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¿Qué es el neofascismo europeo?

Oct 29 2018

Sami Naïr* 

El neofascista de nuevo cuño sostiene una concepción pura de la nación, rechaza visceralmente el mestizaje y señala al inmigrante como nuevo chivo expiatorio. Su auge procede de la precarización económica y social

Europa se construye desvelando, como telón de fondo, una identidad incierta. Experimenta una tensión conflictiva de cara al futuro, porque los cimientos originales del proyecto europeo, aunque asentados en la democracia de postguerra, estaban basados en intereses económicos sin consenso de pertenencia política común.

El nuevo ciclo que se ha abierto con la crisis de 2008 ha puesto en evidencia tanto el déficit democrático respecto de la gobernabilidad del conjunto europeo como la desagregación social sufrida por capas enteras de las sociedades. Diez años después del inicio de esta deflagración económica, comparable a la de 1929, y al amparo de una estrategia de salida de crisis “austericida”, el terreno social es más favorable que nunca al desarrollo de movimientos nacionales de ultraderecha, que se oponen al proceso de integración europeo en nombre de identidades étnicas, políticas, culturales y confesionales, apelando, como bandera, a la defensa de la nación asediada a través de la exclusión xenófoba. El crisol de expansión de un nuevo fascismo europeo resulta obvio.

En Europa occidental, el rechazo identitario —latente desde principios de los años 1980 con la creación del mercado único— se ha agudizado severamente, dando cabida a movimientos de extrema derecha en casi todos los países. Y, al fragor de la ola conservadora mundial, incluso los partidos de la derecha tradicional, con el afán de evitar neutralizar su liderazgo, se someten poco a poco a la retórica nacionalista y al uso demagógico de la figura del inmigrante, el nuevo chivo expiatorio.

En Europa del Este, el auge nacionalista es aún más virulento: junto al resentimiento contra el viejo enemigo ruso, se ha añadido, ahora, la sospecha de avasallamiento por parte de los países occidentales, considerados por la derecha extrema como nuevos opresores. Aunque los países del Este estén lejos de constituir un ente común y engloben fuerzas democráticas, liberales y sociales pro-europeas, la nota dominante la marcan las fuerzas reaccionarias.

El resurgir de los partidos de extrema derecha nos retrotrae indefectiblemente al fascismo de los años treinta, adaptado a la actualidad política y económica. Es éste un neofascismo integral, cuya estructura ideológica no ha variado en la esencia, desplazando solo la figura del enemigo: del judío y el comunista al inmigrante y desde la crisis de los refugiados en 2015, el musulmán. Es imperativo, pues, entender el contenido de esta ideología neofascista.

Sostiene una concepción pura de la nación (biológica, cultural o histórica), un rechazo visceral al mestizaje, y manifiesta un temor patológico frente a la evolución de los usos culturales (de ahí su homofobia y antifeminismo). En el terreno político, considera el “pueblo” una entidad orgánica, homogénea y opuesta a la división en clases sociales; deslegitima la representación política (“todos los políticos están podridos”), mientras obedece ciegamente a líderes demagógicos omnipotentes. En general, sus programas políticos hacen confluir, para atraer a las capas más pobres, vertientes del Estado social autoritario con una suerte de “corporativismo” pequeño-burgués, abanderando así su oposición frente a las “élites plutocráticas y cosmopolíticas”. En las últimas elecciones presidenciales de Francia, el programa de Marine Le Pen era formalmente mucho más de izquierda que el de Emanuel Macron. Proponía medidas sociales favorables (obviamente irrealizables) a las capas asalariadas, siempre que sean francesas de “origen”. Todos estos movimientos abogan ahora por reducir los derechos de seguro social, de sanidad y incluso de paro, a los inmigrantes, quienes por otra parte pagan por los mismos. Hay una estrecha relación entre esta visión de apartheid entre nacionales y extranjeros inmigrantes en su concepción de la nación, y la separación que quieren establecer entre las naciones europeas.

Sin perjuicio de sus diferencias culturales, nacionales y políticas, estas características se encuentran mutatis mutandis en todos los movimientos neofascistas actuales. Y cabe hacer derivar su nacimiento y apogeo de una profunda desestructuración del tejido económico, social y cultural europeo. Piénsese que la desagregación de las viejas estructuras económicas, en el contexto del mercado europeo unificado, ha dejado de lado y precarizado a grupos sociales que se han visto brutalmente excluidos o a los que se les ha sustraído la posibilidad de conquistar posiciones estables: experimentan no solo el bloqueo de la “movilidad social ascendente” sino la descualificación de estatuto social en la sociedad. Capas medias bajas, clases obreras, sectores importantes de la intelectualidad (el caso italiano es emblemático), padecen, a la vez, un proceso de desafiliación social y una crisis de confianza en el proyecto europeo. La fuerza de la retórica de extrema derecha consiste en establecer una relación directa entre los efectos disgregadores de la política de austeridad, el mismo proceso de construcción europea y la presencia de los extranjeros. Carga contra las élites supranacionales europeas y los inmigrantes como proletariado nuevo de reemplazo, siempre sujeto a discreción. La extrema derecha en los países del Este, que no quiere renunciar a los recursos económico-financieros europeos, pretende defender otra idea de Europa, blanca y cristiana.

