General

LA SITUACION ECONOMICA DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DEL PP

Ene 30 2012

Por GUILLERMO MEDINA

Parte I . (Primera recopilación) 15 de enero de 2012

Llegó el shock de realidad, acabaron las alegrías electorales y comenzaron las rectificaciones. El Gobierno se declaró “sorprendido” por los dos puntos de sobredéficit, basándose en ellos para justificar el comienzo del cambio del cambio prometido, y los ciudadanos quedaron impactados por la magnitud del primer ajuste popular y el efecto previsible sobre sus bolsillos. Sin embargo, nadie puede llamarse a engaño.

El Gobierno tenía que hacer algo con efectos inmediatos de consolidación fiscal para evitar una nueva crisis de deuda. Estaba en su derecho y en su obligación. Y los decepcionados votantes del PP no pueden caerse del guindo (con minúscula) ahora porque el Gobierno otorgue prioridad absoluta a la reducción del déficit. ¿Pero es que los ciudadanos que votaron al PP, y ahora se dicen defraudados, verdaderamente creen que el ajuste puede lograrse sólo con reducción de gastos y sin subir los impuestos, como proponía desde la oposición la economía vudú popular? Pues que se preparen para la próxima y tantas veces negada subida del IVA. Los incumplimientos y aplazamientos, estén o no justificados, no han hecho más que empezar.

Quedan otros descubrimientos, como el que viven los ciudadanos de la comunidad valenciana ante el despilfarro (saltaba a la vista) de su administración autonómica. Pero la gran “caída del caballo” de los electores consiste en el descubrimiento de que la salida de Zapatero del Gobierno y la llegada del Partido Popular no significan necesariamente el fin de la crisis, al menos en los años inmediatos. Durante la campaña de las autonómicas, Esteban González Pons insistió, al igual que otros dirigentes populares, en que los datos económicos colocaban “a España y a los españoles al borde del abismo», y que si éstos votaban al PP, se acabaría la pesadilla “porque Zapatero acabará yéndose», pero «si votan a cualquier otra candidatura que no sea del PP, la pesadilla continuará, porque Zapatero se quedará, como mínimo, un año más». “El problema –la causa de la crisis- son los socialistas”, proclamaba Esperanza Aguirre en la última Convención popular, a la vez que aseguraba que su Comunidad no saldría de la crisis “hasta que se vayan los socialistas”. Ahora ya saben todos que el Gobierno cambia y la crisis sigue y a corto empeora. Como no podía ser de otra manera, una vez que los propagandistas y demagogos han de dar paso a los gobernantes.

Realizado el primer ajuste, el debate se centró en si hubo verdadera o fingida sorpresa por parte del Gobierno ante el 8% de déficit público. Más trascendente es el debate sobre si cabía (y cabe en el próximo futuro) una forma de salir de la crisis menos gravosa para los ciudadanos. Y si el Gobierno acierta con sus políticas en el diagnóstico de lo que nos ocurre y la terapia aplicada. También comienza a debatirse si se empieza a producir un quebranto en la imagen y credibilidad del recién estrenado Gobierno. Son cuestiones cuyo enjuiciamiento requiere tiempo, por lo que el análisis que sigue debe considerarse más indiciario que concluyente.

Verdades, engaños y sorpresas

En la rueda de prensa del día 30 de diciembre, tras el primer Consejo de Ministros de la legislatura, cuatro miembros del Gobierno explicaron las duras medidas tomadas por “sorpresa” ante el 8% de déficit público. «No se preveía este desfase presupuestario, por eso este Gobierno se ve obligado a tomar medidas que no habría tomado en otras circunstancias», dijo Sáenz de Santamaría. Fue una afirmación engañosa, comenzando porque se atribuía la responsabilidad al ejecutivo saliente y no se especificaba la parte de exceso atribuible a las CCAA y municipios.

La verdad es que aquí los únicos sorprendidos por el aumento del déficit público fueron los ciudadanos desinformados que creyeron la promesa popular de reducir el déficit de las administraciones y crear empleo bajando los impuestos. Hasta los rostros de los cuatro dirigentes reflejaban azoramiento al exponer su sorpresa con cierto balbuceo. El desfase, aunque no con exactitud, lo sabía el Gobierno anterior, pero si lo hubiera comunicado, sin tener capacidad, por su interinidad, para realizar de inmediato un ajuste, los mercados habrían desatado un ataque a la deuda con una subida de la prima de riesgo de consecuencias imprevisibles. Por la misma razón, Rajoy y sus consejeros económicos esperaron a darse por enterados -“sorprendidos”, por exigencias del guión- hasta que, ya en el Gobierno, podían presentar simultáneamente un conjunto de medidas que anularan o redujeran el efecto negativo del sobredéficit sobre los mercados.

Hasta aquí la “lógica de Estado”. Pero el Gobierno aprovechó la circunstancia para, en primer lugar, justificar, con la escenificación dramática de la “sorpresa”, la ruptura de una de sus grandes promesas electorales y el giro en su estrategia anticrisis. En segundo lugar, la “oportuna ignorancia” del sobredéficit permitió a Rajoy plantear su discurso de investidura sobre la base de un déficit del 6%, haciendo que las malas noticias no ensombrecieran un alegato tan lleno de buenas intenciones como escaso de posibilidades financieras.

