Por Carmen Navas Reyes* y Yohaickel Nazer Seijas Elles* – Globetrotter
El inicio del segundo mandato de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica ha estado marcado por el endurecimiento drástico y sin precedentes de las políticas migratorias. La nueva administración ha avanzado rápidamente en la militarización de la frontera sur y en una represión masiva de migrantes, transformando la política de control fronterizo en una prioridad bélico-industrial.
Una vez asegurado el control total del Ejecutivo y el Congreso, la administración Trump retomó, e incluso amplificó, las medidas restrictivas y xenófobas que definieron el primer período presidencial. Desde el día uno, se firmaron múltiples órdenes ejecutivas orientadas a la supresión de la migración. Estas medidas buscan limitar casi cualquier forma de entrada al país, a la par que expanden de manera exponencial la capacidad operativa y el presupuesto de las agencias de control migratorio. La retórica oficial ha declarado emergencia nacional por una supuesta “invasión” en la frontera sur, que ha servido como justificación para suspender el acceso al país y acelerar la expulsión masiva de migrantes. Sin embargo, detrás de estas acciones extremas, subyace una compleja red de intereses e ideologías bien definidas. La narrativa de línea dura antiinmigrante no solo cumple con la agenda política de Trump, destinada a consolidar el apoyo de su base electoral nacionalista, sino que también genera un beneficio tangible para actores poderosos. Estos incluyen un círculo íntimo de asesores ultraconservadores que diseñan meticulosamente las políticas, empresas privadas que lucran con la detención y deportación masiva, y políticos aliados con vínculos económicos directos con la maquinaria antimigratoria. El fenómeno se ha consolidado como un verdadero complejo industrial de la xenofobia. Estas políticas antimigratorias son la culminación de un trabajo coordinado por un equipo de ideólogos y funcionarios radicales, estrechamente alineados con la visión nacionalista y supremacista de Trump.
Uno de los funcionarios, detrás de la arquitectura ideológica de estas políticas, es Stephen Miller, actual subjefe de Gabinete de la Casa Blanca para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional. Miller es un estratega obsesionado con la reducción de la migración en todas sus formas, tanto irregular como legal. Su enfoque se ha centrado en estigmatizar a los migrantes, presentándolos como criminales peligrosos y amenazas a la seguridad nacional. Él es el autor intelectual de las órdenes ejecutivas, desde la que declara la emergencia nacional en la frontera hasta la propuesta de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Durante el primer mandato, Miller impulsó el infame veto migratorio a países musulmanes, la traumática política de separación de familias en la frontera y las primeras restricciones al asilo. Miller combina un fervor nacionalista y supremacista con un conocimiento profundo de los resortes del poder gubernamental para transformar su visión radical en políticas concretas e inamovibles.
La aplicación directa de la ley recae en Thomas (Tom) Homan, conocido como el “Zar de la Frontera”. Homan fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la «tolerancia cero», política que resultó en la separación de más de 4.000 niños y niñas de sus padres. Su papel es el de ejecutor principal de la agenda de deportación masiva. Participó activamente en la redacción del Plan 2025 de la Fundación Heritage, una hoja de ruta que exige estas deportaciones masivas, el uso extendido de los militares y el cierre de programas humanitarios. Actualmente, coordina los operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza, expandiendo la capacidad de detención y asegurando que la “mano dura” se aplique sin contemplaciones, incluso justificando el uso del miedo como herramienta de disuasión.
Una articuladora clave de estas políticas es, Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Trump hizo su nominación valorando su lealtad a la agenda anti migrante; como gobernadora, fue la primera en enviar tropas de la Guardia Nacional de su estado a la frontera de Texas. Su papel consiste en traducir la agenda política de Trump en políticas concretas, coordinar los mandos operativos masivos y confrontar a las llamadas “ciudades santuario” desde el poder federal, aportando un perfil político de alto nivel al equipo de seguridad nacional.
