Gaspard Estrada*- New York Times en español
La cúpula de las Fuerzas Armadas ha jugado un papel central en Brasil de modo que, si quieren mantener su apego a las leyes y la Constitución, tienen que decidir si seguirán respaldando al Presidente.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está estimulando una ruptura institucional en la segunda democracia más grande del continente americano, de manera similar a la que intentó Donald Trump en Estados Unidos.
Bolsonaro no solamente promueve la quiebra de disciplina en el Ejército sino que amenaza con impedir la organización de las elecciones del próximo año. Todos estos hechos dan muestra de una democracia amenazada, cada vez con mayor intensidad. Y el problema es que en Brasil, a diferencia de Estados Unidos, la cúpula de las Fuerzas Armadas ha jugado un papel central en este objetivo, muchas veces respaldando las embestidas autoritarias del capitán retirado.
Han sido tantas las líneas rojas cruzadas por el gobierno de extrema derecha en Brasil que es difícil percibir en qué momento se está frente a lo inaceptable. Pero, este es ese momento.
Brasil vive un proceso acelerado de degradación institucional. En asuntos tan relevantes como el Medioambiente, la Justicia, las Relaciones Exteriores, la Educación o la Cultura, el Estado brasileño ha sido progresivamente carcomido por el bolsonarismo. Sin embargo, pocos sectores han sido tan duramente impactados como el del Ejército y la Defensa nacional. De modo que, si las Fuerzas Armadas quieren mantener su apego a las leyes y la Constitución, tienen que decidir si están con Bolsonaro o con la democracia.
Tras la llegada de Bolsonaro al poder, en 2019, según reportes periodísticos, no menos de 6.000 oficiales han ocupado cargos gubernamentales que deberían ser desempeñados por civiles [hay estimativas de hasta 30.000, muchísimos más que durante la Dictadura]. Durante su mandato, las fuerzas castrenses han salido de los cuarteles para ocupar cada vez más poder. Y, para algunos de ellos, también ha sido la ocasión de enriquecerse. El sector Salud es un buen ejemplo.
Ahora que la prioridad debería ser la atención de la pandemia, los especialistas de Salud Pública han sido reemplazados, en los puestos directivos del Ministerio de Salud (que dispone del segundo mayor presupuesto del gobierno) por generales u otros miembros del Ejército.
Estos últimos, junto con oficiales apadrinados por los políticos del centrão [gran centro, algo así como derecha menos extremista], la alianza de derecha y centro derecha que apoya a Bolsonaro en el Congreso, han socavado las políticas sanitarias que funcionaron durante décadas. Algunas de ellas, como el Programa Nacional de Inmunización, fueron creadas durante la dictadura militar. Otras, como el Sistema Único de Salud, lo fueron por la Constitución democrática de 1988. Ambas han permitido a Brasil ser uno de los líderes mundiales en vacunación masiva, como en 2009, cuando logró vacunar a 88 millones de personas en tres meses contra el virus H1N1.
Gracias a una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) y al trabajo de la prensa, se está conociendo la naturaleza corrupta de estas nuevas políticas: desvío de recursos destinados a la compra de vacunas en favor del presupuesto de mantenimiento de aviones del Ejército, así como fuertes indicios de participación de militares activos y en retiro en la compra de vacunas a sobreprecio, incluyendo al ex ministro de Salud de Bolsonaro, el general Eduardo Pazuello. Las altas autoridades castrenses han exigido, públicamente, impunidad para los suyos. Al hacerlo, el Ejército dobla su apuesta a favor de los anhelos golpistas de Bolsonaro, y en contra de la democracia brasileña.
Antes de adherirse a una aventura antidemocrática, los militares deben ponderar que Bolsonaro es cada día más impopular.