Es el juego de la política. Pero los ciudadanos tienen el derecho al pataleo frente a las imposturas y manipulaciones. Es el caso ante la reiterada e interesada ignorancia popular de lo que se le venía encima. En el debate de investidura, ante el reproche del portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de anunciar «lo bueno» y callarse de momento «lo menos bueno», Rajoy dijo: «Mi intención es no subir los impuestos porque con las dificultades que están teniendo las empresas y los españoles no me parece lo más razonable». Rajoy ignoró la realidad que no le convenía en el debate de investidura (y antes) y ocultó sus intenciones.

¿No le habían explicado a Rajoy sus problemas los 13 presidentes de CCAA del PP? La propia Dolores de Cospedal había enarbolado meses antes el déficit “encubierto” para justificar los drásticos recortes en Castilla La Mancha. El 6 de diciembre, la agencia de calificación de riesgo Moody’s advirtió de que las comunidades autónomas españolas no podrían cumplir el objetivo de déficit del 1,3 por ciento este año, pese a los recortes abordados, que han afectado sobre todo a la educación y la sanidad. En privado, dirigentes del PP habían expresado en entornos amigos, poco antes de las elecciones, preocupación porque la caída de la actividad y el descenso de los ingresos pudieran frustrar el objetivo del 6%. Y sin embargo Rajoy dio por buena la cifra que le evitaba anticipar la inviabilidad de algunas de sus promesas.

En septiembre, ninguno de los servicios de estudios consultados por Funcas anticipaba dos trimestres de recaída. Tampoco lo hacían las últimas previsiones de organismos internacionales. Pero desde noviembre hubo un brusco empeoramiento de las perspectivas, y no solo en España. El cambio en la previsión anual dejaba como excesivamente optimista el pronóstico de crecimiento de la vicepresidenta Elena Salgado. Las previsiones de agencias y analistas anunciaron una caída de la demanda y de la actividad, la destrucción de empleo y la probabilidad de caer en recesión. El comisario europeo Olli Rehn lo había advertido, y el propio PP había enfatizado el deterioro de las perspectivas en sus críticas al Gobierno socialista durante la campaña electoral.

Ni el Gobierno anterior ni el actual pueden alegar ignorancia sobre la mayor cuantía del déficit. Desde hacía semanas lo daban por hecho todos los servicios de estudio de las instituciones financieras, el último de los cuales Funcas. Hay sobrados testimonios de que Mariano Rajoy había advertido a su entorno y a personas de fuera, hace meses, que el déficit se acercaría al 8%.

Las sorprendentes subidas de impuestos o estaban previstas por el equipo económico del PP o no lo estaban. En el primer caso estaríamos ante la técnica del calamar. ¿Alguien puede creer que se enteraron el miércoles y el viernes por la mañana tenían listo para aprobación un paquete de medidas tan complejo? Estaríamos pues ante una manipulación para justificar el grave incumplimiento programático. Lo que es la hipótesis más favorable para el Gobierno, porque la teoría de la reacción frente la sorpresa revelaría que los actuales ocupantes del poder no sabían leer las cifras y previsiones. Para buscar dónde está el origen principal de una desviación del déficit público del 33% que justificase la subida de impuestos decidida la víspera de Nochevieja, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría no tenía más que leer los análisis de Moody´s y otras agencias sobre la ruinosa situación de las CCAA. Es lógico creer que había la necesidad de actuar contra el déficit también con medidas tributarias (otra cosa es cuáles). Era lo correcto y había que hacerlo de inmediato. Pero entonces quedaba al descubierto el discurso electoral engañoso destinado a captar votos.

A tiro pasado, después de haber culpado de ocultación al Gobierno saliente, Cristóbal Montoro hubo de reconocer que la Administración central se desvió «unas décimas» de la previsión, sobre todo por la bajada de los ingresos causada por la mala marcha de la economía (lo que no era una sorpresa para nadie), y que el boquete en el déficit procede sobre todo de las CCAA.

Pese a todo ello, el Gobierno ha venido insistiendo en “la herencia recibida” del Gobierno anterior, contradiciendo así lo que Mariano Rajoy afirmó con énfasis el 19 de diciembre en el debate de investidura: “Sabíamos y sabemos lo que nos espera, y sabíamos y sabemos que se nos juzgará por lo que consigamos y no por lo que intentemos o por cómo nos hayamos encontrado las cosas. En el diagnóstico que expondré a continuación no hay ninguna voluntad de mirar atrás ni de pedir a nadie responsabilidades que ya han sido sustanciadas por las urnas hace un mes». Pues es lo que hicieron el Gobierno en la rueda de prensa del 30 de diciembre, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (“Nos han dejado un país en la ruina económica y social”) y el ministro Montoro el 11 de enero en el debate parlamentario para la aprobación de las medidas de ajuste, cuando volvió a hablar de la “sorpresa” y lamentó la falta de colaboración del PSOE.

El recurso, finalmente, a la “herencia recibida” se hace providencial para un ministro de Hacienda que tronó durante la campaña electoral contra las subidas de impuestos y aseguró que el futuro Gobierno no sólo las había descartado por completo, sino que la bajada de los mismos constituiría el desencadenante del crecimiento y la creación de empleo. Ahora, Montoro sostiene que la subida de impuestos ha sido necesaria para promover el crecimiento económico, financiar los servicios públicos y mantener la cohesión social y territorial. Exactamente lo mismo por lo que antes era necesario no subirlos.

