Por Osama Abuzaid* – Voces del Mundo*
El 8 de diciembre, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar, se apoderaron del mayor yacimiento petrolífero de Sudán, situado en Heglig, lo que provocó la paralización de la producción en la principal planta de procesamiento de las exportaciones de Sudán del Sur, que representan casi la totalidad de los ingresos de Juba.
El yacimiento se encuentra en Kordofán Occidental, cerca de la frontera sur de Sudán, una zona en la que las fuerzas rivales se enfrentan con frecuencia por el control del territorio.
Las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) habían acusado anteriormente a las FAR de lanzar ataques con drones contra el emplazamiento, lo que provocó cierres anteriores, los últimos en agosto.
Apenas unos días antes, el 4 de diciembre, el portavoz de las Naciones Unidas, Stephane Dujarric, condenó un ataque contra un camión del Programa Mundial de Alimentos (PMA) cerca de Hamrat al-Sheikh, en Kordofán del Norte.
El vehículo formaba parte de un convoy que transportaba ayuda para personas desplazadas en Tawila, en Darfur del Norte, muchas de las cuales habían huido del conflicto en El Fasher y sus alrededores.
El ataque causó la muerte de ocho personas y heridas a muchas otras. Se trataba del sexto ataque importante contra personal, bienes o instalaciones del PMA en Sudán sólo en el último año.
Esta violencia persistente pone de relieve los graves peligros operativos a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios en Sudán, riesgos que son inseparables del conflicto político y económico más amplio del país.
Estos incidentes no son tragedias aisladas, sino manifestaciones de una guerra alimentada por su propia economía política. La captura de la infraestructura generadora de ingresos de Heglig y el ataque a las líneas de suministro humanitarias funcionan como dos motores de la misma máquina del conflicto: una asegura los recursos que financian la lucha, mientras que el otro utiliza la privación como arma para desplazar a la población y desmantelar la resistencia.
Juntos, revelan un conflicto que remodela deliberadamente las dinámicas de poder, en el que el control de los recursos y el acceso humanitario sostienen una guerra destinada a sobrevivir a cualquier alto el fuego y determinar el futuro de Sudán.
Desmoronamiento económico
A medida que el conflicto de Sudán se acerca a su cuarto año, la atención del mundo se ha desviado.
Sin embargo, para los 12,4 millones de sudaneses desplazados, la brutalidad de la guerra se ve agravada por una crisis invisible: el desmantelamiento sistemático de la economía del país.
Mientras los ataques aéreos y la violencia generalizada acaparan los titulares, se libra una guerra paralela a través de la hiperinflación, el robo de recursos y el estrangulamiento de los mecanismos de supervivencia de la población civil. Este conflicto en la sombra ha convertido a Sudán en un laboratorio de economía depredadora, donde los señores de la guerra se benefician del hambre y la complacencia mundial permite un ciclo de violencia que se alimenta a sí mismo.
Las cifras desafían cualquier comprensión.
Desde que estalló la guerra entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en abril de 2023, la libra sudanesa ha perdido más del 233% de su valor. La inflación superó el 113% a mediados de 2025, y 24,6 millones de personas se enfrentan ahora a una grave inseguridad alimentaria, la cifra más alta registrada a nivel mundial.
Pero detrás de estas estadísticas se esconde una realidad calculada: la guerra de Sudán no puede entenderse únicamente a través del análisis militar. Se trata de un conflicto en el que los contrabandistas del oro ejercen más poder que los diplomáticos, los puestos de control sustituyen a los bancos y el colapso de las infraestructuras ha creado un mercado distópico controlado por facciones armadas.
La guerra de Sudán se libra tanto con dinero como con balas.
Se está librando una clara guerra monetaria, junto con la instrumentalización de la inflación. De hecho, el desmoronamiento económico del país no es accidental, sino una herramienta deliberada de control.
El sistema bancario se ha colapsado en las zonas de conflicto, con sucursales saqueadas y cajas fuertes vaciadas, mientras que en algunas partes de Darfur las familias intercambian sus posesiones por comida.
