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Golpismo desesperado en Bolivia

Dic 26 2019

Julio Hernández López  – La Jornada

// Acoso a embajada mexicana // Temen que asilados se fuguen// Enojo por formas en Celac

El gobierno ilegítimo de Bolivia mantiene una inusual presión sobre la embajada de México en ese país, con la intención de conseguir que solicitantes de asilo ya instalados en esa sede diplomática, partícipes de la administración del renunciante Evo Morales, se entreguen para ser juzgados por tribunales locales. El exagerado despliegue de fuerzas policiacas y militares en torno a esa embajada obedece, también, al temor de que se estuviese organizando alguna maniobra de salida furtiva de esos solicitantes de asilo para internarse en un país cercano.

De manera oficial, la postura boliviana es de prevención ante eventuales ataques a la embajada mexicana: el secretario privado presidencial, Erick Foronda, dijo que cuenta con información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales de la ciudad de El Alto (…) quienes, según esa información, se aprestan a marchar hacia la residencia de la embajada de México con el objeto de exigir la expulsión del ex militar y ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana (https://bit.ly/35ZDXAu ).

Otras versiones, en otros niveles del poder boliviano, dan enfoques menos benevolentes. Les pedimos a las autoridades mexicanas que nos ayuden y les digan (a los refugiados en la embajada mexicana) que comparezcan porque no podemos permitir que otras personas los estén camuflando mientras la justicia boliviana emite sus mandamientos de aprehensión para detenerlos, declaró ayer al diario Cambio el coronel Julio Cordero, comandante departamental de la policía de La Paz. Añadió: Para evitar que escapen esas personas trabajamos de manera coordinada con todas nuestras instancias para dar cumplimiento. No vamos a disminuir un solo efectivo policial en la vigilancia de esos recintos porque estaríamos cometiendo el delito de incumplimiento de deberes, además que tenemos la orden para detenerlos en cuanto sea posible (https://bit.ly/2tP7LRX ).

Otro factor de inconformidad boliviana ha sido el procedimiento utilizado por México para asumir la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que actualmente ejerce el país sureño y a partir de enero corresponde al norteamericano. Bolivia ha señalado la actitud inamistosa de México al convocar a reuniones de la Celac sin informar ni contar con el consentimiento de ese país sudamericano que está por entregar dicha presidencia temporal.

Le asiste a México la razón al denunciar la excesiva presencia de fuerzas armadas bolivianas a las afueras de la embajada que está a cargo de María Teresa Mercado Pérez, diplomática de carrera. Los alegatos de servidores públicos del Estado Plurinacional de Bolivia son inadmisibles y constituyen formas de amago y coacción. Tan rupestre comportamiento del equipo de la señora Áñez tiene como telón de fondo la desesperación política que les causa el no haber logrado el control político y social verdadero en ese país y el riesgo que para sus intereses representan las elecciones a que se debe convocar en 2020 y en las cuales, a pesar de que no participará como candidato Evo Morales, sí lo hará el Movimiento al Socialismo (con este u otro nombre), con la intención de restituir en el poder el proceso de cambio que allá se pretende detener con golpismo militar y otras medidas extremas.

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Anexo, El País

México denuncia que la Policía boliviana acosa a nueve funcionarios asilados en su Embajada

Elías Camhaji – José Pablo Criales

Las relaciones entre ambos países llegan a un nuevo punto de tensión después de que el Gobierno mexicano diera protección al expresidente Evo Morales en noviembre pasado

Las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia han llegado a un nuevo punto de tensión. El Gobierno mexicano ha denunciado este lunes que su Embajada en La Paz ha estado bajo el acecho de decenas de agentes de seguridad bolivianos y que su personal ha sido hostigado e intimidado por la Policía del país sudamericano. La Cancillería mexicana se ha dicho «preocupada» por la violación de la inmunidad de sus representantes diplomáticos y exige poner fin a la «excesiva vigilancia» desde que la Administración de Andrés Manuel López Obrador hizo pública la decisión de dar asilo al expresidente Evo Morales el pasado 11 de noviembre. «Es una acción concertada en contra de México», acusa Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe. Las autoridades mexicanas afirman en exclusiva que existe un vínculo directo entre el acoso y la decisión de asilar a nueve funcionarios del Gobierno de Morales en la legación mexicana, sobre los que pesan órdenes de aprehensión emitidas por el Gobierno interino de Bolivia liderado por Janine Áñez.

El principal blanco de los funcionarios resguardados es Juan Ramón Quintana, que fuera ministro de Gobierno y uno de los hombres más fuertes de Morales, apuntan fuentes diplomáticas a EL PAÍS. Excapitán del Ejército y licenciado en Sociología, Quintana era un hombre clave en el Gabinete de Morales, al ocupar la cartera de Gobierno entre 2006 y 2017, así como desde principios de 2019 hasta la salida de Morales en octubre pasado. Estaba a cargo de la gestión y administración de todas las actividades presidenciales. Antes, entre 2017 e inicios de año fue embajador de Bolivia en Cuba.