Lo paradójico de la situación es que el aumento del déficit (la “herencia”) es la consecuencia de una política de ajustes sucesivos siguiendo el guión establecido en Berlín y Frankfurt. El que se aplica desde el recorte de Zapatero en mayo de 2.010 y secunda con renovada fuerza el Gobierno de Mariano Rajoy.

Rajoy y el síndrome de la Moncloa

Antes de asumir la Presidencia, Rajoy dijo: «Mi intención es cumplir lo que he dicho. Si alguna cosa no la puedo cumplir, lo explicaré”. Sin embargo, salta a la vista reluctancia del líder popular a dar personalmente explicaciones de decisiones trascendentales de su Gobierno. Y a pesar del propósito reiterado de “llamar al pan pan y al vino vino”, comienzan a proliferar los eufemismos, mayormente en el ámbito económico. El Gobierno llama a la subida de impuestos “recargos de solidaridad temporales” y el ministro Arias Cañete llama «poner en valor el litoral” a cargase la Ley de Costas de 1988 para mayor alegría de municipios y especuladores del litoral.

Así pues, la legislatura contabiliza ya en su fase inaugural con un problema de comunicación. Mientras los periodistas comienzan a hablar de las “apariciones” del presidente del Gobierno, silente en los momentos capitales, algunos ministros son víctimas de una locuacidad que les hace incurrir en incoherencias con otros ministros o incluso consigo mismos. Todo esto es motivo de preocupación porque se produce al comienzo de la legislatura, antes de que el presidente del Gobierno, como es tradicional desde Suárez, se considere un incomprendido por la opinión pública

El 10 de enero el Presidente del Gobierno declaró al director de la agencia Efe que va a dar la cara ante la crisis económica y no se va a esconder, y que dada la centralidad de la crisis económica decidió no crear una vicepresidencia económica y presidir él la Comisión de Asuntos Económicos. Añadió que hay que esperar para verle dar explicaciones en una rueda de prensa. Sorprende, puesto que fueron Sáenz de Santamaría y tres ministros quienes comparecieron para comunicar el ajuste del 30 de diciembre, y fue la vicepresidenta, y no él, quien presidió la primera Comisión de Asuntos Económicos. Incluso en el debate parlamentario para aprobar las trascendentales medidas del 30 de diciembre, Rajoy permaneció sorprendentemente mudo en su escaño. Según cuentan periodistas, ni se paró para contestar a los medios de comunicación, y su equipo pidió a los servicios del Congreso que se tomen medidas para despejar el pasillo y evitar que los periodistas se acerquen para pedirle opinión. Seguimos a la espera del Presidente tras la fugaz aparición para leer precipitadamente la composición del nuevo Gobierno, la ocasión idónea para haber explicado el no nombramiento de vicepresidente económico. Y como las Cortes están en periodo vacacional, hasta febrero no habrá sesiones de control al Gobierno y hasta dentro de dos semanas no empezarán a comparecer los nuevos ministros en las comisiones. Mientras tanto habremos de conformarnos con la aparición en territorio amigo de la convención del PP, en Málaga, el 14 de enero.

El presidente da indicios de temer excesivamente el desgaste. Su natural reservado parece agudizarse en el poder, cuando más necesarias son la pedagogía y el liderazgo a través de la palabra. ¿Estamos ante un prematuro síndrome de la Moncloa, que ensimisma a los presidentes y les aleja de la realidad? El pavor a la opinión pública y a la crítica política lo padeció, absurdamente, Adolfo Suárez y ello tuvo mucho que ver con la pérdida de liderazgo y su consiguiente caída. Sería muy nocivo que el temor a verse recordar en público las frases más comprometidas de sus intenciones y promesas, produjeran en Rajoy el mismo efecto de miedo escénico que padecía Suárez ante la posibilidad de que González le recordara su pasado falangista.

Si Mariano Rajoy ha desaparecido prácticamente de la escena pública tras la investidura, y no es que antes de prodigara precisamente, tiene explicación: la contradicción entre sus promesas y las primeras actuaciones de su Gobierno es tan notoria que habrá decidido esperar a tiempos mejores y dejar a sus fieles subordinados el desgaste. Es comprensible que un político se exponga lo menos posible, y más en tiempos de crisis. Lo malo es que puede pasar bastante tiempo hasta que lleguen las buenas noticias y para entonces el síndrome de la Moncloa se habrá convertido en insuperable. Más arriesgado aún que dar explicaciones sería labrarse un perfil de líder huidizo y esquivo. Entonces, sus lógicos esfuerzos por parecer firme, decidido y con convicciones, con los que quiere inspirar confianza, quedarían desmentidos.

Promesas, incumplientos y rectificaciones

Es doctrina de Rajoy:

“El PP se opondrá a cualquier subida de impuestos porque eso significa más paro y más recesión” (29 agosto 2009).

“Yo ya he dicho que mi primera prioridad es mantener el poder adquisitivo de las pensiones. (Entrevista a el País el 16 XI 2011)

«Dadas las dificultades que atraviesan empresas y ciudadanos, subir impuestos no es lo más razonable». (Mariano Rajoy en el discurso de investidura)

Traer a colación más citas en ese sentido, por abundantes y conocidas, es innecesario.

