Por Jacqueline Fowks* – Público.es
Organismos internacionales, expertos y víctimas rechazan la ley de amnistía, que podría beneficiar a 900 militares y policías que ejecutaron, torturaron e hicieron desaparecer a civiles entre 1980 y el 2000.
Organismos internacionales y nacionales han denunciado que Perú desafió sus obligaciones en materia de derechos humanos al promulgar una ley de amnistía para agentes de las fuerzas del orden involucrados en violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000, en el contexto de acciones contra grupos terroristas. La norma fue una iniciativa del partido Fuerza Popular, que sigue la estela política del expresidente autoritario Alberto Fujimori.
El texto fue aprobado por el Congreso en julio, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió entonces al Estado interrumpir el trámite porque desacataría una sentencia del año 2001 que prohíbe la amnistía en casos de crímenes de lesa humanidad. La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley la semana pasada y ha colocado al país andino en el ranking de los que acumulan un mayor número de incumplimientos en el Sistema Interamericano de Justicia, lamentó Andrea Pochak, miembro de la CIDH.
De acuerdo a información del Ministerio Público, unos 900 agentes de las fuerzas del orden, condenados en 156 sentencias firmes o procesados o investigados por graves violaciones de los derechos humanos, podrían solicitar acogerse a la norma. El requisito es que sean mayores de 70 años. Los jueces decidirán en cada caso si aplican la ley o no, pues es inconstitucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos invocó el pasado viernes a los jueces peruanos a no aplicar la nueva norma porque contradice la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de la legislación interna, según la Constitución del país andino. Sin embargo, hay campañas de difamación contra los jueces para presionarlos para que apliquen leyes inconstitucionales dictadas desde 2024 por el actual Congreso y el Ejecutivo. Asimismo, hay proyectos de ley para facilitar la suspensión e inhabilitación de los jueces que no se subordinen al poder político. Además, el Tribunal Constitucional ha dejado de realizar un control efectivo de la constitucionalidad de las normas pues ha sido elegido por el actual Congreso, y da por válidas todas sus decisiones.
Sin embargo, si un juez aplicara a un militar esta nueva ley de amnistía recién promulgada, el fiscal puede apelar en la segunda instancia. Si no le dan la razón, puede llegar a la Corte Suprema. Si esta no le diera la razón a las víctimas, pueden llegar al Tribunal Constitucional, un trámite que puede durar años.
Este lunes, la CIDH evaluará en una audiencia las consecuencias de fondo de la ley de amnistía, que ha generado un rechazo explícito: desde el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, hasta organizaciones como Amnistía Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,o la más antigua organización de víctimas -creada en 1985-, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), así como colectivos de abogados constitucionalistas y federaciones universitarias, entre otros.
Un grupo de congresistas fujimoristas acompañó el pasado miércoles a la presidenta Dina Boluarte en el Palacio de Gobierno para promulgar la ley de impunidad. Entre los invitados militares estaba Juan Rivero Lazo, jefe de la Dirección de inteligencia del Ejército durante el régimen del autócrata Alberto Fujimori. Ambos fueron condenados a 25 años de cárcel por la masacre de Barrios Altos que cometió en 1991 el Grupo Colina, un comando de aniquilamiento del Ejército que reportaba a Rivero. En ese caso, los militares asesinaron a 15 personas y un niño de ocho años en una vivienda multifamiliar en Lima. Rivero fue excarcelado por decisión del Tribunal Constitucional a finales de diciembre.
Boluarte y quienes sustentan su Gobierno, los grupos políticos conservadores y las fuerzas del orden, sostienen que la ley impedirá que militares y policías sigan en juicios «por más de 40 años». Sin embargo, los litigios orales empezaron la década pasada.