Otra figura igualmente relevante de este entramado es Pamela Bondi, Procuradora General de EE. UU. Su nombramiento fue controvertido debido a su pasado como cabildera de la industria carcelaria privada – que incluso ha construido subsidiarias en otros países del mundo para generar riquezas. Su rol se concentra en la arquitectura legal. Supervisa a los fiscales federales que presentan cargos migratorios, interviene en la administración de las cortes de migración y tiene la potestad de decidir apelaciones de casos de asilo mediante el Departamento de Justicia. Bondi se asegura de que las políticas migratorias extremas tengan un respaldo jurídico, con nuevas interpretaciones legales, adaptando las normas para facilitar las deportaciones y detenciones prolongadas y defendiendo estas medidas en tribunales.
Las motivaciones que sustentan el endurecimiento migratorio no son solamente ideológicas o electorales; un poderoso motor económico impulsa estas medidas. La expansión del aparato de detención y deportación se ha convertido en un negocio multimillonario para intereses empresariales, consolidando el ya mencionado complejo industrial de la migración. Empresas privadas administran prisiones, centros de detención y servicios asociados, generando ganancias extraordinarias a costa del encarcelamiento masivo de migrantes.
El sistema de detención de migrantes del ICE depende abrumadoramente de operadores privados. Más del 90% de los migrantes detenidos se encuentran en centros gestionados por corporaciones carcelarias bajo contrato, siendo GEO Group y CoreCivic las principales beneficiarias. Tras la reelección de Trump, las acciones de GEO Group se dispararon un 41% y las de CoreCivic un 29%. Los mercados financieros anticiparon correctamente que la nueva era Trump significaría un aumento masivo de detenciones y, por lo tanto, contratos más lucrativos.
La economía antimigratoria funciona sobre incentivos perversos, ICE paga a estas empresas una tarifa diaria por persona detenida, a menudo superior a los $100. Muchos contratos incluyen cláusulas de “mínimos garantizados”, asegurando el pago de un número mínimo de camas, lo que crea un claro incentivo para mantener un flujo constante de detenidos. Esta rentabilidad es inmensa: se ha revelado que, en algunos centros, la empresa gasta alrededor de $27 por detenido al día en servicios, mientras que el Gobierno paga cerca de $149, lo que resultaría en cerca del 83% como ganancia bruta para estas empresas. A manera ilustrativa, el segundo trimestre de 2025, CoreCivic reportó ingresos por $538.2 millones y GEO Group por $636.2 millones, superando las expectativas y reportando un crecimiento significativo. Ejecutivos han afirmado que el presupuesto récord aprobado por el Congreso triplica el financiamiento de ICE y les abre “oportunidades de crecimiento sin precedentes”. Con estos fondos, ambas empresas están reactivando instalaciones cerradas: GEO Group reabrió cuatro centros con 6.600 camas adicionales, mientras que CoreCivic firmó acuerdos para reabrir el centro de familias de Dilley con 2.400 camas por $180 millones y otra prisión inactiva.
El negocio de la xenofobia se extiende a la tecnología aplicada a la vigilancia y el control migratorio a través de Palantir, la empresa de análisis de datos que se ha convertido en un elemento central de la maquinaria de deportación. Palantir provee a las agencias de migración herramientas avanzadas de perfilado digital para identificar y rastrear personas en situación migratoria irregular. ICE le adjudicó un encargo específico para construir la plataforma “ImmigrationOS” por $30 millones, destinada al seguimiento y priorización de migrantes deportables, además de otros contratos por $159.4 millones en 2025. Asimismo, el monitoreo electrónico es otro nicho: BI Incorporated, subsidiaria de GEO Group, obtuvo una extensión contractual por $2.200 millones para monitorear a migrantes con pulseras y aplicaciones (tobilleras electrónicas).
Las aerolíneas y los contratistas de aviación, como CSI Aviation y GlobalX, también se han convertido en grandes beneficiarios, transformando los vuelos de deportación en una fuente sostenida de ingresos con contratos que ascienden a cientos de millones de dólares.
Detrás de estas empresas, los gigantes financieros también tienen su parte. Las dos gestoras globales más grandes, BlackRock y Vanguard, lideran las participaciones accionarias en GEO Group y CoreCivic. Aunque no son actores políticos tradicionales, su presencia demuestra que el complejo de detención está intrínsecamente entrelazado con el capital financiero estadounidense a gran escala, asegurando que el endurecimiento migratorio redunde en enormes ganancias a una amplia red de inversionistas de Wall Street y su intenso cabildeo electoral.