Estamos asistiendo estos días a un cambio radical en la política económica del Partido Popular. Hace dos años, Rajoy y Montoro, que no tenían que comparecer en Bruselas y Berlín para recibir instrucciones y dedicaban sus esfuerzos a criticar al Gobierno, insistían en que era contraproducente subir los impuestos y, en cambio, había que bajarlos. El PP en la oposición se opuso ferozmente a cualquier aumento fiscal, ya fuera el incremento del IVA o la recuperación de Patrimonio. Lo hacía porque creía de verdad en los efectos taumatúrgicos del famoso círculo virtuoso de la teoría liberal-vudú. Y además porque pensaban que el ajuste puro y duro es la solución (para algunos también la ocasión de “reestructurar” el estado de bienestar).

Está fuera de toda duda que, como proclamó Dolores de Cospedal en Salamanca ante alcaldes del PP el 29 de octubre, la fórmula «que encarna Rajoy» para salir de la crisis supone destacadamente «bajar los impuestos”. Igualmente claro está el fracaso del modelo exterior escogido por Rajoy en la oposición como referente de su política económica. Cuando el director de El País, Javier Moreno, le preguntó al líder popular en su larga entrevista sin desperdicio, ¿”Produce el (modelo) de Cameron más crecimiento y más empleo”?, la respuesta fue un nítido “Sí” sin añadidos. Pues bien, Gran Bretaña se acerca a la recesión, crece el paro y la libra se debilita.

Las recetas taumatúrgicas de la oposición, que tanto animaron a los electores necesitados de creer en ”el cambio”, ya no valen a la hora de gobernar. Era fácil decirlo: “hacer una política económica que cree riqueza y genere ingresos”; “crear confianza, porque genera consumo, éste genera producción y la producción genera empleo» (Cospedal). Y el desencadenante de tal círculo virtuoso –más bien una versión actualizada de la “economía vudú”- debía ser reducir los impuestos y bajar el déficit “A lo mejor –decía Rajoy- nos pasaba lo del año 1996, que bajando los impuestos recaudamos más”.

PSOE y PP sostuvieron en la campaña electoral que la prioridad era el empleo y que había que recortar el gasto público y hacer reformas que estimularan el crecimiento. Para ello había que combinar el control del déficit con el relanzamiento de la actividad económica. También coincidían en que para ello había que recortar el gasto público y aumentar los ingresos. La divergencia principal entre ambos candidatos residía precisamente en el papel de los impuestos para salir de la crisis. Rubalcaba defendía que había que subir ciertos impuestos (uno a las grandes fortunas, entre otros posibles) para no provocar un efecto recesión con un drástico y excesivo recorte; y además proponía negociar con Bruselas y Berlín un calendario más suave de consolidación fiscal y presupuestaria.

Rajoy, que sigue afirmando que es posible cumplir la reducción del déficit al 3% en 2013, proponía bajar los impuestos para estimular la iniciativa empresarial y así elevar los ingresos. Su referencia era 1996, olvidando que entonces fue el crecimiento (ya previsible al llegar el PP al poder en un contexto europeo de fuerte crecimiento) lo que aumentó la recaudación e hizo posible bajar después los impuestos, y no al revés. Comparar la situación de 1996 con la crisis actual era una frivolidad y una mentira “electoral” que los populares se ven obligados a rectificar, vía olvido, ante la perspectiva de una prolongación de la crisis.

Por todo ello, las subidas impositivas, en cuanto que son el fogonazo de un cambio del cambio prometido, significan no sólo el incumplimiento de una promesa electoral sino también algo más profundo: una enmienda a la totalidad del discurso programático del PP en materia económica. Ello no le impide decir a la secretaria general del PP, haciendo de necesidad virtud, como suele, que el incremento del IRPF es lo que el Ejecutivo “tenía que hacer: antes que ser popular necesita ser eficaz y la subida se ha hecho”.

No parece, sin embargo, que el giro emprendido por el Gobierno de Mariano Rajoy tenga un signo ideológico, y menos aún que se haya convertido a la socialdemocracia, como le reprochan los liberales doctrinarios.

¿Inversión de roles? ¿Orientación socialdemócrata del Gobierno? No, shock de realidad. Algunos comentaristas han señalado que ahora parece que nos encontramos en un mundo político con los papeles cambiados y con “Rajoy robando al PSOE su programa fiscal socialdemócrata, esperando no perder demasiados votos por sus recortes del gasto social” (Enrique Gil Calvo, El País, 09/01/2012). No nos equivoquemos. El PSOE está ausente y hasta que defina una política económica alternativa, el PP, con un electorado bastante fiel, puede apropiarse un poco de su espacio. Pero la política es un asunto práctico y lo que es útil hoy puede ser negativo mañana.

La actuación del Gobierno más bien responde, hasta ahora, a la necesidad de enfocar la crisis con pragmatismo y al deseo de evitar en lo posible el rechazo social. Desde esa perspectiva, el abandono de ciertas promesas inviables podrá ser motivo de reproche por los electores del PP pero no deja de ser un acierto. Estamos acostumbrados a que los políticos rectifiquen. Y eso es bueno siempre que lo hagan, mejor cuanto antes, en la dirección correcta y dando obligadas explicaciones a los ciudadanos.