Un informe de análisis humanitario señaló que, en algunas zonas, el coste de la cesta básica de alimentos ha aumentado más de un 300% desde que empezó la guerra. La caída libre de la libra ha obligado a realizar transacciones en divisas extranjeras, lo que ha creado una economía de dos niveles en la que sólo pueden sobrevivir quienes tienen acceso a divisas fuertes o conexiones militares.
Acaparamiento de recursos
La inflación se ve acelerada por políticas deliberadas de guerra: monetización militar, sabotaje agrícola y acaparamiento de recursos esenciales, como el oro y la goma arábiga.
En las zonas controladas por las FAR, los propietarios de terminales Starlink pagan 150.000 libras sudanesas —aproximadamente 100 dólares— al año, mientras que las FAS monopolizan las importaciones de combustible. Ambas facciones imprimen monedas informales para financiar sus operaciones.
Las tierras agrícolas de Sudán, que en su día fueron el granero de África, están ahora n barbecho. Más de 400 establecimientos agrícolas en Jartum han sido destruidos y el 70% de los sistemas de riego de Darfur ya no funcionan, lo que agrava la escasez de alimentos.
Las reservas de oro de Sudán, las terceras más grandes de África, se han convertido en el motor financiero de la guerra. Se estima que entre el 50% y el 80% de la producción pasa de contrabando anualmente a través de centros vecinos, lo que generó 6.000 millones de dólares en 2024.
Las FAR controlan el 85% de las minas artesanales de Darfur, mientras que los oligarcas alineados con las Fuerzas Armadas de Sudán desvían los ingresos estatales de la minería para la compra de armas.
Las consecuencias son devastadoras: a pesar de los informes de la ONU que rastrean el oro de contrabando hasta los mercados internacionales, no se han impuesto sanciones significativas a estas redes de tráfico, lo que refleja una complicidad global explícita.
Las FAR han utilizado también el comercio de goma arábiga de Sudán —una materia prima clave a nivel mundial que se utiliza en productos como la Coca-Cola— como arma para financiar sus operaciones. El grupo, que controla las principales regiones productoras de Kordofán y Darfur, ha implantado impuestos informales, saqueado almacenes y traficado la resina a través de las fronteras.
En mayo de 2025, las FAR robaron al parecer 10.000 toneladas de goma arábiga por valor de 75 millones de dólares de al-Nuhoud y han extorsionado sistemáticamente a los comerciantes mientras desviaban los envíos a Chad, Sudán del Sur y Libia.
Un informe de la ONU reveló que 14,6 millones de dólares en goma arábiga saqueada se utilizaron para financiar las actividades de las FAR en sólo seis meses de 2024. Mientras tanto, las empresas multinacionales se enfrentan a dilemas éticos, ya que la goma de contrabando entra en las cadenas de suministro mundiales, a menudo a través de rutas controladas por las FAR, lo que la hace imposible de rastrear.
Esta dinámica refleja la extracción de recursos propia de la época colonial, en la que las comunidades locales sufren mientras que los grupos armados y los mercados extranjeros se llevan los beneficios.
Depredación humanitaria
Con el comercio formal paralizado, las FAR han creado una economía depredadora mediante el desvío de la ayuda y los impuestos de supervivencia.
Según el portavoz de la ONU, la mayoría de las agencias humanitarias, incluidas las instalaciones gestionadas por la ONU, se han enfrentado a saqueos a gran escala desde abril de 2023.
Los convoyes de alimentos son confiscados y revendidos en los mercados gestionados por las FAR con importantes márgenes de beneficio. Los trabajadores humanitarios también han acusado a las FAS de obstaculizar el acceso a las zonas controladas por las FAR. Las familias desplazadas pagan sobornos en los puestos de control para poder pasar con seguridad, a veces utilizando terminales Starlink como moneda de cambio.
