General

La criminalidad del encubrimiento climático

Dic 10 2015

John Saxe-Fernández – La Jornada, México

Estados Unidos es una oligarquía con capacidad ilimitada para el soborno político, que se expresa en nominaciones para presidente o para elegir al presidente. Esa observación del ex presidente Carter, en respuesta a la deplorable decisión de la Suprema Corte (abril, 2014) de eliminar límites a los donativos para las campañas electorales, está en la base de una riesgosa descomposición vinculada a la financiarización y militarización de Estados Unidos, potencia en crisis hegemónica una de cuyas expresiones se detecta en la COP21 y en la tolerancia estatal ante la criminalidad del encubrimiento climático de las grandes petroleras, mientras en París está en vilo la civilización y más que eso, se juega con la extinción acelerada de las especies, incluida la nuestra, por los efectos bio-ecológicos del calentamiento global en curso, cuya ventana de oportunidad para evitar una catástrofe climática irreversible se cierra rápido, según advirtió el secretario general de la ONU.


En las diversas etapas de la centralización y concentración del poder monopólico y oligárquico en Estados Unidos, analizadas por C. Wright Mills, Sweezy, Barán y Domhoff, resalta hoy el gran poder del aparato financiero vinculado al del estratégico eje de acumulación energético fósil (carbón, petróleo, gas, máquina de combustión interna, electricidad, carreterización, petroquímica, etcétera). Pero esa oligarquía, de astronómica capacidad y orientación hacia la criminalidad de Estado, que acompañó al ascenso (y ahora al descenso) hegemónico de EU, no es monolítica ni a nivel nacional o internacional: presenta fisuras que se hacen más profundas ante los retos y calamidades de lo que algunos analistas perciben como un muy precipitado y riesgoso descenso hegemónico. Las fisuras de las coaliciones de clase formadas incluso dentro de la poderosa fracción fósil y bancaria, se profundizan.

La continuidad en la política de seguridad entre Bush II y Obama persiste, pero los costos para el demócrata se acrecientan debilitando el liderato intelectual y moral que, junto al dominio policial/militar es eje central de toda hegemonía: en el París post-ataques, la potencia hegemónica está afectada por su papel en el fomento del Estado Islámico (EI). Como indiqué en otro artículo, el general Michael Flynn, ex director de la Agencia de Inteligencia Militar de Estados Unidos (DIA) confirmó (textual) el impulso de la Casa Blanca a los grupos que formarían EI y Nusra. En entrevista, Flynn dijo dos veces que esa fue una decisión a sabiendas (a willful decision) y aclaró que las políticas que llevaron al surgimiento del EI, no fueron resultado de la ignorancia o de mirar al otro lado, sino una decisión consciente. A esto se añade el deterioro del liderazgo de Estados Unidos ante las expectativas de muchos gobiernos como el francés y ruso, de que de París debería salir un acuerdo vinculante, descartado por Obama y Kerry, reflejando así la influencia de quienes hacen de las emisiones de GEI la base de sus negocios. Siguen a William Clinton, que no envió el Protocolo Kyoto al Senado y a Bush II, que no dudó un segundo en acatar el consejo de Exxon/Mobil de no apoyar ese Protocolo.

Mientras en Nueva York, Exxon, la mayor petrolera del mundo que resiste y ha logrado retrasar todo intento por el control de los GEI presiona a periodistas, estudiantes, a una profesora, al Presidente y Consejo de la Universidad Columbia ¡incluido el Fondo de los Hermanos Rockefeller! por informar (Los Angeles Times Oct 9 y 23, 2015) sobre el encubrimiento climático que perpetró la petrolera con otros, durante cuatro décadas. Esto junto a una sistemática campaña contra la ciencia climática y el apoyo millonario a grupos negacionistas del calentamiento global antropogénico. La documentación muestra que por décadas Exxon lideró la investigación climática y estaba informada y advertida por sus propios científicos de que la emisión de GEI calentaba el planeta, un conocimiento de la ciencia climática que Exxon utilizó en sus cálculos para invertir en el Ártico, por lo que el procurador de Justicia de NY procedió a investigar la firma. Sharon Eubanks, ex abogada del Departamento de Justicia de EU (DOJ) que llevó el juicio contra las grandes tabaqueras por desplegar a lo largo de 50 años una pauta de actividad ilegal como parte de una empresa que es propiedad o es controlada por aquellos que realizan la actividad delictiva, centrada ésta en una campaña deliberada para sembrar duda sobre los peligros de fumar tabaco, hizo un llamado al DOJ para que proceda a investigar a las grandes petroleras por reclamos semejantes: encubrir y desplegar propaganda deliberada para engañar al público sobre los riesgos de su producto. Para Eubanks la documentación revelada hasta ahora amerita la acción del DOJ: Acusamos a las tabaqueras de mentir sobre el cáncer. Hagamos lo mismo a las petroleras sobre el cambio climático. Esto es mucho más importante.