Sucede así con los impuestos, aunque la rectificación se ha producido de forma un tanto vergonzante. El plan de choque de Rajoy estaba basado en bajadas impositivas. A todas luces inviable si en nuestra situación de crecimiento plano se quiere cumplir con los compromisos de consolidación fiscal. ¿En qué país bajan los impuestos? Nadie defiende hoy en Europa la reducción. En Alemania los subieron hace dos años, pese a la resistencia de los socios liberales de Merkel. Gran Bretaña está en ello. Francia e Italia, igualmente. Y no digamos Portugal o Grecia. El PP sabía que sería ineludible subirlos.

Otro aspecto del giro popular es el reconocimiento de que de la crisis no se sale sólo con recortes de gastos sino que son necesarias también medidas que estimulen la actividad. Mientras en la Unión Europea surgían crecientes dudas y críticas ante la estrategia de extrema austeridad impuesta por la señora Merkel, al tiempo que surgían voces en demanda de una mayor intervención del BCE en la crisis financiera, el PP, aún en la oposición, asumía el papel de último mohicano del rigorismo fiscal. Bienvenidas sean pues las repetidas invocaciones de De Guindos (y de García-Margallo, que sabe bien que esa es la nueva tendencia que se abre paso en Europa) a que sólo con recortes no se sale de la crisis y hacen falta medidas de estímulo.

Las nuevas promesas

El Gobierno finiquita, olvida o aplaza algunas de sus promesas electorales más populares. A los jubilados les sube un 1%, por debajo del IPC, y les aumenta el Irpf, con lo que pierden el poder adquisitivo que se les garantizó repetidamente. Veremos la reacción de los pensionistas –cuya indignación contra Zapatero porque les congeló las pensiones fue azuzada por el PP- cuando cobren la próxima pensión y tengan que hacer la liquidación de la renta.

Pero atención a las nuevas promesas que pueden convertirse en futuros incumplimientos. La más llamativa es que para tranquilizar a los electores, las subidas del IRPF se han presentado como transitorias, por un periodo de dos años. Un “préstamo” de la sociedad, que será devuelto. ¿Verdaderamente creen los señores Montoro y De Guindos que va a poder ser así? Y si en el futuro bajasen el IRPF, ¿no será a cambio de aumentar los impuestos indirectos? El ministro Montoro, tratando de justificar el drástico cambio de posición, ha llegado a asegurar en una entrevista concedida a ABC, que el PP “acabará la legislatura en un periodo de crecimiento económico y creación de empleo, de forma que cada español, como contribuyente, pagará menos impuestos”.

Báñez dijo que «2012 debe ser el año de la esperanza en el empleo». Cierto que el “deber ser” y la “esperanza” son cautelosos términos marianista, pero la ministra debería ser algo más prudente teniendo en cuenta que estamos entrando en recesión y que los análisis independientes prevén un crecimiento del desempleo en 2012.

Parece que nuestros gobernantes de hoy no renuncian a proporcionarnos estímulos psicológicos que, como sucedía con sus predecesores socialistas, generan expectativas que no se cumplen. Aseguran que la reforma laboral cambiará el panorama y comenzará a crecer el empleo (en la segunda parte se analizan su necesario contenido). Y que con la reforma financiera volverá el crédito a las empresas y con ello la inversión y el crecimiento. Y no es que no sean necesarias esas reformas y dudemos de la voluntad del gobierno de llevarlas a cabo, sino que el efecto positivo atribuido a esas medidas requiere tiempo y depende también de otras circunstancias internas y externas.

Otro asunto es el IVA. En la entrevista concedida a la agencia Efe, el 10 de enero, el presidente dijo que no está en sus previsiones subirlo porque se trata de un impuesto injusto (afecta por igual a todos los ciudadanos) y supone una subida de precios. El presidente del Gobierno no ignora obviamente la querencia de Bruselas por el aumento del IVA ni tampoco que en marzo, cuando haya que trazar el cuadro macroeconómico del presupuesto, nuestro déficit del 8% puede haberse quedado corto. Cada vez hay más analistas que dudan de la posibilidad de cumplir el compromiso de déficit del 4,4% en 2012 y del 3% en 2013. Al menos no si a los nuevos tijeretazos no se añaden nuevos retoques al alza de los impuestos.

En el discurso de investidura, el presidente prometió actuaciones que implican mayores gastos o menores ingresos. Uno de los más importantes es “la compensación automática similar al de la cuenta corriente tributaria para cualquier tipo de deuda reconocida por una Administración Pública y modificaremos el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes…” ¿Ha cuantificado Hacienda los efectos de ese propósito para la recaudación…a la baja?

En fin, ambigüedades e intenciones tendrán que acabar cuando el Gobierno presente los presupuestos de 2.012. Cita trascendental y sin escapatorias del tipo “no está en mis intenciones…” A partir de entonces los incumplimientos no podrán esgrimir la herencia recibida porque serán la herencia del propio Gobierno.

Ajustes, impuestos y crecimiento

Las primeras medidas adoptadas por el Gobierno producirán un inevitable retroceso de la actividad económica. La renta disponible de las familias será menor. La contracción del gasto y la elevación de impuestos no favorecerán las dos principales prioridades de Rajoy (el crecimiento económico y del empleo) La gran mayoría de los economistas considera que las medidas deprimirán el consumo de los particulares y de la administración y serán continuadas (“el inicio del inicio”) por otras del mismo signo. Con una economía ya inmersa, de nuevo, en la recesión, estas políticas profundizarán aún más en la desaceleración por el lado de la demanda, al menos a corto plazo. Y los mercados de deuda pública no ignoran las consecuencias para la solvencia pública y del sistema financiero. El efecto deseado con los ajustes, dar confianza a los mercados, queda anulado en alguna medida cuando éstos perciben un descenso de la actividad.

