza
y crueldad. La lucha contra el terrorismo sólo puede ser efectiva en el
marco del total respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales, junto con la solidaridad con las víctimas.

Todos los esfuerzos para conseguir la abolición de la pena de muerte serán
siempre una obligación principal para un político que defienda los derechos
humanos, la vida, la dignidad de la persona y la desaparición de la tortura,
así como que ningún ser humano sea culpable de matar a otro, al menos de
forma legal. (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Fátima Aburto, portavoz socialista de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de Diputados de España