Este doble carácter, aparentemente contradictorio: anti/pro-europeo, configura la nueva identidad del fascismo en las dos Europas. Anti, pues rechaza con virulencia todo reparto de soberanía para profundizar la integración inter-europea y finalmente dotar las instituciones de potencia política; pro europeo, porque sueña construir una Europa en la que la etnia, la raza, la religión, fueran criterios de discriminación entre los ciudadanos y en el resto del mundo. En el parlamento europeo, la alianza entre los movimientos neofascistas reposa sobre este último vínculo.

Ahora, la ultraderecha gobierna ya o bien influye decisivamente sobre las políticas de Hungría y Polonia. En Austria y Italia, son los mismos gobiernos quienes asumen políticas xenófobas; en otros países, los partidos neofascistas ocupan posiciones relevantes en instituciones cercanas a la ciudadanía (municipios, colectividades locales, servicios sociales públicos, etc.), idóneas para poner en práctica sus programas. Por supuesto, aunque revistan la misma tonalidad de color, intentarán a cualquier precio disimular su filiación “fascista”, históricamente desacreditada. Es lo que ocurre en Francia con Marine Le Pen, o en Hungría con Viktor Orbán.

Frente a esta gravísima situación, es imprescindible que las fuerzas democráticas tomen las riendas desde la raíz. Todo el proceso europeo, tan difícilmente conseguido desde la segunda guerra mundial, puede estallar bajo los golpes rabiosos de estas fuerzas oscuras. No habrá posibilidad de vencer su retórica si la estrategia se reduce solo a minimizar el impacto de su ideología o asentir la exclusión de los extranjeros, replegándose sobre las fronteras nacionales. Neutralizar a la ultraderecha representa un desafío europeo y, por lo tanto, la respuesta debe ser europea. Una respuesta coordenada y política. No basta con solo recuperar los valores democráticos frente a esta nueva barbarie, sino, más aún, elaborar materialmente propuestas sociales y políticas para reinsertar a las capas excluidas o precarizadas: empleos, seguridad profesional, esperanza colectiva. Vencer este neofascismo europeo significa, más que nunca, defender una Europa social y solidaria.

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*Politólogo, filósofo, sociólogo y catedrático francés, especialista en movimientos migratorios y creador del concepto de codesarrollo. Entre 1997 y 1999 fue asesor del Gobierno de Lionel Jospin y hasta 2004, europarlamentario. En El País, 29 oct.2018

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Incluso en Polonia la vida es bella

Xavier Vidal-Folch – El País

La Carta de Derechos no solo rige ante las instituciones comunitarias; también nos protege de nuestros Gobiernos

Hace una semana, cuando se reincorporó a su puesto de presidenta del Tribunal Supremo, del que el Gobierno le había expulsado junto a otra veintena de magistrados, Malgorzata Gersdorf respiró profundamente. “De momento, somos los ganadores; veremos qué pasa, pero hoy la situación es buena y la vida es bella”, manifestó, aliviada.

Para procurar esos alivios frente a los atropellos sirve la Unión Europea. Fue la Comisión, esa presunta banda de burócratas desalmados, quien el 24 de septiembre pidió al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que suspendiese con urgencia la ley de reforma del Supremo polaco fabricada por el Gobierno iliberal del partido Ley y Justicia. Porque bajaba la edad de jubilación de 70 a 65 años para desembarazarse de los jueces que no había podido ahormar, incrementaba de 93 a 120 los puestos magistrales y permitía publicar 44 vacantes a proveer a su gusto.

Bruselas iba escaldada por Hungría. Pleiteó antes contra Viktor Orbán, que había bajado la jubilación a 62 años. Sin solicitar cautelares. El Gobierno facha de Budapest hizo de su capa un sayo: al llegar la sentencia, los jueces ya habían desaparecido del mapa o sus puestos habían sido ocupados por togados dóciles.

La magistrada española de Luxemburgo Rosario Silva dictó el día 19 el auto (caso C-619/18R) en que suspendió la reforma del Supremo polaco, ordenó la devolución de las sillas a sus legítimos ocupantes y prohibió el nombramiento de otros jueces, hasta que se vea el fondo del asunto.

Varsovia ha reaccionado en desorden y con dispersión. Lleva una semana sin reacción oficial. Se espera que en esta diga esta boca es mía. Mientras, Malgorzata, que ya desobedeció este verano y siguió unas horas en su puesto, lo ha recuperado.

Pues Luxemburgo aplica el Tratado de Lisboa (artículo 19: los Gobiernos deben garantizar la tutela judicial efectiva) y la Carta de Derechos Fundamentales: si no hubiese tomado medidas urgentes, el nuevo Supremo polaco habría adoptado decisiones “sin las garantías inherentes al derecho fundamental de todos los justiciables a un juez independiente”, que es factor clave del “contenido esencial del derecho a un juicio justo”.

Frente a los Gobiernos autoritarios, el peso de la ley democrática. Ya se va viendo cómo la Carta de Derechos no solo rige ante las instituciones comunitarias. También nos protege de nuestros Gobiernos. Un avance copernicano.

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