Por primera vez en su presidencia, más de la mitad de los brasileños rechaza su gobierno, según una encuesta de Datafolha, y el 62 por ciento de ellos se opone a la participación de militares en manifestaciones políticas. Pero, los militares le han tomado gusto a pronunciarse políticamente (así sea ilegal), como cuando, en 2018, un alto comando castrense presionó por Twitter al Supremo Tribunal Federal para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El respaldo público de diversos integrantes del Ejército a un líder que, ante un escenario electoral cada vez más adverso, sueña con eternizarse en la Presidencia, podría ayudar a ponerle fin a la democracia.
Evitar este trágico desenlace debe ser la tarea de todos los demócratas. Los congresistas brasileños deberían aprobar el proyecto de ley que prohíbe la contratación de militares activos para cargos civiles y que recibió el apoyo de numerosos ex ministros de Defensa, y no ceder a los chantajes de Bolsonaro y de sus operadores castrenses.
Cualquier iniciativa que intente poner en duda la realización de las elecciones presidenciales de 2022, la modificación del sistema electoral o el régimen político (como la adopción del voto impreso o del régimen semipresidencial) debería ser repudiada por el Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil.
Al respaldar, ciegamente, a un gobierno que lleva a cabo uno de los procesos más extremos de destrucción de la democracia en el mundo, las Fuerzas Armadas corren el riesgo de quedar asociadas a él, de manera indeleble. Y, al ponerse al servicio de una familia en vez de trabajar para el Estado brasileño, podrían propiciar una ruptura generalizada de la cadena de mando estimulada por el propio Bolsonaro, en particular si es derrotado en las urnas el próximo año.
Contrariamente a la década sesenta del siglo pasado, cuando Washington apoyó un golpe militar que derivó en una dictadura de veintiún años en Brasil, el gobierno Bolsonaro, ahora, está aislado políticamente en el hemisferio y en el mundo.
Los altos mandos militares, por su lado, tendrían que entender que es la hora de defender la democracia. La experiencia traumática de la dictadura militar es un recordatorio de lo que nunca más debe suceder. Las Fuerzas Armadas, en particular, no deberían olvidarlo.
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Gaspard Estrada (@Gaspard_Estrada) es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.
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Bolsonaro toma el relevo de Trump como adalid de la extrema derecha en el mundo
Plataforma Candeeiro
El presidente brasileño ha ganado protagonismo entre los líderes ultraconservadores que han emprendido una batalla contra lo que llaman comunismo, siguiendo el modelo de Orbán, en Hungría.
La diputada alemana Beatrix von Storch, del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), estuvo en Brasil, la semana pasada, para mantener varias reuniones con miembros del Gobierno. El 26 de julio circuló una foto suya al lado del presidente Jair Bolsonaro y de su marido, Sven von Storch. La imagen fue publicada en la cuenta de Instagram de la diputada, en la que agradece al mandatario brasileño “la amistosa bienvenida”. “Impresionada por su clara comprensión de los problemas de Europa y los desafíos de los políticos de nuestro tiempo”, escribió sobre Bolsonaro. “En un momento en el que la Izquierda está promoviendo su ideología a través de sus redes y organizaciones internacionales a nivel mundial, los conservadores también debemos establecer una red más estrecha y a nivel internacional para nuestros valores”, añadió.
Von Storch es nieta de Lutz Graf von Krosigk, ministro de finanzas del gobierno nazi de Adolf Hitler. El partido de la congresista, el AfD, es ahora objeto de una investigación de los servicios secretos alemanes, por sus conexiones con actos extremistas en el País.
No es la primera demostración de cercanía de las bases de Bolsonaro con grupos radicales internacionales. A finales del año pasado, el hijo del Presidente y diputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP [Partido Social Liberal]), realizó una transmisión en directo con el líder de VOX [extrema derecha española], Santiago Abascal. Un año antes, el diputado estuvo en Hungría, con el primer ministro del Partido Fidesz, Viktor Orbán. AfD, VOX y Fidesz han demostrado sus afinidades en temas como la búsqueda de programas conservadores radicales, la xenofobia y la hostilidad hacia la Izquierda y la prensa.
