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La democracia onerosa

Dic 26 2011

ANTONIO GARCÍA MALDONADO*

Hace unas semanas, el nuevo primer ministro italiano, Mario Monti, declaraba lo siguiente para justificar su plan de ajuste: «Después de la época de las locuras, llega la del régimen».

Esta frase es, por varios motivos, tan desafortunada como representativa del pensamiento político y económico que subyace en las medidas que están adoptado los Gobiernos europeos. Hay que preguntarse qué debemos entender por «locuras». Si el plan consiste en reducir el déficit por la vía de los recortes sociales, podemos inferir que lo que constituye una «locura» es la extensión de los derechos y prestaciones sociales, es decir, el gasto social, algo que siempre fue una bandera del modelo de bienestar europeo.

La consideración de la rentabilidad por encima de cualquier otro aspecto de la realidad, es un paradigma con el que es imposible medir y gestionar el modelo europeo. E incluso la mismísima democracia. La pertinencia de las medidas políticas y sociales a adoptar no puede reducirse a un cálculo de costes-beneficio, a una contabilidad de primero de carrera. Si se analizan todas las leyes y medidas que han dado forma a nuestro sistema, desde el Plan Marshall hasta las leyes de igualdad, se llega a la conclusión de que sería imposible implementar ninguna de ellas en el modelo actual que se ha impuesto. Y como no se conciben, lo oneroso de su mantenimiento hace que sean prescindibles.

Si se profundiza en esta vía, hay una consecuencia lógica al final: que la democracia es también onerosa, que con sus Parlamentos, con su Administración pública, con sus sistemas fiscales redistributivos, con las prestaciones sociales, no contribuye al dinamismo económico requerido para competir, por ejemplo, con China.

Los nombramientos sin pasar por las urnas del propio Mario Monti en Italia y de Lukas Papademos en Grecia (y de la persona más poderosa de Europa, de quien depende gran parte de la solución a los problemas actuales: el presidente del BCE), parecen indicar que en las élites europeas, hoy mayoritarias, ya se ha llegado a la conclusión de que la democracia estorba. Ya lo dijo el presidente del Consejo, Van Rumpoy, en una reciente visita a Italia: «Es tiempo de acciones, no de elecciones». De ahí al «haga como yo, no se meta usted en política» de Franco, no media mucha distancia.

Al hablar de «locuras» pasadas, el premier italiano elude cualquier responsabilidad en los sacrificios que ahora exige, como si estos no dependieran de la previa elección de un determinado modelo económico. Dicha exoneración recuerda también a la justificación histórica que el franquismo instauró en España para hablar del golpe, la guerra y la dictadura, y que por desgracia aún se mantiene viva en los manuales escolares: el caos que se vivía en la Segunda República (como si este hubiera caído del cielo) hizo inevitable que un grupo de oficiales del Ejército se rebelara para aplacar la inestabilidad. Es decir, que las «locuras» de la democracia hicieron inevitable el «régimen», el régimen de Franco.

Esta visión economicista, tecnocrática, empobrecedora y reduccionista de la realidad ha calado, por desgracia, en gran parte de la sociedad. Fueron sorprendentes las reacciones de mucha gente bien informada a la presentación del informe de la comisión de expertos para el Valle de los Caídos, en el que se recomendaba el traslado de los restos del dictador a un lugar privado, y convertir el Valle en un centro de reflexión histórica sobre la Guerra Civil. Una propuesta tan razonable fue interpretada por muchos como una cortina de humo, una pérdida de tiempo que clamaba al cielo en un momento de crisis económica tan severa. Me pregunto si, los que así opinan, querrían suprimir los ministerios que no están relacionados con la salida de la crisis de forma directa.

Que superar la crisis sea la prioridad no significa que sea el único tema que, como democracia que garantiza derechos políticos y sociales, debamos asumir. Ese es un recorte que nadie nos ha pedido, y aceptarlo equivale a admitir que la democracia es, finalmente, un estorbo. Urge recordar que los derechos políticos y sociales adquiridos pueden ser deficitarios o sencillamente ajenos al devenir económico, pero afectan a minorías que tienen que estar protegidas del capricho coyuntural de las mayorías. Ningún dato económico mejora suprimiendo derechos políticos, como pueden serlo el derecho a la verdad y a la reparación. Algo que, por cierto, en Latinoamérica solo una minoría pone hoy en duda, pese a que sus dictaduras son mucho más recientes e involucran a personas en puestos de responsabilidad.

La falacia del discurso tecnocrático se pondrá de manifiesto en España en breve: si el matrimonio entre personas del mismo sexo era algo «en lo que no piensan los españoles», como tanto ha repetido el Partido Popular, y ya que ellos van a ocuparse de «lo que realmente importa a la gente», ¿por qué no retira el PP el recurso que interpuso contra él en el Tribunal Constitucional y se compromete a no cambiar la ley? Es, además, una medida que no ha supuesto ni un céntimo en el déficit que hay que recortar. Pero ese discurso, pese a que intente ocultarlo, es pura ideología.

*Antonio García Maldonado es periodista y editor. En sección Tribuna de El País, 26/12/2011

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