Derechos Humanos, Historia, Política, Violencia, Xenofobia

Cataluña, ¿un problema o una oportunidad?

Dic 17 2019

Por Manuel de la Iglesia – Caruncho*

¿Ofrece la negociación entre el PSOE y Esquerra una oportunidad, tal vez única, para resolver los conflictos territoriales que atenazan desde siempre a la vieja España?

Transcurren ahora dos meses desde que el Tribunal Supremo condenó a penas de prisión que van desde 9 hasta 13 años nada menos que a Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, a varios consellers y a dos dirigentes de la sociedad civil, los “jordis” -sin duda la sentencia más cuestionable-. La condena, como es bien sabido, deriva del intento de declarar la independencia de Cataluña a fines de 2017 después de un referéndum unilateral desautorizado por el Tribunal Constitucional (TC).

Tratemos de centrar bien el espinoso “conflicto” catalán. En realidad son dos problemas: el primero, la división de la sociedad catalana en dos mitades, una independentista y otra que no lo es -aunque esta incluya un porcentaje partidario del “derecho a decidir”-. La mitad separatista es apoyada por las instituciones catalanas, mientras que la que no lo es ha sido ignorada por la Generalitat, aunque cuenta con el amparo del Estado español. Si una inmensa mayoría fuera independentista, la independencia, a través de vías pactadas o a las bravas, sería imparable. Pero no lo es. Es “sólo” una mitad.

El segundo problema es la relación de Cataluña con el resto de España, cuyo encaje actual es cuestionado por esa mitad independentista.

Las manifestaciones más obvias de este conflicto, aunque no las únicas, son las multitudinarias movilizaciones populares que consiguen los independentistas, la prisión de los doce líderes mencionados y la aparición de VOX, un partido de extrema derecha que ha obtenido tres millones y medio de votos y 52 diputados en las últimas elecciones a las Cortes españolas, en buena parte, aunque no sólo, como reacción del nacionalismo español al desafío catalán.

Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que mencionar al menos cuatro momentos, tres de ellos provocados por estrechos intereses partidistas. El primero, la elaboración de la Constitución española de 1978 y su inevitable ambigüedad en el asunto territorial, debido a la delicada transición del franquismo a la democracia. El texto habla de la “Nación española”, de las “Comunidades Autónomas (CCAA)” -que todavía no se habían constituido- y del reparto de competencias entre ellas; pero recoge también que el Estado podría transferir o delegar en las CCAA facultades de titularidad estatal susceptibles de transferirse. Es decir, en la Constitución quedaron sin precisar asuntos que si se hubieran abordado habrían desembocado en un desacuerdo o en un buen retraso en su aprobación. Una ambigüedad que dejó la puerta abierta a distintas interpretaciones, más “rígidas”” y más “flexibles”, según la óptica más “rígida” o más “flexible” de los magistrados que compusieran en cada momento el Tribunal.

El segundo momento fue la aprobación en 2006 de un nuevo Estatuto catalán votado favorablemente por el Parlament y las Cortes españolas y ratificado en un referéndum por la población catalana. Aquel texto podría haber facilitado un nuevo encaje consensuado entre Cataluña y el resto de España por un período duradero, pero el Partido Popular, representativo de un nacionalismo español duro y peleón, prefirió presentar un recurso ante el Constitucional. Allí primó entonces una concepción “rígida” de la Constitución y se declararon anticonstitucionales diversos artículos -en algunos casos con el voto de seis magistrados a favor y cuatro en contra-. Cabe pensar que una parte de la población catalana pasó entonces de sentirse “nacionalista” o “catalanista” a “independentista”.

El tercer momento, que parece propiciar un salto aún mayor del separatismo, se produjo en 2012, cuando los dirigentes de Convergencia i Unió (CiU), en un contexto de crisis económica, recortes sociales y movilizaciones de los “indignados” en Cataluña, deciden abrazar la causa independentista y tratan de trasladar el origen del malestar desde Cataluña a Madrid -con bastante éxito-. Como destaca el famoso economista Piketty en su última obra “Capital e ideología”, es revelador comprobar que “el apoyo a la independencia proviene de manera espectacular de las categorías más favorecidas y, en concreto, de las rentas más altas”.

El cuarto momento se registró cuando, crecidas las fuerzas independentistas, los partidos soberanistas promovieron un referéndum unilateral sobre la separación de Cataluña y el “Parlament” proclamó la independencia (27-10-2017). El Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, aplicó entonces el artículo 155 de la Constitución, se hizo cargo temporalmente del gobierno de la Generalitat y convocó elecciones, mientras los 12 líderes eran arrestados y Chales Puigdemont, presidente de la Generalitat se fugaba de España.

