Por Leticia Garziglia* – Diario Red
Los gobiernos de América Latina están incumpliendo con la ley internacional al no emitir sanciones contra el estado de Israel.
A estas alturas, la discusión sobre si lo que Israel está haciendo en Gaza es un genocidio, ya quedó vetusta. Por si todavía hay alguien con dudas, un breve repaso de algunas de las resoluciones y fallos de las cortes y organismos internacionales nunca está de más.
El 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Israel estaba cometiendo “de manera plausible” un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y emitió medidas vinculantes para los Estados, que tienen la obligación de prevenir el genocidio y castigar a quienes sean responsables y cómplices.
El 29 de julio de ese mismo año, la misma Corte determinó que la ocupación militar de Israel en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, es ilegal, constituye apartheid y debe terminar. A la vez, afirmó la obligación legal de todos los Estados de poner fin a la complicidad con la ocupación ilegal de Israel y sus graves violaciones de derechos humanos, y de actuar para garantizar el respeto del derecho internacional, que incluye el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al retorno.
El 18 de septiembre, también de 2024, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución, con una mayoría abrumadora, que adoptó la Opinión Consultiva de la CIJ de julio de 2024 y llamó a los Estados a imponer sanciones a Israel y a poner fin a la ocupación israelí en los doce meses siguientes. El 18 de septiembre de este año, Israel se ratificó, una vez más, como un Estado totalmente fuera de la ley.
El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de guerra Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esto ha reforzado aún más la obligación de los Estados de actuar conforme a sus responsabilidades.
Finalmente, el 16 de septiembre 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Este, e Israel concluyó oficialmente que Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino y llamó a los Estados a imponer sanciones.
Estas resoluciones se suman a los numerosos informes de organismos de derechos humanos internacionales e incluso israelíes que han concluido que se trata de un genocidio y que los Estados deben actuar para frenarlo.
Ahora, ¿qué hicieron los Estados, y más concretamente los gobiernos progresistas de América Latina para cumplir con sus obligaciones según el derecho internacional? Alerta spoiler: la mayoría de los Estados están fuera de la ley.
El único gobierno en Latinoamérica que actuó de manera concreta fue el de Colombia: Gustavo Petro fue de los primeros que condenó lo que estaba haciendo Israel, con la complicidad del Norte Global. Cortó relaciones diplomáticas con Israel, prohibió la exportación de armas y nuevos contratos militares, decretó un embargo energético sin excepciones a Israel, es decir, dejó de venderle el carbón que abastecía la maquinaria genocida. Además, la semana pasada anunció la suspensión del Tratado de Libre Comercio con Israel.
Ya en agosto de 2024 había decretado el fin de este tipo las exportaciones de carbón pero con algunas excepciones, que fueron utilizadas especialmente por la empresa estadounidense Drummond para seguir vendiendo. Ahora la prohibición es total. Antes de esa prohibición parcial, el carbón colombiano representaba más del 50% de las importaciones de carbón de Israel. El nuevo decreto confirmó que las medidas anteriores redujeron las exportaciones solo en un 39%. Colombia siguió siendo su mayor proveedor, con más de un millón de toneladas. La nueva regulación eliminó esas excepciones y suspendió todas las exportaciones de carbón térmico hasta que Israel cumpla plenamente con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso de genocidio presentado por Sudáfrica.
Estos son ejemplos de sanciones legales y específicas exigidas por el Movimiento BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) que los Estados pueden y deben aplicar, según lo ya dictaminado por la CIJ y para cumplir con sus obligaciones internacionales provenientes del Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965).
Hay otros gobiernos de tinte progresista que se han expresado y anunciado medidas respondiendo a la presión popular pero que aún no las han implementado.
El gobierno de Chile anunció que impulsará una ley contra las importaciones de asentamientos ilegales israelíes que está siendo negociada en el Parlamento desde hace algunos años. También llamó a consultas a su embajador en Israel, retiró sus agregados militares de su embajada en Tel Aviv y su ministra de Defensa anunció que el país no iba firmar ninguna adquisición más de armas o equipamiento militar a Israel.
