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Migración, hacia la gestión multilateral

Jul 25 2019

Jorge Eduardo Navarrete *

La semana pasada, con importante aportación de México, se registró un avance hacia la gestión multilateral de las migraciones: la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 73/326 que prevé convocar, a partir de 2022 y después cuatrienalmente, foros multilaterales en la materia, quizá la más enconada y compleja de la agenda global del actual decenio y los venideros. Por contraste, casi al mismo tiempo se registró una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos que, en contradicción abierta con el derecho y la práctica internacionales en materia de asilo y refugio, establece un virtual régimen de excepción en esta materia que intenta legitimar el chovinismo, la discriminación y el racismo que caracterizan las actitudes de la administración Trump en el tema migratorio.

Estos dos enfoques –el de cooperación multilateral y el de nacionalismo excluyente, que por desgracia no sólo se manifiesta en Estados Unidos– se mantendrán en pugna en los años venideros. Quizás en algo más de un decenio las ventajas del primero resulten evidentes, al consolidarse su primacía de manera ascendente y también progresivamente se abandone el segundo, ante la evidencia de sus costos crecientes y de los riesgos que entraña, materializados en frecuentes episodios de violencia. Sé que expongo una perspectiva quizas optimista en demasía, cuya actualización dista de estar garantizada. Reclama, más bien, el esfuerzo constante y organizado de la mayor parte de la comunidad internacional.

En el papel –y desde su título mismo: Formato y aspectos de organización de los foros internacionales sobre las migraciones–, la resolución adoptada el 19 de julio puede verse como cuestión de procedimiento. La forma en que fue votada muestra que se trata de una decisión sustantiva, de gran calado: el apoyo que recibió fue amplio y diverso (118 de 136 votantes), representativo de la variada membrecía de la Organización. Trece naciones se abstuvieron. Cinco votaron en contra: Estados Unidos, Estonia, Hungría, Israel y Polonia. Buena colección ésta de gobiernos de ultraderecha e hipernacionalistas, uncidos a la defensa a ultranza de expresiones estrechas del interés nacional visto por una fracción no siempre mayoritaria de sus poblaciones. Por lo menos están bien definidos los campos.

Entre los 118 votos que favorecieron la resolución se contó el de México, cuyo representante permanente –al explicar su voto antes de emitirlo– subrayó que ningún país puede por sí mismo manejar de manera efectiva los movimientos transfronterizos de personas, por lo que corresponde a las Naciones Unidas facilitar el diálogo y proporcionar asistencia en materia migratoria. Los foros permitirán reunir voces muy diversas y contribuir a la formación de consensos –globales, regionales y subregionales– que estimularán el diseño y adopción de acciones multilaterales precisas y efectivas, que hasta ahora han eludido a la comunidad internacional.

The Economist dedicó una de las notas editoriales de su número del 20 de julio a disectar una reforma de la regulación migratoria de Estados Unidos, puesta en vigor ipso facto y casi inadvertida entre el escándalo producido por las invectivas racistas del presidente contra cuatro representantes demócratas recién elegidas. Esa reforma, violatoria de la Convención de Ginebra de 1951 y de la propia ley estadounidense sobre refugio de 1980– establece que Estados Unidos no considerará las solicitudes a menos de que los interesados demuestren haber buscado asilo en algún país por el que hayan transitado para llegar a terreno estadunidense y haber sido rechazados por éste. “La reforma –agrega– afecta a cualquiera que no sea mexicano y que llegue a la frontera por tierra”, es decir a más de 80 por ciento de los 688 mil solicitantes detenidos en la línea entre octubre de 2018 y junio pasado. De este modo, cualquiera que atraviese por Guatemala o México en su camino a Estados Unidos sin haber buscado refugio allí, será rechazado sin mayor trámite. La nueva práctica –dice el editorial– afectará a decenas de miles de personas por año y contradice medio siglo de precedentes. Además, a partir del 23 de julio se facultó a los agentes de migración para ordenar la deportación inmediata, sin intervención judicial, de cualquier extranjero ingresado ilegalmente en los dos años anteriores a su detención. Se estima ( WP, 23/7/19) que podrían verse afectados hasta 300 mil migrantes, muchos de ellos mexicanos. El presidente quiere mostrar a sus electores que no fue del todo vana su promesa de deportar a millones de ilegales.

La resolución de las Naciones Unidas, que abre vías a la construcción de consensos y a la acción colectiva y solidaria, contrasta en forma dramática con la reforma a la práctica migratoria estadunidense que estimula la trata de personas, hace más riesgoso el intento de atravesar esa frontera y eleva los costos para todos los países involucrados, incluso Estados Unidos mismo.

