Por Néstor Prieto Amador* – Público.es
El avance reaccionario también tiene lugar en América Latina y, en muchas ocasiones, son viejos conocidos quienes lideran los procesos.
Los viejos rockeros nunca mueren, o eso parecen creer un nutrido grupo de expresidentes de derecha y extrema derecha latinoamericanos quienes, lejos de asumir un papel secundario tras su salida del Gobierno, están siendo actores protagónicos en sus países: Álvaro Uribe, faro de la derecha colombiana, Jair Bolsonaro, conspirando desde su arresto domiciliario para la imposición de aranceles a Brasil; o Tuto Quiroga, aspirando a regresar a la presidencia boliviana con un discurso de mano dura.
En muchas ocasiones, son viejos conocidos quienes lideran los procesos. El sistema presidencialista latinoamericano favorece la aparición de liderazgos fuertes y carismáticos, en muchos casos casi mesiánicos.
Ese capital político y referencialidad lo guardan con celo un puñado de expresidentes latinoamericanos, que siguen liderando con mano firme su espacio político. Bien presentándose directamente a las elecciones –como fue el caso de Bolsonaro en Brasil y ahora de Tuto Quiroga en Bolivia–, o bien influyendo sobre sus partidos y designando delfines a los que susurrar al oído –caso de Uribe en Colombia–.
Sus liderazgos pesan más que la cárcel –Bolsonaro y Uribe acaban de ser condenados– y resisten el paso del tiempo. Todos ellos agitan el fantasma del «socialismo» y del «castrochavismo» para cohesionar a sus bases y, con un nacionalismo inflamado, prometen mano dura contra la migración y la inseguridad ciudadana.
Una agenda compartida que se ha traducido en las primeras grandes alianzas internacionales: el Foro de Madrid, el grupo Libertad y Democracia, o la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) son los nuevos think-tanks y grupos de presión desde donde opera la derecha y extrema derecha latinoamericana.
Bolsonaro quiere sanciones contra su país
Mientras todas las naciones del mundo negociaban con Donald Trump un acuerdo comercial que redujese los aranceles que el presidente estadounidense había anunciado, un expresidente trabajaba en la sombra para que el gravamen contra su país fuese mayor.
Jair Bolsonaro (2018-2022) buscó la reelección presidencial en 2022, y tras perder en las urnas frente a Lula da Silva buscó mantenerse en el poder instigando un intento de golpe de estado por el que hoy la Justicia le persigue. Las medidas cautelares impuestas contra él, actualmente bajo arresto domiciliario y con prohibición explícita de usar redes sociales, no han frenado su agenda.
Su hijo, Eduardo Bolsonaro, opera en su nombre. En marzo de este año, el mediano de sus cinco hijos anunció a través de redes sociales que renunciaba temporalmente a su escaño en el Congreso para instalarse en EEUU con la intención de persuadir a Trump de imponer severos aranceles contra la economía brasileña y sanciones contra los jueces que investigan a su padre. «Aquí podré buscar los castigos justos para Alexandre de Moraes y su Gestapo [en referencia al juez instructor de la causa contra su padre]». «Mi objetivo de vida será hacer que pagues por toda la crueldad con personas inocentes», aseguró en una alocución pública.
Lo consiguió. En un acto de «solidaridad» contra la «caza de brujas» que sufre el expresidente Bolsonaro, Trump impuso aranceles del 50% al país sudamericano –convirtiéndose en la nación más gravada de todo el mundo– y sancionó a varios jueces. La medida fue celebrada por el bolsonarismo en Brasil, donde tuvieron lugar varias marchas y vigilias donde se veían estampas con el rostro de Jair Bolsonaro y banderas estadounidenses.
Esa es la estrategia del exmandatario: alimentar el discurso de la «persecución política» y confiar en que los aranceles empeoren el desempeño económico del país. Todo con la intención declarada de ser el candidato de la extrema derecha brasileña en las elecciones presidenciales de octubre de 2026. Solo en caso de que la Justicia lo impidiese, algo que parece más que probable, el patriarca de los Bolsonaro sopesa ceder a uno de sus vástagos el liderazgo político.
Uribe: de la cárcel a la precampaña
Álvaro Uribe Vélez, caudillo de la derecha colombiana y expresidente del país (2002-2010), fue condenado a principios de agosto a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Una sentencia sin precedentes que la Justicia suspendió apenas dos semanas después. En cuanto Uribe supo de su libertad convocó a sus bases a un acto público con el que irrumpir de lleno en la precampaña electoral.
