{"id":24728,"date":"2025-05-22T17:45:44","date_gmt":"2025-05-22T15:45:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.other-news.info\/noticias\/?p=24728"},"modified":"2025-05-22T17:45:45","modified_gmt":"2025-05-22T15:45:45","slug":"ley-de-censura-previa-ahonda-crisis-invisible-de-la-democracia-peruana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.other-news.info\/noticias\/ley-de-censura-previa-ahonda-crisis-invisible-de-la-democracia-peruana\/","title":{"rendered":"Ley de censura previa ahonda \u2018crisis invisible\u2019 de la democracia peruana"},"content":{"rendered":"\n

Por Diana Cariboni* – Open Democracy<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El gobierno de Per\u00fa impone censura previa y multas onerosas para acallar a medios independientes y defensores de derechos humanos<\/em><\/p>\n\n\n\n

Con una sola ley, el gobierno de Per\u00fa lanz\u00f3 un ataque sin precedentes al periodismo independiente y a las organizaciones sin fines de lucro que defienden derechos y reciben fondos internacionales.<\/p>\n\n\n\n

La ley 32.301<\/a>, aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte el 15 de abril, hace imposible que personas o comunidades que son v\u00edctimas por acci\u00f3n u omisi\u00f3n del Estado busquen justicia si la asistencia legal es financiada por fundaciones extranjeras o por asociaciones civiles peruanas que reciben tales fondos.<\/p>\n\n\n\n

La ley tambi\u00e9n establece la censura previa, prohibida por la Constituci\u00f3n, porque requiere que todo medio que cuente con financiaci\u00f3n del exterior obtenga aprobaci\u00f3n del gobierno antes de realizar su trabajo.<\/p>\n\n\n\n

La norma ampl\u00eda las facultades de la Agencia Peruana de Cooperaci\u00f3n Internacional (APCI), creada en 2002, para que autorice o no las actividades de organizaciones civiles y medios independientes que reciben financiaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEs una manera de censurar al periodismo\u201d, dijo a openDemocracy la periodista Milagros Salazar, fundadora y directora del medio de investigaci\u00f3n Convoca.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSi recibes un solo d\u00f3lar, te tienes que registrar ante la APCI\u201d, dijo Salazar. As\u00ed se someten \u201ca control pol\u00edtico esos proyectos que est\u00e1n relacionados con vigilancia p\u00fablica, como las investigaciones period\u00edsticas, porque tienes que presentar un plan que debe ser aprobado previamente por la APCI y solo si se aprueba, puedes ejecutar los fondos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esto afecta a todos los medios registrados como asociaciones civiles sin fines de lucro que reciben fondos del exterior, incluso de fundaciones privadas. Clara Elvira Ospina, periodista y fundadora de Epicentro TV explic\u00f3: \u201cEn el ecosistema peruano, los medios digitales independientes han encontrado en las organizaciones internacionales una fuente de financiaci\u00f3n porque la v\u00eda de la pauta comercial en general no llega\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La presidenta Boluarte dijo<\/a> en el acto de promulgaci\u00f3n: \u00abEsta ley tambi\u00e9n velar\u00e1 por el supremo inter\u00e9s de la democracia, la unidad nacional y poner bajo una revisi\u00f3n exhaustiva a una minor\u00eda de ONG que act\u00faan en contra de los intereses de nuestro pa\u00eds, sembrando odio y atacando nuestro sistema\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

El trabajo que realizan los medios independientes es insustituible. Convoca, por ejemplo, lider\u00f3 el a\u00f1o pasado una investigaci\u00f3n transfronteriza<\/a> que revel\u00f3 que la mitad del oro exportado por Per\u00fa, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela en la \u00faltima d\u00e9cada fue maquillado con mecanismos de lavado que abarcan joyer\u00edas de lujo y empresas tecnol\u00f3gicas, omisi\u00f3n de las autoridades, destrucci\u00f3n de ecosistemas y da\u00f1os a las poblaciones locales e ind\u00edgenas. Este reportaje, para el que colaboraron siete medios de cinco pa\u00edses, obtuvo el Premio Rey de Espa\u00f1a en Periodismo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Revelar delitos similares, esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n o destrucci\u00f3n del ambiente ya no ser\u00e1n posible con la ley 32.301, porque la prensa tradicional no realiza esas investigaciones y los medios independientes reciben alguna forma de ayuda de la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTendr\u00edamos que informar sobre qu\u00e9 vamos a investigar, c\u00f3mo vamos a investigar, con qu\u00e9 organizaciones aliadas vamos a investigar\u201d, detall\u00f3 Salazar. \u201cToda esa informaci\u00f3n tiene que ser incluida en el plan que se presenta a la APCI, [pero] podr\u00eda poner en riesgo a nuestras fuentes y podr\u00eda filtrarse desde la APCI a grupos de poder que no quieren que investiguemos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Tampoco se podr\u00e1 usar fondos internacionales para reclamar por v\u00eda administrativa o judicial el acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica, herramienta habitual del periodismo. \u201cY los periodistas, cada vez m\u00e1s acosados con demandas por difamaci\u00f3n o calumnia, no podr\u00e1n recibir ayuda para su defensa judicial\u201d, dijo Ospina.<\/p>\n\n\n\n