El Gobierno interino lo acusa de sedición y terrorismo por supuestamente instigar y financiar las protestas a favor del Gobierno de Morales. Los choques de los seguidores con la Policía y el Ejército se han saldado con al menos 23 muertos en los últimos tres meses. En octubre, cuando todavía ocupaba el cargo de ministro, Quintana había dicho que Bolivia se convertiría en «un Vietnam moderno», en alusión al levantamiento popular que ocasionaría la (en ese entonces hipotética) salida de Morales. Esta declaración también forma parte de su orden de aprehensión, que fue filtrada por las autoridades interinas de Bolivia a finales de noviembre. «Vamos a ir a la cacería de Quintana», declaró Áñez a mediados de noviembre. Seis semanas después el asedio continúa, incluso en los límites legales de la Convención de Viena, el instrumento que media el derecho de las representaciones diplomáticas entre países. 

La lista de los funcionarios resguardados en la Embajada mexicana en La Paz se completa con Javier Zavaleta López, exministro de Defensa; Héctor Arce Zaconeta, exprocurador general; Félix César Navarro Miranda, exministro de Minería; Wilma Alanoca, ministra de Culturas entre 2017 y 2019; Hugo Moldiz, exministro de Gobierno hasta 2015; Víctor Hugo Vásquez Mamani, exgobernador del departamento (provincia) de Oruro; Pedro Damián Dorado López, viceministro de desarrollo rural, y Nicolás Laguna, director de la agencia digital del Gobierno de Morales (Agetic). Están también bajo asedio cuatro diplomáticos mexicanos: la embajadora Teresa Mercado, la consejera Ana Luisa Vallejo, el segundo secretario Luis Guillermo Romero y la técnica administrativa Mariana Peña. 

El común denominador de los cinco exministros asilados en la Embajada mexicana en La Paz es que forman parte el círculo íntimo de Morales y son acusados de cometer supuestos actos de sedición frente al Gobierno interino. En México también está Luis Arce Catacora, antiguo ministro de Economía, y uno de los predilectos de Morales para contender por la presidencia, otra fuente de tensión entre ambos Gobiernos. A su vez, Laguna es buscado por la Fiscalía por su papel en el supuesto fraude cometido a favor de Morales en las elecciones del pasado 20 de octubre. Vásquez Mamani, por su parte, es buscado por uso indebido de bienes del Estado. 

Los funcionarios mexicanos denuncian que las fuerzas bolivianas han seguido a sus vehículos, les han hecho revisiones inusuales y les han cuestionado con insistencia sobre las agendas oficiales y personales de los empleados de la Embajada. El vehículo de la embajadora Mercado también fue revisado de forma irregular, aun cuando lo prohíbe el derecho internacional, ha reclamado la Cancillería mexicana en una carta enviada a la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, 150 elementos policiales y de inteligencia adscritos al Ministerio boliviano del Interior, algunos fuertemente armados, rodean también la residencia oficial de México en La Paz.  

El temor de las autoridades mexicanas es que se produzca un asalto para aprehender a los funcionarios asilados, lo que supondría una violación grave de la normativa internacional y una escalada de tensiones en ambos países. «Estas personas están actuando peor que las peores dictaduras centroamericanas y sudamericanas de los años sesenta y setenta», reclama Reyes. «Están actuando con mucho dolo porque por un lado acusan, amenazan e intimidan y por el otro no quieren entablar la comunicación que amerita la situación», dice el subsecretario. «Somos un país respetuoso de las inmunidades diplomáticas», ha respondido la canciller Karen Longaric, tras calificar como «imposible» que fuerzas bolivianas tomen la representación mexicana en La Paz.

Las autoridades mexicanas descartan que se vaya a romper relaciones con el país sudamericano, aunque han acudido a Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y han puesto en aviso a las oficinas diplomáticas del hemisferio para impulsar lo que defienden como una salida dialogada. Pero el Gobierno de Áñez ha mandado señales de que la presión no cesará y ya ha anunciado su intención de dejar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que será presidida por México el próximo año.

Morales abandonó México a principios de diciembre para asilarse en Argentina. El exmandatario hizo una parada en Cuba para asistir a una cita médica antes de llegar a Buenos Aires, el pasado 12 de diciembre. «Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida (…) Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande«, dijo el expresidente al aterrizar. En el trasfondo de la disputa están en juego los equilibrios políticos de Latinoamérica para el próximo año, así como las perspectivas y luchas de poder para cerrar la sucesión presidencial de Bolivia, pese a que aún no hay fecha para las elecciones.

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