Aceptemos que el Gobierno tenía y tiene que aumentar los ingresos y reducir los gastos, sin entrar a cuales ni cómo. Evitemos por ahora el debate de si es mejor, en relación con el crecimiento, reducir gastos o subir impuestos. La pregunta es de todos modos inevitable: ¿se pueden reducir el déficit fiscal y la deuda con políticas que disminuyen el consumo y generan desempleo? O a la inversa, ¿se puede animar el consumo y crear empleo con políticas centradas sólo en los ajustes? La opinión ascendente en los medios económicos es que hace falta conjugar ahorros y estímulos. Por ello hace falta austeridad pero también medidas que impulsen el crecimiento, sin las cuales los ajustes tienden a cronificarse. Y ambas líneas de acción –consolidación fiscal con medidas de ahorro y subida de impuestos, y estímulos y reformas estructurales- deben desarrollarse simultáneamente; no vale ajustar primero e impulsar después pues los operadores económicos demandan conocer el programa de acción en su conjunto y con un calendario. Si las reformas “profundas” han de proporcionar parte del impulso, deberán ser definidas y ejecutadas de inmediato. Se trata de poner a tope todos los motores para que el pesado cohete comience a despegar.

A la espera de las reformas estructurales “para crear crecimiento”, y con la perspectiva de más medidas de ahorro y probables subidas de impuestos en el presupuesto de 2.012, los inversores y agentes económicos quieren ver, además de un férreo control de las cuentas, algunos indicios y hechos que devuelvan la confianza en el crecimiento de la economía a medio plazo. Hasta el Financial Times le recomienda a Rajoy no pasarse de rosca en el ajuste fiscal: “Los mercados están cada vez más preocupados por las perspectivas de crecimiento y la austeridad en exceso podría resultar contraproducente”, decía en su editorial del 7 de enero referido a España.

Es prematuro cualquier juicio global sobre la política económica del Gobierno porque aún está en fase de redefinición. Pero está claro que Mariano Rajoy tendrá que elegir entre la vía flexible de Mario Monti, cuyo plan de ajuste de 30.000 millones incluye 10.000 millones para relanzar el crecimiento, y la de la austeridad extrema de David Cameron, que ha elevado el endeudamiento previsto y la inflación sin eludir una nueva recesión. El Gobierno se inclina hacia el italiano y se aleja del “referente” británico. En cuanto a los impuestos, evidentemente el anuncio del consejero de Economía de Esperanza Aguirre de una reducción del tramo autonómico del IRPF en su Comunidad es obviamente no extrapolable a las demás y parece encaminado a poner un oportunista contrapunto político, con vistas al futuro, a la línea que va adoptando el Gobierno

Ciertamente se va generando consenso sobre la necesidad de activar también la palanca del acelerador. La discusión doctrinal sobre si de la crisis se sale con ajustes o estímulos parece, cada vez más, absurdamente dogmática y estéril. Se sale con una equilibrada combinación de ambas. Lograda la estabilidad parlamentaria, se impone un programa de actuaciones compensado (entre ajustes y estímulos), global, suficiente, con calendario y continuidad. El problema es delimitar no solamente dónde meter la tijera y de dónde sacar ingresos minimizando en lo posible los daños, sino también como estimular sin dañar la consolidación fiscal. A Zapatero se le reprocharon, con razón, la sucesión de medidas oportunistas y deslavazadas, sin plan ni continuidad. Pero a veces se tiene la sensación de que no acabamos de evitar del todo esa práctica.

De Guindos ha comenzado a poner el acento en las políticas de crecimiento. Incluso el podador Montoro asume que el Estado debe impulsar el crecimiento. Ya antes de su nombramiento como ministro, aquél sostuvo que «la restricción fiscal es imprescindible (aunque) hay que compensarla con medidas como la reforma laboral y la reestructuración acelerada del sector bancario. Ambas pueden generar confianza en los mercados financieros». El ministro de Economía muestra realismo y sentido común cuando afirma que «la generación de crecimiento y de empleo es lo básico para Europa» y reconoce que sólo con recortes de gasto y subidas de impuesto nos meteremos en una situación contractiva, lo que le sitúa más cerca de Sarkozy y Monti que de Merkel. Ya se dice que las medidas de ajuste (recortes) irán acompañadas de otras “imaginativas” de estímulo a la demanda, lo que resulta prometedor, pero sin embargo aún no han sido acordadas en Consejo de Ministros. Y seguimos a la espera de las políticas de empleo y de incentivación empresarial prometidas.

La esperanza oficial reside ahora en que las reformas estructurales, ya que no la inversión pública, generen el crecimiento anunciado. Esperémoslo pero de momento hay recortes sin reformas, y cuando estas lleguen sus efectos beneficiosos sobre el empleo a corto y medio plazo pueden ser muy reducidos.

De Guindos confía en el éxito de la tripleta ajustes-reformas-estímulos pero la verdad es que será difícil cuadrar las cifras macroeconómicas. No podemos olvidar las previsiones con las que nos movemos. Entre otras:

El 29/11/2011 la OCDE recortó duramente las previsiones para España: la tasa de desempleo rozará el 23% en 2012 (con lo que se sobrepasarán los 5,4 millones de 2011), y solo mejorará «ligeramente» en 2013, mientras la actividad se «contraerá aún más» por «la debilidad del mercado global» y «el impacto de la crisis de la deuda sobre la confianza y las condiciones de la financiación doméstica».

