Derechos Humanos, Elecciones, Política, Sociedad civil

Más de 100 grupos instan a Biden a adoptar una política de buena vecindad hacia América Latina

Sep 7 2020

Por Medea Benjamin y Leonardo Flores (*)

Los períodos electorales son momentos difíciles para desarrollar buenas políticas respecto a América latina ya que tanto los demócratas como los republicanos se doblegan a los intereses de las pequeñas, pero organizadas, facciones conservadoras de la comunidad latina en Florida, compitiendo por sus votos. Pero si Biden gana la Casa Blanca, existe la oportunidad de revertir las políticas del gobierno de Trump que han sido devastadoras para América Latina, políticas que castigan a civiles inocentes mediante sanciones económicas duras, desestabilizan la región con golpes de estado e intentos de cambio de régimen, y cierran nuestras fronteras a personas desesperadas que huyen hacia el norte, buscando seguridad y oportunidad, a menudo como resultado de las propias políticas económicas y de seguridad estadounidenses. 

El gobierno de Trump designa abiertamente  su política hacia América Latina y el Caribe como la “Doctrina Monroe 2.0.” La Doctrina Monroe – la cual afirma el control geopolítico de EE UU sobre la región – ha sido un pretexto para más de 100 años de invasiones militares, apoyo a dictaduras militares,  financiamiento y la capacitación de fuerzas de seguridad involucradas en violaciones de derechos humanos, así como el chantaje económico, entre otros horrores. 

El presidente Franklin D. Roosevelt se distanció de esta doctrina y esbozó una nueva visión para las relaciones en el hemisferio. Su política de “Buena Vecindad” acabó de manera temporal con la diplomacia de las cañoneras que caracterizó la política extranjera estadounidense a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Aunque esta política tuvo sus fallas, como por ejemplo el apoyo de Roosevelt a la dictadura de Somoza en Nicaragua, las deficiencias de su gobierno fueron a menudo consecuencia de no apegarse al principio de  no injerencia establecido en la “Buena Vecindad.” 

Por esto más de 100 organizaciones que trabajan en temas relacionados con América Latina y el Caribe enviaron una carta instando al próximo gobierno estadounidense a adoptar una nueva política de  Buena Vecindad hacia la región fundamentada en la no injerencia, la cooperación y el respeto mutuo. Entre las organizaciones que hacen un llamado a esta nueva visión se encuentran Alianza Americas, Amazon Watch, Americas Program, Center for International Policy, CODEPINK, Demand Progress, Global Exchange, el Latin America Working Group y Oxfam America. La carta a los candidatos presidenciales advierte que en enero del 2021, el presidente estadounidense se enfrentará a un hemisferio que aún estará sufriendo los efectos del coronavirus y también estará viviendo una profunda recesión económica. La mejor forma de ayudar no será a través de la imposición de su voluntad, sino mediante una amplia gama de reformas que replanteen las relaciones con los países vecinos. 

La primera de estas reformas debe ser  el levantamiento de las sanciones económicas brutales contra Cuba, Venezuela y Nicaragua que están causando un enorme sufrimiento humano , especialmente durante la pandemia. Estas sanciones no han cumplido su objetivo de cambio de régimen y los últimos 20 años de guerras estadounidenses en el Medio Oriente nos han enseñado que los cambios de régimen impuestos por EE UU no brindan nada más que muerte y caos. 

Otra reforma es  poner freno a  los cientos de miles de dólares en equipamiento y entrenamiento militar y policial que Estados Unidos proporciona a los países de  América Latina y el Caribe cada año. En muchos casos como en Honduras y Colombia el financiamiento y entrenamiento por parte de los Estados Unidos han apoyado a las tropas involucradas en casos de corrupción y atroces abusos contra los derechos humanos, estos incluyen, varios asesinatos extrajudiciales y ataques contra líderes locales y periodistas. Gran parte de esta “ayuda” militarizada llega bajo el nombre de una guerra contra las drogas que lleva ya varias décadas y que solo ha alimentado un círculo vicioso de violencia. La carta asegura que la “guerra a las drogas” es una forma contraproducente de tratar un asunto de salud pública de los Estados Unidos  que se podría abordar de mejor manera a través de la despenalización y de una regulación legal equitativa. También pide que se reduzca la “Asistencia de Seguridad” de los Estados Unidos y la venta de armas, así como la retirada del personal militar y policial estadounidense de la región.  

