Por PIA Global – Periodismo Internacional Alternativo
Este lunes Pedro Sánchez comunicó al rey la disolución de las Cortes y convocó elecciones generales para el 29 de noviembre, la fecha más próxima que habilita la ley electoral española.
El detonante fue la derrota legislativa del viernes anterior, cuando el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda con los votos del PP, Vox, UPN y Junts. Si uno sólo se limita a esa secuencia va a ver un gobierno acorralado que tira la toalla, pero Sánchez perdió decenas de votaciones desde 2023 y nunca convocó. Esta vez lo hizo porque, por primera vez en mucho tiempo, la calle le ofrece algo parecido a una ola, y porque seguir hasta 2027 en un Congreso donde cada ley se negocia voto a voto con un socio que ya no lo es equivalía a desangrarse en cámara lenta.
La ola tiene nombre; Maricarmen, que tiene 87 años y fue desahuciada de su casa en el Retiro a fines de septiembre. Su caso cristalizó un ciclo de protesta por la vivienda que el movimiento inquilino viene empujando desde 2023 y que llegó a su punto más alto en estos días, con la acampada en Puerta del Sol, marchas en las principales ciudades, cerca de medio millón de personas en Madrid el sábado 3 y un reclamo de huelga general por la vivienda que hace un año habría sonado a consigna de ultraminoría. El Gobierno aprobó a las apuradas dos decretos. Uno prohibía los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, el otro prorrogaba por dos años los alquileres que vencieran antes de 2028. Junts, la derecha catalana que sostuvo la investidura a cambio de la amnistía, los tumbó en nombre de los “pequeños propietarios”. El PNV también votó contra el segundo.
Sánchez eligió entonces el terreno de la pelea. Prefiere una campaña sobre vivienda antes que una campaña sobre Ceuta y sobre los expedientes judiciales que rodean al PSOE, y lo dijo sin pudor en su mensaje, cuando pidió una mayoría progresista más amplia para “doblegar a las élites”. Es la tercera vez que hace la misma jugada. En 2019 adelantó tras la caída de los presupuestos, en 2023 tras la paliza municipal, y las dos veces sobrevivió. La apuesta es al reflejo defensivo de un electorado progresista que se moviliza cuando ve la cara de Vox en el espejo del poder. Los números de partida no lo ayudan. El sondeo exprés publicado el mismo lunes le da al PP 143 escaños, a Vox 62, al PSOE 106 y a Sumar apenas seis, lo que dejaría a la derecha por encima de los 200 diputados. Alberto Núñez Feijóo celebró la convocatoria diciendo que en 54 días “el muro ya no existe”. En julio de 2023 la foto también era mala para Sánchez, pero terminó gobernando.
Hasta ahí la crónica parlamentaria que ocupa a la prensa española. Pero el adelanto tiene una dimensión que excede largamente el hemiciclo. Sánchez es hoy el único jefe de gobierno de un país grande de la Unión Europea que le dijo que no a Washington en los dos expedientes que ordenan la relación transatlántica de esta etapa, el gasto militar y la guerra contra Irán. Lo que se vota el 29N es también si ese desvío se sostiene o se corrige.
El primer desvío se consumó en la cumbre de La Haya de 2025, donde España fue el único aliado que no firmó el compromiso de llevar el gasto en defensa al 5% del PIB. Madrid sostuvo que con el 2,1% alcanzaba para cumplir los objetivos de capacidades de la OTAN y llevó el mismo argumento a Ankara en julio de este año. Trump había calificado a España de “desastre” como socio, y un correo interno del Pentágono llegó a especular con suspenderla de la Alianza, figura que el tratado ni siquiera contempla. Después de Ankara el presidente estadounidense dijo que España se había “redimido por completo” y habló de un pago importante que nadie detalló. La frase revela más sobre la necesidad de Washington de exhibir disciplina aliada que sobre algún giro real en Madrid. En el discurso del lunes Sánchez volvió sobre el punto y presentó el Estado de bienestar como aquello que su gobierno se negó a sacrificar al 5%.