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*Economista y diplomático mexicano. Columnista de La Jornada. Ha sido Embajador de México en Venezuela, Alemania, Naciones Unidas, China, Chile, Brasil, Austria y Yugoslavia, además fue Subsecretario de Políticas y Desarrollo Energético de la Secretaría de Energía. En sección Opinión de La Jornada,25.07.19.

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Los migrantes y la crisis humanitaria en México

Miguel Tinker Salas y April Mayes*

México enfrenta una crisis humanitaria sin precedente histórico. Mientras los medios tradicionales se enfocan en la frontera norte, la realidad es que el límite con Guatemala se ha convertido en la frontera entre los países del sur global, México y Estados Unidos. En Tapachula, se encuentran inmigrantes de la mayoría de las naciones de África, del sur de Asia, de toda Centroamérica, de Haití y de Cuba. Desde junio de 2019, cuando México acordó con el gobierno de Donald Trump, para evitar la imposición de aranceles, la situación para los migrantes ha empeorado dramáticamente, agudizándose la crisis en la frontera sur. Como respuesta, México ha militarizado su frontera, con la presencia de la Guardia Nacional, la Policía Federal y oficiales del servicio del Instituto Nacional de Inmigración que detienen a cualquiera que intenta entrar al país.

Lamentablemente, la situación en la frontera sur es paralela a lo que Estados Unidos impulsó en su propia frontera con México. A partir de la década de los años 80, Washington comenzó a militarizar la frontera con México de forma decisiva. La administración de Bill Clinton optó por construir murallas entre ciudades fronterizas como Tijuana y San Diego, obligando a los migrantes a buscar rutas alternas a través del desierto o a contratar con coyotes en el empleo del crimen organizado para poder cruzar a Estados Unidos. Estos dos resultados aumentaron la vulnerabilidad de los migrantes y ocasionaron la muerte de cientos de personas en el desierto entre Sonora y Arizona.

La crisis humanitaria en el sur de la República tiene dos facetas: la primera es la respuesta militar a la migración y la otra es el colapso del sistema administrativo que debería atender las necesidades de los migrantes. Al igual que en la frontera norte, la militarización de la sur y el cierre de los pasos tradicionales entre México y Guatemala obliga a los migrantes a buscar nuevas rutas en territorios inhóspitos y los entrega al crimen organizado que opera en estas zonas. En anticipación de la visita del secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que México había logrado reducir el cruce de indocumentados en 40 por ciento. Esta cifra se utiliza sin considerar que no existe una base de datos anteriores o sin tomar en cuenta que los migrantes podrían estar utilizando otras rutas.

En términos de lo administrativo, la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) admite que hasta la fecha ha recibido 31 mil peticiones de asilo y que al final de 2019 serían más de 80 mil. Las instituciones mexicanas han sobrepasado su capacidad de responder en forma expedita a las necesidades de los migrantes. Diariamente cientos de ellos hacen filas interminables en las oficinas de la Comar sin poder ser atendidos de forma ágil. Esto lo confirman los defensores de migrantes que reportan nunca antes haber visto un aumento tan dramático de solicitudes para refugiados. También confirman que en los trámites los migrantes son explotados por supuestos licenciados que les prometen agilizar sus gestiones y les cobran cifras extraordinarias. Esto implica que los migrantes se encuentran en un limbo jurídico, que aumenta su vulnerabilidad y donde pueden ser deportados. Esto ocurre en un momento donde las redadas contra ellos han crecido espectacularmente, y no sólo enla zona fronteriza, sino también en refugios para migrantes como recién sucedió en Saltillo.

México enfrenta una crisis tanto en su frontera norte como en la sur. La migración no va a detenerse. Para muchos, quedarse en su país de origen ya no es una opción viable. La violencia perpetrada por el crimen organizado y el Estado, la crisis económica y el cambio climático expulsan a cientos de miles de personas de todo el mundo.

En el corto plazo México debe agilizar los mecanismos de regularización y así sacar a los migrantes del purgatorio en que se encuentran. Debe detener las redadas y deportaciones que buscan sembrar el miedo entre ellos. En el largo plazo México debe buscar soluciones en América Latina, el Caribe, e incluso en Naciones Unidas, y no sólo ver hacia Washington, donde en plena campaña presidencial Trump seguirá exigiendo más y más de México, continuará atacando a los migrantes, incluso los mexicanos y mexicanas y no va honrar ningún acuerdo, ya que el ataque a migrantes es la piedra angular de su política nacional.

La migración en sí es un derecho humano. México es una nación de migrantes y depende de ellos para su propia economía. La migración no es una crisis humanitaria, la crisis la causa la respuesta del Estado ante las y los migrantes. La militarización no puede ser la respuesta a la migración.

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*Profesores de la Facultad de Historia, Pomona College

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