El resultado de esas elecciones, celebradas en diciembre de 2017, ofrece una idea bastante fidedigna de la división de la sociedad catalana: los independentistas (JxCat, ERC y CUP) consiguieron 70 escaños en el Parlament y los “constitucionalistas” (Cs, PSC, Comú Podem y PP) 65, aunque de los 4,4 millones de votos emitidos, los independistas obtuvieron el 47,8% y los constitucionalistas el 51,1% -con un resto del 1.1% para otros partidos.

Saltemos ahora de Cataluña a España. El resultado de las elecciones generales del pasado 10 de noviembre ha obligado al PSOE, para lograr la investidura de Pedro Sánchez, a pactar un gobierno de coalición con Unidas-Podemos (UP) y a tratar de lograr la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) -salvo que se abstuviese Ciudadanos, lo que resulta muy  improbable por la participación de UP en la coalición de Gobierno-. El diálogo entre el PSOE y ERC ya ha comenzado y la pregunta esencial que surge es: esta negociación entre el centroizquierda español y una parte del independentismo catalán, ¿podría constituir una oportunidad para resolver la cuestión catalana y su encaje territorial en España?

Posibles salidas al conflicto

Antes de responder, exploremos las demás salidas al “conflicto”: una es la de “atajar” al independentismo a través de una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución, una posición defendida por las derechas, al menos en época electoral. Las consecuencias de una supresión prolongada del autogobierno catalán no son fáciles de imaginar pero, con dos millones de seguidores independentistas, no es aventurado pensar en estallidos de violencia frecuentes, en una crisis social y económica sin precedentes y en una militarización de la sociedad catalana; desde luego, un escenario indeseable para cualquier país democrático.

Un segundo escenario sería otro intento de celebración de un referéndum unilateral y una nueva declaración unilateral de independencia (DUI), posición que ha defendido el actual presidente de la Generalitat. El resultado ya lo conocemos: más fractura social, una considerable huida de empresas hacia otras CCAA y un enfrentamiento con el Estado español y sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado -y, llegado el caso, las fuerzas armadas, ya que el artículo 8 de la Constitución las obliga a defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional-. Ningún gobierno central, ni con una mayoría absoluta de izquierdas en el Parlamento, podría permitir una DUI. Por no hablar de la reacción enormemente contraria a las tesis independentistas que provoca en toda la ciudadanía española.

¿Qué opción queda? Pues, a pesar del enfrentamiento profundo que divide a la sociedad catalana y de la animadversión mutua entre el nacionalismo español y el catalán, sólo el diálogo y la negociación; una vía que tendrá que partir necesariamente del hecho de que España es un Estado compuesto por territorios con distintas identidades que pueden denominarse autonomías, regiones y nacionalidades -como hasta ahora en la Constitución o en los estatutos de autonomía-, pero que también pueden llamarse “naciones” en aquellos casos en los que haya un acuerdo al respecto. La denominación no tiene por qué coincidir para cada territorio, ni tampoco las competencias autonómicas. Nada tiene de negativo, sino al contrario, resulta enriquecedor, que existan y se reconozcan culturas e idiomas diferentes con tal de que los derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos o ecológicos, y la calidad de los servicios sociales -salud, educación, pensiones…- sean equiparables en todos los territorios.

Volvamos a la pregunta sobre si estamos ante una oportunidad de “hacer de necesidad virtud” y resolver los conflictos viejos territoriales. La respuesta, o es afirmativa, o nos lleva irremisiblemente a los otros dos escenarios; pero, para que no se escape la ocasión, las negociaciones presentes y futuras entre el PSOE y Esquerra habrán de distinguir entre medidas que mejoren la calidad política e institucional del nuestro sistema y que a la vez beneficien a Cataluña y medidas que, sin una espera prudencial, sólo atizarían el enfrentamiento.

Medidas imprescindibles

Lo primero es reestablecer la confianza entre las dos mitades de Cataluña, lo que requiere, en paralelo a la negociación entre el PSOE y ERC, un diálogo entre las fuerzas políticas catalanas, incluyendo las de derechas, salvo que se autoexcluyan. Ahí será imperativo un compromiso inequívoco de los independentistas de abstenerse a tomar acciones unilaterales para la independencia. Del mismo modo, ante un compromiso tal, parece imperativa la concesión de un indulto que libere de prisión a los líderes encarcelados. Un Gobierno legítimo no tiene porqué renunciar a ese instrumento por mucho que las derechas lo denosten.

Otra medida inevitable será la redacción de un nuevo Estatuto donde aparezca la palabra “nación” entendida no como un “Estado-nación”, sino como una nación sin Estado pero con identidad nacional propia. El PSOE debería comprometerse a intentar un cambio constitucional que defina a España como un Estado federal, como en diversas ocasiones ha declarado.