Blindaje a la impunidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Toda la sociedad peruana se ver\u00e1 afectada por una prohibici\u00f3n efectiva al escrutinio sobre los actos de gobierno: pero el peso de la ley caer\u00e1 especialmente sobre comunidades y personas que carecen de recursos para reclamar justicia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cLa ley se\u00f1ala como infracci\u00f3n grave toda actividad que desarrolla una ONG en materia de defensa legal en aspectos judiciales, penales, de tipo administrativo u otros con dinero de cooperaci\u00f3n internacional\u201d, dijo a openDemocracy la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Per\u00fa (CNDDHH), Tania Pariona<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Pariona, destacada activista ind\u00edgena, el impacto ya se siente. \u201cLas organizaciones deben dejar de hacer defensa legal, renunciar a ser abogados de las v\u00edctimas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La CNDDHH agrupa a 78 organizaciones, algunas a cargo de casos emblem\u00e1ticos, como masacres y esterilizaciones forzadas cometidas en los a\u00f1os 90, delitos ambientales, violencia de g\u00e9nero y violaciones a los derechos de los pueblos ind\u00edgenas, entre muchos otros.<\/p>\n\n\n\n

Algunos grupos han optado por cesar la defensa legal para evitar las multas de hasta 500 UIT (unidades impositivas tributarias), equivalentes a unos 700.000 d\u00f3lares \u2013 fuera del alcance de las organizaciones civiles, seg\u00fan todas las fuentes que hablaron con openDemocracy.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl monto supera cualquier tipo de sanci\u00f3n monetaria en nuestro pa\u00eds, incluso por delito de lavado de activos\u201d, que tiene un tope de 100 UIT<\/a>, dijo Pariona.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTambi\u00e9n hemos sentido la preocupaci\u00f3n de los familiares\u201d, agreg\u00f3. \u201cNos han llamado para saber si vamos a seguir llevando sus casos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Las tres hijas de la peruana Celia Ramos Durand<\/a> llevan 28 a\u00f1os esperando justicia por la muerte de su madre, esterilizada sin su consentimiento en 1997. El 22 de mayo tendr\u00e1n una audiencia clave<\/a> ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).<\/p>\n\n\n\n

Se estima que unas 300.000 mujeres y unos 22.000 hombres<\/a> fueron esterilizados en Per\u00fa como parte de una pol\u00edtica de Estado<\/a> del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) para bajar la natalidad de familias pobres de zonas rurales<\/a>. Hasta diciembre, m\u00e1s de 8.000 personas<\/a> denunciaron sus casos en el Registro de V\u00edctimas de Esterilizaciones Forzadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos \u2013 pero no han conseguido ni justicia ni reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Las hijas de Celia Ramos no habr\u00edan llegado a la Corte IDH sin el grupo feminista DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), apoyado por dos organizaciones regionales de defensa legal, el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).<\/p>\n\n\n\n

Con la ley 32.301 ya vigente, la Corte IDH pidi\u00f3<\/a> el 2 de mayo al gobierno peruano que garantice la participaci\u00f3n de DEMUS en la audiencia y que no tome represalias contra la organizaci\u00f3n. Aplicar la ley, advirti\u00f3 la Corte, \u201csupondr\u00eda no solo una forma de represalia prohibida por el art\u00edculo 53 del reglamento de la Corte, sino que, adem\u00e1s podr\u00eda llegar a afectar el derecho a la defensa de las presuntas v\u00edctimas de este caso\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para el Cejil, que lleva este y otros casos de esterilizaciones en el sistema interamericano de justicia, la ley 32.301 har\u00e1 muy dif\u00edcil avanzar, porque ninguna acci\u00f3n funciona sin el activismo y el conocimiento de las organizaciones peruanas.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTodos los procesos internacionales tienen un componente nacional, que lo trabajamos junto con otras aliadas hist\u00f3ricas en Per\u00fa y en todos los pa\u00edses\u201d, dijo la abogada Florencia Reggiardo, directora del Programa para la Regi\u00f3n Andina, Norteam\u00e9rica y el Caribe de Cejil. \u201cEs imposible sin ellas poder llevar a cabo ese trabajo de manera adecuada\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pero hay algo m\u00e1s peligroso que el freno de estos procesos: el Congreso y la presidencia de Per\u00fa est\u00e1n cerrando todas las puertas para obtener justicia.<\/p>\n\n\n\n

