Igualdad y justicia social

En el campo de la salud, la OMC tiene más poder que la OMS

Oct 18 2020

Por Ágora, los  Habitantes de la Tierra

El mundo al revés

 La aberración es obvia. El 16 de octubre, la OMC (Organización Mundial del Comercio), institución independiente de las Naciones Unidas, rechazó la propuesta presentada por Sudáfrica y la India que   pedía la suspensión de las normas de la OMC sobre patentes relacionadas con pruebas, tratamientos médicos y vacunas en la lucha contra el Covid-19.. La propuesta también fue defendida por la OMS (Organización Mundial de la Salud), organismo de las Naciones Unidas competente en materia de salud. Como sabemos, las patentes sobre organismos vivos fueron autorizadas por primera vez en la historia por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1990 y luego por la Unión Europea en 1998, a pesar de la fuerte oposición en todo el mundo de un gran número de asociaciones de la sociedad civil que se rebelaron contra la comercialización y la privatización de los organismos vivos. Las patentes conceden a las empresas privadas el derecho a la propiedad exclusiva y al uso con fines de lucro durante 20 años de materiales vivos (y sus productos, como medicamentos, vacunas, etc.). ¡Se trata de una monopolización depredadora de la vida que los poderes públicos han ofrecido al capital privado en nombre de la ciencia! Y, de hecho, la historia de los últimos 30 años muestra que las patentes han sido y siguen siendo el instrumento clave para el enriquecimiento financiero de las empresas farmacéuticas, la privatización de los sistemas de salud y el consiguiente desmantelamiento de la seguridad social pública y los derechos de salud En este contexto, no es de extrañar que las desigualdades sociales en la cobertura sanitaria de las poblaciones entre los países ricos y los empobrecidos y entre las clases sociales no hayan hecho más que aumentar. La pandemia del Covid-19 confirma que las políticas aplicadas hasta la fecha no han impedido el empeoramiento de las desigualdades a todos los niveles.

Hay que reconocer que una gran responsabilidad recae en las diferentes formas de «nacionalismo de la vacuna». Las más violentas se manifiestan actualmente en los Estados Unidos de Trump, que es, por ejemplo, responsable de crímenes de lesa humanidad en el caso de la compra, el pasado mes de mayo, de todas las existencias disponibles del medicamento remdesivir  de Gilead Sciences (una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo en términos de capitalización de mercado), considerado un remedio eficaz para una rápida recuperación del Covid-19.  Trump hizo la compra con la voluntad explícita de garantizar la droga a los ciudadanos de EE.UU. sabiendo que al hacerlo impediría el acceso a otras poblaciones del mundo hasta septiembre/octubre.  ¿Y qué podemos decir cuando los países ricos (15% de la población mundial) -encabezados por los Estados Unidos y la Unión Europea- ya han firmado acuerdos con las mayores empresas farmacéuticas del mundo por miles de millones de euros como compra anticipada del 60% de las dosis de vacunas estimadas disponibles en 2021 y 2022, dejando menos del 40% para el 85% restante de los habitantes del mundo? Esto está muy lejos de la exhortación del Papa Francisco para una mayor hermandad global. Esto ya no es solo un nacionalismo. Se trata de una política de violencia e injusticia contra el derecho a la salud de las poblaciones de los países empobrecidos.

Esta política tiene sus raíces en el abandono del principio de los derechos universales a la vida como inspiración fundamental para la convivencia y del reconocimiento de los bienes y servicios esenciales para la vida como bienes públicos mundiales. El principio y el reconocimiento han sido la base del estado de derecho y de la sociedad del bienestar y de la obligación de los Estados de garantizar los derechos universales mediante la salvaguardia, el cuidado y la promoción de los bienes públicos mundialesl.

Esta política tiene un nombre. Se denomina “política de acceso al mercado de bienes y servicios esenciales para la vida de manera equitativa y abordable”. Es parte integrante del sistema de «gobernanza económica mundial» que se ha establecido desde el decenio de 1980 como sustituto del sistema de gobierno público. La sustitución se hizo en nombre de las tesis «gobernar sin gobiernos», «menos Estado», «olvida los gobiernos, las reglas de la empresa OK». 

El acceso equitativo a precios abordables a la salud, el agua, los alimentos, la vivienda y el transporte ya no pertenece al mundo de los derechos universales en igualdad de dignidad y justicia. Es el hijo de una visión del mundo y de la vida esencialmente económica, comercial, utilitaria, inspirada en la rivalidad y la exclusión.

El importante programa multilateral de cooperación internacional para combatir el Covid-19, denominado ACT, puesto en marcha en abril y mayo por la OMS y del que la Unión Europea ha tomado la leadership aaa en colaboración con otros Estados, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y fundaciones (como la Fundación Melissa y Bill Gates), tiene el objetivo explícito de garantizar el acceso de todos a la terapia del Covid-19 de manera equitativa y precios abordables le. La aplicación del sistema de patentes es el eje central del programa. Los dos organismos principales, la CEPI (Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias) y la GAVI (Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización), principales ejemplos de la asociación entre los sectores público y privado que marca la arquitectura general del programa, están ahí para maniobrar el sistema de patentes.

La propuesta de la India y Sudáfrica (al igual que los numerosos llamamientos publicados desde abril para la promoción de las vacunas Covid-19 como bienes públicos mundiales dirigidos a las Naciones Unidas y a las principales potencias mundiales) representaba un intento serio y justificado de liberar la lucha mundial contra el Covid-19 de la sumisión a los intereses privados de los Estados más poderosos y de los grupos industriales, comerciales y financieros mundiales privados.

La Unión Europea, los Estados Unidos, el Canadá, el Japón, Australia, la Suiza y el Reino Unido…. votaron en contra. A sus ojos, las patentes valen más que la salud de la gente.

La opinión pública sabe desde hace mucho tiempo que no se puede contar con los Estados Unidos para luchar contra las catástrofes ambientales y climáticas, para erradicar el empobrecimiento, para construir la paz. Podemos contar aún menos con las empresas multinacionales. Es una lástima que los actuales líderes políticos, económicos y tecnocientíficos europeos crean sobre todo en la lógica imperial del comercio, la tecnología y las finanzas y no en los derechos y la seguridad de la vida de la población mundial. Es hora de trabajar por la liberación de la humanidad de la dominación de los agarradores  de la vida.

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