Brasil se ha convertido en terreno fértil para expandir esas ideas, con un gobierno que todavía aporta un elemento extra: tras el fin del mandato de Donald Trump, en Estados Unidos, la ofensiva ultraconservadora ha apostado todas sus fichas en el Brasil de Bolsonaro. En enero de 2021, altos funcionarios de Trump enviaron mensajes a otros países informando que los proyectos que habían sido conducidos por la Casa Blanca serían asumidos, a partir de ese momento, por Bolsonaro. La información forma parte de un correo electrónico remitido a colaboradores por Valerie Huber, la persona elegida por la Casa Blanca, durante el gobierno de Trump, para abordar los temas de salud de las mujeres. En un mensaje del 20 de enero de 2021, Huber anuncia que Brasil se ha ofrecido, amablemente, a coordinar esta “coalición histórica”. Bajo esta disposición, al presidente brasileño le corresponde liderar la alianza internacional ultraconservadora creada para influir en las decisiones de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos.
La coalición, formada por unos 30 países, se denominó Declaración de Ginebra y se convirtió en una referencia de las alas más radicales de los movimientos religiosos. “Los países que deseen adherirse a la Declaración pueden hacerlo poniéndose en contacto con la Embajada de Brasil en Estados Unidos, para obtener más detalles”, explicó Huber. La mujer fue artífice de la coalición y, en los últimos meses, ha trabajado de cerca con Damares Alves, la ministra brasileña de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, una pastora evangélica ultraconservadora.
El gobierno de Bolsonaro no está solo en este movimiento para mantener viva la agenda de la extrema derecha en el mundo. Sin embargo, se ha convertido en elemento clave para el fortalecimiento de ese grupo en América. De hecho, la ausencia de Trump no debilitó la coordinación internacional. En los últimos meses y en medio de la pandemia, miembros del ejecutivo brasileño han sido invitados destacados en reuniones a puerta cerrada con representantes de ONG cristianas estadounidenses, con grupos de presión anti-LGBT y antiaborto, así como en reuniones con partidos y grupos de extrema derecha.
El modelo Orbán
Para los diplomáticos extranjeros, lo que se ve en las acciones de Brasil no es más que un guion ya diseñado y aplicado en países más pequeños que han tenido durante años gobiernos ultraconservadores. Ahora, el objetivo es su internacionalización. “Hay un guion y da miedo”, afirma un negociador de la Unión Europea, bajo anonimato. El modelo está basado en los gobiernos de Hungría y Polonia que, a lo largo de una década, consiguieron desmantelar una democracia liberal e instalar una nueva base ultraconservadora.
Esta alianza comenzó a adquirir forma en los primeros días del gobierno de Bolsonaro. De manera inédita, Brasil envió, en 2019, al menos seis misiones a Hungría, con agendas que incluían la promesa de coordinación en la lucha contra la persecución que sufren los cristianos, la defensa de la familia y la necesidad de proteger la “soberanía”. Llegó a celebrarse una reunión entre el entonces secretario de Cultura de Brasil, Roberto Alvim, y un equipo del Ministerio de Cultura de Hungría. Alvim acabó dejando el cargo, después de que se difundiera un polémico vídeo, en el que utilizaba referencias nazis.
Al margen de las reuniones ministeriales, también se establecieron encuentros informales, conferencias a puerta cerrada y un intenso intercambio entre los miembros del segundo escalafón de las administraciones brasileña y húngara. Hubo, incluso, una visita de Eduardo Bolsonaro a Viktor Orbán. La frecuencia de los encuentros resulta más llamativa ante el hecho de que Brasil no había enviado una misión a Hungría desde el siglo XIX.
Orbán tomó el poder en 2010 y, durante una década, ha comandado la pérdida de libertades y el resquebrajamiento de los pilares democráticos. Hoy, el húngaro controla el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y dos tercios del Parlamento, así como medios de comunicación, clubes de fútbol, espacios públicos y universidades.