Lo de Irán costó más caro. Cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra contra la República Islámica, el gobierno español negó el uso de las bases de Rota y Morón y después cerró su espacio aéreo a los vuelos vinculados a la operación. El Pentágono retiró una docena de aviones cisterna KC-135 desplegados en Morón. Trump amenazó con cortar todo el comercio con España, el secretario del Tesoro Scott Bessent calificó la negativa de inaceptable, el senador Lindsey Graham pidió retirar del país las tropas y los aviones estadounidenses y la Casa Blanca terminó respondiendo, con desdén, que no necesitaba la ayuda española. Sánchez contestó con una consigna que la sociedad española conoce de memoria, “no a la guerra”, la misma de 2003 contra el alineamiento de Aznar con la invasión de Irak. Casi siete de cada diez españoles rechazaban la guerra. Desde Teherán, el Tehran Times leyó la postura como una ruptura de España con Occidente, y Madrid reabrió su embajada en la capital iraní después del alto el fuego. En Pekín, tras reunirse con Xi Jinping, Sánchez acusó al gobierno israelí de violar el derecho internacional. Nada de eso pasó desapercibido en Washington.
Y después vino Ceuta. Desde el 30 de julio decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad autónoma, muchas a nado. El propio Rabat reconoció 40.000 entradas y la prensa española contabiliza decenas de muertos. El Gobierno declaró por primera vez en democracia una situación de interés para la seguridad nacional, y este fin de semana la policía todavía desalojaba un asentamiento de unas 3.000 personas en la playa del Trampolín. Trump habló de “invasión” y dijo que Sánchez no sabía qué hacer. A los pocos días un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes incorporó al registro del Congreso estadounidense una frase que en Madrid cayó como una provocación. En su página 88 afirma que Ceuta y Melilla, ciudades administradas por España, están ubicadas en territorio marroquí, y propone que el secretario de Estado Marco Rubio promueva un diálogo entre Madrid y Rabat sobre su “futuro estatus”. La iniciativa fue del republicano Mario Díaz-Balart, del círculo de Rubio. Según la prensa española, un dossier “preventivo” de asesores de la Casa Blanca sobre la soberanía de las dos ciudades habría empezado a escribirse después del 4 de marzo, el día en que Sánchez cerró Rota y Morón.
El eje Washington-Rabat quedó soldado en 2020 con los Acuerdos de Abraham, cuando Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización con Israel. Madrid, que en 2022 ya había girado hacia la posición marroquí sobre el Sáhara, venía acercándose a Argelia, rival de Rabat y proveedor clave de gas para España. Un aliado díscolo al norte del Estrecho y un aliado consecuente al sur. La presión migratoria y el cuestionamiento de la soberanía operan como un mismo dispositivo de caotización del flanco sur español, coordinado o no, y sus efectos se miden en las encuestas. El relato de la “invasión” hace el resto. Vale recordar que el teléfono de Sánchez fue espiado con Pegasus en mayo de 2021, en plena crisis anterior con Marruecos.
La derecha española recibe todo esto como un regalo y no como una amenaza, lo que dice bastante. Vox preside Patriotas por Europa, el grupo de Le Pen y del Fidesz húngaro, entre otros, y en febrero de 2025 organizó en Madrid la cumbre “Make Europe Great Again”, donde Abascal llamó a Trump “compañero de armas”. El partido que se presenta como guardián de la soberanía nacional comparte bando con quienes, en el Congreso estadounidense, ponen en duda que Ceuta y Melilla sean España. En la propia prensa española ya se habla de un soberanismo subordinado. Javier Milei, siempre disponible como vocero transatlántico de esa red, aprovechó Ceuta para mandarles a los españoles ánimo porque “el final del socialismo se acerca”. El PP acusa a Sánchez de haber abandonado a los aliados y de poner en riesgo el interés nacional. Ninguno de los dos discute el fondo. Ambos dan por sentado que el interés nacional español coincide con el de Washington.
