Derechos Humanos

De Birmania a Gaza: las consecuencias de una sentencia histórica que preocupa a Israel

Imagen: Hombres llevan a una persona envuelta en una manta en la Franja de Gaza, de Hosny Salah

Por Antonio Ponce* – El Confidencial

La sentencia es la primera vez que el tribunal declara a un país culpable de genocidio y abre la puerta a indemnizaciones para la minoría rohinyá, que padeció masacres y desplazamientos en 2017, a la vez que marca jurisprudencia para el caso de Gaza.

El humo de la destrucción se alzaba sobre la ciudad birmana de Maungdaw y cubría con una niebla el río Naf. Cientos de miles de civiles cruzaban sus aguas en una huida desesperada. Era 2017 y Matthew Smith, fundador del grupo de derechos humanos Fortify Rights, estaba al otro lado de la ribera, en suelo de Bangladés, recibiendo a los refugiados que llegaban mutilados por los machetazos de la masacre en curso. «Llevaba investigando violaciones de derechos humanos desde los 2000, pero en ese momento nos dimos cuenta de que algo mucho más grande y siniestro estaba ocurriendo. Nunca había visto nada igual», recuerda a ElConfidencial.

Ese fue el clímax del genocidio contra el pueblo rohinyá, una minoría étnica birmana que se convirtió en el chivo expiatorio de la dictadura del país. La masacre acabó en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2019, tras una denuncia de Gambia que contó con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica. Otros once países se sumaron después al caso. Este jueves, siete años después, el tribunal ha declarado culpable de genocidio a Birmania (también conocida como Myanmar) en una sentencia histórica.

Es la primera vez que la CIJ hace responsable de genocidio a un país. Y la resolución no solo abre la puerta a reparaciones para una minoría desplazada y rota, con más de 700.000 refugiados en Bangladés. «Con este fallo, la jurisprudencia sobre el genocidio y las leyes que lo aplican se fortalecen. Será esencial para casos futuros. Es un importante trampolín para otros esfuerzos orientados a lograr la rendición de cuentas en el ámbito penal», destaca Smith. Directamente, implica «un cambio en los estándares para el juicio que acusa a Israel de ser responsable del genocidio de Gaza«, eleva el investigador. La denuncia, interpuesta por Sudáfrica en la misma corte en 2023, está en curso. Y los abogados, como las naciones involucradas, han seguido la resolución contra Birmania de cerca. 

La sentencia se leyó este jueves en el Palacio de la Paz de La Haya ante víctimas, activistas y representantes de la dictadura. La siguieron online miles de rohinyás en el campo de refugiados de Cox Bazar, en Bangladés, congregados con carteles de agradecimiento a Gambia y que pedían el regreso a su hogar. «El Tribunal concluye que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyás, perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y los atacaron mientras estos intentaban huir en gran número hacia Bangladés», declara la sentencia.

«Supone un importante reconocimiento de lo que han tenido que soportar», valora en un comunicado Paul Brockmann, director de operaciones de Médicos Sin Fronteras en el sudeste asiático, quien apunta que, según «las estimaciones más conservadoras, al menos 6.700 rohingya fueron asesinados, incluidos unos 730 niños menores de cinco años», solo entre agosto y septiembre de 2017.

Consecuencias del veredicto

El fallo de la CIJ abre una cadena de consecuencias. La experta en Derecho Internacional de la Universidad de Ámsterdam, Marieke de Hoon, explicó a EFE que hasta ahora la Corte no había tenido «muchas oportunidades de precisar el significado de los términos utilizados en la Convención contra el Genocidio». Ahora dispone de una sentencia que lo aclara y los paralelismos con la acusación de genocidio contra Israel son evidentes.