Anexo:

COP 21: los DDHH en las discusiones sobre cambio climático

por Ezio Costa Cordella – El Mostrador, Chile

No es fácil entender la importancia que tiene un evento como la COP21, que se celebra por estos días en París. No es fácil, en primer lugar porque el conocimiento sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias y maneras de enfrentarlo es a la vez inasible y escaso. Inasible por la gran la cantidad de estudios, expertos, opiniones, posiciones políticas y éticas que se discuten a nivel global. Escaso por la poca penetración que estas discusiones tienen en el público en general y en los medios tradicionales a pesar de la relevancia que los efectos del cambio climático tiene sobre la vida cotidiana de las personas. Cosas que van desde el precio de los alimentos hasta la frecuencia de los grandes desastres ambientales, se vinculan con el clima y, en ese sentido, con la ciencia, la política y la economía.

De este evento, donde más de 11.000 personas de todo el mundo se reúnen en torno al desafío de colaboración más urgente que ha enfrentado la humanidad, saldrá el texto que “gobernará” el cambio climático desde el año 2020 en adelante. El objetivo es mantener este fenómeno en niveles “menos peligrosos” para la humanidad, lo que hoy se espera, sea fijado en 1,5º de aumento de la temperatura de la tierra, en comparación al período pre-industrial.

Los desafíos, tanto dentro del texto mismo como una vez que éste haya sido acordado, son múltiples y complejos. Uno de los más relevantes, es el reconocimiento de los derechos humanos como uno de los principios básicos del Acuerdo de París, sobre los cuales construir las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Esto tiene una relevancia fundamental para evitar que el peso de la mitigación, y especialmente el de la adaptación, no sea puesto nuevamente en los grupos más vulnerables, que son los que menos han hecho para llegar a esta situación y sin embargo son quienes se encuentran en mayor riesgo y por lo tanto, sufren mayormente con los impactos del cambio climático.

Por dar un ejemplo concreto, las personas que viven en tomas de distinto tipo en diversas ciudades del mundo, normalmente lo hacen porque no tienen recursos para solventar otro tipo de viviendas. Ellos han hecho muy poco para contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero y sin embargo son los más golpeados por sus efectos. Poco tienen para defenderse frente a tormentas inusuales (como el norte de Chile), sequías prolongadas (como el centro de Chile), incendios forestales abonados por altas temperaturas y sequía (como hemos visto en Valparaíso y en el centro-sur de nuestro país) y otros fenómenos similares. La pregunta entonces es ¿cómo contribuir con políticas públicas que disminuyan el riesgo para estas poblaciones? A esa pregunta se le puede dar muchas respuesta, una de ellas podría ser erradicar violenta o forzadamente a los pobladores de los sectores de mayor riesgo; pero claramente esa alternativa no respetaría a esas personas en sus derechos más fundamentales y por lo tanto no parece aceptable.

Incluir los derechos humanos de manera expresa en el texto del acuerdo de París, permitiría entonces poner una barrera de defensa a las personas en situaciones más vulnerables, evitando situaciones como la descrita y “soluciones” que sólo acrecienten el problema para algunos.

Las negociaciones en este sentido han sido complejas. Una serie de países de todos los continentes han apoyado tanto de manera pública como privada que se haga este reconocimiento expreso, agregándose incluso menciones a los derechos indígenas y la consideración de cuestiones de género, a pesar de que estos dos temas en el último borrador sólo forman parte del preámbulo y ya no del articulado. El papel de Chile en esta área es aplaudible, pues ha sido uno de los países que se ha comprometido con la incorporación de los derechos humanos en el texto del acuerdo, siendo un activo impulsor de ello en las negociaciones.

¿Cuáles han sido las trabas a esta inclusión? Aparentemente hay dos grupos de países que son los que mayores problemas han puesto en este esfuerzo. Lo curioso es que ambos han seguido estrategias muy similares, que si bien aparecen como progresistas, claramente son lo contrario. La maniobra consiste en pedir que se haga un reconocimiento adicional a una categoría de derechos sobre los cuales hay menos consenso internacional y poner esa categoría como condicionante. La retórica es clara: “nosotros no sólo reconocemos los derechos humanos, sino que además queremos que se reconozcan derechos que van más allá”. Pero la consecuencia de esto es evidente: como la regla de aprobación del texto es el consenso, poner categorías aparentemente más inclusivas, pero que no son apoyadas por la mayoría, se vuelve autodestructivo, impidiendo que se reconozcan los derechos humanos en el tratado.

Los dos grupos de países que supuestamente han intentado esta estrategia, habrían sido los países árabes del golfo y los países latinoamericanos agrupados en ALBA (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba, entre otros). El primer grupo, intentando incorporar los “derechos de los pueblos ocupados” y el segundo intentando incorporar “los derechos de la madre tierra”, ambas cuestiones que si bien pueden ser adecuadas no tienen un reconocimiento internacional suficiente y por lo tanto, impuestas como condiciones, solo traban la incorporación de los derechos humanos en el acuerdo.

Una flexibilización de sus posturas es clave. El respeto por los derechos fundamentales, individuales y colectivos de las personas debe estar al centro de la discusión del cambio climático, pues son finalmente la razón de ser del esfuerzo de coordinación que las naciones están haciendo. Por lo mismo, es de esperar que los países en cuestión, especialmente los latinoamericanos, con quienes compartimos las raíces y los valores que sostienen los derechos humanos, cambien su postura y den finalmente el apoyo necesario para proteger a sus poblaciones.

Un mínimo ético de respeto con el prójimo, pone a los países en la necesidad de asegurar que ahora que se intenta salvar la situación, ello no se hará nuevamente a costa de las personas más vulnerables.10 diciembre 2015.

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