Un asunto impostergable es la revisión de la financiación autonómica, no sólo por Cataluña, sino porque hay evidencias claras de autonomías maltratadas financieramente, como la valenciana o la balear -sin olvidar las necesidades de la España de menor renta, como Andalucía, Extremadura o Galicia-. Nadie, tampoco las derechas, debería oponerse a ello ni tampoco a la tantas veces invocada reforma del Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial.

Convendría abordar también el reparto de algunas instituciones entre Madrid y Barcelona -y entre otras grandes ciudades como Bilbao, Sevilla o Valencia-. En la era de internet y el AVE no es imprescindible que la capital española concentre el Gobierno, las Cortes, los tribunales supremo y constitucional, los ministerios, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, buena parte de los centros de investigación… ¿Acaso habría un lugar mejor que Barcelona para acoger a un Senado de nuevo tipo? La ocasión de recolocar instituciones y, a la vez, de descongestionar Madrid, la pintan calva.

Por último, no puede evadirse la cuestión más delicada: la posibilidad de negociar un referéndum pactado sobre la independencia. Indiscutiblemente, ahora no es el momento. Los problemas que causa el Brexit en el Reino Unido serían naderías al lado de las pasiones que se despertarían en nuestra “piel de toro” si abrimos la puerta a todos nuestros demonios. El rechazo de la sociedad española a la secesión después de la DUI es enorme. Y plantear ahora un referéndum pactado llevaría al PSOE al suicido político.

No obstante, este partido podría comprometerse a considerar este asunto en el futuro, cuando la DUI haya quedado olvidada, se haya mejorado el clima de confianza, las emociones hayan cedido el paso a la razón y pueda hacerse pedagogía ciudadana sobre el respeto que debe merecer la voluntad libremente expresada por una mayoría cualificada de un territorio con una identidad nacional propia. En una legislatura posterior, podría encargarse a un grupo de expertos con distintas sensibilidades, incluyendo obviamente a las derechas, que analicen con sosiego las consultas realizadas en Canadá sobre Quebec y en el Reino Unido sobre Escocia y efectúen propuestas que después debatiría el Parlamento. Si Canadá y Reino Unido han organizado referéndum pactados de este tipo, no hay razón alguna para que aquí no puedan celebrarse. Si, ya sabemos que la Constitución actual lo impide, pero todo se puede modificar cuando hay buena voluntad y se llega un consenso.

En todo caso, con referéndum o sin él, el gobierno central tendrá que ofrecer a los catalanes argumentos de permanencia que cueste rechazar; y no los hay mejores que reconocer la plurinacionalidad de España y desarrollar una agenda de políticas públicas que resuelvan las necesidades de las personas, catalanas y no catalanas: salud, educación, salario mínimo digno, pensiones, seguro de desempleo, sistema de cuidados… Si alguien puede hacer creíble tal agenda es un gobierno progresista como el del PSOE y UP con el apoyo, aunque sea distante, de parte del independentismo. Y otra cosa: digamos a los catalanes, sin pena ni vergüenza, que queremos que se queden; que queremos a Serrat, a Llach, a Coixet, a los Gasol, a José Carreras, a Piqué, a Guardiola, a Boadella, a Gemma Mengual, a Masaguell… sean o no independentistas, al igual que admiramos la obra de Gaudí, de Tapies, de Pau Casals o de Manolo Vázquez Montalbán. Que nos gustaría que todos ellos/as siguieran siendo catalanes y españoles. Y, por cierto, vascos y gallegos también. Que no se escuche sólo a los emisarios del odio.

Los conservadores protestarán como siempre ante los cambios. “Conservar”, esa es su función, aunque en no pocos casos tienen que terminar por aceptar los cambios, como en la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio homosexual, la prohibición del tabaco en lugares públicos o el “Madrid Central”. Y es que las sociedades no suelen permitir retrocesos, aunque a veces se despisten. Ojalá no perdamos ahora la ocasión de lograr un avance en el encaje territorial, aunque la derecha patalee. No habrá muchas más.

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(Agradezco enormemente los comentarios de Raquel Martínez-López, Olga del Río, Carme Badía, Carmen Coll, Juan Martínez de Velasco y Koldo Unceta a un primer borrador, aunque la responsabilidad por el texto final es sólo mía).

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*Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en Madrid con la cooperación española y, durante casi quince años, en Nicaragua, Honduras, Cuba y Uruguay. Fue «Visiting Fellow» en el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex. Ha publicado ensayos, como «The Politics and Policy of Aid in Spain» (Institute of Development Studies, 2011) y obras de ficción, como «A pocas leguas del Cabo Trafalgar». Artículo  enviado a Other News por el autor.

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