La presidenta Boluarte est\u00e1 acusada<\/a> por la muerte de 49 manifestantes y heridas a otros cientos en las protestas populares que estallaron a fines de 2022, luego de la destituci\u00f3n del entonces presidente Pedro Castillo. La Asociaci\u00f3n Pro Derechos Humanos, con apoyo de la Federaci\u00f3n Internacional de Derechos Humanos, denunci\u00f3 estos presuntos cr\u00edmenes<\/a> el a\u00f1o pasado ante la Corte Penal Internacional, con la intenci\u00f3n de abrir un examen preliminar sobre Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

Boluarte tiene esta y otras seis investigaciones abiertas<\/a> en Per\u00fa, por diversas irregularidades. Su libertad est\u00e1 en manos del Congreso, que hasta ahora no le ha levantado la inmunidad.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn Per\u00fa hay una crisis democr\u00e1tica que es invisible\u201d, dijo Reggiardo. \u201cNo se dimensiona c\u00f3mo se est\u00e1 destruyendo la institucionalidad, c\u00f3mo han sido cooptadas muchas instituciones, el Tribunal Constitucional, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia que elige a los jueces\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En agosto del a\u00f1o pasado entr\u00f3 en vigor una ley<\/a> de amnist\u00eda que declara prescritos todos los cr\u00edmenes de guerra o de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Esto abarca masacres, torturas y ejecuciones extrajudiciales de las dos d\u00e9cadas de conflicto entre el Estado y las guerrillas izquierdistas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario T\u00fapac Amaru, que dej\u00f3 casi 70.000 muertos y desaparecidos<\/a>, seg\u00fan la Comisi\u00f3n de la Verdad y Reconciliaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n est\u00e1n comprendidas las esterilizaciones forzadas e incluso casos ya juzgados y en etapa de ejecuci\u00f3n de sentencia, como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta<\/a>, cometidas en 1991 y 1992 y por las que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Los juicios por Barrios Altos y La Cantuta \u2013 17 personas asesinadas, ocho desaparecidas y cuatro heridas de gravedad \u2013 fueron posibles porque las v\u00edctimas y familiares llevaron sus denuncias al sistema interamericano, que conden\u00f3 a Per\u00fa por estos casos<\/a>, con apoyo de las organizaciones peruanas Asociaci\u00f3n Pro-Derechos Humanos, Instituto de Defensa Legal, Fundaci\u00f3n Ecum\u00e9nica para el Desarrollo y la Paz, Comisi\u00f3n de Derechos Humanos y CNDDHH, junto al Cejil.<\/p>\n\n\n\n

Pero en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional orden\u00f3 liberar a Fujimori, luego de haber convalidado un indulto humanitario a su favor. Y con la ley de amnist\u00eda cesaron todos los procesos que segu\u00edan abiertos en su contra \u2013 y el exdictador muri\u00f3 en libertad en septiembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n

La Corte IDH hab\u00eda ordenado al Estado peruano no convalidar el indulto<\/a> ni promulgar la ley de amnist\u00eda<\/a> y record\u00f3 que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no amnistiables ni indultables. Per\u00fa hizo caso omiso y se encuentra en desacato<\/a> ante la Corte.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn Per\u00fa, no hay ninguna posibilidad de acceso a la justicia para las v\u00edctimas\u201d, dijo Reggiardo.<\/p>\n\n\n\n

Erosi\u00f3n democr\u00e1tica<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u201cRestricci\u00f3n del espacio c\u00edvico\u201d es el eufemismo para explicar ataques lanzados desde los gobiernos contra la sociedad civil organizada. El a\u00f1o pasado se adoptaron leyes similares en Venezuela<\/a>, Paraguay<\/a> y Nicaragua<\/a>. En Ecuador en la \u00faltima d\u00e9cada rigieron decretos<\/a> con restricciones parecidas y hay un proyecto de ley para crear un r\u00e9gimen de control de las ONG.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl inter\u00e9s es silenciar la disidencia y entorpecer, porque tambi\u00e9n esto ocupa un mont\u00f3n de tiempo para buscar la manera de seguir funcionando, pensando en formas de autoprotecci\u00f3n y de sobrevivencia\u201d, explic\u00f3 Reggiardo.<\/p>\n\n\n\n