Israel ha rechazado tajantemente la acusación de genocidio y ha acusado a Sudáfrica de actuar como emisaria de Hamás. La misma estrategia han usado contra Gambia los representantes de la dictadura birmana, que justificó el despliegue militar de entonces como una respuesta a los ataques de una guerrilla de los rohinyás que considera grupo terrorista. El país vive en guerra civil desde 1948, siempre en lucha contra los grupos armados de la periferia del país, convirtiéndose en el conflicto armado más longevo del planeta. Pero este fallo rechaza dicha argumentación. Naipyidó masacró civiles, no soldados.

Israel también ha defendido la invasión de Gaza como una respuesta a los ataques terroristas por parte de Hamás del 7 de octubre. Pero en esta supuesta defensa ha matado a más de 70.000 palestinos y entre ellos, unos 20.000 niños, según la ONU. También ha desplazado a casi dos millones de personas, devastado la franja de Gaza casi por completo y bombardeado sistemáticamente hospitales. Las pruebas presentadas por los grupos de derechos humanos han sido una pieza clave en el juicio contra Naipyidó. Las evidencias contra Tel Aviv se acumulan ante una jurisprudencia que se balancea en su contra. Y no solo afecta a los procesos contra naciones. También a juicios contra individuos.

«La sentencia da impulso a varios procesos judiciales contra individuos que perpetraron las masacres», destaca Smith. Uno de estos juicios, que dirige ante la Corte Penal Internacional, es contra el mismísimo dictador Min Aung Hlaing, ahora presidente de Birmania tras unas elecciones amañadas, según ONG y buena parte de la comunidad internacional. El tribunal ya solicitó una orden de arresto en 2024 por presuntos crímenes de lesa humanidad contra la minoría. Tan solo unos días antes el mismo organismo publicó la misma orden contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Además, la sentencia exige que el país culpable se haga responsable de las reparaciones e indemnizaciones a las víctimas. «Si pensamos en todo lo que ha perdido el pueblo rohinyá —familiares, sus hogares, sus tierras— y en los años que han pasado en campos de refugiados, la indemnización les ofrecería alguna clase de cierre a este trauma», valora Smith. La sentencia alberga desde «atención médica y psicológica, la recuperación de sus tierras y la posibilidad de regresar a casa de manera segura cuando la situación lo permita —lo cual, por supuesto, en este momento no es así—», contempla el fundador de Fortify Rights, quien recuerda que la guerra persiste en Birmania.

El fallo incluye también la devolución o sustitución de las propiedades individuales y colectivas que hayan sido destruidas o dañadas, pero queda un largo recorrido para que puedan recuperarlas. «El genocidio, en lo que a nosotros respecta, sigue ocurriendo», matiza Smith. La destrucción llegó hasta niveles que podían verse desde el espacio. Una rápida mirada con Google Maps permite ver cómo de 2015 a la actualidad, docenas de pueblos rohinyá han sido totalmente demolidos, tal y como demostró Human Rights Watch.

«Los rohinyá que permanecen en Birmania siguen sufriendo violencia selectiva, además de las consecuencias del conflicto más amplio», destaca Brockmann. Algunos, incluso, han sido reclutados forzosamente por la misma dictadura que los masacró. «Si bien este es un momento histórico, las necesidades médico-humanitarias persisten: sigue habiendo una necesidad urgente de que se respete el derecho internacional humanitario, de que cesen de inmediato los ataques contra la población civil y de que se facilite una asistencia humanitaria rápida y sin trabas a quienes sufren las consecuencias», exige Brockmann.

«El reconocimiento de su igualdad de ciudadanía y libertad de circulación» serían los primeros pasos para garantizar un retorno seguro, explica Smith. También les ayudaría la reunificación familiar, debido a que «miles de familias se han separado por la persecución, no solo en Bangladés, sino por múltiples países”, explica Smith. En su diáspora, son víctimas frecuentes de tráfico humano o medidas de repatriación que no contemplan su status de refugiados, como la polémica devolución que protagonizó Malasia este octubre. También para aquellos cuyos familiares desaparecieron en el fuego de las masacres, la sentencia favorece que ahora puedan «rastrear qué pasó con ellos aquellos días».