«Cualquier minuto de libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de los colombianos», afirmó ante una muchedumbre que le aclamaba con el grito «Uribe presidente». El exmandatario, que modificó la constitución para ser reelegido en un segundo mandato e incluso buscó un tercer periodo que la Justicia frenó, llamó a formar una gran coalición «para recuperar al país de las garras del neocomunismo soportado en el narcoterrorismo».
Uribe no puede presentarse a las elecciones, pero su espectro político sigue considerándole el faro al que seguir. «Proteste quien proteste, el nuevo Gobierno le debe pedir ayuda a Israel, a Estados Unidos y a Inglaterra para recuperar la seguridad y para derrotar el terrorismo», defendió.
El expresidente no ahorró en calificativos para referirse al Gobierno del progresista Gustavo Petro, al que acusó de «expropiador», «neocomunista» y «mentiroso». Uribe ha elevado el tono del debate político nacional y ha multiplicado sus encuentros para promover un candidato competitivo con el que «recuperar la democracia». El resto de los actores de la derecha colombiana se resignan a seguir su ritmo.
La vieja derecha boliviana quiere volver al Gobierno
El expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-02) no se esconde ni guarda las apariencias. Promete usar «motosierra, machete y tijera» si regresa al poder. Podría hacerlo, quedó en segunda posición en las recientes elecciones generales de Bolivia y se jugará la presidencia en la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo mes de octubre.
«Tuto» Quiroga fue mano derecha y vicepresidente del exmandatario Hugo Bánzer Suárez, quien primero ejerció el poder como dictador militar (1971-78) y posteriormente como candidato electo (1997-2001). Durante su escaso año al frente del Gobierno, este acaudalado empresario de Cochabamba impuso severos recortes económicos y castigó con severidad las protestas de grupos indígenas y sindicales. Bajo su presidencia se consiguió expulsar del congreso y dejar sin escaño al por entonces por entonces dirigente cocalero Evo Morales.
Este viejo conocido de la política boliviana lideró el partido ultraconservador Acción Democrática Nacional (ADN) para posteriormente peregrinar por otras formaciones de la derecha boliviana. Fue un operador clave en el golpe de estado de 2019, mediando entre distintos sectores de la derecha boliviana.
«Voy a ser muy agresivo en firmar acuerdos de libre comercio y tratados bilaterales de protección de inversiones», aseguraba en una reciente entrevista con la CNN. Eterno candidatado, aspiró y perdió en las elecciones presidenciales de 2005 y 2014. Pero este 2025 podría romper la racha. En torno a él confluyen los sectores más tradicionales y conservadores de una derecha boliviana que ha recurrido a viejos rostros por encima de nuevos liderazgos.
Los expresidentes ultra tienen sus grupos de presión
En marzo de 2023, un grupo de presidentes y expresidentes de derecha de Iberoamérica lanzó en Santiago de Chile el Grupo Libertad y Democracia (GLD), concebido como foro de coordinación política «para fortalecer la libertad y la democracia» frente al avance de «espacios izquierdistas» como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que aglutina a exdirigentes progresistas.
La plataforma —impulsada inicialmente por el chileno Sebastián Piñera y el boliviano Jorge Tuto Quiroga— reunió desde el inicio a expresidentes como el argentino Mauricio Macri, los colombianos Andrés Pastrana e Iván Duque, los mexicanos Felipe Calderón e Vicente Fox, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el paraguayo Mario Abdo Benítez, y los españoles Mariano Rajoy y José María Aznar entre otros.
Desde entonces, el GLD ha actuado como un auténtico grupo de presión conservador en la región: emitió múltiples declaraciones contra Cuba y Venezuela —defendiendo un aislamiento internacional—, celebró triunfos y respaldó a candidatos afines como Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador y, ya en 2025, rechazó el proceso judicial por el que Álvaro Uribe fue condenado.
Este patrón de intervenciones muestra cómo, en paralelo a liderazgos veteranos que siguen pesando en sus países —Uribe en Colombia, Jair Bolsonaro en Brasil o el propio Tuto Quiroga en Bolivia—, los expresidentes de derecha han tejido una red organizada para incidir en la agenda pública regional. Los viejos rockeros, al menos por ahora, no mueren.
*Néstor Prieto Amador, politólogo y periodista especializado en política internacional y geopolítica. Ha cubierto sobre el terreno procesos políticos y migratorios en México, Venezuela, el Líbano, Argelia y el Sáhara Occidental. Compagina su labor académica con el análisis internacional en medios. Colabora con Público en la sección de Internacional.