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Pena de muerte, la anomalía estadounidense

Jul 17 2008

Por Mark Sommer (*)

ARCATA, CALIFORNIA, Jul (IPS) No es fácil explicar porqué, virtualmente solo entre los países industrializados democráticos, Estados Unidos sigue aferrado a la práctica de la pena capital. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó recientemente una moratoria mundial para la pena de muerte y las democracias más avanzadas la han ilegalizado. La pena capital es vista en gran parte del mundo como un abuso extremo contra los derechos humanos.

Al continuar con la práctica de la pena de muerte, Estados Unidos se encuentra alineado junto con naciones como China, Irán, Pakistán y Arabia Saudí cuyo comportamiento en materia de derechos humanos es condenado habitualmente por el propio gobierno estadounidense. El porqué de que Washington persista en esta política globalmente impopular y de que el público estadounidense continúe apoyando, con mayorías de dos tercios, resulta inexplicable. Es un rompecabezas.

La pena capital tiene en Estados Unidos una historia de profundo arraigo. Las ejecuciones sancionadas por el Estado se retrotraen a la época colonial del país, cuando la práctica era importada de Inglaterra pero se aplicaba a una más reducida serie de crímenes que en esa nación. En el curso de más de 200 años, unos 14.000 estadounidenses han sido ejecutados por orden del estado.

La pena de muerte fue aplicada más activamente en la primera mitad del siglo XX, cuando 150 personas o más fueron ejecutadas cada año. Pero empezó a ser cuestionada durante el movimiento por los derechos humanos de los años 60, cuando los tribunales judiciales federales, entonces con una tendencia más liberal que las cortes actuales, comenzaron a tomar decisiones que efectivamente, aunque temporalmente, detenían las ejecuciones. Pero en 1976, la Corte hizo revivir a la pena de muerte al abrir el camino para la ejecución durante los siguientes 30 años de más de mil presidiarios que estaban en las celdas de los condenados a la pena capital.

Hoy en día, 35 estados del país incluyen la pena de muerte en sus códigos penales pero sólo 10 mantienen activos programas de ejecución. Cerca de 3.350 personas languidecen actualmente en los corredores de la muerte de las cárceles de Estados Unidos y mantenerlos allí provoca gastos inmensamente altos. La gran mayoría de esos presos son pobres y un número significativo de ellos tiene disturbios mentales. Más del 40% son afroestadounidenses (en una proporción cuatro veces mayor de la que tienen en la población en general) y un número desproporcionado de condenados a muerte está constituido por indígenas estadounidenses y personas de origen latinoamericano o asiático.

La mayoría de los expertos se niega a especular sobre la razón por la cual Estados Unidos se aferra tan firmemente a la pena capital. No es suficiente decir que es un principio propio de una era de dominio conservador dado que recientes encuestas revelan que incluso Barack Obama, considerado un liberal, considera necesario apoyar la pena de muerte en casos delictivos en los cuales “la comunidad se manifiesta escandalizada en la más alta medida.”

En los últimos años ha habido incluso un modesto movimiento en una cada vez más conservadora Suprema Corte de Estados Unidos para limitar el tipo de crímenes en los cuales se puede aplicar la pena de muerte. En 2002, la corte prohibió la ejecución de acusados mentalmente retardados, en 2005 falló contra la pena capital para delitos cometidos antes de la edad de 18 años y en junio 2008 anuló la pena de muerte en un delito de violación de un niño.

Sin embargo, las objeciones morales contra la pena capital improbablemente triunfen por sí mismas en un país cuya religiosidad recuerda el mandamiento bíblico de “ojo por ojo” pero se olvida de tener en cuenta la enmienda de Mahatma Gandhi a ese precepto, al que agregó “hasta que todo el mundo quede ciego.” Al final, puede ser que
sean consideraciones más prácticas las que inclinen la balanza a favor del abandono de facto de la pena capital o hasta de su abolición formal. Mantener las instalaciones de los llamados corredores de la muerte y tener que vérselas con décadas de litigios que cuestan millones de dólares por cada caso es una propuesta extremadamente cara. En una época de economías declinantes y de presupuestos estatales que se encogen, los presos de los corredores de la muerte cuestan muchísimo más que mantener a los condenados a cadena perpetua.

Los estadounidenses bien pueden verse pronto obligados a elegir entre penas merecidas para los criminales y el cuidado de la salud o la educación para sus niños. Será entonces difícil de discernir cual de los dos es el mayor crimen: quitarles la vida a quienes han matado a otras personas o privar de oportunidades a quienes están precisamente comenzando sus vidas. (FIN/COPYRIGHT IPS)

(*) Mark Sommer, periodista estadounidense, director del premiado programa radial A World of Possibilities ( www.aworldofpossibilities