«Cumplir con tal ajuste fiscal masivo en un contexto de ralentización del crecimiento económico supone el riesgo de agravar la negativa perspectiva económica», señala la agencia Moody´s en una nota emitida tras conocerse la desviación del objetivo de déficit. «Ahora prevemos una contracción del PIB de entre el 0,5% y el 1% en 2012, augura el documento, en el que se advierte además del impacto negativo que tendrá en este esfuerzo de consolidación la crisis de deuda en el conjunto de la zona euro. Por su parte, Goldman Sachs eleva la futura contracción de la economía española hasta el 1,5%.

Más pesimistas todavía, los expertos de Morgan Stanley calculan que el PIB español prolongará el crecimiento negativo que sufrió en el último tramo de 2011. Este año acabará con un recorte acumulado del 1,7% para, a continuación, estancarse en 2013.

Será peor aún, según Citigroup. El banco estadounidense prevé (1 XII 2011) que la economía española caiga un 1,9% en 2012 y un 0,8% en 2013, mientras que un mes antes calculó que el retroceso del próximo año se quedaría en un 0,8%. Explicaba su posición por el impacto sobre el consumo y el gasto público del ajuste fiscal al que se van a someter las Administraciones públicas.

La propuesta del ministro de Economía incluye estímulos que requieren bajadas de impuestos a los agentes que crean empleo o aumentos de gastos. Sin embargo, al comienzo de 2014, cuando el déficit tenga que no superar el 3% y la deuda pública deba estar por debajo del 75%, la tasa de crecimiento debería estar en torno al 3% para crear empleo. ¿Es realista?

Están por ver, además, los efectos reales de una reforma laboral que resulta capital y que se prevé vaya en la dirección de un descenso drástico de las rentas. Hasta ahora, desde la perspectiva del PP una caída salarial rápida es básica para la recuperación de la economía, y en ese sentido se sitía la congelación del salario mínimo. Incluso Paul Krugman alertó hace algún tiempo que para lograr una economía competitiva los salarios tendrían que bajar en España un 25%. Sin embargo, el desafío a corto es mejorar la demanda de bienes y consumos.

A las dificultades internas objetivas para conjugar consolidación fiscal y crecimiento hay que añadir los obstáculos de orden externo. La persistencia del Gobiernos alemán en la llamada austeridad compulsiva (el síndrome de Berlín), bajo esa extraña “ética del sacrificio” (que salva a los bancos y a los responsables de los desaguisados y castiga a los ciudadanos) ha encaminado a las economías europeas (Gran Bretaña incluida a pesar de que su moneda se ha devaluado) a lo que se teme que llegue a ser una recesión en forma de L seguida de puntos suspensivos.

El rigorismo basado en la idea fantástica de que la austeridad expansiva daría confianza a los mercados y los inversores, reduciría la prima de riesgo y nos devolvería el crecimiento, simplemente ha fracasado. Lo que no quiere decir que haya que renunciar a reducir el déficit fiscal y poner tope a la deuda. ¿Pero en virtud de qué principio ha de ser intocable, pase lo que pase, que el déficit fiscal tenga que ser del 3% en 2.013 y no un 2,5% o un 3,5%; o un 3% en 2.014?

El Gobierno repite cada dos por tres su compromiso inquebrantable de cumplir los objetivos de déficit convenidos con Bruselas. Lo considera imprescindible para dar confianza a los mercados. Pero no es el único factor que valoran éstos. Si como consecuencia de esa posición se prolongase la recesión, dudarían de su cumplimiento. Por ello, como el compromiso, mientras exista, debe ser aceptado, quizás el Gobierno haría bien en negociar en Bruselas y Berlín una flexibilización del calendario del ajuste. Muy complicado, pero no es una idea disparatada, como lo demuestra el anuncio de Montoro de que pasará de cinco a diez años el plazo para que las ahogadas CCAA devuelvan la deuda que mantienen con el Gobierno. Como ha escrito Guillermo de la Dehesa (El País, 08/01/2.012) “La solución lógica es que dichos déficits sean medidos en términos estructurales (ajustados por el ciclo) o que sus objetivos se retrasen uno o dos años, ya que, de cumplirse a rajatabla, con crecimiento nulo o negativo, la recesión será insostenible socialmente”. Pero ahí topamos con Bruselas y la señora Merkel.

Cuestiones de fondo

Es deseable que el Gobierno, atento a las urgencias y a las reacciones de los mercados, entre al diagnóstico y solución de las causas más profundas de la crisis y enfoque el origen estructural de algunos de nuestros problemas más graves. En ese sentido, Rajoy apuntó con acierto a la educación en el discurso de investidura. Como bien sabemos, el despilfarro y la mala gestión han causado el agujero de las administraciones y el endeudamiento de las familias. Y ahí están la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Pero hay que ir a las causas de las causas. Y estas atañen al modelo económico y al modelo político. En relación al primero, las reformas financiera y laboral –en las que el Gobierno tiene puestas todas sus esperanzas- son necesarias pero insuficientes, sin que se vea una política decidida a dar solución a las raíces de la crisis y el desempleo, que en nuestro caso tiene hondas causas estructurales. Es más, es preocupante que habiendo sido nuestro modelo productivo basado en la construcción una causa particularmente grave de la crisis, el Gobierno anuncie entre sus primeras medidas la recuperación de la desgravación por vivienda y la eufemísticamente denominada por Arias Cañete “puesta en valor” de las costas.

