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Los archivos del horror no pueden ser olvidados

Jul 22 2010

Carlos Enrique Bayo *

El profesor Martín Almada fue detenido en Paraguay en 1974 por haber leído una tesis criticando el sistema educativo. Acusado de terrorismo y de vínculos con los comunistas, fue sometido a tormentos durante diez días. Cada noche, sus torturadores llamaban a su esposa, Celestina, y le hacían escuchar los gritos de su marido. Hasta que una vez, al colgar el teléfono, ella sufrió un infarto y murió. Tenía 33 años.

Esta historia no es más terrible que las de decenas de miles de víctimas (incluidos 3.000 niños) del plan de exterminio sistemático de opositores izquierdistas diseñado en Washington en los setenta y ejecutado por las dictaduras del Cono Sur. Pero tiene especial relevancia porque Almada fue quien descubrió, 18 años después en la comisaría de Lambaré, los célebres “Archivos del Horror” que exponen –con todos sus espantosos detalles y hasta desvelando las identidades de muchos de los verdugos– el genocidio de un amplio sector de la sociedad latinoamericana, del que tuvieron que huir hacia el exilio cuatro millones de personas.

Pero casi tan monstruoso como esa multinacional Operación Cóndor, en la que agentes estadounidenses incluso enseñaban técnicas para mantener con vida más tiempo a los torturados, fue que el cerebro gris de semejante solución final, Henry Kissinger, hubiera recibido el Premio Nobel de la Paz.

Ninguno de los altos cargos de la Administración de EEUU, ninguno de los jefes de la CIA, responsables de esos crímenes contra la Humanidad ha tenido que responder ante la Justicia. Para seguir impunes, hoy pretenden que nos olvidemos del holocausto americano. Igual que otros intentan mutilar nuestra memoria histórica para ocultar una represión inspirada en el nazismo.
*Redactor-jefe de sección internacional de “Público” de Madrid. Ha sido corresponsal en Moscú (1987-1992) y en Washington (1992-1996). Enviado especial en los conflictos de Afganistán, Camboya, Oriente Próximo y Armenia-Azerbaiyán.

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La Iglesia chilena pide un indulto para los militares condenados por crímenes durante la dictadura

EL PAÍS / AGENCIAS – Madrid / Santiago de Chile – 22/07/2010

El escrito de la Conferencia Episcopal en el que pide «misericordia» para los encarcelados por violaciones de los derechos humanos causa conmoción entre las víctimas

La Iglesia católica chilena ha pedido al presidente Sebastián Piñera que celebre el Bicentenario de la independencia del país, con un indulto en las cárceles. La solicitud ha levantado no poca polémica, ya que incluye explícitamente a los ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet. A pesar de la controversia que ha generado la declaración -familiares y víctimas de la dictadura se manifestaron ayer frente a la Casa de la Moneda-, la portavoz del Gobierno, Ena Von Baer, ha asegurado que el presidente «va a tomar una decisión con base a los compromisos del Gobierno con la verdad y la justicia, la unidad nacional y la seguridad ciudadana y las consideraciones humanitarias».

El documento, titulado Una mesa para todos en el Bicentenario y entregado ayer por el presidente de la Conferencia Episcopal chilena, Alejandro Goic, y el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier Erráuriz, retoma la petición realizada ya a la ex presidenta Michelle Bachelet en 2009. «No sería completa la mesa para todos si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el Régimen Militar», recoge el documento, que habla de desterrar la «venganza social» en favor del «perdón y la misericordia».

«Estamos acá diciéndole al Gobierno y a la Iglesia que hay un país y hay unos familiares que no están dispuestos a flexibilizar el respeto a los derechos humanos por acuerdos que se hacen a oscuras, en contra de la democracia y en contra de la vida», protestaba ayer la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. Pero la oposición a la petición de la Iglesia no viene solo de la población civil. El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, ha respondido a la iniciativa alegando que «cada juez tiene su punto de vista particular sobre el tema». «Creo que son situaciones que están obsoletas en una sociedad moderna. Los indultos y las amnistías no debieran coexistir en regímenes democráticos como el que tenemos, pero es una opinión personal», ha dicho.

El documento, de hecho, coloca en una situación incómoda al conservador Sebastián Piñera. La familia del rico empresario está vinculada al régimen de Pinochet. Su hermano fue ministro durante la dictadura. Por esta razón, el presidente ha intentado mantenerse alejado de la herencia del régimen, que duró 17 años y dejó un saldo de 1.200 detenidos desaparecidos y 28.000 prisioneros políticos y víctimas de tortura.