El colapso del sector sanitario de Sudán ha puesto de manifiesto esta crisis al crear un mercado negro de servicios médicos, en el que la propia enfermedad se convierte en un arma.
El Comité Internacional de Rescate (IRC, por sus siglas en inglés) informó de que el 80% de los hospitales de las zonas de conflicto no están operativos y que entre el 70% y el 80% de los centros de salud de las zonas afectadas han cerrado o apenas funcionan. Los medicamentos para la diálisis y el cáncer se venden en el mercado negro a un precio 20 veces superior al de antes de la guerra. Los brotes de cólera de este año se vieron agravados por el bloqueo de los suministros para purificar el agua tras los ataques de las FAR.
El colapso económico de Sudán también ha destrozado los lazos sociales y desestabilizado toda la región del Cuerno de África.
En El Fasher, los vecinos se delataban unos a otros a cambio de comida, mientras que los desplazados, incluidas las mujeres, tomaban las armas para protegerse de los ataques de las FAR.
La brutal guerra ha provocado una crisis de refugiados, con cuatro millones de personas huyendo a Chad, Egipto y Sudán del Sur, lo que ha desbordado las clínicas, donde uno de cada cinco niños llega con malnutrición aguda.
Ajuste de cuentas económico
El contrabando transnacional del oro financia ahora los conflictos en Libia y la República Centroafricana, mientras que los traficantes alineados con las FAR amplían sus redes de armas y narcóticos.
Sin embargo, la respuesta internacional sigue siendo muy insuficiente. El llamamiento humanitario de las Naciones Unidas para 2025 sólo cuenta con un 21% de financiación, mientras que los principales donantes han recortado los presupuestos de ayuda en un 40% en comparación con 2024.
Jean-Michel Grand, de Acción contra el Hambre, advirtió que Sudán es una prueba para saber si el mundo sigue creyendo en la universalidad de la dignidad humana y, hasta ahora, estamos fallando.
Un alto el fuego por sí solo no puede resolver una guerra alimentada por sus propias fuentes de ingresos. Cualquier proceso político significativo debe desmantelar la arquitectura financiera que permite que la violencia se regenere.
Esto requiere sanciones específicas contra los facilitadores, auditorías de los flujos de oro, incautaciones de activos vinculados al ejército y apoyo a los programas alimentarios gestionados por la comunidad, que se han convertido en la última defensa contra la hambruna en las ciudades sitiadas.
Las instituciones financieras regionales, incluido el Banco Africano de Desarrollo, deberían canalizar divisas fuertes a través de redes civiles verificadas, mientras que la agilización de los permisos de trabajo para los refugiados sudaneses contribuiría a reducir las prácticas depredadoras de envío de remesas.
Las auditorías forenses de los beneficios obtenidos con la guerra son también esenciales para la rendición de cuentas en el futuro. La agencia y capacidad civil no puede quedar relegada a un mero simbolismo en las conversaciones de paz, sino que debe integrarse en todas las etapas de la justicia y la gobernanza.
La guerra de Sudán no terminará con la diplomacia del papel, sino cuando la comunidad internacional se enfrente finalmente a las redes económicas que la sostienen.
El oro de contrabando, la goma arábiga robada y los fondos de ayuda desviados financian la violencia que se extiende desde el Sahel hasta el Mar Rojo. El paradigma es claro: en una era de finanzas en la sombra, la paz duradera exige un ajuste de cuentas económico. Ignorar esto es ser cómplice de una guerra sin fin.
*Osama Abuzaid es investigador de cuestiones de desarrollo y gobernanza con sede en Jartum. Actualmente, está afiliado al CEDEJ como investigador asociado y coordinador del programa de ayuda para proyectos de base y seguridad humana (GGP). Ha impartido clases sobre gestión del desarrollo y cuestiones relacionadas con la gobernanza en la Universidad de Ciencias Médicas y Tecnología (UMST) y ha participado en diversos proyectos de agencias de la ONU y ONG.
*Originalmente publicado en Middle East Eye, traducido del inglés por Sinfo Fernández.