El abogado Carlos Rivera explicó que algunos procesos fueron anulados por la ley de amnistía que dio Fujimori en 1995 o porque el fuero militar se hacía cargo de los casos del fuero civil. Por este motivo, fueron retomados a partir de 2005, después de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Durante un foro público por los 40 años de la masacre de Accomarca, en la que el Ejército asesinó a 69 personas, entre ellos, 23 niños, Rivera garantizó que continuarán en la defensa legal de las víctimas, que han persistido tantas décadas para obtener justicia. La sentencia de Accomarca de 2016 condenaba a diez militares, pero solo cinco fueron capturados, y no incluyó al Estado como tercero civil responsable. Además, las víctimas no recibieron la reparación civil que dispusieron los jueces. En junio de este año, la Corte Suprema subsanó el error y ahora los sobrevivientes y familiares deben litigar para que el Ministerio de Defensa presupueste esos pagos, señala Rivera.
«La fórmula es simple y efectiva: el Congreso protege a la presidenta de cualquier intento de investigación o destitución, y el Poder Ejecutivo hace la vista gorda ante las leyes y maniobras que el Congreso diseña para la impunidad de los legisladores y sus aliados», expresó el jurista Diego García Sayán, exrelator de la ONU para la independencia judicial, en una columna tras la promulgación de la ley de impunidad.
Un reciente informe de Human Rights Watch sobre Perú reportó que el Ejecutivo y el Congreso han creado, desde diciembre de 2022, un ambiente hostil para los organismos de derechos humanos y favorable al crimen organizado. Con esta ley de amnistía, las víctimas y familiares de víctimas de crímenes cometidos por las fuerzas del orden entre 1980 y el 2000 interpretan la presencia de Rivero Lazo en Palacio de Gobierno como una intimidación desde el poder político.
«Parece una amenaza, no como Boluarte dice para rendir homenaje a los héroes, sino como los sicarios que entran y cogen al más vulnerable para decirte: Esto te va a pasar. Pero después de haber pasado tantas cosas y de haber superado el miedo, tenemos que seguir perseverando. No con las armas que ellos tienen de la impunidad, sino con la verdad, la memoria y la dignidad, contando a los jóvenes lo que ha pasado, sabiendo que la justicia la luchamos cada día», comentó a Público Marly Anzualdo. En 1993, durante el régimen de Fujimori, su hermano Kenneth era estudiante universitario cuando fue detenido arbitrariamente, torturado y desaparecido en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde instalaron un horno para no dejar rastro.
Respaldo a las víctimas
En una entrevista en Radioprogramas, la comisionada Pochak lamentó «el claro desacato del Perú a las decisiones de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana. Es una afrenta muy fuerte hacia las víctimas que están reclamando verdad y justicia desde hace decenas de años», dijo pocas horas después de la promulgación de la norma.
Pochak recordó que la CIDH le expresó al Gobierno de Boluarte en 2023 que al indultar a Fujimori desacataba la sentencia de los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas por el Grupo Colina, creado en 1991, y le volvió a advertir en julio de que estaba en desacato cuando el Congreso aprobó la ley de amnistía. «Muy pocos países tienen este récord», precisó la comisionada, aludiendo a Venezuela y Nicaragua.
Según el medio peruano Ojo Público, hasta julio, el régimen de Boluarte había acumulado diez incumplimientos de sentencias de la CIDH y tres desacatos. La pasada semana, añadió otro, es decir, una infracción deliberada de sus obligaciones. «Esto va a traer fuerte resistencia de las víctimas y los vamos a acompañar», agregó Pochak.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos señaló en un pronunciamiento público en X que la ley «es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no la impunidad». Y destacó que el derecho internacional al que está obligado Perú prohíbe las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional. «Este retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en Perú debe revertirse de inmediato», pidió.
*Jacqueline Fowks escribe desde Perú y publica en IDL-Reporteros y el semanario Brecha (Uruguay), y es profesora en la PUCP. Fue stringer para El País (2012-2022). Investiga conflictos sociales medioambientales, DDHH, pueblos indígenas, desinformación y corrupción. Recibió el premio Periodismo y DDHH en Perú en 2018.