Genocidio cocido en redes

«Los ataques masivos contra los rohinyás llevaban dándose desde años atrás», enfatiza Smith. La etnia ha estado décadas marginada por las sucesivas dictaduras que han gobernado el país, que la tacha de extranjera, y en 1982 les arrancó la ciudadanía, convirtiéndolos en un pueblo apátrida. «En 2012 ya hubo ataques masivos que el Gobierno descalificó como ‘violencia intercomunal’, quitándole importancia. Pero fueron asaltos coordinados en unos 13 municipios y documenté que se trataba de un intento de limpieza étnica con respaldo gubernamental», explica. 

El discurso de odio fue a más en los años siguientes, alimentado por el miedo al Estado Islámico surgido en Oriente Medio. Bulos y desinformación empezaron a extenderse a través de redes sociales como Facebook, potenciadas por un algoritmo que no ponía frenos. «En 2016 y 2017 los ataques alcanzaron otro nuevo nivel. No nos podíamos creer la escala de lo que ocurría», lamenta Smith.

En el estado birmano de Arakán, donde habitaban la mayoría de los rohinyás, militares, gobierno, fanáticos budistas y milicias de etnias rivales se aliaron para perpetrar el genocidio en esos años. «Les dieron machetes hasta a los niños», relató un joven rohinyá de 25 años que presenció la masacre en el pueblo birmano de Tula Toli. «Cuando intento dormir, recuerdo lo que me hicieron los budistas. Cómo machetearon a la gente y arrojaron a los pequeños a las hogueras», contó otra superviviente. Sus testimonios fueron recopilados en informes de Fortify Rights, y han sido claves como pruebas en el juicio.

«63 cuentas de Facebook, 485 páginas, 17 grupos y 16 cuentas de Instagram: todas ellas vinculadas al ejército de Birmania» y usadas para sembrar el odio contra la minoría, expuso en el juicio Arsalan Suleman, abogado de la Organización de Cooperación Islámica. La propia empresa «Meta determinó que el ejército ocultaba su identidad a través de estas cuentas» y una investigación de The Times confirmó que «cientos de miembros de la dictadura eran los principales operativos detrás de una campaña sistemática de Facebook que tenía a los rohinyá como objetivo», añadió. 

Solo de julio a diciembre de 2017 se han documentado 10.000 publicaciones que alcanzaron a millones de personas y que los dibujaban como una amenaza que debía ser eliminada. Uno de ellos, publicado por el Ejército se tituló ‘Escrito con sangre arakanesa’ el 26 de agosto de 2017, y llamaba a la lucha contra los rohinyás como única manera de supervivencia. Ese día comenzaron «las operaciones de limpieza étnica» a gran escala, apuntó Suleman. O como dijo un soldado birmano en un video diseminado por el Ejército: «Vamos a limpiar las aldeas donde viven esos animales». 

En aquel momento, la dictadura vivía una breve apertura democrática, liderada por la premio Nobel Aung San Suu Kyi, a cuyo partido político el régimen cedió algunos ministerios. Viendo que perdían protagonismo, los militares intentaron presentarse como la única salvación ante una falsa amenaza, los musulmanes. El discurso caló hondo en un país de mayoría budista, respaldado por milicias budistas radicales como las Pyusawhti o el Movimiento 969, que apoyaron la masacre. Pero no evitó que perdieran las elecciones de 2021 ante el partido de Suu Kyi.

La premio Nobel, que había guardado silencio ante el genocidio por miedo a enemistar a los militares, acabó arrestada. La gente salió a las calles, pero fue brutalmente reprimida. Miles huyeron a la jungla para combatir junto a los grupos armados que desafiaban a Naipyidó. Y la guerra civil se recrudeció.

*Analista político y periodista internacional.

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