En el caso de las referidas empresas, en conjunto, invirtieron $3 millones en lobby federal, concentrando sus esfuerzos en el Congreso que determina el presupuesto anual de ICE. Es decir, presionan directamente para que el Congreso destine más fondos a detener migrantes, lo que se traduce directamente en más contratos para ellas. Además del cabildeo directo, inyectan dinero en el proceso político electoral. Por ejemplo, en las elecciones de 2024, el Comité de Acción Política (PAC) y empleados de GEO Group aportaron $3.7 millones en donaciones, la gran mayoría destinada a candidatos republicanos y conservadores. GEO Group donó $1 millón al súper PAC de Trump “Make America Great Again”. CoreCivic, por su parte, aportó alrededor de $784.000, la mayor parte también dirigida a candidatos republicanos. Ambas empresas fueron patrocinadores principales de la ceremonia inaugural de Trump en 2025, donando $500.000 cada una.
La cercanía de estas empresas con la órbita de Trump se evidencia en el fenómeno de los funcionarios bisagras (o de la puerta giratoria), donde exfuncionarios gubernamentales se integran en las filas empresariales, y viceversa. En 2024, más de la mitad de los lobistas de GEO Group y CoreCivic tenían empleos previos en el gobierno federal, utilizando sus contactos y conocimiento interno para beneficiar a sus nuevos empleadores.
Existen tres ejemplos destacados ya identificados, que supondría casos de conflictos de interés que subyacen en este engranaje: 1. Tom Homan, antes de ser el Zar de la Frontera, trabajó como consultor para GEO Group en servicios de monitoreo de migrantes; 2. Pamela Bondi, fungió como lobista de GEO Group en Washington D.C., recibiendo pagos confirmados por más de $390.000 por sus servicios. Homan y Bondi fueron remunerados por compañías que lucran con el auge de la detención de migrantes. Ahora, como funcionarios de alto nivel, tienen influencia directa sobre el sistema migratorio y de justicia que procesa a esos mismos migrantes; 3. Stephen Miller declaró poseer acciones en Palantir por un valor situado entre $100.000 y $250.000 lo que sugiere un posible interés financiero en las políticas de vigilancia digital que él mismo impulsa.
Las actuales políticas migratorias de los Estados Unidos son la culminación de una poderosa convergencia de intereses ideológicos y económicos. Este fenómeno representa la transformación de la migración en un objetivo bélico-económico, casi un fin en sí mismo, donde las ideologías supremacistas y el capitalismo salvaje se fusionan para la maximización de ganancias.
Para los ideólogos como Stephen Miller, la migración es una amenaza, para corporaciones como GEO Group y CoreCivic, aunque esa “amenaza” es, en realidad, una oportunidad de crecimiento económico sin precedentes. Ambos actores se necesitan mutuamente: sin la narrativa del miedo y la “invasión”, no habría contratos presupuestarios masivos; sin los contratos y el lobby, la narrativa del miedo quizás no prevalecería en políticas concretas.
La meta declarada por Trump de deportar más de un millón de personas en un año representa una oportunidad de ingresos extraordinarios. Cada vuelo fletado, cada nuevo centro habilitado y cada contrato de vigilancia electrónica se traducen en un ingreso potencial directo para los contratistas privados. Desde la óptica de sus promotores, estas políticas están cumpliendo su doble propósito: disuadir la migración y fortalecer un aparato de control que les brinda réditos políticos y económicos. Que dicho aparato lucre a amigos y aliados no es una coincidencia, sino una característica integral del complejo industrial de la xenofobia que ha consolidado la plutocracia de Donald Trump, con un costo humano devastador de familias destrozadas, comunidades enteras atemorizadas y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales al debido proceso y a la protección humanitaria.
*Carmen Navas Reyes es una politóloga venezolana, con maestría en Ecología para el Desarrollo Humano (UNESR). Actualmente cursa un doctorado en Estudios de Nuestra América en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARG en Venezuela. Forma parte del Consejo Asesor Internacional del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
*Yohaickel Nazer Seijas Elles es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, militante afrodescendiente y miembro del Colectivo de Reflexión Política Sociedad Patriótica.