Es una de las v\u00edas para vaciar la democracia en Am\u00e9rica Latina. Hay otras: persecuci\u00f3n a periodistas y activistas, suspensi\u00f3n del debido proceso y el derecho de defensa y represi\u00f3n de la protesta social, en pa\u00edses tan dis\u00edmiles como El Salvador o Argentina.<\/p>\n\n\n\n

Una fuente de inspiraci\u00f3n de t\u00e1cticas contra la sociedad civil<\/a> viene de Rusia, que aprob\u00f3 en 2012 una ley que permite calificar como \u201cagentes extranjeros\u201d a las ONG financiadas desde el extranjero, lo que las expone a penas de hasta cinco a\u00f1os de c\u00e1rcel si no informan de sus actividades de forma estrictamente conforme a los requisitos establecidos. La ley se endureci\u00f3 en 2020 y ahora tambi\u00e9n las personas pueden verse obligadas a registrarse como \u201cagentes extranjeros\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El modelo nicarag\u00fcense mama directamente de Mosc\u00fa. En 2022, el r\u00e9gimen proscribi\u00f3 a decenas de organizaciones, con especial \u00e9nfasis en las feministas<\/a>, y en 2024 adopt\u00f3 una legislaci\u00f3n sobre \u201cagentes extranjeros\u201d parecida a la rusa y otra para prohibir la independencia de las ONG.<\/p>\n\n\n\n

La dictadura de Egipto tiene una ley de 2017 que controla toda actividad de las ONG e impone prisi\u00f3n y multas. Algo parecido hicieron Belar\u00fas y Hungr\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

India es asimismo ejemplo de mano dura contra la sociedad civil organizada<\/a>, con su Ley de Regulaci\u00f3n de Contribuciones Extranjeras, en vigor desde 2010 y profundizada en 2020.<\/p>\n\n\n\n

En Per\u00fa, no se necesita ser jurista para entender que la ley 32.301 es inconstitucional. \u201cSe violan la libertad de asociaci\u00f3n, la libertad de expresi\u00f3n y el derecho de defensa, as\u00ed como el derecho profesional y la reserva de las fuentes, que est\u00e1n protegidos constitucionalmente\u201d, dijo la periodista Ospina.<\/p>\n\n\n\n

Pero un juicio de inconstitucionalidad puede terminar en fracaso, seg\u00fan varias fuentes, debido a la composici\u00f3n actual del Tribunal Constitucional, que no es independiente<\/a>. \u201cLos fallos que ha tenido el Tribunal Constitucional de aqu\u00ed a tres o cuatro a\u00f1os atr\u00e1s, han sido realmente nefastos\u201d, dijo Pariona, de la CNDDHH.<\/p>\n\n\n\n

En cambio, explic\u00f3, se est\u00e1n redactando recursos de amparo \u201cen algunos casos espec\u00edficos en los que se ver\u00edan afectados derechos muy concretos\u201d, y que conciernen incluso a organizaciones de familiares de v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

Las ONG tambi\u00e9n analizan denunciar la ley en instancias internacionales, como el sistema interamericano y la ONU. Y los medios afectados est\u00e1n dialogando en busca de una estrategia com\u00fan y salidas legales a la encerrona, seg\u00fan Salazar.<\/p>\n\n\n\n

La ley gener\u00f3 conmoci\u00f3n internacional. Cuatro relatores especiales de la ONU<\/a>, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos<\/a> y Amnist\u00eda Internacional<\/a> lanzaron serias advertencias sobre sus riesgos. Casi 300 periodistas de 23 pa\u00edses \u2013 incluida la autora de este art\u00edculo \u2013 firmaron un manifiesto de repudio, Per\u00fa: El periodismo bajo censura<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsta ley pone en juego el futuro de la democracia en Per\u00fa\u201d, dijo Ospina. \u201cNo podemos quedarnos callados\u201d.<\/p>\n\n\n\n

*Diana Cariboni reside en Uruguay y comenz\u00f3 a escribir para Tracking the Backlash en 2018. Ahora es editora de Open Democracy<\/em><\/em> Am\u00e9rica Latina y coordina los reportajes de investigaci\u00f3n en la regi\u00f3n<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por Diana Cariboni* – Open Democracy El gobierno de Per\u00fa impone censura previa y multas onerosas para acallar a medios independientes y defensores de derechos humanos Con una sola ley, el gobierno de Per\u00fa lanz\u00f3 un ataque sin precedentes al periodismo independiente y a las\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-24728","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-other-news"],"yoast_head":"\nLey de censura previa ahonda \u2018crisis invisible\u2019 de la democracia peruana - Other News - Voz en contra de la corriente<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.other-news.info\/noticias\/ley-de-censura-previa-ahonda-crisis-invisible-de-la-democracia-peruana\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Ley de censura previa ahonda \u2018crisis invisible\u2019 de la democracia peruana - 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