¿Qué va a hacer el Gobierno para restablecer la unidad de mercado interior? ¿Dónde está el plan de competitividad que justificaría la colocación de este concepto en el frontispicio del Ministerio? ¿Qué va a hacer para acabar con la brecha del 23,3% de economía sumergida que nos separa de Europa? Lo fácil es tirar del IRPF, lo que puede explicarse en una situación de emergencia, ¿pero para cuando una reforma fiscal profunda que penalice de verdad el fraude y la evasión y favorezca el capitalismo productivo frente al especulativo? ¿Cuándo un sistema de financiación de las CCAA y los municipios que no esté basado en el desenfreno inmobiliario?

La crisis ha dejado al descubierto las fragilidades de nuestro sistema productivo y hay que aprovechar para generar un nuevo modelo de crecimiento que sea sostenible en el contexto de la globalización económica. La recuperación económica, cuando llegue, no bastará.

¿Y la crisis política?

La tremenda situación a la que hemos llegado no se puede reducir a un simple problema de exceso de gasto público y endeudamiento, a resolver mediante una consolidación fiscal que quede obligada por ley. ¿Cómo podemos ignorar o eludir las graves y generalizadas responsabilidades políticas, institucionales y empresariales, por acción u omisión, en este escandaloso tinglado de engaños, corrupciones, clientelismos y enriquecimientos ilícitos? Algo huele a podrido en un sistema donde hemos podido llegar a esto sin que salten las alarmas y donde la extensión de los desmanes ha contado con la permisividad social (véase el caso de Valencia) y la pasividad de los “vigilantes”.

¿Es que acaso no hay nada que limpiar o corregir en nuestro sistema autonómico (el “mejor invento político del siglo”, al decir de un periodista) sin ser acusados de querer destruirlo? El mayor peligro para nuestro modelo institucional autonómico es el deterioro y desprestigio causado al conjunto del mismo por la inepcia y el despilfarro de las castas políticas creadas en algunas comunidades.

El 12 de enero, ante los consejeros de Economía de las CCAA gobernadas por los populares, el ministro Montoro reafirmó el “pleno respeto” del PP a la autonomía económica, política y financiera de las comunidades autónomas “desde el convencimiento de que un Estado descentralizado no tiene por qué ser despilfarrador y generador del déficit”. No tiene por qué…pero lo es. ¿Nada hay que revisar en el modelo de comunidades autonómicas que han causado o permitido escándalos como el de la CAM y se han colocado en situación de ser intervenidas? Pues parece que el ministro no se lo plantea, dado que su “garantía” venía a desmentir la posibilidad, adelantada por el ministro de Economía, de que el Gobierno ejerza algún control previo de los presupuestos autonómicos. La sugerencia del “técnico” De Guindos cayó victima, ante el ministro “político”, de la necesidad de apaciguar a los barones populares y del acuerdo nada transparente con CiU, que pasó de votar no a Rajoy en la investidura a votar sí a las medidas del Gobierno.

Si de algo ha de servir la crisis que padecemos no es de pretexto para desmantelar el estado de bienestar sino para justificar una profunda reforma del Estado y de los partidos. Para poner fin a las complicidades cada vez más mafiosas entre poderes y clanes, aplicar la transparencia y hacer posible que los ciudadanos puedan controlar realmente a sus representantes. Pero Mariano Rajoy no quiere oír hablar de la corrupción. Le pone enfermo. De ahí su airada respuesta a Rosa Díez cuando le planteó el asunto en el debate de investidura. No es que él sea un corrupto sino que es consciente de que enfrentarse al problema es contrariar gravemente a la casta beneficiaria del mismo.

¿Cuál es el coste de la estructura político-administrativa de este país? La reducción de un 20% en las subvenciones a partidos y organizaciones sindicales y empresariales ha sido un gesto positivo destinado a edulcorar ante la opinión pública el trago de los recortes e impuestos, pero no basta ni mucho menos. La poda tiene que entrar de lleno en esa miríada de fundaciones, empresas públicas e instituciones de todo tipo y signo en las que se acomoda una subclase política y clientelar de los partidos. Es preciso acabar con instituciones inútiles o innecesarias pobladas por la casta parasitaria compuesta de miles de asesores, contratados a dedo y beneficiarios de innumerables empresas públicas sin control, que perciben miles de millones en dietas, sueldos superiores a los de los funcionarios, coches oficiales, gastos de representación, subvenciones…

La crisis ha destapado lo que ya suponíamos: el saqueo de las cajas de ahorro, en connivencia con la casta política, y su utilización en beneficio de los amigos y parientes. La política y sus suburbios institucionales, empresariales y financieros se han convertido en el asilo de vividores.

La desafección y rechazo hacia los políticos, de lo que hay cada vez más evidencias, ha estado amortiguada por la expectativa de un “cambio” que vendría a solucionar o a paliar nuestros problemas colectivos. El Gobierno no puede ignorar que la demanda de regeneración que surge de la sociedad se hace más explosiva cuando se nos piden sacrificios sin ofrecer ejemplaridad.

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