Con respecto a Brasil, Lula fue uno de los primeros en hablar de “genocidio”. No nombró un nuevo embajador de Israel en el país y se retiró de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), ante su presión para instrumentalizar el antisemitismo. La definición de antisemitismo de esta organización (que permite equipararlo con el antisionismo o cualquier crítica al Estado de Israel) es la que está siendo usada por los distintos fallos en Argentina para perseguir, procesar y criminalizar a quienes se han expresado públicamente condenando el genocidio, como Vanina Biasi y Alejandro Bodart.
También se supo que este año Brasil no vendió petróleo en bruto a Israel y redujo considerablemente la exportación de sus derivados, pero no hay aún una medida jurídica que lo prohíba todavía. Las organizaciones sociales siguen en campaña para exigir un decreto que prohíba formalmente las exportaciones directas e indirectas. Además, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, anunció que se estaban analizando medidas para imponer un embargo para la exportación de material militar, revisar el Tratado de Libre Comercio y controlar la importación de productos de los asentamientos israelíes ilegales, aunque estos anuncios aún no se efectivizaron. En este mismo momento hay un barco con acero brasileño destinado a las Industrias Militares Israelíes que salió desde los puertos de Brasil hace tres semanas y va a abastecer la producción de municiones.
Por su parte, los gobiernos de México y Uruguay aún no han tomado ninguna medida contundente que empiece a reducir a las complicidades de Estados y empresas con el genocidio de Israel.
El ex gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou había aprobado la apertura de una Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en Jerusalén, en articulación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, para la cual transfirió USD 130 mil. La oficina abrió a fines de 2024 en pleno genocidio televisado en vivo, con creciente oposición de organizaciones sociales y sectores cercanos al Frente Amplio, que hoy gobierna con Yamandú Orsi. El actual gobierno informó que el proyecto está en pausa “por la situación que se está dando en Medio Oriente»; sin embargo, no se ha confirmado el cierre completo de dicha oficina y tampoco se ha expresado el nuevo gobierno por la aplicación de sanciones, como podrían ser la revisión del Tratado de Libre Comercio (Israel-Mercosur) y un embargo militar integral y bilateral.
Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió recientemente el cese de la agresión a la población civil, admitió que se trata de un genocidio y afirmó que México reconoce al Estado palestino, a la vez que evitó la condena directa al Estado de Israel y no anunció ningún tipo de sanciones o medidas que tomará para frenar el genocidio.
Durante el último año y 9 meses, algunos países de la región se sumaron a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la CIJ por genocidio: Colombia, México, Chile, Bolivia, Cuba, Belice y Brasil.
Y varios países de la región, Bolivia, Cuba, Colombia y Honduras, han decidido ser parte del Grupo de La Haya, creado en enero de este año con el fin de lograr la aplicación de medidas legales y diplomáticas coordinadas en defensa del derecho internacional, los fallos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, para lograr sanciones y rendición de cuentas.
La manera más efectiva y que tiene consenso en la sociedad civil palestina para terminar con el régimen de apartheid, ocupación ilegal y genocidio de Israel contra el pueblo palestino, es cortar con la complicidad de empresas y Estados que abastecen y financian la maquinaria genocida. Y para eso, los Estados deben cumplir con el derecho internacional e imponer sanciones de manera inmediata.
La realidad está cambiando, estamos en un punto de inflexión en el que cada acción puede servir como catalizador de una transformación más grande. Hay que seguir presionando hasta que pare el genocidio, se desmantele el régimen de apartheid y se cumplan los plenos derechos del pueblo palestino, incluido el derecho al retorno y a recibir reparaciones. La humanidad se nos va con Gaza.
*Leticia Garziglia, periodista dedicada a temas internacionales, específicamente Palestina-Israel.