La carta señala que aunque la población  estadounidense ha estado condenando con razón, cualquier tipo de injerencia extranjera en las elecciones de su propio país, Estados Unidos tiene un historial de flagrantes injerencias en las elecciones de sus vecinos incluyendo el entrenamiento de grupos políticos de su agrado y el financiamiento de esfuerzos para marginalizar a las fuerzas políticas a las que se opone. En Venezuela, el gobierno de Trump ha llegado al extremo de designar a un legislador, “Juan Guaidó,” como presidente no electo del país y de ofrecer  una recompensa de varios millones de dólares por la captura del presidente reconocido por  Naciones Unidas, Nicolás Maduro.  La carta denuncia esta evidente interferencia  y le pide a los Estados Unidos que respete la soberanía de otras naciones. 

Las organizaciones que apoyan el documento también denuncian la intervención de Estados Unidos en las políticas económicas de otros países, lo cual ocurre a través de su enorme influencia dentro de las instituciones financieras multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco inter-Americano.

Para poder acceder a créditos institucionales, los estados generalmente tienen que aceptar medidas de austeridad y otras políticas que llevan a una reducción del estado de bienestar y a un debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores. Además, mientras las economías de la América Latina luchan contra la pandemia, los Estados Unidos deberían dejar de exigir la implementación de modelos neoliberales y en cambio, apoyar la salud pública, la educación y otras necesidades básicas.  

En cuanto a los derechos humanos, la carta señala que Estados Unidos aboga por el cumplimiento de los mismos en el hemisferio. Sin embargo, advierte contra la instrumentalización de los derechos humanos para obtener ganancias políticas, ya que con demasiada frecuencia se ignoran las violaciones de los mismos en ese país, y en otros países aliados, mientras que las violaciones en países considerados adversarios, se magnifican. Expresa además, que Estados Unidos debería concentrarse –tanto interna como externamente – en los derechos de las comunidades históricamente excluidas, incluyendo a la población originaria y las comunidades afrodescendientes, las personas LGBTQ+, las mujeres, los inmigrantes y los refugiados. El documento le exige a Estados Unidos que se solidarice cuando los defensores de los derechos humanos, incluyendo a los defensores del medio ambiente y activistas por los derechos de la tierra, así como organizadores sindicales, se encuentren en peligro –algo que sucede muy a menudo hoy, tanto en la América Latina como en el Caribe. También exige que el gobierno de los Estados Unidos ayude a despolitizar y fortalecer las instituciones multilaterales existentes que trabajan a favor de los derechos humanos.  

En cuanto a los Inmigración, la carta insiste en que el próximo gobierno debe deshacer los brutales daños del actual gobierno de Trump y a su vez rechazar el status quo del gobierno de Obama, el cual deportó a más personas que cualquier otro gobierno y creó las bases para que el gobierno de Trump pudiera desarrollar sus violentas políticas antiinmigrantes. El próximo gobierno debe escuchar las demandas de justicia de los inmigrantes, incluyendo una moratoria en todo tipo de deportación; poner fin a los enjuiciamientos masivos de personas que intentan cruzar sus fronteras, el restablecimiento de procedimientos para la solicitud de asilo en fronteras; un camino inmediato para la ciudadanía de los Soñadores y para los que tienen Estatus de Protección Temporal; así como eliminar el financiamiento del muro fronterizo, el fin de la política de “cero tolerancia”  (separación de familias)  y otras políticas que priorizan persecuciones relacionadas con la migración y que se ponga fin a los centros de detención para inmigrantes privados.  

De la misma forma en que hoy la región –y el mundo – esperan ansiosamente por los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, existen grupos dentro de ese país, que se preparan ante la posibilidad de una victoria de Biden y la necesidad de un nuevo gobierno que logre contribuciones positivas al bienestar de los pueblos del hemisferio. 

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(*) Medea Benjamin es la cofundadora de CODEPINK y ha escrito varios libros sobre la política exterior estadounidense. Leonardo Flores es un experto en la política latinoamericana y activista con CODEPINK.

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