Nada de esto convierte a Sánchez en un dirigente antiimperialista, y sería un error leerlo así desde América Latina, aunque en América Latina cualquier progre seseando obnubila la razón. España sigue en la OTAN, llegó al 2% del PIB en defensa, dejó que en mayo se renovara de forma automática el convenio que cede a Estados Unidos el uso de Rota y Morón, y acompaña la línea atlantista de Bruselas en Ucrania. El giro de 2022 sobre el Sáhara fue una concesión a Rabat que hoy se revela inútil. La crisis de la vivienda que ahora pretende capitalizar es en buena medida hija de la impotencia de sus propios gobiernos frente a los fondos de inversión, con una ley de 2023 que el movimiento inquilino describe como letra muerta. Lo que Sánchez representa es más modesto y, por eso mismo, más revelador. Una socialdemocracia europea que intenta conservar márgenes de autonomía dentro de la estructura atlántica y que defiende el gasto social frente a la militarización. En la Europa de 2026 eso alcanza para ser una anomalía.
Europa es justamente el otro plano de la elección. El continente no se corrió hacia la izquierda con la caída de Orbán en abril. Péter Magyar ganó en Hungría con un programa conservador y pro OTAN, y Bruselas celebró su victoria como la normalización de un socio incómodo. El eje que se consolida es atlantista y conservador, el de un Friedrich Merz que en estos mismos días estaba en Kiev mientras Rusia atacaba la ciudad. Cuando Trump amenazó a España con el embargo, Macron y Merz se solidarizaron, pero lo hicieron porque el comercio es competencia comunitaria y un castigo a Madrid era un castigo a la Unión. Nadie siguió a España en lo de las bases. Nadie la acompañó en la negativa al 5%.
Por eso el 29N funciona como caso testigo. Leído desde el declinacionismo estadounidense, un hegemón que pierde capacidad de ordenar el mundo tiende a disciplinar con más dureza a la periferia de su propia alianza, y el redespliegue en curso convierte a los aliados europeos en pagadores del rearme y en plataformas logísticas hacia África y Asia occidental. Rota, Morón y el Estrecho de Gibraltar son piezas centrales de esa arquitectura. Si Sánchez cae y lo reemplaza un gobierno del PP atado a Vox, el mensaje para el resto de las capitales europeas será nítido. Decirle que no a Washington se paga en casa, con presión migratoria en la frontera, amenazas comerciales, causas judiciales y una guerra cognitiva que instala la “invasión” como sentido común. Si Sánchez sobrevive, aunque sea con una mayoría precaria, España seguirá siendo la prueba de que una potencia media puede administrar su disidencia dentro de la OTAN sin ser expulsada ni quebrada. Para un continente que perdió la costumbre de discutir con Estados Unidos, eso pesa.
Los escenarios están a la vista. El más probable, según los sondeos disponibles, es una mayoría de PP y Vox. Con más de sesenta diputados Abascal no se conformará con apoyos desde afuera, y un gobierno de coalición o de dependencia parlamentaria llevaría a España hacia el 5%, abriría las bases para la próxima operación en Asia occidental, buscaría un entendimiento con Rabat en los términos de Rabat y retrocedería en la línea sobre Palestina. España dejaría de ser un problema para Washington. El otro escenario es que la vivienda movilice lo suficiente para repetir 2023, un empate en el que Sánchez conserve una minoría de bloqueo, pero siga dependiendo de Junts, con una repetición electoral en el horizonte y una legislatura todavía más frágil que la que termina. Feijóo gobernando en solitario con abstenciones ajenas, la fantasía de la dirección del PP, no aparece en ningún sondeo.
Queda un dato menor que puede terminar siendo mayor. El convenio que regula el uso conjunto de Rota y Morón se renueva solo cada mayo si ninguna de las partes dice lo contrario. Quien esté en la Moncloa en la primavera de 2027 decidirá si lo deja correr en silencio o lo convierte en moneda de negociación con Washington. Esa decisión, más que cualquier discurso de campaña, va a mostrar qué votaron los españoles el 29 de noviembre.
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