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La patria se lava las manos en Guantánamo

Jul 23 2008

Por Am Johal

VANCOUVER, 23 jul (IPS) – El canadiense Omar Khadr, hoy de 21 años, es el prisionero más joven en la cárcel que Estados Unidos administra en su base naval en la bahía de Guantánamo, Cuba. Tenía 15 años cuando fue trasladado allí. El gobierno de su país no hace nada por defenderlo.

Activistas canadienses destacan el caso de Australia y Gran Bretaña, aliados de Estados Unidos en su «guerra contra el terrorismo» que presionaron para que sus ciudadanos presos en Guantánamo por vínculos con la red extremista Al Qaeda sean procesados en sus países.

En cambio, del primer ministro de Canadá, el conservador Stephen Harper, no hizo nada por Khadr.

Harper ha sido categórico en su apoyo a las cortes marciales formadas por Estados Unidos para juzgar a los detenidos en su enclave naval en Cuba.

Fue infructuoso el llamado formulado esta semana por el ex jefe del gobierno canadiense Paul Martin, del Partido Liberal, para que Harper interceda por Khadr.

La difusión del registro en vídeo de un interrogatorio realizado en 2003 por el Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS, por sus siglas en inglés) vuelve a encender el debate sobre la responsabilidad de Canadá en la situación de este joven.

En el interrogatorio, difundido por orden de tribunales canadienses, el joven, entonces un niño, lloraba y pedía por su madre, y clamaba por que los funcionarios de su país lo asistieran.

La polémica no está libre de acusaciones de racismo y de doble discurso.

El vídeo pudo verse por televisión y por la red informática Internet. La divulgación del caso elevó el tono de las críticas contra el gobierno canadiense por instigar violaciones del derecho internacional humanitario, que rige el tratamiento a los prisioneros de guerra.

Fiscales estadounidenses se han encontrado en una posición legal vidriosa para argumentar que Khadr era un combatiente ilegal.

Khadr es el único detenido de origen occidental que queda en Guantánamo. El gobierno canadiense no pidió su repatriación, a pesar de las campañas de organizaciones de derechos humanos y de partidos opositores.

El joven es acusado de haber asesinado en 2002 a un comando estadounidense y haber dejado ciego a otro, al arrojar una granada en Afganistán, el país donde creció. Su padre era, según diversas versiones, financista de Al Qaeda.

Una encuesta realizada por la encuestadora Angus Reid indica que 38 por ciento de los canadienses entrevistados están de acuerdo con que Khadr sea juzgado en Guantánamo, mientras 37 por ciento preferiría su repatriación a su país de origen.

«En la filmación, las autoridades están hablando con un niño sometido a privación de sueño y otras tácticas (crueles) por parte del ejército estadounidense», dijo a IPS Michael Byers, profesor de derecho internacional de la canadiense Universidad de Columbia Británica.

«Espero que las cintas resuenen en el público canadiense de un modo que impulse al gobierno a cambiar su posición», agregó.

Byers agregó que la negativa del gobierno canadiense a intervenir coincide con la intención de Harper de priorizar su relación con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, frente a la violación de los derechos humanos.

Esto deja en entredicho el rol histórico de Canadá en la defensa de los derechos de sus ciudadanos en problemas judiciales en el exterior.

Según Byers, el gobierno de Harper ha sido persistente en «su fe en el gobierno de Bush respecto de asuntos de derechos humanos como éste, incluida su negativa de presionar por la clemencia de los canadienses condenados a muerte» en Estados Unidos.

«Canadá también extraditó a Robin Long, un soldado estadounidense que se resistía a participar en posibles crímenes de guerra (en Iraq). Se trata de una actitud muy diferente de la que tuvo durante la Guerra de Vietnam», dijo.

Este país brindó refugio a jóvenes estadounidenses que se resistían a alistarse en el ejército durante la guerra de Vietnam (1960-1975). En cambio, Long, quien había huido a Canadá hace dos años, fue deportado a Estados Unidos la semana pasada.

Frente a la situación de los británicos y australianos repatriados a pedido de Londres y Canberra, Ottawa ha hecho muy poco, según críticos como Byers y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Los abogados defensores de Khadr alegan que el gobierno canadiense actuó ilegalmente al enviar a su asesor y a agentes del CSIS a Guantánamo para interrogarlo, y luego entregar sus conclusiones a los fiscales de la corte marcial que lo juzgará.

El Departamento (ministerio) de Asuntos Exteriores también supo sobre el interrogatorio con anticipación y fue criticado por no ser más enérgico en los primeros días de la detención de Khadr.

En 2007, el Tribunal Federal de Apelaciones ordenó al gobierno canadiense entregar sus antecedentes relacionados al tiempo de Khadr en detención, luego que el juez Richard Mosley constató que Canadá había violado el derecho internacional.

El gobierno apeló a la Corte Suprema de Justicia en 2008, con el argumento de que, en el caso de Khadr, sólo estaba buscando información, y que revelar sus respuestas sobre la lucha en Afganistán pondría en peligro la seguridad nacional.

El 23 de mayo último, la Corte Suprema falló por unanimidad que el gobierno había actuado ilegalmente al violar la sección 7 de la Carta de Derechos y Libertades, y ordenó que se difundieran los vídeos del interrogatorio.

Este fin de semana, el ex primer ministro canadiense Paul Martin también exigió la devolución de Khadr a Canadá.

El senador Roméo Dallaire, general retirado que integró la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ruanda, dijo en mayo a un subcomité parlamentario que si Canadá no actúa para proteger los derechos humanos de Khadr, el país no es mejor que los terroristas.

«En el momento en que uno empieza a jugar con los derechos humanos, con las convenciones y con las libertades civiles, y a decir que lo hace para protegerse a sí mismo, uno no es mejor que el tipo que no cree para nada en esos principios», sostuvo.

David Crane, fiscal estadounidense en los juicios por crímenes de guerra en Sierra Leona, también se manifestó en enero a favor de que Canadá intervenga.

«Ésta es la primera vez en la historia en que un niño es juzgado por crímenes de guerra. Esto es simplemente horrible. Deberíamos concentrarnos en proteger a los niños, como hizo la ONU en muchas iniciativas, para erradicar a los niños soldado», señaló Crane.

Este profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa dijo creer que la reputación internacional de Canadá cayó por su apoyo al juicio estadounidense contra Khadr.

A este prisionero «le lavaron el cerebro y lo enviaron a luchar contra las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Pienso que todos reconocemos que eso es profundamente problemático para los canadienses», explicó el dirigente opositor Bob Rae.

«La cuestión es: ¿acaso no es adecuado que Canadá se haga responsable por el señor Khadr?», añadió.

Steve Staples, presidente del Instituto Rideau de Asuntos Internacionales, declaró a IPS que «es atroz que el gobierno sea indiferente en un asunto que tiene implicancias tan importantes».

«Canadá podría aprender de otros aliados de Estados Unidos y reclamar que Khadr sea devuelto al país», afirmó. (FIN/2008)