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Perú: Ley de la selva para vender Amazonía

Ene 28 2008

Luis Vittor

ALAI AMLATINA, 28/01/2008, Lima.- La expresión “ley de la selva” hace
referencia a una situación donde el más fuerte se impone, que llevado a
un contexto como el peruano podría hacer referencia a la imposición de
una apuesta ideológica en que se basa el poder político que gobierna el
país. El Ejecutivo ha propuesto al parlamento un proyecto de ley para
promover la inversión privada que de aprobarse pondría en venta las
tierras de la amazonía. Diversos sectores han manifestado su oposición a
la iniciativa al que han denominado la “ley de la selva”, suponemos por
la intención del gobierno por imponer su aprobación y el objetivo que
persigue al subastar la selva.

Hace un trimestre atrás, el presidente Alan García lanzó su propuesta de
poner en valor todos los recursos naturales que no utilizamos para
superar, lo que él llama, la filosofía del “perro del hortelano”. García
planteó que debía ponerse en valor la amazonía que tiene 63 millones de
hectáreas en las que podría hacerse forestación maderera sobre 8
millones de hectáreas, para lo cual proponía la necesidad de su
privatización que asegure la inversión y genere empleo. Aunque existe
una ley de promoción de la inversión privada en la reforestación y
agroforestería por el cual se puede entregar en concesión las tierras de
la amazonía, García insiste en la propuesta de otorgar en propiedad las
tierras.

Cuando García difundió sus ideas, un proyecto de ley que proponía
sustituir el “régimen de concesión” vigente por el de “venta”,
presentado a finales del 2006, se encontraba en agenda del Congreso de
la República. La legislación vigente (Ley 28852) establece que “el
Estado podrá adjudicar en concesión mediante subasta pública, tierras
forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas de su dominio” por un plazo
de 60 años, con compromiso de inversión y que no excedan las diez mil
hectáreas. La propuesta del Ejecutivo plantea sustituir la concesión por
el régimen de venta, adjudicación en propiedad y perpetuidad, con
compromiso de inversión y mediante subasta pública, las tierras
forestales sin cubierta boscosa y/o eriazas con capacidad de uso
forestal de dominio del Estado. Además, propone ampliar hasta 40 mil
hectáreas la extensión a adjudicarse.

La iniciativa tiene dos dictámenes contradictorios, a favor del régimen
de venta se ha pronunciado la Comisión Agraria, controlada por el
oficialismo al momento de su debate (abril, 2007), y a favor de la
vigencia del régimen de concesión lo ha hecho la Comisión de Economía
(octubre, 2007). La Comisión Permanente del Congreso de la República no
logró un consenso para su aprobación el pasado 23 de enero y ha
propuesto reiniciar su debate el próximo miércoles 30.

El dictamen de la Comisión de Economía, a diferencia de la Agraria,
recoge diversos puntos de vista en la que sustenta su posición de
mantener vigente el régimen de concesión. Por ejemplo, el Gobierno
Regional de Loreto, le expresó a la comisión que “al otorgarse derechos
de propiedad se plantea un incentivo perverso que pondría en riesgo la
situación del bosque natural y promovería su deforestación”; mientras
que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) le manifestó que “el
incentivo de otorgar propiedad puede ser contrario al deseado,
existiendo el riesgo de que el Estado promueva la deforestación de los
bosques primarios del país” y en el mismo sentido lo haría la Unión
Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) al
señalar que “otorgar la propiedad de los recursos forestales puede
generar incentivos negativos que originen el aumento en la deforestación
del bosque natural, que afecten la diversidad biológica”.

El dictamen añade que el proyecto de ley podría causar impactos
ambientales negativos como la “introducción de especies exóticas de
plantaciones homogéneas en el bosque amazónico”, que se caracteriza por
su diversidad, y que podría generar problemas sociales por la inversión
en grandes extensiones de tierras que afectarían a comunidades y
desplazar personas, o que un solo grupo podría acaparar las tierras
subastadas. La Comisión de Economía considera que, también, podría
generar incentivos perversos, pues se estaría otorgando un premio a
quien deforeste para lograr nuevos cultivos forestales y concluye su
análisis señalando que la alternativa de venta no resulta conveniente
para garantizar el desarrollo sostenible y proteger los recursos naturales.

El proyecto ha generado un debate en torno a los recursos naturales y
sectores políticos del parlamento la consideran inconstitucional, ya que
según la Constitución Política (Art. 66) los recursos naturales son
patrimonio de la Nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento y
sólo pueden ser otorgados en concesión a particulares. Además, la Ley
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales
(Art. 3) considera recursos naturales a todo componente de la
naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser humano para la
satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial
en el mercado, e identifica como tal el suelo y las tierras que por su
capacidad de uso mayor pueden mantener actividades forestales.

Según datos oficinales del Instituto Nacional de Recursos Naturales
(INRENA), se estima en 9.7 millones de hectáreas las tierras por
reforestar que podrían ser otorgadas en venta de aprobarse el proyecto
de ley. A la fecha no se cuenta con un catastro de tierras deforestadas
que señale cuales son y la ubicación exacta de las tierras a subastarse,
lo que agrega la incertidumbre al debate sobre los posibles impactos de
aprobarse la norma. Aún cuando se realice un catastro, llama la atención
la norma pues ni en el caso del sector minería, donde se realizaron
millonarias inversiones, se ha utilizado el incentivo de otorgar en
propiedad las tierras superficiales para el acceso y extracción de un
recurso del subsuelo. Parece que esta vez la obsesión de García por la
inversión esta llevando a exigir la aprobación de una iniciativa que
supera todo el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales, vía
concesión, establecido para otros sectores.

De la selva, sus voces

Tanto autoridades políticas y organizaciones sociales de la amazonía han
manifestados su oposición al proyecto de ley. El 24 de enero, en la
ciudad de Iquitos, el Frente Patriótico de Loreto realizó una marcha de
protesta en rechazo a la iniciativa del gobierno, ya que podría ser una
de las regiones más afectadas de aprobarse el proyecto. El presidente
regional de San Martín, César Villanueva, otra de las regiones
afectadas, ha calificado la ley de inaceptable. Por su parte el
congresista por Ucayali, Róger Nájar, ha manifestado que la oposición en
el parlamento cerraría filas para impedir que se apruebe la norma. Se
anuncia una reunión masiva de diversos sectores amazónicos para la
quincena próxima de febrero en la selva central con la finalidad de
analizar la iniciativa legal y definir estrategias para defender la
amazonía.

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